La obra que aquí se reseña -cuyas coordinadoras son la Dra. Marcella da Fonte Carvalho y la abogada Eugenia Novoa Zubiría, en trabajo conjunto con las y los coautores Cristina Escobar, Sara Lucía Flores, Galo Carrillo y Jessica Carvajal- muestra un trabajo colectivo y focalizado, recogido luego de tres años de investigación y muchos años de cátedra -sobre todo de la Dra. Da Fonte-. Puedo decir que es el resultado de una investigación cualitativa que incluye análisis de procesos penales, uso de jurisprudencia y revisión de documentos y herramientas jurídicas nacionales e internacionales.

En los capítulos se examinan instrumentos de derechos humanos tanto regionales como extrarregionales, y además se realiza un amplio análisis normativo nacional. Se explican categorías analíticas con ejemplos reales que han causado conmoción nacional. El libro es muy didáctico porque, al final de cada capítulo, se presentan casos prácticos.

Desde mi experiencia en temas de género -como exfiscal, activista de derechos humanos, defensora de los derechos de mujeres víctimas de violencia y abogada en libre ejercicio en la Amazonía ecuatoriana-, puedo decir que este libro, y esencialmente el capítulo sexto (en el que se desarrolla la categoría de género en la infracción penal), es especialmente relevante. Al finalizar este capítulo, las autoras revelan diversos pendientes que son fundamentales para avanzar en la construcción de una justicia más equitativa y sensible a las realidades de género.

Entre ellos destacan la necesidad de promover la sensibilización, la difusión de información, el conocimiento profundo, el debate abierto y la aplicación efectiva del enfoque de género en todos los ámbitos del sistema de justicia. Aplicar la categoría de género no es simplemente incorporar un concepto teórico, sino que configura un proceso transformador que busca cambiar las estructuras sociales y jurídicas para crear un mundo más justo e igualitario, y menos desigual.

La perspectiva de género permite identificar y cuestionar desigualdades y discriminaciones que muchas veces permanecen invisibles en la práctica jurídica, pero que están presentes en las sentencias de juezas y jueces, en los impulsos y decisiones de agentes fiscales, en los informes de peritos, en las actuaciones de abogadas y abogados en libre ejercicio y, en sí, en todo el sistema de protección.

Como se demuestra en este libro, sin la incorporación del enfoque de género, la justicia penal queda incompleta y, en muchas ocasiones, produce resultados injustos (impunidad). La falta de sensibilidad y comprensión de las dinámicas de género puede llevar a decisiones que perpetúan la desigualdad, vulneran derechos y no reflejan la realidad de las personas afectadas.

Este libro humaniza la teoría del delito, evitando que quede en un plano abstracto o frío, y la acerca a las experiencias reales de las personas, con lo que promueve una justicia más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Por ello, su importancia radica en ofrecer una visión crítica y transformadora que contribuya a un sistema penal más equitativo y sensible a las cuestiones de género.

En definitiva, integrar el enfoque de género en la justicia penal no solo es una obligación ética y legal, sino una condición indispensable para lograr una sociedad más justa y menos discriminatoria. Solo así podremos avanzar hacia un mundo donde la igualdad y la justicia sean una realidad para todas y todos.

El libro está conformado por seis capítulos que parten de las aproximaciones teóricas sobre el sistema penal. Luego, se desarrollan algunos elementos de la infracción penal, como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero el capítulo más importante es el que da relevancia a la justicia, ya que establece la categoría de género aplicada a la infracción penal. Al ser un tema innovador su aplicación en casos reales, se vuelve un obstáculo -sobre todo para nosotras, las mujeres, como víctimas de violencia- y, más aún, representa un desafío para nosotras, las abogadas en libre ejercicio, en una sociedad machista y patriarcal. Esto sucede ante un sistema de justicia que nos discrimina por el hecho de defender derechos de mujeres y exigir que se apliquen la ley especializada y las herramientas, los protocolos y las directrices con enfoque de género. Las autoridades, además, reflejan un desconocimiento en la rama y se niegan a aplicar esta categoría en sus decisiones, lo que nos obliga en la mayoría de casos a acudir a instancias superiores e incluso internacionales.

La perspectiva de género se refleja en las sentencias analizadas en la obra -como los casos de aborto, de lesiones contra la mujer, de femicidio (como los de Sharon y Karina del Pozo), de legítima defensa, de error de prohibición en homicidios- y en datos que evidencian que la violencia contra la mujer es un hecho social innegable.

El capítulo sexto se centra en la importancia de la categoría de género para el análisis del derecho penal. Comienza destacando la necesidad de entender y aplicar la perspectiva de género, ya que, sin ella, la interpretación de elementos como la teoría del delito y las sanciones puede verse afectada. Además, muestra cómo esta categoría permite analizar tanto aspectos generales del sistema penal como cuestiones específicas -por ejemplo, los tipos penales-. Se resalta especialmente el estudio de las mujeres infractoras y víctimas, lo que aporta información cuantitativa sobre su situación en las prisiones y en los delitos.

En este fragmento, las autoras Cárdenas y Da Fonte evidencian que los procesos judiciales en Ecuador, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y femicidio, carecen de un análisis adecuado de las categorías clave del enfoque de género, como el deber de debida diligencia y la tutela judicial efectiva. Además, las sentencias suelen ser de baja calidad, con argumentos débiles y reparaciones incompletas, lo que refleja una aplicación insuficiente del enfoque de género.

Se destaca la importancia de implementar esta perspectiva en la Función Judicial para garantizar igualdad y eliminar situaciones de discriminación hacia las mujeres. La profesora Da Fonte propone pasos concretos para que los operadores de justicia puedan juzgar con perspectiva de género: sensibilizarse, entender el contexto, argumentar con enfoque de derechos humanos y ofrecer reparaciones integrales.

Finalmente, se plantea que aplicar esta herramienta en la práctica permite garantizar el acceso efectivo a la justicia, prevenir violaciones de derechos humanos y promover un activismo judicial transformador.

Soy testigo en carne propia de lo que viven las víctimas de violencia de género, quienes son revictimizadas por el mismo sistema que debería protegerlas: un sistema ignorante y corrupto.

Las víctimas acuden ante las autoridades del sistema de justicia a fin de no dejar en la impunidad hechos de violencia y evitar que el agresor vuelva a atentar contra otra persona. Van en busca de que las decisiones judiciales -contenidas en las sentencias- apliquen cada uno de los mecanismos de reparación integral transformadora contemplados en el art. 78 del Código Orgánico Integral Penal.