Revista Andina de Educación 8(2) (2025) 6032
Editorial
La delincuencia organizada y la escuela pública en Ecuador
Organized Crime and Public Schools in Ecuador
Alexis Oviedoa 
a Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Educación. Toledo N22-80 (Plaza Brasilia), 170525, Quito, Ecuador
https://doi.org/10.32719/26312816.6032
El 11 de junio de 2025, el más antiguo sindicato de maestros de Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, solicitó al Gobierno medidas para enfrentar el aumento de extorsiones y amenazas contra los maestros de varios cantones de la provincia de Guayas por parte de grupos de delincuencia organizada (GDO) (El Comercio, 2025). Se hicieron así públicas la violencia y la inseguridad que sufren cotidianamente los docentes del país, al igual que comerciantes, propietarios de diversos negocios y ciudadanía en general, que no pueden ejercer su actividad productiva debido a las extorsiones, los secuestros, los atentados y el sicariato perpetrados por los GDO, un actor social que se ha vuelto preponderante en la sociedad ecuatoriana, dados los alcances de su accionar y el grado de incidencia que ha logrado en un tiempo relativamente corto.
En la década de 1980, Ecuador era el “país de tránsito” de la cocaína producida y empacada en territorio principalmente colombiano. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, en Ecuador se empezó a almacenar y distribuir el alcaloide. Para el año 2019, los GDO eran los responsables del acopio y de brindar seguridad a la mercancía, de transportarla y distribuirla en los puertos ecuatorianos, al punto que el país se convirtió ya una “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos” (Bargent, en Herrera, 2024, p. 4). Para el año 2025, los GDO pasaron de ser actores de dimensión local a multiplicarse, ampliar su radio de influencia y cumplir un rol decisivo en todos los procesos de producción y distribución de alcaloides.
En casi veinte años (1980-2000), los GDO dieron un salto cualitativo no solo en su rol dentro del circuito económico de la droga, sino también en la diversificación de su actividad, en su fortalecimiento y en el crecimiento de su número de miembros, organizaciones y áreas de influencia. Desde 2018, su presencia intimidatoria criminal ocupa un lugar central en Ecuador, al punto de convertirse, para 2021, según detallan encuestas de opinión a nivel nacional, en la primera y principal problemática del país (Unda, 2025).
El año 2018 no solo es un hito por la consolidación criminal y el apogeo de los GDO: también es el año de reimplantación del neoliberalismo en Ecuador, luego de una década de desarrollismo bajo el Gobierno de la denominada Revolución Ciudadana. Siguiendo los preceptos neoliberales, y bajo la batuta del ministro de Economía Richard Martínez, reinició la reducción del Estado. Dentro de este proceso, a partir del Decreto Ejecutivo 560, se cerró el Ministerio de Justicia, que se transformó en dos secretarías: la de Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Gobierno de la República del Ecuador, 2018).
Este es el inicio del debilitamiento paulatino de las instituciones estatales encargadas de la justicia y la seguridad, lo que —unido al incremento de los índices de pobreza, de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y de desempleo, que desde ese año comenzaron a dispararse— genera incrementos en la población carcelaria, en el índice de población penitenciaria no sentenciada. Se producen, además, altas tasas de congestión judicial y crece el nivel de incautación de drogas; todos ellos, factores que van configurando un caldo de cultivo favorable al crimen organizado y que se correlacionan positivamente con la tasa de asesinatos (Ortega et al., 2024).
La acción no solo se dio en el sector de seguridad, ya que en el sector de educación también se produjo una contracción en el gasto público: disminuyó en USD 64,6 millones en 2018 hasta llegar al 3,04 % del PIB, un punto menos comparado con el año anterior (Expansión, 2025). Sin embargo, esta reducción de recursos impactó sobre todo en términos de abandono escolar, que creció exponencialmente durante la pandemia del COVID-19 del año 2020 y que se extendió por casi dos años. Debido a la imposibilidad de asistir a la escuela de manera presencial, la modalidad educativa virtual se hizo imprescindible; así, decenas de miles de estudiantes quedaron fuera del sistema educativo. Desertaron los hijos de las familias que no tenían recursos para pagar internet y adquirir computadoras, pero también quienes no estaban capacitados en el manejo de estas tecnologías y, sobre todo, aquellos que no tenían conectividad, vastos sectores especialmente rurales (Oviedo & Balladares, 2025).
En noviembre de 2021, la entonces ministra de Educación María Brown dijo que la pandemia expulsó del sistema educativo a casi 150 000 estudiantes (Machado, 2021). Sin embargo, el índice de reincorporación de esa población al sistema no fue satisfactorio, y para el año 2022, en el régimen Sierra, no se matricularon 56 000 estudiantes. A partir de las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación para ese mismo año, Brown comentó que a lo largo de la pandemia un buen número de estudiantes de la Sierra se trasladó al régimen Costa (El Comercio, 2022), justamente la región en la que más control y presencia tienen los GDO y donde se localizan, para 2024, siete de los cantones más violentos del país (Córdova et al., 2024). Para el año 2025, se sabe que más de 450 000 niños y adolescentes entre 3 y 17 años no asisten a ninguna de las 16 000 escuelas y colegios que tiene el país (Córdova, 2025).
Los GDO y las instituciones educativas
Los GDO actúan a nivel nacional, pero influyen de manera determinante en cantones de las provincias de Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Manabí. Generalmente, se vincula a los GDO con las pandillas juveniles, pero estas no tienen conexiones fuertes ni estables con espacios y actores de la institucionalidad política. Por el contrario, los GDO tienen una presencia protagónica distinta y con vinculaciones delictivas a nivel regional e internacional (Unda, 2025). Es evidente, sin embargo, que los GDO son un polo de atracción a niños y adolescentes, sobre todo de los barrios urbanos marginales de esas provincias, que no tienen una visión clara de futuro o que lo miran con pesimismo y preocupación.
Los niños y adolescentes se constituyen en un pilar para el desarrollo y la estructuración del grupo delincuencial en sus distintos momentos históricos desde una doble dinámica: por un lado, desde la necesidad y el deseo de los jóvenes carenciados de pertenecer al GDO para realizar sus aspiraciones identitarias, económicas o culturales; por otro, desde la urgencia que tiene el GDO de absorberlos para establecerse en el territorio y difundir sus códigos y normativas (Martínez et al., 2019). El reclutamiento masivo de niños y adolescentes permite a los grupos ampliar áreas de influencia y escalar en términos de poderío sociomilitar.
El entorno de violencia estructural es determinante para que los GDO incrementen sus miembros. Una de las manifestaciones de esta violencia estructural es precisamente la pobreza, y en particular la pobreza extrema, que se disparó desde las medidas neoliberales tomadas por el presidente Lenín Moreno a partir de 2018, y sobre todo desde las reformas laborales de 2020, en especial la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario (Gobierno de la República del Ecuador, 2020), que dio a las empresas la potestad de definir los derechos laborales (Cedeño, 2020) y que facilitó la desvinculación laboral y los despidos sin indemnización. Si el empleo público cayó desde 2018, debido a la reducción del Estado previo a la pandemia, el empleo privado se redujo entre 2020 y 2021, a partir de leyes que querían paliar las pérdidas de las empresas a causa de la pandemia del COVID-19. Para 2021, las tasas de desempleo alcanzaron el 5,2 %, un punto más que en 2019 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2022).
Además del círculo desempleo-pobreza y de elementos macroeconómicos o macrosociales, hay factores de otra índole que influyen para que jóvenes y niños carenciados miren en los GDO una respuesta a su “falta de futuro”. Elementos comunitarios, relacionales, familiares y hasta individuales e identitarios hacen que varios niños y adolescentes deseen pertenecer a los grupos delictivos. Estos factores se conjugan con la represión estatal, que focaliza su accionar en adolescentes y jóvenes desde una estigmatización particular que incluye estilo de tatuajes, manera de vestir, caminar o comunicarse (Martínez & Navarro, 2021), y con la desacreditación estructural asociada a la condición étnica, la clase social o el lugar de residencia.
El abandono familiar y la deserción escolar son los primeros pasos para el involucramiento de niños y jóvenes en los GDO, en especial de aquellos que tienen un entorno familiar sin una figura adulta o que viven en un medio violento o de abusos. El potencial miembro del GDO tiene como características pertenecer a “familias desestructuradas, [haber sufrido] abandono, violencia familiar y violencia social. Estos factores son fundamentales porque determinan las condiciones en las que los niños y los adolescentes se desarrollan y, por lo tanto, facilitan el reclutamiento” (Martínez et al., 2019, p. 84). En otros casos, son las mismas familias las que incentivan el reclutamiento o tienen miembros con autoridad directamente vinculados a los GDO.
Como manifiesta Katherine Herrera, lo poco que hacen las escuelas y las familias se pierde desde este doble abandono: definitivamente un joven que no accede a la educación es más fácilmente influenciable por los GDO (Herrera, 2024). Por ello, los docentes y las autoridades de la escuela están atentos a las diversas señales que da un alumno que puede desertar, y efectúan distintos procesos. Estos van desde la comunicación formal de las autoridades del plantel a las familias, hasta el seguimiento que la comunidad escolar hace al estudiante desertor y la coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil. Los docentes buscan establecer espacios de diálogo y de afectividad y coordinan directamente con las familias, pero en muchos casos no hay respuestas adecuadas por cuanto sus lazos con el adolescente ya han sido lastimados (Rosa, docente, entrevista personal, 2025).1
Sin embargo, hay otros entornos que van moldeando al estudiante potencial miembro de GDO; por ejemplo, verse a sí mismo sin otras opciones o desbordado, por lo que elige ingresar al GDO o es obligado a hacerlo (Martínez et al., 2019). Parte de verse sin opciones es constatar que no puede acceder a la educación o continuarla debido a causas como las anotadas anteriormente, pero también significa vaticinar que su vida no tendrá un cambio cualitativo luego de cumplir el ciclo educativo. No es difícil verificar que el compañero que terminó el colegio secundario no está mejor que uno: con el título bajo el brazo, no encuentra trabajo, o si lo hace tiene un salario ínfimo o no puede ingresar a la educación superior. El estudiante sabe que aun con un título universitario no conseguirá un empleo acorde con su formación, y vivirá condenado al subempleo.
Ser del GDO, por el contrario, significa un ingreso mensual que supera en mucho al salario mínimo vital,2 pero, además, significa pertenecer a una nueva “familia” y disfrutar de ciertos placeres propios de esta cofradía, que incluyen dinero, motocicletas, drogas, fiestas y el poder que da el manejo de una arma. Como anota Moncada (2013), el surgimiento y las prácticas violentas se asocian directamente con una erosión de la cohesión barrial desde la constante presión ejercida por una pobreza persistente, debido a la profundización de las inequidades y a la incapacidad del Estado para solventar las necesidades de su población más vulnerable.
La tensión que se vive en la comunidad, generada por la presencia de los GDO, se traslada a la escuela y quizás se incrementa, por cuanto los conflictos propios de la estructura disciplinaria institucional se magnifican al aparecer un contrapoder que confronta a la autoridad (director de la escuela, docente del aula, etc.). Ese contrapoder, refrendado por el GDO, se ejerce en distintas dimensiones, que pueden ir desde el amedrentamiento a aquellos docentes que quieren impedir el reclutamiento, hasta amenazas sobredimensionadas por bajas calificaciones. No son pocos los casos en que estudiantes o padres de familia cercanos a los GDO han amenazado y agredido a docentes (Marcela, docente, entrevista personal, 2025). Por ello, varios maestros han solicitado licencias que les permitan estar lejos del plantel durante varias semanas, y luego han gestionado el cambio de institución educativa. Aunque las autoridades ministeriales efectúan traslados oficiales de los docentes amenazados y coordinan acciones con la Policía Nacional y la Fuerzas Armadas para garantizar su seguridad, no pueden evitarse las renuncias (El Comercio, 2025).
Las condiciones de trabajo docente, ya de por sí difíciles, se han tornado peligrosas y ahora generan otra deserción: la de maestros que abandonan zonas carenciadas y lumpenizadas. Esto, además, desmotiva a que se formen potenciales maestros y desvaloriza aún más la profesión magisterial en un país que tiene un déficit de 64 000 docentes en la educación pública básica y que en los últimos cinco años ha perdido 25 000 por diversos motivos (Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador [CORAPE], 2025). Los GDO, que fracturan la institucionalidad, que disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza, que lesionan desde las “vacunas”, el secuestro y los atentados a la economía, inciden negativamente también en la educación.
1. Las personas entrevistadas prefirieron utilizar seudónimos.
2. “Menores entre los 13-16 años son captados a cambio de dinero, alrededor de USD 4000 por trimestre, en los que se incluye casa y alimentación” (Herrera, 2024, p. 10).
Referencias
Cedeño, R. (2020). Pablo Dávalos: “Es necesario repensar la economía y la política del Ecuador”. Pressenza. 30 de mayo. https://tinyurl.com/bdewas57
CORAPE (2025). El Ecuador mantiene un déficit de 64 mil docentes en planteles educativos. CORAPE. 6 de mayo. https://tinyurl.com/mr374c2y
Córdova, L. (2025). ¿Por qué la violencia y la criminalidad se agudizan en Ecuador?. Plan V. 6 de mayo. https://tinyurl.com/4krzj7wt
Córdova, L., Espín, M., Marx, J., Espinoza, H., Paula, C., & Morales, F. (2024). Ecuador en llamas: ¿Qué conflictos mirar en 2025? Llamas. Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. https://tinyurl.com/4bh3kjua
El Comercio (2022). María Brown: “Hablar de deserción es prematuro sin la cifra de matrícula extraordinaria”. El Comercio. 12 de septiembre. https://tinyurl.com/44certbz
El Comercio (2025). Ministerio de Educación informó que profesores que reportaron amenazas fueron trasladados. El Comercio. 13 de junio. https://tinyurl.com/bdf2eftd
Expansión (2025). Ecuador: Gasto público: Educación. Expansión. Accedido 23 de septiembre. https://tinyurl. com/2murc6b6
Gobierno de la República del Ecuador (2018). Decreto Ejecutivo 560. Registro Oficial 387, Suplemento. 13 de diciembre. https://tinyurl.com/jzt2ujwu
Gobierno de la República del Ecuador (2020). Ley de Apoyo Humanitario. Registro Oficial 229, Suplemento. 22 de junio. https://tinyurl.com/y3y4uexe
Herrera, K. (2024). Doble criminalización en cantones de “alta peligrosidad” en Ecuador: Un análisis in situ. Konrad Adenauer Stiftung / Red de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa. https://tinyurl.com/22jx5d5p
INEC (2022). Boletín técnico n.° 05-2022-ENEMDU: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), anual 2021. INEC. https://tinyurl.com/zus2rrnu
Machado, J. (2021). La pandemia empujó a 150 000 estudiantes hacia la deserción escolar. Primicias. 11 de noviembre. https://tinyurl.com/2pb3d2n8
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Martínez, A., Navarro, J., & Uceda, F. (2019). Adolescentes en las pandillas salvadoreñas: De niños desprotegidos a criminales violentos. América Latina Hoy, 83: 75-94. https://tinyurl.com/5x83rn32
Moncada, E. (2013). The Politics of Urban Violence: Challenges for Development in the Global South. Studies in Comparative International Development, 48: 217-239. http://doi.org/10.1007/s12116-013-9133-z
Ortega, Y., Reyna, G., & Yela, R. (2024). La relación entre la pobreza y el crimen violento en Ecuador: Un análisis de variables socioeconómicas. Veritas, 5(2): 1034-1056. https://doi.org/10.61616/rvdc.v5i2.136
Oviedo, A., & Balladares, J. (2025). La racionalidad tecnológica en propuestas curriculares y el rol del docente en el Ecuador. En F. Aguilar (coord.), Filosofía de la educación: Transformaciones, desafíos y prácticas pedagógicas (pp. 211-241). Abya-Yala / Universidad Politécnica Salesiana. https://doi.org/10.17163/abyaups.112.932
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Oviedo (2025). La delincuencia organizada y la escuela pública en Ecuador. Revista Andina de Educación 8(2) 6032. Published under license CC BY-NC 4.0 
