INTRODUCCIÓN
En la Administración pública contemporánea, el género ha emergido como un
componente de justicia social y un elemento estratégico fundamental para el desarrollo
inclusivo, la eficiencia gubernamental, el fortalecimiento de la democracia y los derechos
humanos,
1
reflejando nuevas realidades sociales. Existen ambigüedades respecto a la definición de
género, pero podríamos partir de que "es una categoría de análisis que nos aporta con nuevas
luces para aprecia[r] problemas viejos y nos ayuda a apreciar críticamente las relaciones
sociales y políticas".
2
De manera que nos permite reconocer a la mujer como un ser humano que demanda el
ejercicio de todos sus derechos en igualdad al hombre, visibilizando sus experiencias, sus
historias, sus expectativas, así como los conflictos, las barreras, las complejas relaciones
jerarquizadas y todas aquellas brechas entre mujeres y hombres, que surgen de las asimetrías
de poder. Estas brechas de género trascienden la esfera pública y privada, y se ponen de
manifiesto incluso en la actividad laboral,
3
por ello, los Estados propendiendo hacia sociedades más justas y equitativas han
encontrado en la contratación pública una herramienta estratégica
4
de política pública orientada a la consecución de derechos humanos.
La contratación pública además de satisfacer las necesidades
institucionales de bienes, servicios y obras en las mejores condiciones técnicas y
económicas para el Estado, tiene un gran potencial para promover el dinamismo y desarrollo
de las economías nacionales ligado al fomento productivo, generación de empleo e inclusión
de actores económicos de sectores vulnerables, principalmente por tres factores: i. la gran
cantidad de recursos monetarios que transfiere entre agentes económicos, ii. la capacidad
adquisitiva del Estado para direccionar la demanda hacia ciertos sectores, especialmente
aquellos menos favorecidos y, iii. la capacidad regulatoria del Estado en el mercado
público. Por ello, se ha desarrollado una tendencia mundial en los sistemas de compras
públicas de introducir objetivos en materia económica, medioambiental, social y de
relaciones internacionales,
5
orientados a garantizar "el respeto por los derechos fundamentales",
6
destacando el fomento de las pequeñas empresas, la redistribución de la riqueza, la
cohesión social, la inclusión laboral de personas con discapacidad y la igualdad de
género.
7
Estos objetivos sociales o "políticas horizontales" no se supeditan a aspectos
comerciales ni son ilegítimas
8
pero tienen un enfoque diferente al inicialmente concebido para las compras estatales.
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Bajo los preceptos constitucionales de valor, principio y derecho, la
igualdad en las licitaciones públicas se erige como un presupuesto fundamental que garantiza
que todas las etapas de la formación de un contrato administrativo deben establecer
condiciones que permitan a los interesados tener las mismas oportunidades para competir en
el proceso de selección del contratista, suprimiendo factores exógenos que favorezcan a unos
y perjudiquen a otros, es decir, las entidades contratantes deben brindar un trato idéntico
a los proveedores, sin favoritismos y creando las condiciones necesarias para una
participación competitiva y permitiendo que todos los oferentes cuenten con posibilidades
reales de adjudicación, sin ignorar las condiciones particulares que los diferencian.
9
Estas consideraciones cobran relevancia cuando hablamos del enfoque de
género, pues implica que el trato idéntico a los oferentes en la etapa precontractual no es
suficiente cuando mujeres y hombres provienen de contextos estructurales desiguales, por
ello, es indispensable que las contratantes configuren condiciones preparatorias para que
los oferentes partan de condiciones iguales.
10
Entonces, las compras públicas con enfoque de género no solo propenden a la integración
e igualdad de condiciones laborales de las mujeres, sino también a transformar estructuras
discriminatorias
11
que inciden en su participación en el mercado público. En cierto modo, el principio de
igualdad se encuentra ligado al de concurrencia como causa y efecto, pues equiparar estas
condiciones permitiría convocar a un mayor número de oferentes mujeres, permitiéndole a la
Administración pública encontrar la mejor oferta.
12
Ahora bien, reconociendo la desventaja competitiva de las mujeres como
proveedoras del Estado, algunos países han implementado medidas de discriminación positiva
13
tales como: reservas de mercado para empresas constituidas mayoritariamente por
mujeres, mecanismos de financiación como el ordering y confirming,
14
así como otras orientadas al "análisis y promoción del mercado público, la
sensibilización, capacitación y asistencia técnica a todos los actores del sistema, la
regionalización de las compras públicas, la participación de la ciudadanía y alianzas [... ]
y las ruedas de negocios".
15
La implementación de estos regímenes preferencia-les responde a un motivo social y de
garantía de derechos de las mujeres, más que a un privilegio,
16
siguiendo la línea de diferencia justificada de la Corte Constitucional, cuando
se promueve derechos en un sentido opuesto a la "diferencia discriminatoria que tiene como
resultado el menoscabo o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos".
17
Estas medidas han sido incluidas principalmente en la etapa precontractual
con criterios de evaluación y en la etapa contractual mediante las condiciones
contractuales;
18
sin embargo, no se limitan a ellas, sino que incluyen un abanico de mecanismos que
pueden ser introducidos en todas las etapas,
19
desde el desarrollo de los estudios de contratación, hasta la verificación de
cumplimiento de cláusulas contractuales.
20
Es decir, no deben ser genéricas sino el resultado de un ejercicio de análisis de los
poderes adjudicadores en la búsqueda de establecer las cláusulas más adecuadas que encajen
en el proceso de contratación.
21
La transversalización de la igualdad de género a todas las etapas de un procedimiento
requiere también de otros elementos clave para facilitar la obtención de resultados en el
mercado público, entre ellos: razones suficientes o impulso legal, superar los atascos
políticos, liderazgo político de alto nivel, inclusión en la planificación estratégica,
seguimiento de la imple-mentación, etc.,
22
en busca de establecer las cláusulas más adecuadas y que encajen.
PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO DE LAS MUJERES AL MERCADO PÚBLICO
Las mujeres se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos que limitan su
participación como oferentes; sin embargo, estas barreras no son exclusivas del mercado
público, sino que provienen principalmente de su "disvaliosa"
23
situación histórica, profundamente marcada por los roles de género. En ese sentido, el
rol asignado a las tareas reproductivas, del cuidado y bienestar del hogar, reducen el
tiempo que pueden dedicarle a la capacitación, revisión de convocatorias, asistencia a
reuniones de socialización, preparación de ofertas y seguimiento a los cronogramas de los
procesos. Se suma también el difícil acceso a los factores de producción, pues, contar con
un menor grado de titularidad de activos implica menores garantías al momento de acceder a
fuentes de financiamiento, limitando su capital de trabajo y, por ende, sus oportunidades
para participar en contrataciones de montos elevados.
Los recursos económicos de las empresas lideradas por mujeres también se
ven afectados por retrasos en los pagos de los contratos públicos, ya que, al recibir flujos
de efectivo con menor frecuencia, sus índices de liquidez se deterioran más rápidamente que
aquellos de empresas más grandes. En esa misma línea, la sostenibilidad de sus empresas
-caracterizadas por un menor tamaño- se encuentra condicionada por la periodicidad con la
que obtienen un contrato estatal, ya que, varias de ellas han iniciado sus actividades
económicas teniendo como único mercado objetivo al público, y su continuidad depende de la
frecuencia y cantidad de recursos económicos que este les genera.
Por otro lado, un factor exógeno que no debe pasar desapercibido es la
corrupción, pues, además del menoscabo del patrimonio estatal, genera una percepción
negativa sobre las posibilidades reales de las mujeres para ganar un contrato público.
24
Un aspecto no menos relevante es la falta de estadísticas desagregadas que terminan por
invisibilizar a las mujeres, sus necesidades y su situación. Así, la falta de "marcadores"
de género impide saber "cuáles y cuántas son las empresas de mujeres que están participando
en los procesos de adjudicación para evaluar las compras públicas"
25
con una perspectiva de género.
¿QUÉ PASA EN ECUADOR?
El Sistema Nacional de Contratación Pública ecuatoriano se encuentra
alineado al sistema económico social y solidario
26
de la nación, como elemento que promueve la inclusión de grupos tradicionalmente
excluidos, mediante regímenes preferenciales, tales como la reserva de mercado y los
márgenes de preferencia.
27
En ese contexto, una primera aproximación de la igualdad de género surge en la
normativa que reguló inicialmente el procedimiento de Feria Inclusiva (en adelante, FI).
Así, se contempla la condición de vulnerabilidad como un parámetro que "permite
priorizar la compra a los actores de sectores económicos vulnerables, o que no tienen fácil
acceso a la contratación públicas".
28
Si bien no se aludía explícitamente a la igualdad de género, se confería a las
entidades contratantes la potestad discrecional de determinar qué sectores vulnerables
incluiría en sus pliegos, pudiendo considerarse a las mujeres.
La condición de vulnerabilidad se plasmó en los modelos de pliegos
de este procedimiento y se mantuvo sin ningún desarrollo expreso hasta la expedición de la
Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP (en adelante,
Codificación de Resoluciones) en 2016, cuando esta se reemplazó por los criterios de
igualdad que especifica los criterios de inclusión a aplicarse y evaluarse; entre
ellos, la identidad de género, que otorgará hasta 20 puntos si más del 25 % de los miembros
de las empresas oferentes son mujeres.
29
En 2018 estos criterios fueron modificados con la Resolución
RE-SER-COP-2018-0000092, sustituyéndose el criterio "identidad de género" por "igualdad de
género". Esta modificación también implica una reforma a la condición de evaluación. Así, se
establece que otorgará hasta 5 puntos adicionales a la puntuación alcanzada por el
oferente,
30
bajo la condición de que este se encuentre conformado por al menos el 65 % de mujeres y
con un tiempo mínimo de seis meses de antigüedad, previo al lanzamiento del proceso. Esta
reforma normativa se traslada íntegramente al art. 230 del nuevo Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (en adelante, Reglamento), expedido en
2022, de donde se desprenden los siguientes elementos de análisis:
-
La condición de cumplimiento no está vinculada directamente al
objeto de contratación, sino al sujeto (oferente); no cabe la posibilidad de
que, dependiendo de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto
contractual, el oferente se comprometa a contratar un determinado porcentaje de
mujeres para la ejecución del contrato. No se considera que aún persisten
objetos de contratación que involucran actividades altamente feminizadas o
masculinizadas.
-
La entidad contratante exige el cumplimiento de este requisito
únicamente en la etapa de presentación de la oferta. Es un requisito solicitado
al oferente que debe acreditar y presentar en la etapa precontractual de un
proceso de contratación; sin embargo, no se establece una cláusula contractual
que obligue al oferente a mantener esta condición durante la ejecución
contractual o a la contratante a verificar su cumplimiento.
-
Al ser un parámetro estrictamente regulado en este
procedimiento, la entidad contratante se encuentra imposibilitada de modificar
condiciones, incluir otras o modificar el puntaje asignado; así, el criterio de
igualdad se reduce a un número mayoritario de mujeres dejando de lado otras
políticas empresariales de fomento a la inclusión femenina, como por ejemplo el
"Sello Mujer", planes de igualdad, la participación de una mujer en cargos
directivos o de responsabilidad, etc.
-
Es necesario resaltar la reciente inclusión del criterio de
sostenibilidad social en el Reglamento de 2022, pues se faculta taxativamente a
las entidades contratantes a utilizar criterios de evaluación de ofertas que
persigan la igualdad y el goce de los derechos humanos y su aplicación en
calidad de acciones afirmativa que otorguen un puntaje adicional en la fase
precontractual, con las excepciones establecidas.
31
LA FERIA INCLUSIVA
Este procedimiento tiene como principal objetivo fomentar la participación
de los productores nacionales más pequeños del tejido empresarial ecuatoriano. Podría
considerarse como el procedimiento con mayor componente social dentro de la contratación
pública, pues en él se materializan varias preferencias enfocadas en sectores económicos
excluidos y grupos de atención prioritaria. La FI, desde su concepción, no tuvo una base
legal tan sólida, pues la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP
en lo sucesivo) apenas define su objetivo y finalidad, mientras que el procedimiento se
contemplaba someramente en el Reglamento,
32
desarrollándose como tal en varias resoluciones administrativas expedidas por el
Servicio Nacional de Contratación Pública (en adelante, SERCOP), hasta llegar a consolidarse
en la Codificación de Resoluciones de 2016. Sin embargo, solo hasta 2022 el nuevo Reglamento
recoge y ratifica estos preceptos y procedimiento, dotándolos de mayor seguridad jurídica.
El Reglamento de 2022 insiste en la preferencia de este sobre otros procedimientos
precontractuales y fomenta una mayor difusión de las invitaciones mediante la página web
institucional de las entidades contratantes. El cambio más relevante se refiere a la
limitación de los objetos de contratación, pues se determina que el SERCOP, en coordinación
con el ente rector de la Economía Popular y Solidaria (EPS), deben establecer los bienes y
servicios que se podrán adquirir o contratar bajo este procedimiento. Además, se especifica
que cuando el objeto de contratación se relacione con obras se observará las disposiciones
emitidas previamente por el SERCOP.
33
En 2024 se introduce una reforma importante al Reglamento, pues se
establece que las obras se contratarán por otros procedimientos, mas no por FI,
34
descartándola por completo.
A continuación, se describen ciertas características relevantes de este
procedimiento:
-
Tiene el objetivo de fomentar la participación de los pequeños
productores para lograr incluirlos en la contratación pública.
-
Se constituye como un símil a un mercado particular, en donde
confluye la oferta y la demanda para transar productos, considerando las
peculiaridades propias del mercado público, es decir, la entidad requirente
organiza y establece las condiciones y el oferente se somete a ellas.
-
Es el único procedimiento precontractual que prevé la
interacción entre la entidad contratante y el oferente mediante un evento físico
o un medio de comunicación.
-
Su aplicación tiene preferencia sobre los demás procedimientos
precontractuales.
-
Desarrolla la priorización de la producción nacional de
actores de la Economía Popular y Solidaria y mipymes, con el mecanismo de
reserva de mercado, creando un segmento exclusivo del mercado público para su
participación.
-
El objeto de contratación se limita a bienes y servicios de
producción nacional, independientemente de su normalización o catalogación. Los
proveedores deben ser productores nacionales de la totalidad del objeto
contractual.
-
No se determinan montos mínimos ni máximos para su ejecución.
-
Se sujeta al ámbito territorial que tendrá la convocatoria,
que puede ser el lugar donde se va a proveer el bien o se va a prestar el
servicio; o, el lugar donde se producen los bienes demandados. Salvo que no
exista capacidad cantonal, se podrá ampliar el alcance a nivel provincial.
-
El mejor costo como criterio de adjudicación adopta una
dimensión distinta al mejor costo en función de los objetos contractuales, ya
que se enfoca en el mayor grado de inclusión ofertado. Podríamos observar,
entonces, los primeros indicios de desarrollo del criterio mejor relación
calidad-costo, en el que la calidad también puede medirse en términos
sociales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS MEDIANTE FERIA
INCLUSIVA
Para este apartado, se trabajó sobre una base de datos estadística
elaborada a partir de información proporcionada por el SERCOP y complementada con datos
extraídos del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Se seleccionó una muestra
de 1401 contratos derivados de 419 procesos adjudicados y finalizados en el período
2018-2021, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con una representatividad del 20,04
% del total de montos adjudicados a nivel nacional. Las empresas adjudicadas fueron
clasificadas por mujeres y hombres, a partir de lo cual se presentan los principales
estadísticos descriptivos. Se acoge la recomendación del Value for Women & Open
Contracting Partnership, que considera a empresas lideradas por mujeres (ELM) tanto a
aquellas empresas unipersonales cuya propietaria es una mujer (personas naturales), así como
a aquellas personas jurídicas cuya representación legal (o procuraduría común) se encuentra
a cargo de una mujer.
Para determinar si las brechas entre hombres y mujeres fueron
significativas o no, se aplicó la Prueba Estadística de Diferencias de Medias a las
variables (continuas) montos y números de contratos; y, la prueba Chi2 de Pearson
a la variable (discreta) objetos de contratación (bienes, servicios u obras), con un grado
de error de 0,05. Respecto a los montos contractuales, el resultado (p=0,0498) confirma que
los montos adjudicados a los hombres sí tienen una media significativamente superior a los
montos adjudicados a mujeres. En cuanto a números de contratos, el resultado (p=0,1783)
determinó que no existen diferencias significativas entre las medias de los números de
contratos adjudicados a mujeres y hombres. En cuanto, a los objetos contractuales, los
resultados (x2=5,99; x
2
calc=1,67) indican que ser hombre o mujer sí incidió en los objetos de contratación
que se adjudicaron.
Los procesos adjudicados mediante FI entre 2018 a 2021 totalizaron USD
74,88 millones, con una participación mayoritaria de hombres con el 65,40 % (USD 48,97
millones) frente al 34,60 % (USD 25,91 millones) de las mujeres (figura
1). En promedio, cada contrato adjudicado a una mujer bordeó un monto contractual de
USD 39 554,00 versus cada contrato adjudicado a un hombre, que bordeó los USD 65 652,00.
Figura 1 Montos adjudicados mediante el procedimiento de FI (en millones de
dólares)
Fuente: SERCOP.
Elaboración propia.
En cuanto a los 1401 contratos adjudicados, el 46,75 % (655) fue
adjudicado a empresas lideradas por mujeres frente a un 53,25 % (746) de los hombres. Las
mujeres tuvieron una mayor participación como personas naturales frente a los hombres,
quienes registraron una mayor participación como personas jurídicas. Aproximadamente, el 41
% del total de cargos directivos de las empresas contratistas estuvieron ocupados por
mujeres, frente a las estadísticas empresariales nacionales, en donde apenas el 27 % del
total de estos cargos lo ocupan las mujeres.
35
Lo que podría sugerir que las construcciones sociales y culturales como el techo de
cristal es más propenso a romperse en las organizaciones económicas populares, debido al
carácter social y a los principios de igualdad y solidaridad que guían el accionar de este
tipo de empresas.
36
Es importante notar que los montos contractuales presentan una tendencia a
la baja, con una reducción del 88 % entre 2018 y 2021. La mayor caída se produce entre 2020
y 2021, años marcados por la reducción de la actividad económica por la pandemia del
COVID-19. Además, en 2020 y 2021, las mujeres, en calidad de representantes legales,
tuvieron una mayor participación en los montos contractuales relacionados con la prestación
de servicios de transporte (actividad tradicionalmente masculinizada).
Figura 2 Número de contratos adjudicados mediante el procedimiento de FI
Fuente: SERCOP.
Elaboración propia.
El análisis de estos primeros indicadores nos permite inferir que, en el
segmento del mercado público generado por la FI, aunque las mujeres han tenido una mayor y
más efectiva participación como oferentes, la capacidad productiva de las empresas que
lideran sigue siendo inferior a aquellas lideradas por hombres, lo que se refleja en la
adjudicación de contratos de cuantías menores a las de sus pares masculinos.
El rol de la mujer en el mercado laboral tradicionalmente ha estado ligado
a aquellos sectores que no demandan un alto grado de formación o especialización
37
tales como la agricultura, servicios, educación y el trabajo autónomo.
38
En Ecuador, esta tendencia se mantiene en ciertos sectores económicos
39
y la compra pública no es la excepción, particularmente en este procedimiento
precontractual que nace para promover la economía de las unidades productivas más pequeñas,
caracterizadas por no contar con mano de obra especializada. Así, se observa que el
principal objeto de los contratos públicos que mujeres y hombres le vendieron al Estado
fueron servicios, con un 78,12 % y un 83,85 %, respectivamente, con un predominio de los
relacionados con alimentación, seguido del transporte.
Los contratos de adquisición de bienes representaron un 20,17 % de los
ingresos de las ELM y un 13,06 % para los hombres. La diferencia en este objeto contractual
se debió a una mayor participación de las mujeres en la provisión de materiales de
construcción que le representaron alrededor del 17 % del total de las ventas al Estado (ver
figuras 3 y 4).
Figura 3 Principales objetos de contratación adquiridos a proveedoras (mujeres)
Fuente: SERCOP
Elaboración propia.
Figura 4 Principales objetos de contratación adquiridos a proveedores (hombres)
Fuente: SERCOP.
Elaboración propia.
Podría pensarse a priori que los proveedores de servicios de
alimentación y limpieza, además de participar en Ferias Inclusivas, también serían parte de
los Catálogos Dinámicos Inclusivos por tener nichos de mercado similares; sin embargo,
únicamente 81 proveedores adjudicados en FI también formaron parte de estos catálogos. Esto
podría indicar que los proveedores participantes en la FI lo conciben como una única
oportunidad, o al menos la menos complicada para acceder al mercado público.
En síntesis, los contratos adjudicados a mujeres con este procedimiento se
caracterizan porque sus objetos de contratación mayoritariamente abarcan el sector
servicios, en particular relacionados con alimentación. También se evidencia que las mujeres
adjudicatarias se ocupan más de cargos directivos que las tendencias de los sectores
económicos nacionales, y que se empiezan a romper las estructuras de actividades feminizadas
y masculinizadas en los objetos contractuales. En el período analizado, se observó que las
oferentes participan más en actividades que no requieren de una profesionalización o
especialización; sin embargo, no es una característica diferenciadora de sus pares
masculinos; más bien, es una característica común en los proveedores participantes de este
procedimiento. Además, las mujeres fueron adjudicadas en un número similar de contratos que
los hombres, pero con montos menores. Pese a ello, estas cifras sugieren que en la FI la
desigualdad entre hombres y mujeres es menor que la tendencia global de la contratación
pública.
Para complementar este análisis, se revisó la aplicación y evaluación del
criterio de igualdad en 30 procesos seleccionados aleatoriamente en el período 2012-2021 (figura 5), de donde se desprende que únicamente en seis procesos, la
igualdad de género es evaluada con un puntaje superior a 5 puntos. Incluso entre 2012 y
2016, cuando las entidades contratantes tenían la potestad de ponderar a la igualdad de
género con puntajes de hasta 20 puntos, esto no ocurrió y los mayores puntajes se ponderaron
al parámetro de discapacidad e intergeneracional. Adicionalmente, en ninguno de los procesos
revisados se publicó el análisis de compra de inclusión.
Figura 5 Matriz de análisis del criterio de igualdad de género en procesos de FI en
2012-2021
| N.° |
Año |
Contratante |
Presupuesto
referencial (USD) |
Código del
proceso |
Objeto de
contratación |
Puntaje por
igualdad de género |
| 1 |
2012 |
Programa de
provisión de alimentos |
1 529 580,00
|
MEDU-062F-FGH-PPA12 |
Adquisicion de
611 832 tm en 1 019 720 fundas de 600 gramos de granola en hojuelas. |
10 |
| 2 |
2013 |
Subsecretaría de
Educación del Distrito de Guayaquil |
1 780 114,82
|
FERIN-SUBGYE-01-2013 |
Confección de
kits de uniformes escolares para los estudiantes de educación inicial urbana
y rural, educación general básica y de todos los niveles de las unidades
educativas del milenio. |
0 |
| 3 |
2013 |
Ministerio de
Educación |
2 207 059,50
|
FI-MINEDUC-001-2013 |
Adquisición de 1
471 373 fundas de 600 gramos de granola en hojuelas para las órdenes D-1C13
y D-4S12. |
10 |
| 4 |
2014 |
Dirección
Distrital 17D05 parroquias urbanas (La Concepción a Jipijapa) y parroquias
rurales (Nayón Zámbiza) MIES |
161 472,00 |
FI17DDQCMIES001-2014 |
Provisión de
alimentación para CIBVS de la Dirección Distrital 17D05 parroquias urbanas
(La Concepción a Jipijapa) y parroquias rurales (Nayón a Zámbiza)-MIES. |
15 |
| 5 |
2014 |
Instituto de
Provisión de Alimentos |
447 377,70 |
FI0020_EDUSGA1S-14 |
Servicio de
provisión de almuerzos para la alimentación escolar a niños/as y
adolescentes de las unidades educativas del milenio: UEM colegio réplica
Mejía (provincia de Pichincha, cantón
Quito), UEM réplica 24 de Mayo (provincia de Pichincha, cantón Quito), UEM
colegio réplica Montúfar (provincia de Pichincha, cantón Quito). |
5 |
| 6 |
2014 |
Coordinación
zonal 5 MAG |
30 000,00 |
FI-CZ5-002-2014
|
Adquisición de
silos de maíz para el fortalecimiento de la reserva estratégica de forraje
de Santa Elena. |
0 |
| 7 |
2015 |
Empresa Pública
Metropolitana de Rastro Quito |
22 340,00 |
FI-EMRAQ-EP-001-2015 |
Confección de
uniformes para el personal operativo de la Empresa Pública Metropolitana de
Rastro Quito. |
10 |
| 8 |
2015 |
Dirección
distrital
17D11-Mejía-Rumiñahui- educación |
63 960,00 |
FI-17D11-002-2015 |
Limpieza de
instituciones educativas de la Dirección distrital 17D11 Mejía Rumiñahui.
|
10 |
| 9 |
2015 |
Gobierno
autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, Unidad
Educativa Municipal Julio E. Moreno |
5713,00 |
FI-UEMJEM-001-2015 |
Adquisición de
mobiliario para áreas administrativas de la Unidad Educativa Municipal Julio
E. Moreno. |
5 |
| 10 |
2015 |
Fundación Museos
de la Ciudad |
11 427,00 |
FI-FMC-0004-2015
|
Prestación del
servicio de pintura y panelería para exposiciones temporales en el Museo de
la Ciudad - incluye materiales. |
2 |
| 11 |
2015 |
Dirección
Distrital 01D04
Chordeleg - Gualaceo
MIES |
32 872,40 |
FI-MIES-DDG-001-2015 |
Servicio de
alimentación para los tres CIBV emblemáticos de atención directa de la
Dirección Distrital 01D04 Chordeleg Gualaceo MIES. |
0 |
| 12 |
2015 |
Instituto de
Provisión de Alimentos |
16 681,44 |
FI15_IPAEDUFRESAZ_15 |
Adquisición de
72 528 raciones de fresa, cada ración contiene 75 g, para la inclusión en la
alimentación escolar de educación general básica y educación inicial en el
cantón de Nabón y Cuenca, provincia del Azuay. |
5 |
| 13 |
2015 |
Fundación Museos
de la Ciudad |
7500,00 |
FI-FMC-0012-2015
|
Prestación del
servicio de transporte para la ejecución de diferentes actividades
educativas del proyecto “Aquainventa 2”. |
5 |
| 14 |
2016 |
Municipio de
Quito zona La Delicia |
29 280,00 |
FI-AZLD-001-2016
|
Disponer del
servicio de unidades de transporte buses con capacidad de 40 personas para
la administración zonal La Delicia con la finalidad de movilizar a los
asistentes a los diferentes eventos planificados. |
5 |
| 15 |
2016 |
Empresa Pública
Metropolitana Mercado Mayorista de Quito |
2678,00 |
FI-MMQEP-001-2016. |
Adquisición de
mobiliario para la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista de Quito.
|
5 |
| 16 |
2017 |
Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito |
6779,75 |
FI-UEMJEM-001-2017 |
Servicio de
imprenta, rotulación y empastado. |
5 |
| 17 |
2017 |
Empresa Pública
Metropolitana de Rastro Quito |
1751,81 |
F-EPMRQ-001-1-2017 |
Servicio de
impresión de formularios. |
5 |
| 18 |
2018 |
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social |
224 695,75 |
FI-CPPSSP-02-2018 |
Contratación de
instructores para que dicten talleres en los centro de atención al adulto
mayor del IESS de la provincia de Pichincha. |
0 |
| 19 |
2018 |
GAD MDMQ
adminsitración zona La Delicia |
12 350,00 |
FI-AZLD-001-2018
|
Servicio de
mantenimiento y reparación de edificios del proyecto
gastos administrativos. |
5 |
| 20 |
2019 |
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social |
694 960,00 |
FI-CPPSSP-001-2019 |
Contratación del
servicio de instructores que dicten talleres en los centros de atención del
adulto mayor de Pichincha. |
5 |
| 21 |
2019 |
Empresa Pública
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP |
455 799,88 |
FI-PAM-EP-002-2019 |
Adquisición de
insumos pecuarios para la implementación de proyectos del programa de
relaciones comunitarias. |
5 |
| 22 |
2019 |
Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social |
221 198,00 |
FI-IESS-CPPSSG-01-19 |
Servicios de
instructores y/o capacitadores para el programa de envejecimiento activo y
saludable para las provincia del Guayas, Santa Elena, Bolívar y Los Ríos.
|
5 |
| 23 |
2019 |
Empresa Pública
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP |
415 409,52 |
FI-PAM-EP-006-2019 |
Adquisición de
materiales para plan de mejoras infraestructura de instalaciones de
Petroamazonas EP. |
5 |
| 24 |
2020 |
FI-IESS-
CPPSSG-01-2020 |
448 973,00 |
FI-IESS.CPPSSG-01.20 |
Contratación del
servicio de instructores y o capacitadores para el programa de
envejecimiento activo y saludable para las provincias de Guayas, Santa
Elena, Los Ríos y Bolívar. |
0 |
| 25 |
2020 |
Empresa Pública
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP |
1 066 176,85
|
FI-PAM-EP-005-2020 |
Adquisición de
materiales de ferretería para la implementación de proyectos del programa de
relaciones comunitarias. |
5 |
| 26 |
2020 |
Fideicomiso
mercantil fondo ambiental para la protección de las cuencas y agua - FONAG
|
17 896,50 |
FONAG-FI-011-2020 |
Contratación del
servicio de restauración activa con 20 000 plantas en Noroccidente. |
5 |
| 27 |
2021 |
Aldeas
Infantiles SOS Ecuador |
77 347,48 |
FI-SOS.E-PTV01-2021 |
Adquisición de
productos alimenticios materia prima. |
0 |
| 28 |
2021 |
Fideicomiso
mercantil fondo ambiental para la protección de las cuencas y agua - FONAG
|
7281,00 |
FONAG-FI-003-2021 |
Contratación del
servicio de restauración activa en la cuenca del río Victoria en Cuyuja,
provincia del Napo. |
10 |
| 29 |
2021 |
Fundación
alianza CEIDE CYD |
37 100,00 |
FI-CEIDE-002-2021 |
Adquisición de
material vegetativo para cercas, proyecto fomento a la producción sostenible
de ganadería para la comunidad Reina del Cisne, parroquia Pacayacu, cantón
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. |
5 |
| 30 |
2021 |
Empresa Pública
de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador |
200 733,97 |
FI-EPP-860260-21
|
Pintura y
accesorios para pintar de uso común para las bodegas de la Jefatura Zonal
Oriente y áreas de la Gerencia de Exploración y Producción de la EP
Petroecuador. |
5 |
En ninguno de ellos el puntaje asignado a la igualdad de género fue un
factor determinante para adjudicar un contrato, incluso podemos afirmar que la eliminación
de ese parámetro -en la mayoría de los casos- no modificaría el orden de prelación de los
oferentes previo a la adjudicación. Se observa una ligera incidencia, a medida que más
oferentes participan y, por el contrario, cuando se presentan un número reducido de ofertas,
el criterio no genera un gran impacto. Por otro lado, si bien los oferentes adjudicados
cumplieron con los criterios de evaluación por puntaje en la fase precontractual, no se pudo
evidenciar que estos criterios fueran cumplidos durante la fase contractual,
particularmente, las actas de entrega-recepción publicadas en el SOCE no contienen
información sobre la verificación del cumplimiento de esta obligación contractual (ver figura 5).
