La transformación de los derechos del acreedor no es un fenómeno aislado ni exclusivo de una jurisdicción en particular. En un mundo donde las relaciones comerciales y contractuales evolucionan constantemente, el papel del acreedor se reconfigura en función de nuevas exigencias económicas, tecnológicas y jurídicas. El presente número de la revista Foro aborda estas transformaciones desde una perspectiva multidimensional, analizando la incidencia de principios como la autonomía de la voluntad, la reparación integral y la distribución del riesgo en los mecanismos de protección del acreedor.
En esta edición, diversos artículos abordan la problemática desde múltiples ángulos. En primer lugar, Rodrigo Momberg Uribe y Gonzalo Severin Fuster exploran la terminación del contrato por causas intrínsecas y extrínsecas, cuestionando si es viable mantener un régimen unitario de efectos o si la diferenciación responde mejor a los intereses de las partes y la coherencia del ordenamiento jurídico. Su análisis comparativo entre el Código de Bello y los Principios UNIDROIT permite visualizar cómo diferentes modelos normativos configuran los efectos de la ineficacia contractual, con consecuencias directas para los derechos del acreedor.
En una línea complementaria, Iván Leandro Plascencia Morales examina la cuantificación contractual de daños y perjuicios en Ecuador, destacando la incertidumbre normativa respecto de los límites que pueden imponerse a la libertad contractual en este ámbito. Su investigación subraya la necesidad de un equilibrio entre la autonomía de las partes y la previsibilidad del derecho, a fin de otorgar seguridad jurídica sin restringir la capacidad de negociación de los acreedores.
El problema de la causalidad y la asignación de responsabilidad en contextos complejos es abordado por Nicolás Camilo Maldonado Garcés y Mateo Antonio Sánchez Villacís en su artículo sobre la paradoja de la causalidad. Ante escenarios donde múltiples actores pueden ser considerados responsables de un daño, su análisis resalta la laguna normativa existente en la responsabilidad civil extracontractual y propone la adopción de un régimen de solidaridad proporcional que distribuya las cargas indemnizatorias de manera equitativa.
Por otro lado, Doménica Lisseth Ayala López estudia la mitigación del daño ante el incumplimiento contractual, evaluando si esta figura debe considerarse una obligación del acreedor, una manifestación de la buena fe o una simple carga procesal. Su artículo revisa la aplicación de este principio en el ordenamiento ecuatoriano y su impacto en la cuantificación de daños, destacando la ausencia de una doctrina consolidada en la jurisprudencia nacional.
En la sección abierta de esta edición, se incluyen investigaciones que, aunque no se centran exclusivamente en los derechos del acreedor, aportan al debate sobre la evolución del derecho privado y público. Desde una perspectiva tributaria, Maryuri Elizabeth Celi Masache, Verónica Vanessa Ajila Castillo y Johana Cristina Sarmiento Vélez analizan los límites de la extrafiscalidad y su relación con los objetivos constitucionales. Su estudio critica la falta de transparencia en la justificación y evaluación de los impuestos extrafiscales en Ecuador, argumentando que su eficacia no debe medirse únicamente en términos recaudatorios, sino también en función de su impacto en las conductas que buscan regular.
Marcella Da Fonte Carvalho y Viviane Monteiro analizan la respuesta estatal frente al femicidio en Ecuador, enfocándose en el deber de reparación integral y las asimetrías sistémicas que dificultan el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Su estudio revela cómo la falta de medidas efectivas de reparación afecta no solo a los derechos de las víctimas, sino también a la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto.
Asimismo, Eugenia Patricia Novoa Zubiria examina la influencia de los servicios de cloud computing en la aplicación del GATS, destacando la necesidad de reformular los marcos regulatorios del comercio internacional para abordar la naturaleza transfronteriza de estos servicios. Su análisis enfatiza la importancia de desarrollar una nueva categoría dentro del GATS que contemple las particularidades de la economía digital y sus implicaciones para los acreedores y deudores en contratos tecnológicos.
Finalmente, Marcela Gutiérrez Quevedo ofrece una aproximación a la ancestralidad y la justicia en la comunidad Tikuna de la Amazonía colombiana, resaltando cómo los modelos de desarrollo y las políticas estatales impactan las estructuras económicas y sociales de los pueblos indígenas. Su artículo reflexiona sobre la resistencia de estas comunidades a través de mecanismos de cooperación y autonomía, lo que abre un interesante debate sobre la intersección entre justicia ambiental y sistemas jurídicos ancestrales.
La selección de artículos en este número de Foro refleja la necesidad de repensar los derechos del acreedor en un contexto de transformación normativa y socioeconómica. La seguridad jurídica, la equidad en la distribución del riesgo y la efectividad de los mecanismos de reparación son elementos fundamentales para garantizar un equilibrio entre los intereses de acreedores y deudores. Esperamos que este número sirva como una plataforma de discusión y análisis para académicos, legisladores y profesionales del derecho, contribuyendo a la construcción de un sistema jurídico más justo y adaptado a los desafíos del presente.