La crisis en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS) de Ecuador ha escalado de manera inconmensurable en los últimos años, acarreado consigo un sinnúmero de vulneraciones a los derechos humanos y provocado una ola de violencia que el Estado no ha logrado contener. Si bien esta violencia estructural se ha expandido más allá de los límites del sistema penitenciario -y afectado a la ciudadanía en general a partir de la delincuencia, la extorsión, homicidios y otros delitos-, es innegable que donde se han vivido las peores vulneraciones a los derechos humanos es justamente al interior de los centros de privación de la libertad (CPL). Estos hechos han sido públicamente conocidos por la ciudadanía, lo que ha llevado a posicionar el tema de la crisis penitenciaria en la discusión pública como nunca antes se había visto en Ecuador. Sin embargo, parecería que la ciudadanía en general percibe a la crisis penitenciaria únicamente desde las afectaciones particulares que esta implica en su vida personal. Aun cuando las atrocidades vividas intramuros se han vuelto evidentes y han expuesto las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad (PPL), todavía existen muchos grupos invisibilizados y no nombrados en la discusión, cuyos derechos se ven seriamente afectados.

En este contexto, los familiares de las PPL -quienes son inocentes de los delitos cometidos por sus parientes- sufren de manera silenciosa las consecuencias de la crisis. Entre tantos inocentes, se identifica aquí a un grupo específico totalmente olvidado por la sociedad, por la prensa e incluso por las instituciones del Estado: los niños y niñas que residen dentro de los CPL con sus referentes familiares (madres), y que junto a ellas cumplen una sentencia que no les corresponde. El derecho a crecer con un vínculo familiar hacia sus madres ha provocado que la precaria situación en que viven estos niños y niñas merme su acceso efectivo a otros derechos a los que deberían acceder de manera irrestricta. Lo cierto es que la vulneración a los derechos de estos niños y niñas es una realidad palpable en su día a día. Lamentablemente, a ojos de la sociedad, son prácticamente inexistentes.

La violencia estructural referida en líneas anteriores debe entenderse como un fenómeno que afecta tanto a las mujeres privadas de la libertad como a los hijos que conviven con ellas en estos contextos. Esta violencia estructural perpetúa las desigualdades sociales y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, ¹ quienes además son madres y se encuentran en un contexto de privación de la libertad. Los elementos del enfoque interseccional que abordan su realidad a menudo convergen en sus vidas y generan una situación de subordinación y doble vulnerabilidad en la que los principales afectados son sus hijos e hijas. El entorno de dominación que deben enfrentar estas mujeres en sus vidas antes de la privación de la libertad -condiciones de pobreza, movilidad humana, discapacidad, falta de oportunidades laborales, entre otros- se suma a la responsabilidad del cuidado, ² lo que genera un impacto directo en sus vidas cuando son encarceladas, y tiene una implicación directa en la vida de sus hijos.

Así, la maternidad tiene una correlación innegable con el derecho a la educación de los hijos. Las políticas penitenciarias influyen no solo en la vida de las mujeres encarceladas, sino también en el acceso de sus hijos a sus propios derechos, entre los que resalta la educación de calidad. El enfoque interseccional, entonces, permite relacionar los derechos humanos de estas mujeres, su maternidad y su encarcelamiento con los derechos de sus hijos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la garantía de derechos de los niños en contextos de privación de la libertad es un desafío importante para los países de la región, debido a que las condiciones de detención no permiten generar ambientes adecuados para el desarrollo de los menores. ³ Esto se debe en gran medida a que representan un grupo muy pequeño en las prisiones de la región (cerca del 4 % de las personas que viven en prisiones o secciones femeninas), lo que se traduce en poca atención por parte de las autoridades y en la ausencia de políticas penitenciarias dirigidas a esta población específica. Esto desemboca en diversas afectaciones, entre las cuales resaltan los desafíos en el acceso a la educación. ⁴

La situación de los derechos de los niños y niñas con referentes familiares en condiciones de privación de la libertad parte de una problemática que posee escasa visibilidad pública. A pesar del importante crecimiento de la población carcelaria de los países del continente, la situación de estos niños no está incluida en el debate político ni presente como tema prioritario en la agenda de investigación de los centros de estudios universitarios, pues no se cuenta con suficiente investigación cualitativa sobre el impacto que implica para un niño tener un referente familiar encarcelado, ⁵ y mucho menos vivir con él dentro de un CPL.

El presente artículo se concentra en el CPL Femenino Pichincha n.° 3, y particularmente en el análisis del derecho a la educación como un elemento que tendrá un alto impacto en el desarrollo integral de los niños que viven en él. La falta de investigación e información en torno a esta problemática de derechos humanos pone en evidencia la limitada vinculación que ha tenido la colectividad para ejercer presión sobre los tomadores de decisiones y mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas, partiendo del supuesto de que la provisión de servicios educativos es un reto para el Estado, y tomando en consideración el ambiente hostil en el que vivirán durante sus primeros tres años de vida. Por ello, a través de este estudio, se compartirá la experiencia vivida por el investigador y la colaboración recibida por parte de los distintos actores involucrados, lo que fortalece su estrategia cualitativa de investigación.

El censo penitenciario conducido en Ecuador en diciembre de 2022 arrojó que en el CPL Pichincha n.° 3 residían 41 mujeres privadas de la libertad, de las cuales el 68,3 % (28 mujeres) tenían entre 18 y 29 años y el 24,4 % (10 mujeres), entre 30 y 44 años. Es decir, 38 de las 41 mujeres que residían en este CPL se encontraban en edad fértil. Para esa fecha, seis de ellas se encontraban en estado de gestación. De las 41 PPL, 37 (el 90 % de las mujeres del CPL) tenían hijos menores de 18 años. ⁶ Si bien el censo penitenciario arroja información valiosa sobre las mujeres del CPL Pichincha n.° 3 que tienen hijos menores de 18 años, tras el análisis realizado se concluye que no cuenta con información explícita sobre la edad de los hijos de las PPL, ni se detalla cuántos de ellos viven con sus madres en los CPL. Se evidencia la falta de datos públicos que sirvan como base para la elaboración de un diagnóstico y posterior hoja de ruta para garantizar los derechos de estos niños.

En Ecuador se cuenta con una política pública de rehabilitación social (PPRS) que presenta doce ejes de acción y 308 líneas de acción específicas. ⁷ Responde a lo establecido en el Reglamento del SNRS, que indica que los niños podrán permanecer con sus madres dentro del CPL desde su nacimiento hasta los 36 meses de edad. ⁸ La atención a niños de 0 a 11 meses de edad consta de espacios lúdicos en los que se provee consejería familiar, desarrollo integral, promoción de lactancia materna y fortalecimiento de capacidades de las madres para el cuidado de sus hijos, ⁹ mientras que la atención a niños de 12 a 36 meses de edad corresponde a la inclusión de esta población en los centros de desarrollo infantil (CDI) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). ¹⁰ A lo largo de la PPRS se explica que el derecho a la educación se encamina a la rehabilitación social de las PPL, ¹¹ pero no se dirige a sus hijos e hijas. El análisis realizado a este instrumento de política pública muestra que solamente hay una línea de acción que apunta a la garantía de derechos de niños en contextos penitenciarios, aunque no se enfoca directamente en ellos: el n.° 104, dentro del "Eje social y arraigo", que afirma que se garantizará el mantenimiento del vínculo de las mujeres privadas de libertad con sus hijos. ¹² Para cumplirlo, el MIES atiende a la población infantil de 0 a 3 años dentro de los CPL alrededor del país, mediante los servicios de desarrollo infantil integral, que comprenden el servicio Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y los CDI. ¹³

La literatura especializada sobre intervenciones en primera infancia coincide en destacar el papel crucial que cumple la educación inicial para potenciar la salud y las habilidades cognitivas de los niños; ¹⁴ asimismo, subraya el potencial que tiene para generar beneficios acumulativos y mejorar la trayectoria educativa al favorecer condiciones que permitan un efectivo aprendizaje en períodos posteriores. ¹⁵ Ahora bien, este tipo de educación asociada a contextos de privación de la libertad se ha venido inscribiendo en el concepto de educación inclusiva, como un derecho que se debe reconocer a todas las personas sin discriminación y tomando en cuenta la diversidad y las necesidades particulares de atención. Por medio de ella, se pretende atender las necesidades de todas las personas, considerando los casos especiales en los que pueda existir un riesgo de exclusión social. ¹⁶

El modelo educativo inclusivo basa su accionar en una perspectiva de inserción que tiene como eje principal la respuesta ante la diversidad social, fomentando la inclusión tanto académica como social ¹⁷ de personas que, por esencia, son diferentes. Se trata de un modelo para integrar a los alumnos marginados en el sistema, considerando las características propias de cada grupo poblacional. En lugar de hacer notar las diferencias entre pares, busca que se valore la diversidad para construir sociedades donde predomine la igualdad y se garantice que cada persona goce de condiciones de vida similares a las del resto de la comunidad. ¹⁸

Así, una realidad en la que la educación inclusiva debe necesariamente implementarse es en los contextos de privación de la libertad. La educación inicial para niños que se encuentran en CPL desempeña un papel fundamental en la garantía de otros derechos, pues debe estar orientada a brindarles aprendizajes, estimulación y cuidados adecuados a su edad y etapa de desarrollo. Este tipo de educación comparte similitudes con la educación inicial general, pero a la vez determina necesidades de adaptación a las condiciones de privación de la libertad, como ajustes curricula-res, locales apropiados y seguros, y medidas para facilitar la educación con niños y madres. ¹⁹

Los conceptos y las aproximaciones teóricas sobre el derecho a la educación inicial y a la educación inclusiva permiten comprender cómo estas deben ser implementadas en contextos de privación de la libertad. Son justamente estos espacios donde los derechos de los niños pueden mermar, motivo por el cual los estándares tanto del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos han marcado pautas generales sobre el accionar que deben tener los Estados al respecto. Estos sistemas determinan que la educación es un derecho intrínseco a todas las personas, y que debe ser disfrutado de manera gratuita y obligatoria en la etapa inicial. ²⁰ Debe ser ejercido en condiciones de igualdad y no discriminación ²¹ y debe apuntar a cumplir con el interés superior de los niños como sujetos de derechos. ²²

El fin último de la educación es desarrollar la personalidad y la dignidad humanas, por medio de aptitudes, aprendizajes, confianza y autoestima que permitan a los niños estar preparados para afrontar la vida cotidiana. El derecho a la educación debe necesariamente contemplar los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, ²³ y debe estar acompañado por dos elementos de gran importancia: el juego y el descanso. En un escenario ideal, los niños deben tener un espacio adecuado para jugar y descansar, el tiempo suficiente para hacerlo, la oportunidad de jugar al aire libre y la posibilidad de interactuar en entornos naturales con sus pares. ²⁴ De igual manera, los servicios educativos deben ser provistos en entornos seguros, libres de estrés, exclusión social, prejuicios y discriminación. ²⁵

Las potenciales vulneraciones al derecho a la educación de los niños que viven con sus madres en contextos de privación de la libertad deben abordarse desde una estrategia metodológica integral sensible a la doble vulnerabilidad que enfrenta esta población y a las particularidades de sus entornos. Es fundamental considerar que el enfoque educativo se debe ajustar a la realidad propia de estos contextos, con objeto de promover el desarrollo infantil integral pese al ambiente hostil de las prisiones. Las actividades lúdicas, la estimulación temprana y el refuerzo de habilidades sociales desde pequeños son herramientas metodológicas de gran relevancia para minimizar el impacto de la privación de la libertad en los menores. Las prácticas pedagógicas que promuevan las educadoras en el CPL deben ser inclusivas y estar adaptadas a las condiciones de encierro.

Método

El presente estudio se desarrolló con una metodología de investigación cualitativa, enfocada a comprender un fenómeno en particular, en lugar de explicarlo. ²⁶ Parte de la definición de un propósito inicial, del cual se desprende una pregunta de investigación, que a su vez permitió desarrollar nuevas interrogantes asociadas a la pregunta base. La metodología planteada como técnica de recolección de información fue la entrevista se-miestructurada, que incorpora preguntas abiertas y generales previamente definidas, pero con un guion que permite la variación del curso de la entrevista en función de las respuestas del sujeto entrevistado. ²⁷ Se trata de una entrevista estandarizada no programada, en la que los entrevistados son expuestos al mismo guion, pero con la posibilidad de ampliar los ejes de la entrevista. ²⁸ Así, el levantamiento de información se realizó desde la fuente primaria, es decir, a través de entrevistas con funcionarias tanto del SNAI como del MIES, quienes trabajan diariamente con la población objetivo de este estudio. En segundo lugar, se im-plementó la técnica de observación participante, para conocer de primera mano los servicios educativos que provee el CPL y las condiciones en las que son provistos.

Finalmente, la investigación se desarrolló bajo un modelo que contempla distintos aspectos éticos que dan validez a la investigación: contiene valor social y validez científica, seleccionó equitativamente a los sujetos, tiene una proporción favorable de riesgo-beneficio, consideró condiciones para un diálogo auténtico, se realizó una evaluación independiente, primó el respeto a los sujetos inscritos y se incorporó el consentimiento informado. ²⁹

Resultados

El CPL Pichincha n.° 3 es el único que, por resolución, puede albergar a mujeres con hijos menores de 3 años. ³⁰ Con corte a agosto de 2024, el SNAI registró 58 PPL en este centro, de las cuales 48 mujeres tenían hijos o hijas menores de 3 años de edad. En total, 49 niños viven en este CPL (una mujer tiene dos hijos gemelos), de los cuales 23 son varones y 26 son mujeres, todos menores de 3 años. ³¹ Pese a dicha resolución, se identificó a 18 niños que viven en otros CPL alrededor de Ecuador, para un total de 67 niños que residen en cárceles a nivel nacional. Esto significa que el 73 % de esta población está ubicada en el CPL Pichincha n.° 3. La tendencia indica que poco a poco las mujeres en situación de privación de la libertad con hijos menores de 3 años serán trasladadas a este CPL, por motivo de la precitada resolución, pero la realidad al día de hoy es que eso todavía no ocurre.

En la entrevista conducida el 30 de agosto de 2024 a la funcionaria del SNAI, se informó que la estadística de PPL varía constantemente por las propias condiciones de la situación de privación de la libertad, que incluye ingresos, salidas y traslados constantes. ³² Así, la información del censo penitenciario de diciembre de 2022 ha variado hasta la fecha. Esta información se comparó con la levantada en la visita realizada al CPL el día 13 de septiembre de 2024, cuando la psicóloga del centro anunció que algunas mujeres habían recibido su boleta de excarcelación, de manera que, con una diferencia de pocos días, la información reportada por planta central varió. ³³ Hasta esa fecha se encontraban recluidas 54 mujeres y 47 niños menores de 3 años.

Durante la investigación, se extendió una consulta al SNAI y a la psicóloga del centro respecto a las seis mujeres embarazadas identificadas en el censo. Se informó que sus hijos nacieron en hospitales de tercer nivel, no dentro del CPL. Actualmente, esos niños se encuentran conviviendo con sus madres, y lo harán hasta que cumplan los 36 meses de edad, momento en el cual se activará el procedimiento establecido en el art. 84 del Reglamento del SNRS para ejecutar su proceso de salida. ³⁴ El número de mujeres gestantes también ha variado desde el censo de 2022 hasta la fecha, por cuanto muchas que han recibido una pena privativa de libertad en vez de medidas cautelares deben ser trasladadas desde otros centros al CPL Pichincha n.° 3. Actualmente, cuatro mujeres se encuentran en estado de gestación dentro del CPL.

La técnica de Desarrollo Infantil Integral de la Dirección Distrital Quito Sur del MIES explicó que el CNH provee consejería a las madres para desarrollar en ellas capacidades parentales positivas y ampliar conocimientos sobre alimento seguro y entornos protectores para el infante. El CNH se nutre del trabajo de las funcionarias del MIES y las educadoras del SNAI con mujeres embarazadas y con niños de hasta 11 meses. El SNAI, a través de sus cinco educadoras dentro del CPL, realiza talleres grupales y asesorías individuales con las PPL que son madres sobre estrategias y habilidades parentales, comunicación asertiva, disciplina positiva, empatía y autoestima, autonomía y responsabilidad, seguridad emocional y fomento a la curiosidad del niño. ³⁵

Para las asesorías individuales, se dispone de un espacio físico llamado "aula de fortalecimiento", en el que la educadora del SNAI orienta a la madre a través de varias técnicas (técnica del espejo, técnica del sándwich, técnica de respiración y otras), para que las ejecute con su hijo o hija. La educadora no se involucra ni interviene, sino que únicamente guía a la madre y observa. Se afirma que las mujeres PPL tienen normalizada la violencia en sus vidas, así que con estas herramientas se intentan cambiar las prácticas preconcebidas por ellas, de manera que no se proyecten en sus hijos y se evite que ellos las repliquen. Esta terapia individual ha probado ser de gran ayuda para ello. Pese a que el servicio de CNH es constante, este tipo de capacitaciones a las madres no son estables, sino que dependen de la iniciativa de la psicóloga de turno del CPL y de las educadoras que presentes. Por motivos de seguridad, existe una alta rotación del personal tanto del MIES como del SNAI, así que no existe realmente una práctica institucionalizada al respecto: se pone en práctica gracias a la creatividad de los funcionarios de turno.

Por otro lado, los CDI son espacios físicos en los que se trabaja directamente con las niñas y niños, desarrollando su psicomotricidad, hábitos de higiene, salud y autocuidado. Además, se provee nutrición y alimentación segura y saludable, y se trabajan la prevención de violencias y, junto al Ministerio de Salud Pública, la identificación temprana de la desnutrición. El CPL Pichincha n.° 3 es el único a nivel nacional en el que existe internamente un CDI, denominado "Ático", al que llegan desde otras provincias las madres PPL en estado de gestación o con hijos menores de 3 años. Las funcionarias del SNAI y del MIES afirman que el derecho a la educación inicial se garantiza en este CPL por medio del CDI existente. Al cumplir los 12 meses, los niños dejan el servicio de CNH y empiezan a asistir al CDI, que funciona como una guardería que los recibe de lunes a viernes. Este es manejado por una fundación cooperante cuyo nombre fue reservado por motivos de seguridad. La fundación opera bajo convenio con el MIES: la institución financia el servicio y la fundación lo ejecuta. El CDI tiene una capacidad para 54 niños y actualmente es aprovechado por los 31 niños de 1 a 3 años que viven en el CPL. Existe una educadora del MIES cada nueve niños, de manera que actualmente el servicio opera con cuatro educadoras.

Los CDI están regulados a nivel nacional por la Norma Técnica del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil. En este documento se aclara que deben atender a niños que convivan con sus madres en situación de privación de la libertad y que hayan sido referidos por el SNAI. ³⁶ Sin embargo, la normativa es general para todos los CDI y no se incluye ninguna particularidad para aquellos dentro de un CPL. Entre las actividades desarrolladas en los CDI resaltan la estimulación temprana, el desarrollo de la creatividad y la recreación. Se recalca la importancia del juego como una de las herramientas principales para el desarrollo psico-motriz y psicosocial de estos niños, motivo por el cual dentro de todo CDI se cuenta con los insumios necesarios para hacer del juego algo más que solo una actividad recreativa. Las actividades de un día regular dentro del CDI Ático incluyen cinco ingestas, actividades de aseo, descanso (siestas) y varias metodologías de juego (juego intencionado, juego libre en rincones y juego del lenguaje) que motivan el desarrollo de destrezas, la exploración del espacio, la interacción con los demás niños y su desarrollo del lenguaje verbal y no verbal.

Se llevan registros de lo realizado por medio de fichas de las actividades (generales) y fichas de observación y anecdóticas de los niños (individuales). En efecto, la guía metodológica existente funciona para los CDI en general, pero no necesariamente se adapta a la realidad de los niños en situación de privación de la libertad. Muchas veces, las actividades quedan a criterio del funcionario de turno, quien enfrenta retos distintos a los de los CDI extramuros. No se ha emitido normativa específica para estos casos por tratarse de una población reducida.

Pese a ello, se debe reconocer que las actividades desarrolladas en el centro dan a los niños herramientas para estar preparados cuando salgan y para incursionar en un espacio de educación más formal. Su vinculación con un centro educativo donde se imparta educación inicial 1 y 2 debe necesariamente darse a partir de ciertas habilidades y aptitudes adquiridas previamente, como la psicomotricidad, el control de esfínteres y ciertas habilidades sociales que el CDI se encarga de desarrollar. Sin embargo, los contratiempos para garantizar estos servicios no han sido ajenos al CPL en los últimos años. Las principales dificultades se han suscitado por la falta de recursos de la institución implementadora de los servicios. Por ello, el rol de actores externos, como fundaciones, embajadas, empresas privadas y la sociedad civil, ha sido clave en este CPL durante los tiempos de escasez: son ellos quienes, bajo la coordinación del SNAI, donan ciertos insumos que facilitan la provisión de servicios.

Adicionalmente, el propio CPL está en constante búsqueda de aliados (autogestión) para proveer asistencia al CDI. Si bien el MIES administra el convenio con la fundación encargada, el SNAI recibe donaciones en su rol de administrador del CPL. La realidad fáctica de la situación de los centros da cuenta de la ausencia estatal, por cuanto muchos de los servicios son cubiertos por donaciones externas, cuando es el propio Estado el que debe garantizar estos servicios y hacer más llevadera la estancia de los niños.

El CPL Pichincha n.° 3 es distinto a otros CPL a nivel nacional, incluso en infraestructura, pues no se configura a partir de celdas con rejas, sino de habitaciones compartidas en las que las mujeres pueden convivir con sus hijos. El CPL está dividido en seis pabellones, de los cuales cinco contienen habitaciones en las que viven de 15 a 18 mujeres con sus niños. El sexto pabellón se utiliza como un lactario. Lamentablemente, se observó que el lactario no está adecuado como tal, y que este espacio se usa eventualmente como una celda más, para recluir a ciertas PPL con condiciones particulares (por ejemplo, su situación de testigos protegidos). Cuando se lo utiliza para estos fines, su función de lactario se desvanece. Si bien estas situaciones son temporales, solo en el año 2024 se lo ocupó para ese fin durante siete meses. Por otro lado, el CPL cuenta con una lavandería, espacios verdes más amplios que en un CPL regular, un parque al exterior del CDI y juegos infantiles donde los niños pueden interactuar entre sí. Todos estos servicios ofrecen un ambiente más acogedor para albergar a esta población, de manera que su estancia allí no sea traumática.

En cuanto al proceso de recolección y levantamiento de información, se aclara que implicó realizar ajustes en el diseño de la investigación original, por medio de la adaptación de la metodología en función de las realidades identificadas en el contexto penitenciario e institucional. Los cambios efectuados en el camino respondieron a tres causas: la resistencia por parte de las instituciones a conceder las entrevistas solicitadas (el MIES no contestó el oficio de solicitud de entrevista), la alegación por parte de la directora del CPL de la presencia de varicela en los pabellones del centro (lo que implicó la imposibilidad de ingresar en ellos y entrevistar directamente a las PPL y sus hijos), y el cambio de fecha de ingreso al CPL en dos ocasiones por motivos de seguridad (presencia de personal militar al interior del CPL en incursiones no planificadas, por efecto del estado de excepción vigente). Por estos tres motivos, la investigación tuvo que dar un giro drástico en la metodología planteada originalmente y adaptarse a las condiciones reales, que no son ajenas a los contextos penitenciarios. La experiencia práctica del investigador motivó a desarrollar estrategias menos formales y más empíricas y flexibles para acceder a la información, pues, para minimizar la falta de atención de la solicitud formal por parte del MIES, se optó por aprovechar la presencia de la educadora del MIES en el centro y realizar la entrevista sin necesariamente contar con la aprobación de sus autoridades. Asimismo, se tuvo que cambiar la propuesta original de contar con historias de vida de las PPL y sus hijos por la observación participante dentro del centro (pero no de los pabellones) para conocer las condiciones de los servicios educativos existentes. Finalmente se insistió con la solicitud de visita en reiteradas ocasiones hasta conseguir una fecha y hora en la que no hubiera presencia militar en el CPL.

La suma de estos hechos hizo necesaria la transformación de la entrevista estructurada en una entrevista de tipo semiestructurada, con apertura para romper el guion original y desviar el curso de la conversación con las funcionarias hacia sus propias experiencias en la labor profesional. Las dos entrevistadas (del MIES y SNAI) fueron expuestas a un guion similar, pero con la posibilidad de ampliarse a temas que emanaran de sus propios criterios, sugerencias y experiencias. Esta libertad permitió acceder a respuestas transparentes, personales y desinteresadas por parte de los sujetos.

Lamentablemente, se perdió la posibilidad de contar con historias de vida de las PPL y sus hijos, de escuchar sus voces como sujetos de derechos que son usuarios del sistema penitenciario y de los servicios educativos destinados a niños menores de 3 años; se truncó así la selección equitativa de los sujetos de investigación. ³⁷ Ello significó modificar la estrategia de bola de nieve o en cadena que se propuso en un principio, por cuanto se cortó la cadena en la provisión de información, al no permitir el contraste de la información oficial con las historias de las madres PPL y sus hijos. Sin embargo, ventajosamente, esta limitación se apaciguó por la capacidad de mantener una observación social empírica de las condiciones de vida en la cárcel.³⁸

Pese a haber recibido solamente criterios de parte de funcionarias estatales, las propias condiciones del diálogo desarrollado permiten catalogar a la conversación como auténtica y la información recabada como veraz. El respeto a los sujetos a los que efectivamente se pudo entrevistar se comprueba al mantener su anonimato durante la presentación de resultados y al haber suscrito con ellos un consentimiento informado que respalda dicho anonimato.