La profunda crisis social y económica que tuvo lugar en Venezuela desató
uno de los mayores movimientos migratorios de la historia. Millones de personas se vieron
obligadas a abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades de
desarrollo. Ecuador se configuró como uno de los principales destinos migratorios en América
del Sur: se conoce que, desde 2015, recibió alrededor de 1,15 millones de venezolanos, de
los cuales 400 000 decidieron establecerse en el país.
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Según los resultados del censo realizado en el año 2022, el 2,5 % de la población que
reside en Ecuador nació en otro país y, de dicho porcentaje, el 54,5 % pertenece a la
nacionalidad venezolana.
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Pese a que los flujos migratorios han disminuido en comparación con años anteriores, en
la actualidad, en Ecuador se encuentran aproximadamente 444 778 personas de nacionalidad
venezolana, de las cuales 47 9 00 tienen vocación de permanencia.
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Estos datos estadísticos incluyen un estimativo del flujo migratorio que
ingresa por pasos informales; no hay cifras reales de las personas venezolanas que ingresan
y salen del país, solamente se cuenta con indicadores referenciales. El Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ), al ser uno de los cantones con mayor movimiento comercial y
económico y al contar con facilidades en el acceso a servicios públicos y privados, fue
elegido por la población migrante venezolana como un lugar estratégico para establecerse y
reconstruir sus proyectos de vida. Este éxodo trajo consigo grandes retos en materia de
derechos humanos, debido a que, al haber migrado de manera forzada de Venezuela, no contaban
con las condiciones sociales ni económicas para asumir un proceso migratorio de esa
magnitud, lo que los expuso a graves violaciones de derechos y a situaciones de extrema
vulnerabilidad.
Ahora bien, desde una perspectiva teórica alineada a los derechos humanos,
la categoría de la movilidad humana es la más idónea para abordar de manera integral el
fenómeno migratorio. El término migración se limita a abordar el fenómeno desde un
mero desplazamiento espacial; por el contrario, el de movilidad humana considera las
diferentes circunstancias y condiciones por las cuales las personas deciden trasladarse de
un lugar a otro, las distintas expresiones que nacen de la posibilidad de moverse y,
principalmente, reconoce la titularidad de derechos de quienes ejercen su derecho a migrar,
con lo que promueve la protección del sujeto.
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La movilidad humana está estrechamente ligada al ejercicio de derechos y a la
protección de la persona en movimiento, de modo que las políticas migratorias deben
encaminarse a crear estrategias de intervención que consideren sus contextos y necesidades,
especialmente si migran de manera forzada.
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Con la finalidad de conocer la composición social y la situación de
derechos de la población venezolana en Ecuador, el Grupo de Trabajo para Refugiados y
Migrantes (GTRM), en conjunto con algunas instituciones socias, llevó a cabo en julio de
2024 la sexta ronda de evaluación de necesidades de los hogares venezolanos en permanencia
(período mínimo de tres meses) y en tránsito en Ecuador. Entre los principales resultados
están que el 24,2 % de hogares venezolanos sufre de inseguridad alimentaria;
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el 13,3 % de las personas encuestadas refirió estar en riesgo de desalojo de su
vivienda; el 2,1 % fue desalojado; el 12,8 % vive en hacinamiento;
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el 69,9 % de personas se encuentra en condición migratoria irregular; y el 72 % no
participó en el proceso extraordinario de regularización
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promovido por el Gobierno debido a la falta de información y documentación.
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Por último, el 15,9 % de hogares percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza
definida por el Instituto de Estadística y Censos (INEC) en junio de 2024 (USD 91,55).
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Una de las provincias en donde se recabó esta información fue Pichincha,
ya que se constituye como uno de los lugares con mayor concentración de personas
venezolanas. Siguiendo los resultados del censo de 2022 llevado a cabo por el INEC, dentro
de Pichincha, el 27,7 % de la población venezolana eligió asentarse en el DMQ.
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Por ello, se infiere que la información presentada anteriormente coincide con la
realidad que se vive en la capital.
Posterior a lo expuesto, se puede concluir que la población venezolana -en
particular quienes cuentan con una condición migratoria irregular- está experimentando altos
niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y falta de acceso a una vivienda adecuada. Bajo
un enfoque de interseccionalidad, la confluencia de estos factores de vulnerabilidad produce
altos niveles de privación y desprotección, lo que los expone a escenarios extremadamente
violentos como la situación de calle. Siguiendo un estudio realizado en Uruguay, el fenómeno
de vida en calle nace cuando el régimen de bienestar social y la matriz de protección de un
Estado no visibilizan a los grupos sociales por fuera de la media poblacional, lo que
provoca un comportamiento institucional diferenciado, restricción en el acceso de servicios,
exclusión y vulneración sistemática de derechos.
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Dentro de la tipología del fenómeno de vida en calle existen dos grandes
categorías: la persona en situación de calle, sujeto del presente estudio, y la persona
habitante de calle. La primera es aquella que cuenta con un lugar donde pernoctar y que la
mayoría de las veces tiene una red de apoyo, conformada por personas que pueden estar
igualmente vinculadas a la problemática.
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La persona habitante de calle, por su parte, es aquella que hace de lo público su
espacio permanente de subsistencia.
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Es relevante destacar que quien cruza fronteras de manera irregular es altamente
propenso a experimentar la situación de calle, considerando la desprotección legal que se
desprende de su condición de no ciudadano y la pobreza en que se desenvuelve.
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En la actualidad, no se cuenta con información a nivel nacional que dé
cuenta de la situación de las personas que experimentan la situación de calle; no obstante,
el Gobierno autónomo descentralizado (GAD) del DMQ, en el esfuerzo por contener esta
problemática, ha realizado dos diagnósticos situacionales de las personas con algún tipo de
experiencia de vida en calle, durante los años 2013 y 2022. El primer levantamiento
consideró a las personas tanto habitantes de calle como en situación de calle,
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mientras que el segundo delimitó como población objetivo solamente a los habitantes de
calle, debido a que, según sus investigadores, la respuesta estatal está condicionada al
tiempo de permanencia en el espacio público.
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En el diagnóstico realizado en 2013 no hubo evidencia de personas en movilidad humana,
al contrario de 2022, cuando se identificó a personas venezolanas y colombianas. Sin
embargo, se considera que el porcentaje de personas en movilidad podría haber sido mayor si
también se hubiese tomado en cuenta la situación de calle. Pese a las diferencias entre
universos y coyunturas, los diagnósticos realizados aportan datos muy relevantes que pueden
ser usados para la construcción de una política pública focalizada y aterrizada en la
realidad.
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Una política pública impacta positivamente en el desarrollo de las
personas a las que va dirigida cuando su construcción se ha basado en los más altos
estándares de protección de derechos humanos. Dentro del ámbito internacional, los
instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) que hacen referencia a la
movilidad humana y la situación de calle reconocen que, dentro del colectivo de personas en
movilidad humana, existen grupos que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, por lo
que las políticas deben ajustarse a sus necesidades específicas de protección.
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Asimismo, identifican que la condición de irregularidad expone en alto grado la
integridad de los sujetos
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y que la situación de calle es una problemática que puede derivarse de la falta de
atención inmediata a la persona en movilidad. Por tal motivo, el SUDH exhorta a los Estados
a suministrar recursos a los albergues que ofrecen acogida a esta población.
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Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) cuenta
con instrumentos con fuerza vinculante para Ecuador, que brindan altos estándares de
protección para las personas en movilidad, al igual que para los niños en situación de
calle. Una de las recomendaciones más relevantes del SIDH sostiene que cuando una persona
migra, trae consigo situaciones de vulnerabilidad que se intensifican por su condición de
movilidad humana, de modo que es apremiante la atención desde una perspectiva
interseccional.
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En definitiva, ambos sistemas de protección reconocen que las personas en
movilidad son sujetos de derechos y, por ello, todas las acciones llevadas a cabo por los
Estados deben procurar el respeto y goce efectivo de ellos, sin discriminación de ninguna
índole. En el caso de la situación de calle, coinciden en que dicha problemática nace de la
confluencia de distintos factores de discriminación en una sola persona, y que puede atentar
gravemente contra la dignidad, al privar de derechos y oportunidades de desarrollo.
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En el caso de la normativa nacional, la Constitución de la República del
Ecuador (CRE) ha incluido derechos y garantías para la protección de las personas en
movilidad humana. Artículos como el 40 -que reconoce el derecho a migrar y a que ninguna
persona sea considerada ilegal-, el 9 - que establece que toda persona extranjera que se
encuentre en territorio ecuatoriano gozará de los mismos derechos y deberes que los
nacionales- y el 11 -que establece que dentro del principio de igualdad y no discriminación
se incluyen la condición migratoria y el origen nacional-
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denotan un tratamiento de avanzada en temática migratoria. Si bien la CRE no aborda
explícitamente la problemática social de la situación de calle, reconoce que existen grupos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja;
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se considera que dentro de este segmento se puede incluir a las personas en movilidad
humana inmersas en la situación de calle, a fin de que se beneficien de las medidas
adoptadas en relación con la protección de sus derechos.
Por otra parte, la normativa del Municipio de Quito cuenta con dos
políticas que brindan tratamiento a la movilidad humana y al fenómeno de la habitabilidad en
calle. La ordenanza municipal n.° está dirigida a la protección y al ejercicio de derechos
de las personas en movilidad humana. Dentro su texto reconoce que, en el conjunto de las
personas en movilidad, existen quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad y, por
ello, requieren de una atención diferenciada.
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En relación con el fenómeno de la vida en calle, el GAD formuló la
ordenanza n.° 51, cuyo objetivo es implementar acciones para mejorar la calidad de vida de
las personas habitantes de calle.
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Pese a que se realiza una diferencia conceptual entre persona en situación en calle
y habitante de calle, y que se reconoce a las personas en movilidad humana como
un grupo que puede experimentar dichas problemáticas, la ordenanza no cuenta con acciones
específicas para su atención. Es importante destacar que el Municipio de Quito sí tiene
políticas para atender los fenómenos en estudio y ha realizado el esfuerzo por implementar
un proyecto que interseque a ambos.
La Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) -como entidad dependiente
de la Alcaldía Metropolitana de Quito y encargada de la aplicación de políticas sociales
orientadas a la protección de los derechos de los grupos en atención prioritaria- diseñó un
proyecto dirigido a la atención emergente de las familias en movilidad humana que, en la
primera fase de su proceso migratorio, estaban experimentando la situación de calle. La
atención brindada se enmarcaba en el acogimiento temporal durante un período de quince días
y en la satisfacción inmediata de las necesidades básicas, como alimentación, vestido e
higiene.
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Cabe mencionar que las acciones llevadas a cabo por el proyecto respondían
solamente a un enfoque de necesidades; es decir, la atención se reducía a la lógica de
proveer servicios y asistir lo visible e inmediato,
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dejando de lado la necesidad de generar procesos y brindar herramientas para que las
familias en movilidad humana superaran la situación de calle y lograran integrarse de manera
positiva y permanente a la comunidad de acogida. La información secundaria recogida en este
apartado permite comprender la naturaleza de los fenómenos sociales de la movilidad humana y
la situación de calle, la magnitud en que la problemática se ha presentado en Ecuador, y las
acciones que se han planteado a nivel local para su contención. Estas evidencias brindan
pautas importantes para formular una propuesta a la política pública de movilidad humana del
Municipio de Quito que sea capaz de garantizar el acceso a derechos y a procesos de
integración social y económica de las personas en movilidad que atraviesan la situación de
calle.
Construcción de una propuesta metodológica para abordar la
problemática
Se identifican distintas posibilidades de abordajes metodológicos que
defensores e investigadores de derechos humanos pueden asumir para determinar y estudiar
alguna injusticia o vulneración de derechos. En esta rama, mayoritariamente se han
inclinado por los métodos centrados en la documentación de sucesos; sin embargo, existen
problemáticas en las que se vulneran de manera sistemática varios derechos, por lo que
es necesario plantear un abordaje capaz de ver más allá de una causalidad simple.
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Una de las estrategias investigativas que articula cadenas causales más complejas e
identifica violaciones estructurales de derechos es la que se basa en el análisis de
políticas.
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Este método puede usar varios tipos de evidencias -que se transforman en
conocimiento- y sirven para fundamentar las vulneraciones de derechos y determinar
responsabilidades.
El estudio sobre la intersección de la movilidad humana con la
situación de calle optó por esta estrategia investigativa. Para establecer una serie de
lineamientos orientados a fortalecer la política pública de movilidad humana del DMQ, se
identificaron ciertos elementos en el desarrollo del estado del arte, que se
constituyeron como evidencias clave que aportan diferentes tipos de conocimiento y
posturas. Para la construcción de las evidencias se consideraron las principales
constataciones teóricas, los más altos estándares de protección de derechos y la
sabiduría extraída de las voces de quienes atraviesan la problemática social en carne
propia. Esta triangulación de información permitió generar una propuesta que
comprendiera la naturaleza de los fenómenos sociales, conociera los avances y las
limitaciones normativas, y tomara en cuenta los desafíos que enfrenta el grupo social.
La investigación en derechos humanos debe extender su metodología al
uso de estrategias de incidencia política. Es decir, aparte de identificar el problema,
debe establecer quiénes se configuran como actores estratégicos para detener las
vulneraciones y brindar posibilidades de reparación, así como quiénes pueden utilizar su
influencia y ejercer presión para la no repetición.
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Con base en ello, otra metodología usada fue establecer una serie de estrategias de
incidencia para que la propuesta formulada pudiera ser adoptada por los tomadores de
decisión. El repertorio inicia con la identificación de los actores que, desde su ámbito
de competencia y alcance, podrían contribuir al cumplimiento del objetivo.
Posteriormente, se articula la acción colectiva con la incidencia política y la
estrategia educomunicacional.
Este repertorio tiene como aspecto medular incentivar la creación de
espacios en donde los sujetos de derechos puedan alzar sus voces. La vinculación con la
colectividad cobra sentido cuando las personas ejercen su derecho a la participación,
comparten sus saberes comunitarios y asumen roles protagónicos.
Método
El estudio se caracterizó por ser de carácter exploratorio, sincrónico,
transversal y descriptivo. Se utilizó metodología cualitativa y se articuló información
primaria y secundaria para conocer y comprender la situación de derechos de las personas
venezolanas que atraviesan la situación de calle en el DMQ. Para la obtención de la
información secundaria, se identificaron las principales corrientes teóricas y se analizó la
problemática desde el enfoque de derechos humanos. También se realizó un recorrido por el
marco de protección con el que cuentan ambos fenómenos, de modo que se lograron establecer
los estándares más altos de protección de derechos dirigidos específicamente para este grupo
social.
En su conjunto, la información secundaria brindó pautas relevantes para
comprender la naturaleza de la problemática, desde una perspectiva académica y de expertos
independientes que la han estudiado. Sin embargo, para producir nuevos conocimientos, fue
necesario articularla con las experiencias de los sujetos de derechos. La información
primaria se obtuvo a través de la técnica de la entrevista semiestructurada, que estuvo
dirigida a doce personas acogidas en el proyecto de la UPMSJ. Estas personas figuraban como
representantes de sus núcleos familiares. Es importante indicar que se consideró a la
diversidad familiar como criterio de selección, a fin de que la investigación se nutriera de
diferentes realidades y perspectivas. Asimismo, se realizó la entrevista de tipo
semiestructurada a un funcionario municipal que fungía como autoridad en la organización,
para conocer la forma en que las autoridades conciben los fenómenos sociales de la movilidad
humana y la situación de calle y cómo estas nociones son incorporadas en la implementación
del servicio de acogimiento temporal.
En la categoría de movilidad humana, se consideró útil conocer, en primer
lugar, cómo las personas llevaron a cabo su proceso migratorio, desde las razones por las
cuales tomaron la decisión de migrar a otro país, hasta los problemas que han enfrentado
tanto en el tránsito como en el asentamiento. Por otro lado, se buscó comprender la noción
que manejaban sobre el concepto de movilidad humana, si lo relacionaban como un derecho
humano y si se reconocían como personas en dicha situación. La categoría de situación de
calle también estuvo dirigida a conocer la noción que tenían del fenómeno social y si
reconocían estar atravesando la problemática en ese momento de su vida. Otro elemento
importante para el estudio era saber si antes del proceso migratorio habían experimentado la
situación de calle, y si entendían la problemática como una vulneración a sus derechos.
Por otra parte, las categorías de nivel adecuado de vida (acceso a
derechos) y de integración social y económica tenían como finalidad indagar qué imaginario
de derechos poseían los entrevistados. Para ello, se indagó sobre los derechos a los que,
según su criterio, debe acceder una persona en movilidad humana, así como a cuáles de ellos
han accedido. En relación con la integración social y económica, era primordial conocer,
desde su experiencia, si el DMQ es una ciudad que ofrece las condiciones para la integración
de personas en movilidad.
En esta misma línea, se indagó si durante el período de acogimiento
temporal habían sido vinculados a algún proceso de generación de medios de vida; esto, con
el objetivo de saber si, como organización, se les había brindado alguna opción para que
superaran la situación de calle. Por último, la categoría de la política pública de la
movilidad humana buscó conocer si las personas participantes del estudio tenían conocimiento
sobre otros servicios de índole municipal dirigidos a la protección de las personas en
movilidad, y si consideraban que la política actual había garantizado su acceso a los
derechos y su integración.
Resultados
Se puso en evidencia la necesidad de utilizar como estrategia metodológica
la articulación de diferentes tipos de evidencia, por ejemplo la experiencia de los sujetos
de derechos, para crear datos rigurosos y alineados a la realidad, que sirvan como insumos
valiosos para la formulación de políticas públicas dirigidas a la protección de derechos.
Una política pública que integra los principios del derecho internacional de los derechos
humanos e incorpora en todo su ciclo la participación social de las personas para quienes va
dirigida puede configurarse como un verdadero estándar de protección.
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Se organizó la propuesta en tres líneas de acción, construidas en
respuesta a los problemas identificados en el desarrollo del estudio. Cada línea de acción
contiene un análisis desde el enfoque de derechos humanos, los estándares de protección de
derechos relacionados con la temática, los testimonios de las personas entrevistadas, y los
objetivos, las acciones y los indicadores de derechos. Esto permite que la propuesta
contenga información clara, capaz de medir el grado de disfrute de los derechos
involucrados, y cuente con los elementos necesarios para concretarse en la realidad.
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Una de las dificultades expuestas se relacionó con la atención que reciben
las familias en movilidad humana y situación de calle cuando son acogidas de manera temporal
en el espacio municipal. Entre los problemas percibidos estuvieron los siguientes: 1. la
cantidad de familias que requieren el servicio supera la capacidad operativa del centro; 2.
hay un tiempo reducido de acogimiento (quince días); 3. faltan procesos de generación de
medios de vida; y 4. no existe una vinculación con cursos de educación o capacitación
técnica. No considerar estos aspectos produce que, al egresar del centro, las familias
vuelvan a experimentar la situación de calle, debido a que no obtuvieron las herramientas
necesarias para alcanzar una situación más estable y permanente.
Ante esta problemática, se definió como primera línea de acción la
necesidad de brindar una atención inmediata y emergente desde el enfoque de derechos
humanos:
-
Línea de acción 1: Acceso a derechos relacionados con la
subsistencia digna (vivienda, alimentación, salud e higiene) a través de la
atención local. La problemática social debe asumirse como un problema de
derechos humanos, por lo que es necesario realizar un análisis desde el enfoque
de derechos.
Dado que la situación de calle es una de las máximas expresiones de
vulneración de derechos, es imprescindible que, como primera respuesta, se brinde atención
inmediata y emergente a derechos relacionados con la subsistencia digna. Sin embargo, para
lograr una superación adecuada y oportuna de la situación de vulnerabilidad, el Gobierno
local debe abordar la problemática desde un enfoque de derechos humanos. Esto, con el fin de
vincular el acceso a derechos con procesos de autonomía que permitan a las personas obtener
las herramientas necesarias para alcanzar una vida digna.
Se identificaron los estándares más altos de protección que brindan un
respaldo normativo en torno al derecho a migrar y a la necesidad de dirigir las acciones
estatales y locales al pleno acceso a derechos de las personas en movilidad humana y
situación de calle.
-
La Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que
toda persona, sin distinción de ningún tipo, tiene acceso a todos los derechos
proclamados en ese instrumento, así como al derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado, y a un nivel de vida
adecuado que le garantice el acceso a salud, vivienda, vestido, alimentación y
servicios sociales.
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-
El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas en movilidad menciona que los Estados deben asegurar a quienes
estén en riesgo de quedar sin hogar el acceso a una vivienda digna, o
suministrar recursos a los albergues que ofrecen acogida a esta población.
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-
Dentro de los principios interamericanos sobre los derechos
humanos de todas las personas en movilidad, refugiadas, apátridas y víctimas de
la trata de personas, se establece que toda persona tiene derecho a la dignidad
humana y física y a la integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera sea su
situación migratoria u origen nacional. Así, todo Estado debe promover
condiciones que provean un nivel de vida adecuado para todas las personas en
movilidad.
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-
El Plan Nacional de Movilidad Humana abarca el respeto y la
protección de los derechos de esta población, en relación con el acceso a
servicios de calidad en los ámbitos de salud, educación, vivienda y acceso a la
justicia, y en relación con la generación de las condiciones para que puedan
acceder a un empleo digno, a seguridad social y a la construcción de
emprendimientos productivos.
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-
La ordenanza municipal n.° 271 del DMQ sobre movilidad humana,
en el marco del acceso a derechos, determina la atención preferencial en salud,
educación, oportunidades laborales, acogida y recreación en todas las
dependencias y proyectos municipales, al igual que en todas las organizaciones
públicas y privadas del DMQ.
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Como sustento y eje central de la línea de acción, se expusieron las
experiencias y opiniones de las personas entrevistadas en relación con su situación inicial
de vulnerabilidad y sus recomendaciones a la política local de movilidad humana:
Yo pasé durísimo en la calle,
me calé ocho días con mis hijas, fue horrible. Yo me quedaba sin abrigarme, con tal que
ellas no pasaran frío ni nada [...]. En la mañana nos reglaban comidita y eso.
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Lo más difícil fue lo que
caminamos, el llegar aquí y no tener familia [...]. Dormimos en la calle bastante
tiempo, más o menos como unos tres, cuatro meses, dormimos en... no sé cómo lo dicen
aquí, nosotros le decimos porche [...]. Dormíamos en colchonetas, también
dormimos en la playa, pasamos necesidades [...]. Nosotros pedíamos dinero en la calle y
la gente no daba, nos decían que nos hacíamos los ciegos para engañar a las personas.
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Creo que las autoridades de
Quito deben pensar más en los niños cuando vean en movilidad. Se necesita una
integración justa y digna y procesos ágiles de regularización migratoria.
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Se necesita más refugios como
este y más tiempo en el refugio también, para que los padres puedan conseguir trabajo y
los niños puedan estar en guarderías.
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En la pregunta sobre si se las vinculó a procesos educativos o de
generación de medios de vida mientras estuvieron en acogimiento temporal, la totalidad de
las personas entrevistadas respondió que no.
Una vez definidos estos elementos, se construyeron los objetivos, las
acciones y los indicadores de esta línea de acción.
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Esta estrategia metodológica usa diferentes tipos de conocimiento para crear evidencias
de calidad que, combinadas, producen nuevas formas de abordar y atender un problema de
derechos humanos. Conectar las normas de derechos con la experiencia de las personas que
atraviesan las problemáticas permite articular distintos saberes, a fin de crear
conocimiento que no se centre solamente en atacar los síntomas, sino en conocer y trabajar
en las verdaderas causas de la injusticia social.
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Cabe mencionar que, entre los diversos métodos innovadores que existen dentro de la
investigación sobre derechos humanos, destacan los que incorporan la voz de los sujetos de
derechos en cada fase investigativa y propuesta de cambio; es en esos momentos cuando
ocurren el verdadero empoderamiento y el verdadero protagonismo. Las otras dos líneas de
acción propuestas parten del mismo esquema y se enmarcan en la regularización migratoria y
la adecuación de la normativa local referente a la situación de calle.
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