El proyecto político del CNI y del CIG

El CNI se fundó el 12 de octubre de 1996, “planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas, es decir, un espacio donde los pueblos originarios encontráramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de resistencia y rebeldía, con nuestras propias formas de organización, de representación y toma de decisiones, es el espacio de los indios que somos” (CNI 2017b, 1).

Las decisiones en el CNI se toman dentro de la Asamblea General reunida en el Congreso y todos ejercen la palabra de manera colectiva. Sus siete principios rectores son: “Servir no servirse, Construir no destruir, Representar no suplantar, Convencer no vencer, Obedecer no mandar, Bajar no subir, Proponer no imponer” (CNI 2017b, 7).

Un aspecto importante del proyecto del CNI es la construcción de las autonomías de los pueblos, donde cada pueblo originario gestiona su territorio y ejerce su cultura, tradiciones, usos y costumbres, una postura frente a la que se defiende una concepción del territorio como espacio de vida y esperanza, lo que representa la lucha por la vida, como ellos mismos lo indican al decir que se reconocen como pueblos, naciones, tribus y barrios originarios. Además, indican que “hablamos con la lucha colectiva de quienes en nuestras geografías no han dejado de soñar en extensos territorios, en colectivos de decenas, cientos o de miles de familias que hacemos eso que nosotros llamamos comunidad. Nos hablamos con nuestras luchas por defender la vida y en ese lenguaje nos entendemos, porque es el que nos abre la puerta para vernos y entendernos” (CNI 2021a).

En este sentido, se advierte que el territorio, desde la perspectiva del CNI, no puede considerarse una mercancía o una cosa, sino que es un espacio de posibilidades para la reproducción de la vida y el cual se defiende con la vida misma, pues de ello depende la viabilidad o no de sus proyectos (Bartra 2013).

El CNI visibilizó las luchas, resistencias y existencia de los pueblos originarios, enarbolando su postura abajo, a la izquierda y anticapitalista. Los grupos indígenas que se sumaron al llamado hecho por el EZLN para conformar el CNI reivindicaron el derecho a la autonomía en sus territorios, a tener sus propias formas de “seguridad y justicia, de agricultura y defensa de cultivos tradicionales, de formas propias de educación y comunicación” (CNI 2017a, 2).

Las propuestas del CNI, por lo tanto, constituyen la base de su proyecto político, y la defensa del territorio es el punto medular de todas sus resistencias y exigencias, a la vez de las innovaciones en la forma en que construyen sus luchas. Esa defensa del territorio es reiterada con la fundación del CIG en 2016, que si bien surge en principio para lograr el registro para la candidatura independiente a la Presidencia de la República, sus fundamentos son conformar un proyecto anticapitalista frente al despojo y la acumulación de riqueza que se sustenta en el sometimiento, el genocidio y la explotación de la naturaleza. Para cumplir con el análisis del proyecto político que encabeza el EZLN y

todos los grupos indígenas que se sumaron al CNI y al CIG, es importante comprender que la disputa por el territorio entre los pueblos originarios, el Estado y el capital, no es nueva; es una lucha que se agudizó en la era de la hegemonía de la economía global. “En su diagnóstico político-económico, el CNI reconoce el despojo y la guerra como elementos configuradores del capitalismo actual. El capitalismo en su fase expansiva va ocupando territorios y expulsando o integrando de forma subordinada las formas diferentes de socialización” (Moreno 2017, 95).

El proyecto del CNI-CIG, más allá de buscar la candidatura a la Presidencia de la República, representó la resistencia ante el discurso neodesarrollista ¹ y neoestractivista cuyas consecuencias son la instauración de la megaminería, las hidroeléctricas, parques eólicos, etc., que terminan transformando el territorio de manera física, ignorando el sentido y significado de la vida para los pueblos originarios. Desde sus orígenes es clara la postura del CNI-CIG, y a 25 años del surgimiento del CNI (2021b, 7) refrendan su lucha: “de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte”, que son una de las principales amenazas en la “guerra contra los pueblos”.

Estos megaproyectos han contribuido ampliamente a la transformación acelerada del territorio, dando lugar a una segunda naturaleza donde la disputa es capital versus vida (Svampa 2012). Esta segunda naturaleza, producto de la conquista de territorios con la finalidad de ampliar la acumulación de capital, oculto bajo el discurso del desarrollo, nos ha llevado a lo que Harvey (2012) denomina la destrucción creativa del territorio. De este modo, el proceso de apropiación y despojo de territorios, y su constante transformación, representan un nuevo mecanismo para la circulación y acumulación del capital y es el escenario en contra del cual emerge el proyecto político del CNI y del CIG: la lucha por el territorio.

El CNI “tiene presencia en 179 municipios de 24 estados de la República Mexicana. Es el movimiento de los pueblos indios más numeroso desde la Revolución” (Camacho 2019, 2).

Marichuy, vocera del CIG y concejala de los pueblos nahuas de Jalisco, dejó ver la línea que articula el proyecto del CNI-CIG:

Otro aspecto que reivindica el CNI es la participación igualitaria de hombres y mujeres, su proyecto político abre el espacio para la participación política de las mujeres, lo cual se evidenció aquel 12 de octubre de 1996 cuando la comandanta Ramona se convirtió en la primera zapatista en salir del cerco militar, situado en Chiapas, rumbo a Ciudad de México. Como delegada del EZLN, participó en el primer CNI el 12 de octubre de 1996. El eco de sus palabras más emblemáticas en aquella asamblea se sigue sintiendo en las luchas que emergen de esa red “Nunca más un México sin nosotros” (Moreno 2017).

El mensaje es claro: se trata de un grito de resistencia y de ofensiva frente a las estrategias de despojo territorial, explotación y exterminio. El CNI se ha establecido como una red de redes plural y flexible compuesta por organizaciones, redes de organizaciones y redes de comunidades. Los miembros del CNI afirman que son una asamblea cuando están juntos y red cuando están separados. En los espacios de asamblea, se reflexiona y se toman decisiones por consenso. Como red, se despliegan mediante mecanismos de apoyo mutuo para fortalecer y respaldar las múltiples y particulares luchas en los territorios a nivel comunitario, regional y nacional (Moreno 2017).

El CNI se enfrenta al Estado mexicano, que se muestra incapaz de reconocer y aceptar la diversidad cultural de los pueblos originarios y sus formas propias de gobierno; ante esto, la exigencia de autonomía de los pueblos y su libre determinación no está sujeta a diálogo o condiciones, se ejerce de facto, y los pueblos que conforman el CNI lo han hecho.

El proyecto político del CNI y su extensión en el CIG plantea y reconoce la necesaria participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida tanto política, social y económicamente, lo cual representa una propuesta de avanzada y un reto en una sociedad de corte patriarcal. “En un espacio social configurado bajo la estructura colonial, patriarcal y capitalista de un país como México, ser mujer y ser indígena significa sufrir una triple opresión. Racismo, clasismo y patriarcado son algunas de las configuraciones sociales que las mujeres y los hombres del CNI han denunciado a partir de sus reflexiones colectivas” (Moreno 2017, 96).

El papel de la mujer indígena dentro del CNI es reivindicado y reconocido como parte importante en la consolidación del proyecto político de liberación y defensa territorial. En su discurso ante la tribuna del Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001, la comandanta Esther del EZLN expuso las condiciones de opresión de la mujer pobre e indígena en el México del siglo XX y quedó expresa la necesidad de reivindicar el papel de la mujer como un actor político importante: “A nosotras las mujeres indígenas, nos burlan los ladinos y los ricos por nuestra forma de vestir, de hablar, nuestra lengua, nuestra forma de rezar y de curar y por nuestro color, que somos el color de la tierra que trabajamos” (Comandanta Esther 2001, 20).

Por tanto, el proyecto político del CNI también incorpora y reconoce la centralidad de las mujeres en las luchas y resistencias de cada pueblo originario que lo integra. Desde 1993, el EZLN ya reconocía la necesidad de equidad de género:

El reconocimiento de las mujeres como personas con agencia, partícipes relevantes en la defensa del territorio y su reconocimiento permiten mostrar que el territorio, además de ser fuente de los bienes comunes y espacio para el trabajo, alimento y vivienda, tiene un significado más; el territorio es el espacio de posibilidades infinitas para las mujeres, y las mujeres indígenas en particular, esas mujeres que durante siglos fueron relegadas en la toma de decisiones, tal como lo expuso la comandanta Esther en su discurso de 2001 en el Congreso de la Unión.

El CNI, en consecuencia, representa un proyecto político con diversas demandas de acuerdo con los grupos indígenas que lo integran, pero con un eje articulador común, el derecho a la autonomía de los pueblos, la defensa por el territorio y la inclusión de las mujeres en el proyecto político. Representa una red donde se incorporan distintas redes y comunidades donde las mujeres tienen un papel central, pues pueden ocupar cargos de vocería, comisionadas, delegadas, son defensoras del territorio y participan en la toma de decisiones. Las redes establecidas por todos los integrantes del CNI dignifican el papel de la mujer en las decisiones políticas, la reconocen como fundamental en el proyecto de defender el territorio y establecer una agenda política acorde a las necesidades de los pueblos originarios.

En este sentido, para enmarcar la importancia del territorio, tanto para los pueblos originarios que se concentran en torno al CNI y al CIG, así como para el gran capital, recurro a autores como Leff (1998; 2000; 2003; 2004) y Harvey (2007a; 2007b; 2008), que conceptualizan el territorio como algo esencial ligado a la existencia misma, como el eje articulador de cualquier proyecto de vida, a la vez que en la perspectiva capitalista el territorio es solo una fuente de riqueza y de acumulación infinita. En contraposición a esos proyectos, el CNI ha articulado lenguajes de valoración distintos a la racionalidad capitalista (Martínez Alier 2004). Bajo esta perspectiva, luchas por el territorio desencadenarán conflictos ecológicos que se enmarcan en distintas racionalidades. Por un lado, se encuentra un lenguaje económico en el contexto neoliberal, donde el territorio se valora bajo la lógica costo-beneficio, en donde el territorio es visto como generador de recursos naturales y donde la extracción de dichos recursos puede pagar cualquier daño ambiental mediante las llamadas externalidades. En tanto que en los pueblos originarios se despliegan lenguajes culturales, ecológicos y de subsistencia de las poblaciones. Bajo esta racionalidad ecológica, los pueblos originarios pueden declarar, como hicieron los U’Wa en Colombia frente a Occidental Petroleum, que la tierra y el subsuelo eran sagrados, “que la cultura propia no tiene precio” (Martínez Alier 2008, 33).

En los pueblos originarios es frecuente encontrar formas integrales de entender la vida. La igualdad de mujeres y hombres es tan importante como fortalecer sus sistemas normativos, promover la agroecología, reconocer los saberes medicinales y espirituales. La relación con la que llaman Madre Tierra configura las relaciones sociales y coloca dentro de la resistencia y la defensa por el territorio a las mujeres indígenas, quienes han jugado un papel importante. Como indica Moreno (2017, 96) , al investigar el papel de la mujer en distintas zonas geográficas, “en Chiapa de Corzo, el movimiento de mujeres zoques por la defensa y dignidad de la tierra exigió la clausura de un basurero a cielo abierto que llevaba años contaminando el medioambiente de la región. Las mujeres de Tepoztlán, del istmo de Tehuantepec, de Xochicuautla, por señalar algunos lugares, han defendido los bosques, el agua y la tierra, así como la flora y la fauna locales”.

El CIG como máximo órgano donde se definen las propuestas y la toma de decisiones con el nombramiento de Marichuy como precandidata a la Presidencia de la República vuelve a manifestar la necesidad de hacer frente a un sistema capitalista, racista, clasista y patriarcal. Para el CNI y el CIG, la candidata Marichuy representa también una propuesta colectiva que camina con los pueblos con base en la solidaridad, que desdeña la democracia de los de arriba y que confronta los planes de exterminio sobre sus vidas y territorios.

Otro aspecto importante que demuestra la defensa del territorio como espacio de y para la vida es la campaña que en 2017 organizó el EZLN -frente a los muros del capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda-, cuyo objetivo fue enfrentar la agresividad de los grandes capitalistas que aterrorizan a millones de personas en todo el mundo y de esta forma brindar apoyo a quienes son perseguidos, detenidos, deportados y separados por las fronteras, y luchar contra la discriminación y el racismo (Enlace Zapatista 2017).

A esta campaña se sumó el CIG y del mismo modo obtuvo respaldo de las redes que se conformaron para apoyar a los migrantes, poniendo de manifiesto una vez más que el territorio no es solo una fuente de recursos que se pueden aprovechar y generar una ganancia, el territorio es el espacio para la vida y donde no hay lugar para las fronteras.

El territorio como espacio para la reproducción de la vida

El territorio como el eje que configura y articula la vida es a la vez el eje del proyecto político del CNI-CIG, pues sin territorio no hay proyectos de vida. Escobar (2016) está claro cuando dice que los territorios-mundos en la actualidad sufren la ocupación económica, tecnológica, cultural, ecológica e inclusive armada, pero principalmente ontológica por parte del gran capital; es ante esa ocupación que surgirán las resistencias. De acuerdo con Escobar, estas ocupaciones territoriales permiten identificar una ontología particular, donde se establece que existe un individuo experto, se tiene conocimiento total del territorio y se juegan en los mercados y la ciencia económica el buen manejo de estos.

Escobar, además, indica que son las comunidades indígenas y afrodescendientes quienes promueven las resistencias y luchas ontológicas, pues el sentido que tienen del territorio es distinto, “la perseverancia de las comunidades, los comunes y las luchas por la defensa y reconstitución -particularmente pero no exclusivamente, las que incorporan, explícitamente, dimensiones etnoterritoriales- implican resistencia y la defensa de territorios que, en el mejor y más radical de los casos, se puede describir como pluriversal, es decir, como el fomento de la coexistencia de múltiples mundos” (145).

El proyecto político del CNI y del CIG se inscribe en la lógica de resistir desde una ontología distinta, y Escobar le reconoce al EZLN el hacer visible dichas resistencias que surgen ante el proyecto neoliberal. Muchos de estos mundos están involucrados en las luchas por la perseverancia y el potenciamiento del pluriverso en el espíritu del principio zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos.

Las decisiones y prácticas neoliberales con respecto al uso de la tierra, por lo tanto, tienen un efecto negativo en la vida de las poblaciones que habitan zonas rurales, y tales efectos se multiplican cuando se trata de poblaciones indígenas marginadas por el sistema político, económico, social y cultural que se impone por encima de sus prácticas, hábitos y cultura propia en que desarrollan su vida. Además, López Bárcenas (2017, 243) identifica una relación cultural entre los pueblos indígenas y el espacio que habitan:

El territorio para los pueblos indígenas implica la tierra, los bienes comunes y la relación cultural que guardan con ellos.

Es ante estas prácticas del despojo y violencia que emerge el proyecto político del CNI y del CIG exhibiendo las prácticas depredadoras del Estado y grupos empresariales para generar riqueza a costa de la vida toda, transformando el territorio no solo en el aspecto físico, sino destruyendo el espacio cultural donde se reproduce la vida.

Para comprender y explicar esas transformaciones del territorio es necesario considerarlas como consecuencia intrínseca del discurso del desarrollo que pretende reducir o sacar de la pobreza a las poblaciones del tercer mundo, identificando e imponiendo las necesidades de dichas poblaciones. De este modo, la búsqueda del desarrollo daría la pauta para explorar y explotar nuevos territorios, puesto que “el tratamiento de la pobreza permitió a la sociedad conquistar nuevos territorios: tal vez más que el poder industrial y tecnológico, en el naciente orden del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la pobreza, cuya intención era no solo crear consumidores sino transformar la sociedad” (Escobar 2007, 50).

La implementación de estrategias para el desarrollo en el tercer mundo no puede llevarse a cabo sin la participación institucional y estatal, como ya lo apuntaba Harvey (2012; 2007b); del mismo modo, Escobar (2007, 182) considera que el análisis del desarrollo y sus prácticas no debe dejar de lado a las instituciones. “Las prácticas institucionales resultan cruciales no tanto porque representen gran parte de lo que en verdad se cataloga como desarrollo, sino especialmente porque contribuyen a producir y formalizar relaciones sociales, divisiones de trabajo y formas culturales”.

Las propuestas que hace Escobar (2016; 2007; 2005) de analizar el discurso del desarrollo y sus prácticas ligadas a las instituciones (nacionales e internacionales) y al Estado, coincide con lo dicho por Harvey (2012) para explicar las necesidades del capitalismo para continuar con la acumulación. “Capitalistas y sus agentes se dedican a la producción de la segunda naturaleza, la producción activa de su geografía, de la misma forma que producen todo lo demás: como una operación especulativa, casi siempre con la connivencia y complicidad, si no con la colaboración activa, del aparato estatal” (158).

Por tal motivo, el CNI y el CIG se oponen a los megaproyectos que emergen en el marco del neodesarrollismo y que implican la transformación de sus territorios a lo largo del Estado mexicano, pues esta propuesta de megaproyectos responde a un discurso neodesarrollista en el siglo XXI, donde ya no se habla de industrializar al país, sino de construir grandes obras de infraestructura que posibiliten la inversión económica y el crecimiento económico de determinadas regiones, pues “el régimen de desarrollo imperante promueve la construcción de carreteras, presas hidroeléctricas y empresas mineras extractivas” (Leff 2014, 486). Por ejemplo, los megaproyectos que impulsan el desarrollo de infraestructura, las concesiones mineras o el desarrollo de parques eólicos son el resultado de una política neodesarrollista que considera necesario cambiar las condiciones socioeconómicas de la población a partir de la transformación del territorio, sin tomar en cuenta las demandas y necesidades de la población originaria que ahí habita.

Ver el desarrollo como un discurso producido históricamente implica examinar las razones que tuvieron tantos países para comenzar a considerarse subdesarrollados a comienzos de la segunda posguerra, cómo “desarrollarse” se convirtió para ellos en problema fundamental y cómo, por último, se embarcaron en la tarea de “des-subdesarrollarse” sometiendo a sus sociedades a intervenciones cada vez más sistemáticas, detalladas y extensas. (Escobar 2007, 23)

Este tipo de política neodesarrollista, en México, que impulsa la construcción de megaproyectos, es la productora de la segunda naturaleza, de las transformaciones territoriales, pero deja de lado un aspecto importante que son los procesos de des/reterritorialización que no podemos soslayar si pretendemos comprender de una manera totalizadora, donde los agentes involucrados no son solo las instituciones públicas y privadas, sino también lo son las poblaciones que habitan esos territorios y quienes tienen un papel importante al momento de resignificar el territorio más allá de una fuente de recursos o un espacio que puede producir riqueza.

Es necesario comprender que los territorios son por esencia entidades políticas y politizadas. “En la ‘cuestión territorial’ se confrontan las estrategias de poder por la reapropiación de la naturaleza, generando una reconceptualización del territorio” (Leff 2014, 467). Ante ello, Leff indica que el territorio no es solo la base físico-geográfica donde el Estado ejerce su soberanía, ni un sitio para la producción agrícola, industrial o para la urbanización. El territorio entonces “es cultura-naturaleza, lugar-soporte de la existencia humana [...] es el espacio-tiempo en el que se expresan los procesos de apropiación de la naturaleza en su organización ecogeográfica, pero sobre todo es el lugar donde se reconstruyen los modos de habitar el mundo desde racionalidades diferenciadas y alternativas” (Leff 2008, 348).

Por lo tanto, los megaproyectos neodesarrollistas se confrontan con otras racionalidades y formas de concebir el territorio. El territorio no es solo un mero instrumento que produce riqueza, al concebirlo como el lugar-espacio-tiempo; ² el territorio no solo se transforma físicamente, sino también se transforma la manera en que se concibe, los territorios se constituyen -se desterritorializan o reterritorializan- por el efecto de códigos y racionalidades e imaginarios que los reordenan y reestructuran (Leff 2006).

Por lo tanto, además de considerar los aspectos económicos y políticos que permiten la transformación del territorio en una segunda naturaleza que potencia la acumulación por desposesión en el siglo XXI, se debe considerar que ese discurso neodesarrollista, además, produce una reacción en la población que habita los territorios objeto de la transformación, es así que surgirán resistencias que visibilicen otras formas de percibir, concebir y habitar dicho territorio y, por lo tanto, se visibilizarán nuevos lenguajes de valoración.