Coyuntura
Migración venezolana en Ecuador: Una mirada al antes y después de la pandemia
Venezuelan Migration in Ecuador: A Look at Before and After the Pandemic
Samantha Basantes* 
y Bernardo Gortaire**
* Licenciada multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. samanthadbsilva@gmail.com.
** Máster en Ciencias en Políticas Públicas y Desarrollo Humano, Universidad de Maastricht, Países Bajos. bgortairemorejon@gmail.com.
Recibido: 20 de julio de 2021. Revisado: 27 de agosto de 2024. Aceptado: 28 de octubre de 2024
https://doi.org/10.32719/26312549.2022.22.1
Para citar este artículo: Basantes, Samantha, y Bernardo Gortaire. “Migración venezolana en Ecuador: Una mirada al antes y después de la pandemia”. Comentario Internacional 22 (2024): 11-32.
Resumen
Desde 2015, la salida de ciudadanos venezolanos hacia países latinoamericanos modificó el paisaje migratorio de la región. Ecuador ha resultado ser uno de los principales destinos, tanto de tránsito como de recepción. El país ha realizado una serie de cambios en sus políticas migratorias, hasta llegar a una modificación radical hacia el año 2018. Con la pandemia causada por el COVID-19, la situación de la población venezolana dentro de las fronteras ecuatorianas recrudece su vulnerabilidad al tiempo que refuerza los efectos de la ineficiente gestión estatal. En ese sentido, este documento estudia la respuesta del Estado ecuatoriano a la ola migratoria venezolana antes y después de la pandemia por COVID-19. Para realizar este trabajo se analizan datos previamente recabados, centrados en áreas como la actividad económica, las condiciones de vivienda y la educación de la población venezolana residente en Quito. Como resultado, se encuentra que la legislación ecuatoriana plantea una serie de garantías que en la práctica no se cumplen. Con ello se concluye la necesidad de repensar el funcionamiento de las instituciones ecuatorianas de modo que se cumpla lo estipulado en la ley.
Palabras clave: Ecuador, migración, población venezolana, vulnerabilidad, legislación, pandemia, COVID-19
Abstract
Since 2015, the departure of Venezuelan citizens to Latin American countries modified the migratory landscape of the region. Ecuador has turned out to be one of the main destinations, both for transit and for reception. The country has made a series of changes in its migration policies, reaching a radical modification towards 2018. The pandemic caused by COVID-19, increases the vulnerability of Venezuelan population residing in Ecuador. Therefore, this paper studies the response of the Ecuadorian State to the Venezuelan migratory wave before and after the COVID-19 pandemic. To carry out this work, previously collected data is analyzed. These focus on areas such as economic activity, housing conditions and education of the Venezuelan population residing in Quito - Ecuador. As a result, it is found that the Ecuadorian legislation raises a series of guarantees, which in practice are not fulfilled. It is concluded that there is a need to rethink the operation of Ecuadorian institutions.
Keywords: Ecuador, migration, Venezuelan population, vulnerability, legislation, pandemic, COVID-19
Introducción
“Una fila de personas, con su vida a cuestas en una maleta, camina por la carretera Panamericana…”.1 Frases como esta se usan con frecuencia para narrar el éxodo venezolano, fenómeno provocado por un mal manejo económico que se mantuvo durante la década de los 2000 y que vio en 2014 el inicio de una severa crisis económica.2 Esto vino acompañado de un decaimiento en la calidad de vida de la población venezolana debido a fallidos intentos de recuperación económica agravados por sanciones internacionales, inflación, escasez de bienes y servicios e innumerables protestas por las condiciones de vida y la manipulación electoral, que manifestaban el descontento generalizado con el Gobierno del país. Conforme la crisis continuaba, los índices de violencia e inseguridad se incrementaban, al igual que el desabastecimiento médico y alimenticio. Así, la migración se presenta, más que como una alternativa, como un escape.3
Por consiguiente, la salida de ciudadanos venezolanos hacia países latinoamericanos modificó el paisaje migratorio regional.4 En este contexto, Ecuador resultó ser uno de los principales destinos, tanto de tránsito como de recepción, para la población venezolana. Esta situación puede explicarse por la reputación progresista de Ecuador al reconocer constitucionalmente el derecho a migrar.5 Adicionalmente, la dolarización, el costo de vida y la proximidad geográfica con otros países hacen que resulte atractivo para los migrantes venezolanos.6 Sin embargo, el país ha realizado una serie de cambios en sus políticas migratorias para llegar en 2018 a una modificación radical en la que se establecieron restricciones a las políticas de flujos y residencias; estas condiciones han ido en aumento desde entonces al reforzar los mecanismos de control fronterizo, así como las alianzas regionales para la gestión de la crisis migratoria.7
La cuestión radica en que el establecimiento de reformas y la respuesta del aparataje estatal no han sido suficientes para satisfacer las necesidades de los migrantes venezolanos en territorio ecuatoriano. De hecho, la vulnerabilidad de la población venezolana aumenta, puesto que las políticas vigentes no les dan garantías y, por otro lado, encuentran en la sociedad ecuatoriana una mezcla de discriminación y vulneración de derechos.8 Así, la xenofobia reproducida a través de redes sociales y medios de comunicación tiende a responsabilizar a los migrantes por el aumento de la violencia y la inseguridad, y agrava sus condiciones de vida en países como Ecuador.9
La llegada de la pandemia del COVID-19 no hace sino recrudecer la mencionada vulnerabilidad del migrante venezolano, mientras empeora los efectos de la ineficiente respuesta estatal, como la falta de cobertura de servicios y la creación de formas de contratación que afectan los derechos de los trabajadores. Con el fin de analizar esta problemática, el presente documento se dividirá en cuatro partes. La primera se dedicará a exponer la posición oficial de Ecuador con respecto a la migración y el sustento legal que el país maneja. Luego, se explorará la situación de la población migrante venezolana antes y después de la pandemia, en dos secciones diferenciadas. Finalmente, se discutirán los hallazgos concernientes a la respuesta estatal ecuatoriana frente a la ola migratoria.
Posición oficial de Ecuador frente al flujo migratorio venezolano y legislación existente
El asunto migratorio ha sido de preocupación en el territorio ecuatoriano desde fines del siglo XIX; por ello, la generación y las reformas concernientes a leyes migratorias no son un tema netamente actual.10 Con todo, Ecuador fue reconocido como un país receptor de migrantes desde la segunda mitad del siglo XX, imagen que se vio reforzada en la última década de este siglo. El país no era extraño a la migración: recibía considerables flujos migratorios por parte de Colombia, como consecuencia de su conflicto interno, y de Cuba, como puerta de salida del régimen local. Incluso sirvió como nación de paso de ciudadanos haitianos después del terremoto de 2010. Mucho de lo ocurrido fue consecuencia de la subida al poder del expresidente Rafael Correa, cuyo Gobierno marcó un punto importante en la política migratoria del país.11
En contraste, emigrar no es una costumbre que resulte ajena a los ecuatorianos, que la ven como una opción válida para mejorar su calidad de vida. Así, en el período comprendido entre 1997 y 2007, más de 950 000 ciudadanos ecuatorianos emigraron.12 Las remesas del exterior llegaron a representar el 7,19 % del PIB durante el año 2000, cuando la economía ecuatoriana se vio devastada por el llamado “Feriado Bancario”, gran crisis financiera de 1999 que afectó y obligó a miles de familias a movilizarse principalmente hacia Estados Unidos, España e Italia.13 Al mismo tiempo se optó por dolarizar la economía, escenario que abrió las puertas a que el mercado ecuatoriano fuera más interesante para migrantes que apuntaban a enviar sus propias remesas a sus países.
Con el tiempo, cuando la economía retomó un cauce estable, la constante entrada de ciudadanos extranjeros llevó a que el territorio ecuatoriano se convirtiera en uno de los países receptores con más refugiados en el mundo.14 En 2018 se llegaron a contabilizar 60 524 refugiados,15 mayoritariamente provenientes de Colombia, desplazados por el conflicto interno que ha vivido aquella nación durante décadas. A pesar de su pequeña extensión, Ecuador se volvió hogar de miles de familias colombianas que, con esfuerzo, se fueron acoplando a la sociedad y normalizaron su participación en ella.
Todo esto responde en parte a la legislación que se fue desarrollando dentro del país. En la Constitución de 2008 se reconoce la libre movilidad y la ciudadanía universal, así como el derecho de las personas a migrar. Según Peralta, el posicionamiento político del país y la concepción de ciudadanía universal pretenden terminar con el concepto de extranjero de modo que las desigualdades entre países se disuelvan.16 Con ello, los prejuicios asociados al ser extranjero también se perderían. Estas reformas vinieron de la mano con una política de reconocimiento y recepción a población desplazada y migrantes en general, implementada durante los primeros días del Gobierno de Rafael Correa.17 Así pues, la Constitución de 2008 enuncia:
Art. 9.— Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución […].
Art. 40.— Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria […].
Art. 41.— […] Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.18
Además, la Constitución ecuatoriana estipula que no se puede expulsar o devolver a las personas extranjeras a países donde su vida o la de sus familias peligre. Queda prohibida la expulsión de colectivos extranjeros y se deben singularizar los procesos migratorios.19 Asimismo, señala que el país deberá ayudar a las familias transnacionales y brindará servicios de protección integral y asesoría con el fin de que puedan ejercer libremente sus derechos.20
Poco después de estas regulaciones, gradualmente, Ecuador se volvió escenario receptor de ciudadanos cubanos que aprovecharon la liberalización de la migración a partir de 2008. El caso fue el mismo para personas de nacionalidad haitiana, poco después del terremoto que asoló su país en 2010. Para 2012, 3029 haitianos habían ingresado al país.21 Y aunque muchos usaban a Ecuador como zona de paso, una porción optó por residir allí permanentemente. De hecho, en el período 2010-2016 hubo 40 301 migrantes haitianos que decidieron mantenerse en territorio ecuatoriano.22 Esto generó algunas tensiones en el imaginario de ciertos sectores del país que, más cercanos al nacionalismo, ya sea desde la izquierda o la derecha, sostenían discursos de rechazo y malestar con respecto a la participación de estos nuevos habitantes.
A estos factores se sumó una de las primeras medidas de control excepcional que chocaba directamente con los principios de libre movilidad y ciudadanía universal. Desde 2015 se implementaron pasos adicionales para la llegada de haitianos a través del Sistema Virtual de Registro Turístico, con el cual Ecuador seguiría reforzando el uso de la tecnología en el control migratorio. Este apelaba al fortalecimiento de una migración segura y a la eliminación de una posible trata de personas.23 Como consecuencia, para 2018, los ciudadanos haitianos dejaron de formar parte del listado de países con mayor ingreso en Ecuador.24
Por otro lado, la migración cubana tuvo una significativa carga política. La llegada al poder de Rafael Correa estuvo alineada con una reconfiguración de las relaciones del Estado ecuatoriano con naciones de tinte ideológico socialista y de izquierda, entre las cuales figuraba el régimen de los hermanos Castro. Esto abrió las puertas a un aumento de la migración cubana en Ecuador, inicialmente a través de acuerdos de fortalecimiento de talento humano, principalmente en el campo de la salud.25 Esta migración también se dio por motivos económicos, pues se observó la posibilidad de utilizar al país andino como catapulta hacia otros países con mejores oportunidades, especialmente Estados Unidos.26 Sin embargo, el incremento de los mecanismos de control de los últimos Gobiernos y las inconsistencias en las políticas públicas han disminuido, en proporción y frecuencia, el flujo de migrantes cubanos hacia Ecuador.27
Retomando lo legislativo, para dar continuidad a los principios de ciudadanía universal y libre movilidad, en 2015 se presentó el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobado en 2017 y abordado como una “guía ejemplar de la defensa de los derechos de la comunidad migrante”.28 Esta ley presenta otros principios, tales como la prohibición de la criminalización por la condición de movilidad humana, la protección de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, la no discriminación y la igualdad ante la ley, el principio pro persona en movilidad humana,29 el interés superior de niños, niñas y adolescentes, la no devolución y la integración regional.30
La puesta en marcha de esta ley cambió la forma de clasificación de las personas inmigrantes. Es decir, dejó de lado criterios basados en la actividad de los individuos para enfocarse en su tiempo de permanencia. Además, incorporó categorías como la ciudadanía sudamericana, lo cual supuso mayor facilidad para la obtención de la residencia a nivel regional. Lo anterior se vio reflejado de manera directa en las estadísticas. Las visas de la Unión de Naciones Suramericanas (visas UNASUR) empezaron a emitirse en febrero de 2017, y llegaron a ser 54 219 para finales de septiembre de 2018: el 92 % de las visas emitidas durante este período. Sin embargo, es importante mencionar que su costo es de USD 250, y que muchos migrantes venezolanos pertenecientes a estratos sociales bajos no contaban con la capacidad de costearla, lo que se traducía en población indocumentada.31 Sin embargo, la salida de Ecuador de la UNASUR trajo de nuevo la imposición de requisitos y altos costos para el proceso de regularización.
En la cotidianidad, la ausencia de papeles agudiza la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos.32 Al respecto, Izurieta manifiesta que los derechos laborales y la seguridad social, estipulados en la ley, se cumplen de forma parcial.33 Aunque muchos de los migrantes venezolanos poseen títulos de tercer nivel, el cuerpo diplomático venezolano no brinda facilidades para la emisión de los documentos necesarios para su registro, lo cual limita aún más su capacidad de encontrar trabajos acordes. Consecuentemente, se emplean como meseros, peluqueros, vendedores y, en caso de encontrar un trabajo ligado a su profesión, ganan menos que los ecuatorianos. Esto es marginación de migrantes.
De la misma manera, la validación de estudios, la integración de niños, niñas y adolescentes al sistema escolar o la participación en la vida política ecuatoriana son procesos que en principio podrían verse facilitados gracias a la ley. No obstante, los mismos procesos pueden convertirse en un problema dependiendo del contexto de cada migrante y, en ocasiones, la suerte con que transcurran los trámites en las instituciones estatales del país.34 A esto se suma el contexto de creciente xenofobia, presente incluso en servidores públicos, que se niegan a proveer los servicios obligatorios o desatienden las denuncias por parte de la población migrante.
Para 2018, la llegada del presidente Lenín Moreno se hizo notar gracias a múltiples cambios en la Cancillería. El área migratoria se vio afectada; el enfoque de derechos y el principio de libre movilidad fueron reemplazados por una posición securitista cerrada a la migración. Un ejemplo es el Acuerdo Ministerial n.° 244, que explica que ciudadanos venezolanos pueden ingresar a Ecuador con cédula de identidad, si cuentan con un certificado de validez emitido por un organismo regional o internacional reconocido, o con un certificado emitido por las entidades del Gobierno de su país, apostillado correspondientemente.35 El conflicto se dio como consecuencia de la política venezolana de dificultar la obtención de documentos de identidad, una estrategia de control de la población local.
Hacia 2019, la posición securitista se reforzó y se materializó en un nuevo acuerdo ministerial, el n.° 001.36 Este recordaba las facultades del Estado para registrar ingresos y salidas y avalaba la inadmisión de personas extranjeras consideradas como un riesgo o amenaza para la seguridad interna. El acuerdo vino acompañado de controles más rigurosos en la frontera norte y de nuevas medidas como la solicitud del pasado judicial apostillado, con lo que se violaron la Constitución, la Ley de Movilidad y los acuerdos regionales.37
Adicionalmente, a partir de julio de 2019, el Gobierno decidió imponer la visa humanitaria para migrantes venezolanos mediante el Decreto n.° 826. Esta medida fue controversial. Por un lado, la Defensoría del Pueblo manifestaba que esta medida suponía una violación a la legislación existente y una traba para que los migrantes pudieran encontrar una situación más estable. Por el otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostenía que esta visa era un requerimiento preciso para evadir las trabas del proceso migratorio.38 En definitiva, como se ha visto, la política migratoria de Ecuador enfrentaba dificultades incluso cuando promovía la ciudadanía universal y la libre movilidad. El cambio drástico propuesto por el Gobierno de Moreno no hace sino desmejorar la situación.
Situación de la población migrante venezolana en Ecuador antes de la pandemia por COVID-19
La realidad de la población migrante venezolana en Ecuador puede ser contrastada con las leyes del país mediante datos. Estos fueron tomados principalmente de la investigación The Impact of Transnational Ties in the Wellbeing of Forced Migrants, an Analysis on Venezuelan Refugees Residing in Quito, Ecuador.39 El análisis se concentra en áreas específicas como la educación, la actividad económica, el desempeño laboral, la vivienda y las redes sociales y de soporte.40 Así, es posible establecer la situación antes de la pandemia y evidenciar cómo las leyes del Estado ecuatoriano favorecieron o perjudicaron a quienes formaron parte del flujo migratorio venezolano.
Dentro del área de educación y actividad económica existe una conexión particular. El 57 % de los encuestados manifestó tener un título universitario; sin embargo, solo el 8 % contaba con una ganancia mensual superior a los USD 600. La mayoría de migrantes (66 %) ganaba menos de USD 300 mensuales, monto mucho menor a la mitad del costo de la canasta básica familiar (USD 719,88 para enero de 2019).41 A partir de 2020, su situación económica se deterioró aún más debido a las secuelas de la pandemia, relacionadas con el desempleo y la falta de acceso a salud.42
En este orden de ideas, el 82 % de los encuestados reportó ser económicamente activo. Únicamente un 12 % manifestó estar desempleado y solo el 1 % de los participantes se identificó en situación de mendicidad. Sin embargo, la invitación a participar se realizó mientras la mayoría de personas vendía dulces o comida por las calles.43 Estos porcentajes se relacionan con el hecho de que, frente a un éxodo masivo, la presión en los países receptores se presenta en diversas áreas; una de ellas es el mercado laboral.44 Esta situación se agravó durante la pandemia debido al incremento del trabajo informal y de la vulnerabilidad de los migrantes.45
El crecimiento exponencial de ciudadanos venezolanos en el país, especialmente entre 2017 y 2018, dejó ver la incapacidad del mercado local para incluir a la nueva población. Al destacar las características de la migración venezolana, es posible identificar una oportunidad de desarrollo para Ecuador. Los venezolanos son más jóvenes que los ecuatorianos, su formación académica es elevada y cuentan con individuos en plena edad productiva. Esto podría generar un enriquecimiento económico y cultural basado en la complementariedad de saberes. No obstante, la tasa de desempleo del primer semestre de 2018 fue del 10,3 % para los migrantes venezolanos, 2,5 veces mayor que la de los ecuatorianos.46 Lo anterior implica que el desempleo era ya una preocupación antes del fenómeno migratorio, y que en muchos casos ha tenido que suplirse a través del emprendimiento como una alternativa contra la precarización laboral, desde el fortalecimiento del tejido social migrante hacia la gestión de oportunidades.47 Entonces, incluso con un marco legislativo garantista para los migrantes, la situación material evidenciaba los problemas estructurales de Ecuador.
Las razones más frecuentes para el desempleo fueron las siguientes: el 34 % de los encuestados manifestó que su falta de trabajo respondía a su falta de papeles; otro 34 % contestó que se debía a la reticencia a contratar ciudadanos venezolanos; y un 19 % indicó que no había disponibilidad en su área laboral. La gran mayoría de aquellos que se encontraban trabajando (65 %) lo hacían a tiempo completo, a pesar de que el salario estaba por debajo del general unificado.48 Así, aun con la visa humanitaria implementada desde 2019, los altos costos y la complejidad del proceso fueron contradictorios con los objetivos de la medida.49
La seguridad laboral es una rareza: más de la mitad de los participantes (54 %) carecía de un contrato que regulara sus actividades.50 Esto sugiere que existe la posibilidad de explotación laboral. En adición, al presentar altas tasas de desempleo y subempleo, la falta de seguridad social es otro factor a considerar. Esto se asocia al trabajo informal, que no permite la afiliación al seguro social y se traduce en la vulnerabilidad sanitaria y económica de los migrantes.51
Por otro lado, las condiciones de vivienda dependen directamente de la situación de (des)empleo o subempleo de los migrantes venezolanos. Es común que esta población no cuente con vivienda propia, sino que arriende una propiedad, nuevamente sin un contrato que regule esa relación.52 Las trabas que atraviesan los ciudadanos venezolanos para conseguir vivienda en Ecuador se deben también a la discriminación. Uno de cada diez venezolanos fue presa de engaños por parte de agencias inmobiliarias o arrendatarios. Asimismo, la garantía económica que se les solicita supone un problema alineado a las condiciones laborales descritas.53 El temor a la deportación se hace evidente, considerando la frecuencia de los desalojos por incapacidad de pago y la baja cantidad de denuncias como consecuencia de la falta de documentación.
En términos prácticos, el 46 % de venezolanos reside en una vivienda de una sola habitación que no cuenta con cocina ni baño. Si se piensa en las familias con niños, la situación es más preocupante. Más de la mitad de los hogares venezolanos afirma que sus niñas, niños o adolescentes comparten la cama con adultos debido al reducido espacio, realidad que choca con la Ley de Movilidad Humana y que incrementó los riesgos de contagio durante la pandemia.54 Los principios de no discriminación e igualdad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes se pierden frente a la experiencia.
Al hablar de redes sociales y soporte, podemos comenzar por la situación familiar de los migrantes venezolanos. El 80 % de los encuestados explicó que vive en Ecuador con sus parejas e hijos. Por otro lado, el 67 % ha hecho grandes esfuerzos por traer a sus hijos al país, y el 42 % ha intentado traer a sus parejas. El envío de remesas a Venezuela es otro de los factores que los motiva a aceptar trabajos que no cumplen las condiciones legales o, a su vez, a trabajar en la informalidad. Las remesas suponen para el migrante una carga más de responsabilidad dentro de su ya difícil posición.55
En contraste, el establecimiento de relaciones con ciudadanos ecuatorianos encuentra en la xenofobia un gran obstáculo. “Yo tenía muchos amigos en Facebook de acá del Ecuador y cuando vi que empezaron con xenofobia: ‘malditos venezolanos’, ‘que se vayan’, entonces los eliminé”, reza uno de los testimonios de migrantes venezolanos al respecto.56 En la Sierra esto es más palpable, con un índice de 1,86, mientras que en la Costa la xenofobia es menor, con un índice de 1,49.57 Los datos revisados muestran que las garantías ofrecidas en el marco legal ecuatoriano se vuelven difusas en la práctica. Esto se complejiza debido a un contexto discriminatorio y, a menudo, xenófobo.
Situación de la población migrante venezolana en Ecuador después de la pandemia por COVID-19
La dura situación de la población venezolana se agravó con la llegada del virus causante de la pandemia. Para evidenciarlo, se toman datos recolectados en el marco del proyecto #JuntosContraElCovid19, realizado por la organización QUID a inicios de 2020. Al igual que en la sección anterior, estos datos se centran en la situación familiar y laboral, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios básicos y, considerando el contexto de inestabilidad, en el soporte brindado tanto por la sociedad civil como por el Estado.
La llegada del COVID-19 trajo un nuevo modelo de vida. Inmersos en el cambio, los ecuatorianos enfrentaron una recomposición radical de su realidad. Frente al primer brote del virus, y tras la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 16 de marzo de 2020 Presidencia declaró estado de excepción. Esto supuso el inicio de un confinamiento que excluía únicamente a sectores esenciales. Las diversas restricciones fueron administradas y comunicadas por el Comité de Operaciones de Emergencia nacional, que determinó un sistema de semaforización según el incremento del contagio.58 Sin embargo, es necesario analizar si el levantamiento de la semaforización fue suficiente para garantizar la recuperación económica de los migrantes en el país.
El programa #JuntosContraElCovid19 se puso en marcha desde la última semana de abril hasta junio de 2020. Frente a una crisis de tal magnitud, la institucionalidad ecuatoriana fue incapaz de cubrir las necesidades de los diversos sectores de la población. QUID intentó establecer contacto con las autoridades para mejorar la distribución de ayuda, pero las capacidades seguían siendo limitadas. Así, al enfrentar los constantes llamados de auxilio por parte de personas que no fueron atendidas por el sistema, el programa nació con dos objetivos principales: la recaudación de fondos y el reparto de kits de emergencia. Durante el proceso se lograron recabar datos de 1097 familias de la ciudad de Quito (QUID 2020).59
Estos datos arrojaron importantes resultados que permitieron abrir la discusión en más de un sentido. Para el presente documento, es necesario clarificar que un 60 % de los solicitantes de ayuda tenía nacionalidad venezolana, frente a un 38 % de procedencia ecuatoriana. La vida de los migrantes venezolanos en territorio ecuatoriano no es sencilla y la pandemia la agravó. Se constató una importante falta de canales para que esta población accediera a recursos. Por ende, se veían incapacitados para cubrir necesidades básicas: alimento, arriendo, entre otros.60
La existencia de una mayoría de población venezolana responde a la desconexión con fuentes económicas y laborales, como consecuencia de la segregación y marginación por motivo de nacionalidad.61 El trabajo en campo permitió constatar que el contexto de informalidad laboral se potenció durante el confinamiento. La población venezolana perdió cualquier opción que permitiera percibir un ingreso económico: fueron los primeros en perder empleos y no contaban con zonas idóneas para su comercio. En los casos en que había una relación laboral, se reportaron abusos salariales e incumplimiento de horarios y obligaciones patronales, problemas que se han perpetuado incluso después de la transición a semáforo amarillo. En la informalidad se perdió el transporte público como espacio habitual de comercio, lo que impactó directamente las economías familiares. Aún hoy, persisten las dificultades en el uso de los espacios públicos debido a la inflación de los últimos años y el incremento de la inseguridad.
Se comprende que las vulnerabilidades que puede sufrir una persona en situación de movilidad humana también responden a la xenofobia de la sociedad de acogida. En Ecuador esto es una realidad diaria. Algunas creencias populares la ilustran; por ejemplo, al asegurar que el aumento de delitos en Ecuador se debe al ingreso de migrantes venezolanos, o bien que este grupo poblacional roba el empleo de los ecuatorianos. Más aún, las denuncias registradas por actos de xenofobia aumentaron en 2020 un 70 % con respecto a 2019.62
Junto a la falta de oportunidades laborales, el incumplimiento en contratos de arrendamiento no se hizo esperar. En medio de la cuarentena, muchos de los venezolanos que acudieron a QUID y otras organizaciones reportaron haber sido desalojados sin previo aviso; a otros simplemente les cambiaron las cerraduras de sus alojamientos. Esto, sin contar que los lugares arrendados a menudo eran cuartos pequeños en donde podían llegar a convivir hasta cinco familias. Estas experiencias demuestran que, a pesar de que la normativa mantiene un discurso conciliador que invita a la recepción del migrante, el sistema, el ciudadano ecuatoriano y la prevalencia de funcionarios públicos poco sensibles entorpecen su cumplimiento.
El trabajo de QUID evidenció que la línea de financiamiento creada por el Estado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social tuvo limitaciones. El 97 % de los encuestados no recibió la asistencia que esta institución proveía. La cifra expone que el Estado ya era incapaz de atender a sus nacionales, reto que se agigantaba cuando se refería a los ciudadanos extranjeros. Por ello, la necesidad de salir y buscar ingresos en la informalidad fue inmediata.63 El 98 % de los encuestados no contaba con un trabajo estable y, bajo la crisis, se vieron forzados a salir incluso cuando regía el semáforo rojo dentro de la ciudad de Quito, expuestos al virus y a sanciones económicas.64
Si bien la informalidad laboral existía antes de la pandemia, y el 60 % de los venezolanos se regían a ella, las medidas sanitarias los ponían en jaque.65 Con horarios de circulación restringidos y el transporte público suspendido, las personas se veían obligadas a salir muy temprano y regresar a sus hogares en la noche, incumpliendo el toque de queda. El traslado se hacía obligatoriamente a pie, con lo que, junto con menos horas de trabajo, la entrada monetaria también decrecía. Así, el 61 % de los participantes del programa afirmó haber salido de casa los últimos cinco días anteriores a la toma de datos. En un contexto desesperanzador, el Estado no brindaba mayor protección. Al no ser ecuatorianos, los migrantes venezolanos no tienen acceso a la asistencia social del Gobierno central; para ellos no hubo canastas de alimentos ni bonos de emergencia.66
El incremento en la curva de contagios y las múltiples tareas derivadas de la pandemia hicieron que las instituciones gubernamentales estuvieran saturadas de solicitudes. La embajada y los consulados venezolanos no daban asistencia a sus connacionales en ninguna área. Organizaciones como Venezuela en Ecuador, Chamos Venezolanos en Ecuador o la Funvex-Ec prepararon planes de ayuda a pesar de la falta de recursos. Sin embargo, recibieron mayor colaboración por parte de los Gobiernos autónomos descentralizados.67 De acuerdo con los datos recabados por QUID, el 87 % de los participantes afirmó no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del municipio de la ciudad metropolitana. Al preguntar por la ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias o terceras personas, menos de un tercio de los encuestados manifestó haber recibido colaboración: el 52 %, por parte de ONG; el 31 %, de particulares; y el 16 %, de iglesias.68
Al considerar a las infancias y la educación, ni los niños de nacionalidad ecuatoriana ni los venezolanos tenían garantizado el acceso a internet; por lo tanto, su educación pendía de un hilo.69 Según los datos de #JuntosContraElCovid19, el 63 % de los solicitantes de ayuda dijo tener acceso a internet; de ellos, el 52 % manifestó tener wifi.70 Sin embargo, al profundizar en estos datos, es posible palpar una realidad compleja. Los dispositivos con los que cuenta la población venezolana son teléfonos que les permiten contactarse con su país de origen.71 Frecuentemente también se constituyen como instrumentos de trabajo. Los niños no tenían computadoras, tabletas o una conexión de internet lo suficientemente confiable que les permitiera ingresar a las clases virtuales. Al carecer de redes de conexión social en Ecuador, los padres venezolanos estaban obligados a dejar a sus niños con sus caseros o vecinos: los exponían a círculos alejados del núcleo familiar para intentar mantener la continuidad de las clases.
Al tener que salir a trabajar y enfrentarse a la falta de recursos, no fue extraño que las familias se vieran forzadas a escoger cuál de sus hijos continuaría asistiendo al colegio. Asimismo, era posible que los niños quedaran a cargo de hermanos o familiares menores ante la ausencia de sus cuidadores. De este modo, es posible afirmar que las afectaciones de la pandemia fueron multidimensionales, pues impactaron tanto lo laboral como lo educativo y lo personal. Aunque esto también le sucedía a la población ecuatoriana, para los migrantes venezolanos el panorama era aún más desolador.
En relación con las garantías presentadas anteriormente, se deduce que las normas constitucionales se incumplen tanto en la normalidad como en coyunturas como la del COVID-19. Es prudente, entonces, analizar las fallas en la estructura del país causantes de este incumplimiento. Resulta necesario aclarar que las experiencias descritas apuntan a garantías básicas que un Estado debe a su pueblo. En esta línea, Ecuador debería plantearse el establecimiento de planes y políticas públicas plausibles pero integrales y que no incurran en la regresión de derechos. Como se vio a lo largo de esta sección, la enfermedad no solo cambió la vida en sí misma, sino que asoló a los más vulnerables. El discurso progresista de Ecuador se mantiene mayoritariamente en palabras y textos que carecen de ejecución.
Conclusiones
La ola migratoria venezolana es una realidad que ha alterado el diseño de la región. En el caso ecuatoriano, fue posible identificar un desfase entre las garantías propuestas en la legislación y la realidad de los migrantes que habitan el territorio. El asunto migratorio ha sido de relevancia en la discusión social, política y legislativa del país. El ciudadano ecuatoriano contempla a la migración propia como una alternativa de mejora en la calidad de vida, y al mismo tiempo el país ha sido reconocido como un receptor de migrantes. La Constitución de 2008 marca el posicionamiento de Ecuador frente a los ciudadanos extranjeros, la migración y su aparente bienvenida, escudada en la libre movilidad y la ciudadanía universal. Sin embargo, la falta de aplicación de sus principios, tanto en el imaginario común como en las acciones gubernamentales, exponen un desacuerdo entre la estructura legal y la puesta en práctica.
Del mismo modo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana estipula novedosas aproximaciones para entender a la migración como un derecho humano, con principios que, en teoría, garantizan la no discriminación y la igualdad ante la ley, así como la no criminalización por la condición de movilidad humana. Con todo, 2018 marcó una alteración importante, puesto que un enfoque securitista tomó fuerza dentro de la política ecuatoriana. Como se indicó, mayores controles migratorios, un aumento de los requisitos, nuevas medidas y la imposición de una visa humanitaria fueron algunos de los factores que caracterizaron este cambio. Como consecuencia, el diario vivir de la población migrante venezolana, independientemente de la pandemia, deja ver la vulnerabilidad de estas personas y el incumplimiento de las promesas que traen consigo las leyes ecuatorianas.
Los datos presentados contribuyen a visibilizar las dificultades que afectan a los migrantes. Entre los puntos a destacar se encuentra que el nivel de educación de esta población no se corresponde con sus niveles tradicionales de empleo. El trabajo informal es una constante, así como el abuso en horarios de trabajo y la falta de seguridad social y de contratos de empleo. Esto se traduce en un desperdicio de capital humano, con lo que pierden tanto la comunidad migrante como la comunidad de acogida.
Las condiciones de vivienda, ligadas directamente a la situación laboral, indican que los migrantes viven en lugares arrendados. En este escenario, los abusos en contratos de arrendamiento, si los hay, se hacen presentes. En ambas áreas, no solo se ve la incapacidad del Estado de regular estos fenómenos, sino la discriminación reproducida por el ciudadano ecuatoriano ante el extranjero. A pesar de promoverse una noción de garantismo y hasta de inclusión social, las realidades materiales indican abusos en cuestiones tan básicas como el derecho a vivienda digna.
Esta ya complicada situación se agravó con la llegada de la pandemia, lo que se evidenció mediante los datos y la experiencia de QUID y otras organizaciones. El trabajo informal se vio fuertemente afectado, y los migrantes venezolanos perdieron sus fuentes de ingreso. En el caso de contar con un empleo, la gran mayoría lo perdió casi de inmediato, y los que lograron mantenerlo reportaron abusos con respecto al cumplimiento de horarios, al tema salarial y a las obligaciones patronales. Elementos como la “Ley Humanitaria” también influenciaron directamente esta realidad, por lo que, sin duda, es una pieza legislativa que requiere monitoreo y evaluación.
Los canales de ayuda del Estado tuvieron limitaciones. La población migrante no percibió su apoyo, e incluso se reportaron casos abiertos de discriminación por xenofobia de parte de servidores públicos. Otro de los elementos pendientes en la discusión recae en el nivel de desatención que el Estado ha tenido con los niños de padres venezolanos nacidos en Ecuador, abandono que crece en la ruralidad. Es un sector de la población que tiene derechos adquiridos, de modo que el Estado debe velar por su bienestar, incluso si sus padres no cuentan con la nacionalidad ecuatoriana. Un ineficiente control de la pandemia hizo que las instituciones gubernamentales no dieran abasto, y a esto se sumó que la embajada y los consulados de Venezuela en Ecuador continuaron con su política de desatención a sus ciudadanos.
En definitiva, Ecuador necesita repensar el funcionamiento de sus instituciones, con la finalidad de cumplir las garantías que se exponen en su legislación. Los temas tratados a lo largo de este documento se refieren a vivienda, situación laboral, educación y acceso a servicios básicos; por ende, aquello con lo que se ha comprometido el Estado ecuatoriano no es más que garantías básicas para su población. Además, es hora de trascender el discurso de ser un país receptivo al migrante para convertirse realmente en uno. Se debe trabajar desde el Estado, pero también se hace necesario moldear la idiosincrasia del ecuatoriano para que el principio de ciudadanía universal sea una realidad. Finalmente, será importante replantear el análisis de la situación de la población migrante y su vulnerabilidad en el contexto de inseguridad que vive el país y bajo los efectos del cambio climático.
1. Ángel Bermúdez, “Cómo impacta la crisis migratoria venezolana en la economía de otros países de América Latina”, BBC, 29 de julio de 2019, párr. 1, https://tinyurl.com/59ru88se.
2. Rafael Peralta, “Los inmigrantes venezolanos y su cambio de estatus social en la actividad de servicios en Quito: El caso de Cabify y Uber” (tesis de maestría, Instituto de Altos Estudios Internacionales [IAEN], Ecuador, 2019), https://tinyurl.com/ycxkjpxx.
4. Jacques Ramírez, Yoharlis Linares y Emilio Useche, “(Geo)políticas migratorias, inserción laboral y xenofobia: Migrantes venezolanos en Ecuador”, en Después de la llegada: Realidades de la migración venezolana, ed. Cécile Blouin (Lima: Thémis, 2019), https://tinyurl.com/4d6cssdb.
5. Verónica Rodríguez, “El impacto de la pandemia en las familias migrantes asentadas en la frontera norte ecuatoriana”, Agenda Estado de Derecho, 25 de septiembre de 2020, https://tinyurl.com/4hfackr2.
6. Ana Belén Izurieta, “Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad Humana” (tesis de licenciatura, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2018), https://tinyurl.com/yudms6b7.
7. ONU Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), “Una evaluación a personas refugiadas y migrantes venezolanas en Ecuador revela sus necesidades más críticas”, ACNUR, 28 de julio de 2022, https://tinyurl.com/ye2b47au.
8. Mónica Legarda y Johnson Folleco, “La migración venezolana a Ecuador y su prospectiva”, Journal of Research in Business and Management 7, n.° 1 (2019), http://bit.ly/4k7sCnF.
9. Banco Mundial, Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador (Quito: Banco Mundial, 2020), https://tinyurl.com/ce2225h8.
10. Izurieta, “Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”.13 Peralta, “Los inmigrantes venezolanos”.
11. Peralta, “Los inmigrantes venezolanos”.
12. El Telégrafo, “Entre 1999 y 2007, más de 950 mil ecuatorianos migraron”, El Telégrafo, 2 de junio de 2016, https://tinyurl.com/5n6pz39x.
13. Silvio Guerra, “Las remesas aún tienen su tajada en el PIB”, Revista Gestión, 27 de febrero de 2018, https://tinyurl.com/3ejuutyc.
14. Andrea Salazar, “Ecuador: Un ejemplo de América Latina en materia de refugio”, Diplomacia Ciudadana 9 (2014), https://tinyurl.com/5a48jzkb.
15. El Universo, “Ecuador, el país de América Latina que acoge más refugiados”, El Universo, 26 de junio de 2018, https://tinyurl.com/semhna44.
16. Peralta, “Los inmigrantes venezolanos”.
17. David Ruales, “Políticas migratorias del Ecuador y el derecho al buen vivir, aplicada a la comunidad venezolana residente en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2016” (tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador, 2018), https://tinyurl.com/7z6skzww.
18. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008, arts. 9 y 40-1.
20. Peralta, “Los inmigrantes venezolanos”.
21. Sara Ortiz, “Ecuador, zona de tránsito para los haitianos”, El Comercio, 19 de enero de 2014, https://tinyurl.com/6395u8dy.
22. Esteban Canelos, “Ecuador, Haití y el tema migratorio: Un análisis de la política burocrática y sus implicaciones en torno a los ciudadanos haitianos en el período 2010-2016” (tesis de maestría, IAEN, Ecuador, 2019), https://tinyurl.com/4jwezbay.
23. Ecuador Ministerio de Turismo, “Nuevo requisito para los ciudadanos haitianos que visitan el país”, Ministerio de Turismo del Ecuador, 5 de octubre de 2015, https://tinyurl.com/4dsrjesd.
24. Ecuador Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Plan Nacional de Movilidad Humana (Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, 2018).
25. Ecuador Ministerio de Salud Pública, “200 médicos de familia cubanos llegan a fortalecer centros de salud del MSP”, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, accedido 24 de abril de 2025, https://tinyurl.com/4f43xdmr.
26. Ecuador Ministerio de Salud Pública, “200 médicos de familia cubanos llegan a fortalecer centros de salud del MSP”, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, accedido 24 de abril de 2025, https://tinyurl.com/4f43xdmr.
27. Marianne Sosa, “‘No quiero que mis hijos pasen lo que pasé yo para llegar’: La odisea de reunificar a la familia para los migrantes y refugiados en Ecuador”, El País, 29 de diciembre de 2023, https://tinyurl.com/4r2hy6us.
28. Izurieta, “Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, 17.
29. Se refiere a que las normas contenidas en la ley se desarrollarán e interpretarán en el sentido que favorezca en mayor medida a las personas en movilidad humana. Ecuador, Ley Orgánica de Movilidad Humana, Registro Oficial 938, Suplemento, 6 de febrero de 2017, https://tinyurl.com/56nf27t9.
31. Ramírez, Linares y Useche, “(Geo)políticas migratorias”.
32. Legarda y Folleco, “La migración venezolana”.
33. Izurieta, “Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”.
35. Ramírez, Linares y Useche, “(Geo)políticas migratorias”.
38. Kimberly Ricaurte, The Impact of Transnational Ties in the Wellbeing of Forced Migrants, an Analysis on Venezuelan Refugees Residing in Quito, Ecuador (Maastricht, NL: Universidad de Maastricht, 2019).
40. Los datos se recabaron en el año 2019. Las 235 personas migrantes encuestadas estaban en una situación de migración forzada (en su tránsito de Venezuela a Ecuador) desde el año 2015. Ibíd.
41. Ibíd.; Ecuador Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Índice de precios al consumidor: Enero 2019. Boletín técnico n.° 01-2019-IPC (Quito: INEC, 2019), https://tinyurl.com/y29mzd56.
42. ONU ACNUR, “Una evaluación a personas refugiadas”.
43. Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.
44. Bermúdez, “Cómo impacta la crisis migratoria venezolana”.
45. Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Ecuador, Reporte de fin de año 2022 (Quito: GTRM Ecuador, 2023), https://tinyurl.com/y29ytj4m.
46. Alberto Castillo, “Venezolanos en Ecuador: Destino de esperanzas (parte 1)”, Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, 20 de julio de 2018, https://tinyurl.com/3y2jcuzp.
47. Ana Cristina Valarezo, “Migración venezolana en Ecuador: Emprendimiento como estrategia de reactivación económica”, Revista Impacto+ 2 (2023), https://tinyurl.com/uk7cvmth.
48. Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.
49. ONU ACNUR, Monitoreo de protección: Situación de las personas refugiadas y otras en movilidad humana en Ecuador. Guayaquil 2022 (Guayaquil: ACNUR, 2023), https://tinyurl.com/bdf7bwvh.
50. Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.
51. Castillo, “Venezolanos en Ecuador”.
52 Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.5
53. Banco Mundial, Retos y oportunidades.
55. Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.
56. Banco Mundial, Retos y oportunidades, 35.
58. El Universo, “OMS declara al coronavirus COVID-19 como pandemia”, El Universo, 11 de marzo de 2020, https://tinyurl.com/2cc9hf23; Ecuador Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, “El presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción para evitar la propagación del COVID-19”, Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, accedido 24 de abril de 2025, https://tinyurl.com/5anchpw4.
59. QUID, “Resultados análisis base de solicitantes. #JuntosContraElCovid19”, 2020. El acceso a la base de datos está restringido y requiere contacto con los autores principales.
60. Juan Francisco Camino y Bernando Gortaire, “COVID-19 en el Ecuador: ¿Cómo perciben los ciudadanos las respuestas del sistema político a la gestión de la emergencia sanitaria?”, Democracias 9, n.° 9 (2021), https://doi.org/10.54887/27376192.65.
61. QUID, “Resultados análisis base de solicitantes”.
62. Andrés Matute, “¿Cómo la crisis del COVID-19 acrecentó las vulnerabilidades de las mujeres venezolanas en situación de movilidad humana en el Ecuador?”, Quid, accedido 24 de abril de 2025, https://tinyurl.com/ykdyfpj6; José María León, “La xenofobia en Ecuador empuja a migrantes venezolanos a salir del país”, The New York Times, 28 de enero de 2019, https://tinyurl.com/mv5y2zs7; Voz de América, “Denuncian aumento de casos de xenofobia contra venezolanos en Ecuador”, Voz de América, 17 de enero de 2020, https://tinyurl.com/y8ccwzwx.
63. Camino y Gortaire, “COVID-19 en el Ecuador”.
64. QUID, “Resultados análisis base de solicitantes”.
65. Rodríguez, “El impacto de la pandemia”.
66. Adriana Noboa, “La pandemia empeoró la situación de los venezolanos en Ecuador”, Primicias, 12 de abril de 2020, https://tinyurl.com/4k3e2bn4.
68. QUID, “Resultados análisis base de solicitantes”.
69. Noboa, “La pandemia empeoró”.
70. QUID, “Resultados análisis base de solicitantes”.
71. Ricaurte, The Impact of Transnational Ties.
Bibliografía
Banco Mundial. Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador. Quito: Banco Mundial, 2020. https://tinyurl.com/ce2225h8.
Bermúdez, Ángel. “Cómo impacta la crisis migratoria venezolana en la economía de otros países de América Latina”. BBC. 29 de julio de 2019. https://tinyurl.com/59ru88se.
Camino, Juan Francisco, y Bernando Gortaire. “COVID-19 en el Ecuador: ¿Cómo perciben los ciudadanos las respuestas del sistema político a la gestión de la emergencia sanitaria?”. Democracias 9, n.° 9 (2021): 41-66. https://doi.org/10.54887/27376192.65.
Canelos, Esteban. “Ecuador, Haití y el tema migratorio: Un análisis de la política burocrática y sus implicaciones en torno a los ciudadanos haitianos en el período 2010-2016”. Tesis de maestría, IAEN, Ecuador, 2019. https://tinyurl.com/4jwezbay.
Castillo, Alberto. “Venezolanos en Ecuador: Destino de esperanzas (parte 1)”. Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. 20 de julio de 2018. https://tinyurl.com/3y2jcuzp.
Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. 20 de octubre de 2008.
—. Ley Orgánica de Movilidad Humana. Registro Oficial 938, Suplemento. 6 de febrero de 2017. https://tinyurl.com/56nf27t9.
Ecuador INEC. Índice de precios al consumidor: Enero 2019. Boletín técnico n.° 01-2019-IPC. Quito: INEC, 2019. https://tinyurl.com/y29mzd56.
Ecuador Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Plan Nacional de Movilidad Humana. Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, 2018.
Ecuador Ministerio de Salud Pública. “200 médicos de familia cubanos llegan a fortalecer centros de salud del MSP”. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Accedido 24 de abril de 2025. https://tinyurl.com/4f43xdmr.
Ecuador Ministerio de Turismo. “Nuevo requisito para los ciudadanos haitianos que visitan el país”. Ministerio de Turismo del Ecuador. 5 de octubre de 2015. https://tinyurl.com/4dsrjesd.
Ecuador Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. “El presidente Lenín Moreno decreta estado de excepción para evitar la propagación del COVID-19”. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Accedido 24 de abril de 2025. https://tinyurl.com/5anchpw4.
El Telégrafo. “Entre 1999 y 2007, más de 950 mil ecuatorianos migraron”. El Telégrafo. 2 de junio de 2016. https://tinyurl.com/5n6pz39x.
El Universo. “Ecuador, el país de América Latina que acoge más refugiados”. El Universo. 26 de junio de 2018. https://tinyurl.com/semhna44.
—. “OMS declara al coronavirus COVID-19 como pandemia”. El Universo. 11 de marzo de 2020. https://tinyurl.com/2cc9hf23.
GTRM Ecuador. Reporte de fin de año 2022. Quito: GTRM Ecuador, 2023. https://tinyurl.com/y29ytj4m.
Guerra, Silvio. “Las remesas aún tienen su tajada en el PIB”. Revista Gestión. 27 de febrero de 2018. https://tinyurl.com/3ejuutyc.
Izurieta, Ana Belén. “Análisis de la Ley Orgánica de Movilidad Humana”. Tesis de licenciatura, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2018. https://tinyurl.com/yudms6b7.
Legarda, Mónica, y Johnson Folleco. “La migración venezolana a Ecuador y su prospectiva”. Journal of Research in Business and Management 7, n.° 1 (2019): 14-21. http://bit.ly/4k7sCnF.
León, José María. “La xenofobia en Ecuador empuja a migrantes venezolanos a salir del país”. The New York Times. 28 de enero de 2019. https://tinyurl.com/mv5y2zs7.
Matute, Andrés. “¿Cómo la crisis del COVID-19 acrecentó las vulnerabilidades de las mujeres venezolanas en situación de movilidad humana en el Ecuador?”. Quid. Accedido 24 de abril de 2025. https://tinyurl.com/ykdyfpj6.
Noboa, Adriana. “La pandemia empeoró la situación de los venezolanos en Ecuador”. Primicias. 12 de abril de 2020. https://tinyurl.com/4k3e2bn4.
ONU ACNUR. Monitoreo de protección: Situación de las personas refugiadas y otras en movilidad humana en Ecuador. Guayaquil 2022. Guayaquil: ACNUR, 2023. https://tinyurl.com/bdf7bwvh.
—. “Una evaluación a personas refugiadas y migrantes venezolanas en Ecuador revela sus necesidades más críticas”. ACNUR. 28 de julio de 2022. https://tinyurl.com/ye2b47au.
Ortiz, Sara. “Ecuador, zona de tránsito para los haitianos”. El Comercio. 19 de enero de 2014. https://tinyurl.com/6395u8dy.
Peralta, Rafael. “Los inmigrantes venezolanos y su cambio de estatus social en la actividad de servicios en Quito: El caso de Cabify y Uber”. Tesis de maestría, IAEN, Ecuador, 2019. https://tinyurl.com/ycxkjpxx.
QUID. “Resultados análisis base de solicitantes. #JuntosContraElCovid19”. 2020.
Ramírez, Jacques, Yoharlis Linares y Emilio Useche. “(Geo)políticas migratorias, inserción laboral y xenofobia: Migrantes venezolanos en Ecuador”. En Después de la llegada: Realidades de la migración venezolana, editado por Cécile Blouin, 103-25. Lima: Thémis, 2019. https://tinyurl.com/4d6cssdb.
Ricaurte, Kimberly. The Impact of Transnational Ties in the Wellbeing of Forced Migrants, an Analysis on Venezuelan Refugees Residing in Quito, Ecuador. Maastricht, NL: Universidad de Maastricht, 2019.
Rodríguez, Verónica. “El impacto de la pandemia en las familias migrantes asentadas en la frontera norte ecuatoriana”. Agenda Estado de Derecho. 25 de septiembre de 2020. https://tinyurl.com/4hfackr2.
Ruales, David. “Políticas migratorias del Ecuador y el derecho al buen vivir, aplicada a la comunidad venezolana residente en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2016”. Tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador, 2018. https://tinyurl.com/7z6skzww.
Salazar, Andrea. “Ecuador: Un ejemplo de América Latina en materia de refugio”. Diplomacia Ciudadana 9 (2014): 4-7. https://tinyurl.com/5a48jzkb.
Sosa, Marianne. “‘No quiero que mis hijos pasen lo que pasé yo para llegar’: La odisea de reunificar a la familia para los migrantes y refugiados en Ecuador”. El País. 29 de diciembre de 2023. https://tinyurl.com/4r2hy6us.
Valarezo, Ana Cristina. “Migración venezolana en Ecuador: Emprendimiento como estrategia de reactivación económica”. Revista Impacto+ 2 (2023). https://tinyurl.com/uk7cvmth.
Voz de América. “Denuncian aumento de casos de xenofobia contra venezolanos en Ecuador”. Voz de América. 17 de enero de 2020. https://tinyurl.com/y8ccwzwx.
Basantes, S., Gortaire, B. (2025). Migración venezolana en Ecuador: Una mirada al antes y después de la pandemia. Revista Comentario Internacional 22. license CC BY-NC 4.0 
