La trata de personas es una forma de esclavitud cuyas víctimas son sometidas y vendidas como una mercancía, con diferentes fines de explotación. El 33,39 % de estas víctimas corresponde al género masculino; el 66,04 %, al género femenino; y el 0,57 % a otros géneros no binarios. Por su parte, el 30,79 % tiene entre 18 y 29 años de edad, y el 21,87 % son adolescentes entre 12 y 17 años. ¹ Si bien Ecuador cuenta con estadísticas, existe un porcentaje de personas que no denuncian el delito, pues no se reconocen a sí mismas como víctimas: hay una naturalización social de la violencia, y muchas personas no consideran la captación, el traslado y la manipulación como partes de un delito, de modo que es deber del Estado investigarlo e identificarlo como tal. Otro factor primordial para no denunciar es la falta de confianza en el sistema de justicia respecto a atención, oportunidad, celeridad, verdad y justicia.

Las estadísticas señaladas representan datos generales mas no la realidad de este delito, pues la problemática de la trata de personas en Ecuador es aún mayor: en la denuncia puede existir confusión debido a las características y los elementos de la trata de personas, lo que invisibiliza la judicialización. El delito de trata tiene diferentes fines de explotación: sexual, laboral, para mendicidad, reclutamiento forzado, entre otros fines que afectan primordialmente a niñas, niños, adolescentes mujeres y mujeres. No obstante, a nivel mundial, "las mujeres y las niñas siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo (61 % en 2022). La mayoría de las niñas víctimas (60 %) detectadas siguen siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual". ² Estos datos representan una problemática mundial con un rostro de violencia hacia las mujeres.

Considerando que las causas estructurales de este delito son la movilidad humana, la pobreza, la desigualdad social y la xenofobia, entre otros factores, es necesario señalar que en Ecuador, en el año 2022, la pobreza por ingresos a nivel nacional se ubicó en 25,2 %; la pobreza urbana, en 17,8 %; y la pobreza en el área rural, en 41 %. Por su parte, la tasa de pobreza multidimensional moderada se redujo de 39,2 % en diciembre de 2021 a 38,1 % en diciembre de 2022. ³ Lo que se demuestra con estas cifras es que en Ecuador la pobreza es una problemática social que posiciona a las personas para ser víctimas de este delito u otros.

Como otra de las causas estructurales, la movilidad humana es uno de los grandes desafíos de Ecuador, al ser un país de tránsito, acogida y llegada. "[L]as mujeres en condición de movilidad humana son cada vez más parte de flujos migrantes laborales, [...] las mujeres y las niñas también son migrantes forzosos que abandonan sus países para huir de conflictos [...] u otras situaciones que afectan su seguridad, sustento o hábitat". ⁴ En el tránsito enfrentan todo tipo de violencias, abusos, remuneraciones mal pagadas o condiciones deplorables para su subsistencia. De la población total de Ecuador, el 4,48 % representa a personas en condición de movilidad humana y, de ese porcentaje, el 48,15 % corresponde a mujeres inmigrantes. ⁵

Durante la ejecución del delito de trata, las mujeres enfrentan diversos tipos de explotación, violencia física, psicológica y sexual, manipulación, privación de servicios básicos, servidumbre, etc. Por ello la trata de personas es considerada como la esclavitud moderna. Existe una serie de vulneraciones de derechos, como el "derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad y seguridad personales, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de expresión". ⁶ Lo mismo ocurre con la privación del derecho a la salud, pues las condiciones físicas y mentales de las víctimas no son atendidas: no pueden ejercer el derecho a una vida digna o compartir con sus redes de apoyo y protección.

Al hablar del delito de trata de personas, también es necesario contextualizar la violencia basada en género. Esta es la reproducción de prácticas socioculturales que justifican y legitiman conductas de discriminación, sometimiento o subordinación de las diversidades sexogenéricas, lo que genera una grave violación a los derechos humanos. Existe una relación intrínseca entre lo anterior y el delito de trata de personas, considerado una manifestación extrema de violencia en contra de las mujeres mediante una relación asimétrica de poder, vulnerando sus derechos y poniendo en riesgo su integridad física, psicológica y sexual, que desencadena en un impacto y daño en las víctimas. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador advierte que "65 de cada 100 mujeres han sufrido a lo largo de su vida al menos un hecho relacionado con la violencia de género". ⁷

Las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran al ser captadas son desencadenadas por causas estructurales; el Estado omite la protección de estos derechos al no atender las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. A su vez, tiene la obligación de investigar y sancionar, proteger y respetar, así como la responsabilidad de reparar y restituir los derechos. "[C]uando el Estado restringe o suprime la capacidad de los individuos para satisfacer sus necesidades esenciales [...], viola las obligaciones que ha contraído [...], el deber de prevenir, el deber de investigar, el deber de sancionar, el deber de remediar y el deber de garantizar un contenido mínimo esencial". ⁸

Es una omisión del Estado no garantizar los derechos de la población. Muchas personas se encuentran en condición de vulnerabilidad y los y las tratantes pueden manipularlas para que sean víctimas del delito de trata de personas. Es responsabilidad del Estado brindar las medidas de reparación para resarcir los derechos vulnerados; eso motiva este artículo, y por ello se analizará, en el proceso judicial n.° 1028120131612, la vulneración del derecho a la salud y las medidas de reparación integral en mujeres víctimas del delito de trata de personas.

A su vez, este estudio pretende analizar las estrategias empleadas, como la metodología cualitativa mediante el análisis de fuentes primarias. Esta es fundamental, debido a las particularidades de las mujeres que fueron víctimas del delito de trata, para entender los contextos sociales, políticos y económicos. Se requirió, asimismo, el análisis de fuentes secundarias -instrumentos internacionales- y, sobre todo, la técnica de las entrevistas semiestructuradas para recabar información acerca de las acciones estatales y la atención brindada a las mujeres sobrevivientes. La sistematización del contenido permitió examinar la vulneración del derecho a la salud y la reparación integral, con resultados que se detallarán a lo largo de este artículo.

Mediante el análisis de la sentencia se profundizó la importancia de la metodología cualitativa y de la sistematización de información -a partir de las categorías de investigación, vinculación con la comunidad de derechos humanos y mecanismos de reparación integral-. El estudio comprende la complejidad del fenómeno de investigación y también de las particularidades que representa el impacto de violencia basada en género sufrida por las mujeres sobrevivientes del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De igual manera, la técnica de la entrevista dio paso para profundizar en la sentencia condenatoria y en la necesidad de identificar la vulneración de derechos y la responsabilidad del Estado para resarcirlos.

También se siguió la ruta cuantitativa para entender el mapeo geográfico y estadístico del delito de trata de personas en Ecuador, la región y los países con mayor incidencia en el delito. Sin embargo, estos datos pueden excluir a una población que no denuncia, no tiene acceso a la justicia o no confía en ella. A su vez, la trata de personas se puede tipificar como otros delitos, debido a la complejidad de sus características y la manipulación que sufren sus víctimas. Se considera que la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos y el análisis de fuentes primarias y secundarias permiten visualizar la grave violación de los derechos humanos que implica la trata de personas, así como la omisión del Estado, la responsabilidad que tiene al respecto y las garantías que debe dar a la población.

Una vez analizado el contexto, es necesario abordar el marco conceptual y de protección respecto a tres componentes de estudio: la trata de personas, el derecho a la salud y el derecho a la reparación integral. El delito de trata de personas es una forma de violencia extrema de género en la que prima el patriarcado, que mira a mujeres, niñas y adolescentes de una forma cosificante y deshumanizante. El cuerpo de las mujeres es considerado una mercancía para la compra y venta, de la que además se obtienen rubros económicos elevados, porque se puede vender y comprar a una mujer en varias ocasiones. Esta realidad ubica a las personas tratantes en un ejercicio de poder que normaliza prácticas de discriminación, xenofobia, femicidio y diversas formas de explotación de las mujeres y, en muchos casos, de la población LGBTIQ+.

Se considera que la visión principal de este delito debe enfocarse en las causas estructurales que provocan que mujeres, niñas y adolescentes tengan una mayor vulnerabilidad y sean captadas, así como en las secuelas que deja el delito y en la necesidad de una participación más activa del sistema de protección integral de la justicia. A esta visión contribuye la aplicación de políticas públicas desarrolladas por organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema, al igual que por entidades estatales que abordan la prevención, promoción, atención, protección y judicialización.

El derecho a la salud está interrelacionado con otros derechos, ¹⁰ pues existen factores determinantes en la cotidianidad para alcanzar un bienestar integral en los ámbitos físico, mental, social, económico, político, medioambiental, contexto familiar, ubicación geográfica y genética. Es decir, hablar de salud refiere a una multiplicidad de ámbitos que construyen la calidad de vida de una persona. ¹¹ .

El quebrantamiento de los tejidos sociales y las redes de apoyo, la exclusión social y la violencia que sufren las mujeres víctimas de la trata de personas evidentemente conllevan secuelas emocionales, familiares y físicas que necesitan una atención oportuna y especializada. Mediante la judicialización de los casos, las víctimas buscan el acceso a una reparación integral que les permita retomar su proyecto de vida y mitigar las causas estructurales previas. Como explican Aguirre y Alarcón, "las garantías de protección de los derechos solo son eficaces en la medida que las medidas de reparación integral sean ejecutadas de manera adecuada y oportuna". ¹²

Mediante el proceso legal, se investiga -además de otros factores- el impacto del daño sufrido para que se otorguen proporcionalmente las medidas de reparación integral. Por su parte, el disfrute del derecho a la salud -del que se priva a la víctima con el cometimiento de este delito- es intrínseco en las personas. ¹³

El derecho a la reparación integral "es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras)". ¹⁴ Requiere un análisis exhaustivo de las condiciones previas al delito y de las secuelas de violencia vividas por las mujeres, y se guía por la necesidad de que no vuelvan a ser víctimas de este u otros delitos.

La reparación integral depende de las necesidades particulares de cada persona y del impacto que haya tenido en ellas la violencia ejercida por los tratantes; al mismo tiempo, busca alcanzar la verdad y la justicia. "[E]stablecer enfoques amplios y centrados en las víctimas en relación con la justicia [...] responde a la naturaleza cambiante de los problemas de derechos humanos en la sociedad contemporánea y se basa rigurosamente en un enfoque centrado en las víctimas, las perspectivas de género y las aportaciones de las poblaciones históricamente marginadas". ¹⁵

Con respecto a los mecanismos de reparación integral, la restitución hace referencia a que la persona sobreviviente pueda restablecer su vida a como era en la situación previa al delito, o a una forma equiparable. La indemnización, por su parte, es una compensación material otorgada a las víctimas o sus familias por las afectaciones vividas, y las medidas de satisfacción tienen un carácter simbólico que protege la honra y la memoria. Finalmente, las garantías de no repetición "tienen una función de carácter esencialmente preventivo, a la que se supone que contribuyen la verdad, la justicia y la reparación: la justicia penal principalmente a través de la disuasión; [...] y la reparación mediante el fortalecimiento de la capacidad de las víctimas para exigir reparación por violaciones pasadas y futuras y para hacer valer sus derechos con mayor firmeza". ¹⁶

Se puede mencionar como quinto mecanismo a la rehabilitación, que se refiere a la atención especializada que las víctimas requieran, ya sea esta psicológica, ¹⁷ médica, psiquiátrica o de servicios sociales: "[E]l Estado no solo tiene la obligación de devolver a la persona a la situación donde estaba antes de la violación, sino que además está en el deber de corregir el contexto económico, social, político, cultural o cualquier otro que haya hecho posible la violación". ¹⁸

Como dijimos, el Estado ¹⁹ tiene la responsabilidad y el deber de garantizar los derechos de su población, así como la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia extrema mediante la trata de personas; pero también debe prevenir que se produzcan delitos o exista mayor vulnerabilidad en ciertos grupos poblaciones: dar seguimiento, brindar vigilancia, llevar a cabo evaluaciones y asegurar el contenido mínimo esencial para combatir este y otros delitos, adoptando medidas judiciales, legislativas y ejecutivas. ²⁰ Escuchar a las mujeres sobrevivientes de violencia puede cambiarles la vida, y el Estado tiene dicha responsabilidad: "El impacto en personas que no han tenido la oportunidad de expresarse, y que lo hacen años después y por primera vez ante el abogado o en un peritaje, puede ser mucho mayor". ²¹

Los instrumentos internacionales de derechos humanos ²² y la legislación nacional reconocen que ninguna persona debe ser sometida a la esclavitud y que los Estados deben tomar las medidas correspondientes para suprimirla en caso de existir. Para ello se requiere combatir las causas estructurales y reforzar la atención y la judicialización, pero también crear instituciones especializadas para brindar la atención correspondiente a mujeres sobrevivientes. Se necesita, asimismo, que los Estados intensifiquen la cooperación internacional, regional y bilateral, y que ofrezcan más oportunidades educativas y económicas a niñas, adolescentes y mujeres para reducir la vulnerabilidad y que sean menos propensas a la captación de los tratantes. ²³

Para brindar una atención oportuna y el goce efectivo del derecho a la salud, se debe contar con cuatro componentes primordiales: 1. disponibilidad, es decir, entidades suficientes para proveer una atención oportuna; 2. accesibilidad para toda la población, tanto al sistema de salud como a oportunidades económicas y a la información; 3. aceptabilidad, considerando la diversidad cultural de las comunidades y los contextos sociales; y, por último, 4. calidad, esto es, que el personal se encuentre capacitado y brinde las mejores condiciones sanitarias. ²⁴ Estos estándares requieren que el Estado destine recursos humanos especializados en trata de personas y recursos económicos para el acceso de calidad a la salud física y mental de las personas sobrevivientes.

Ecuador, mediante su Constitución, establece la garantía de los derechos fundamentales de las personas; el Código Orgánico Integral Penal es la legislación que aborda el delito de trata; ²⁵ y la Ley contra la Trata de Personas y su reglamento establecen las medidas específicas para prevenir, sancionar y erradicar este delito en Ecuador. Por su parte, el Plan de acción contra la trata de personas aborda la política pública nacional relacionada, liderada por el Ministerio del Interior. En el plan se abordan diferentes ejes: prevención y promoción de derechos, protección integral, investigación y judicialización, y gobernanza. ²⁶ Por último, el Comité Interinstitucional está conformado por representantes de las instituciones públicas con el objetivo de coordinar esfuerzos respecto a los ejes señalados anteriormente.

Método

El método utilizado es el de la investigación cualitativa, la cual "se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto". ²⁷ Esta metodología permite comprender, asimismo, la individualidad de las personas. Se requiere considerar varias aristas de análisis, como la edad a la que fueron víctimas de trata; los contextos político, cultural y socioeconómico en que se desarrollaban, y la condición de movilidad humana, entre otros factores.

Para lograr lo señalado, primordialmente se utilizó el análisis de fuentes primarias, empleando entrevistas semiestructuradas, esquema que funciona con categorías de análisis y la posterior sistematización de los datos obtenidos. Las categorías se centraron en tres componentes: 1. las mujeres sobrevivientes del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, específicamente las mencionadas en la sentencia n.° 1028120131612; 2. la vulneración de derecho a la salud; y, finalmente, 3. la reparación integral como un derecho.

Por otro lado, se entrevistó a: 1. una profesional que forma parte del ente rector de las políticas públicas en materia de trata de personas; 2. un profesional de la institución del Estado en donde recibieron atención integral las mujeres sobrevivientes, según lo señalado en la sentencia condenatoria; y 3. una consultora experta en materia de violencia basada en género, entre otros estudios y experiencia.

Hay que recalcar que cada investigación de derechos humanos será única y no se las puede generalizar, pues responden a la particularidad del objeto de estudio. Es importante entender la "interacción sujeto-sociedad que interviene en el hecho delictivo", ²⁸ pero también interviene la individualidad de quien investiga: si bien la objetividad es uno de los principales factores para una investigación, se deben señalar los intereses que la promueven.

Resultados

A partir de las entrevistas se puede destacar que Ecuador cuenta con una articulación interinstitucional para dar una respuesta coordinada en la asistencia a las mujeres sobrevivientes de trata: cuenta con casas de acogida y ha brindado capacitación a profesionales que laboran en las fronteras, en las principales instituciones que atienden a mujeres, niñas y adolescentes, para detectar a posibles víctimas de este delito.

Hay que mencionar además que se debe abordar la prevención de las violencias, pues este delito es una forma de violencia basada en género. Tal como señala la consultora experta Ariadna Reyes,

Como se ha señalado, el Estado debe garantizar y responsabilizarse de la necesidad de realizar un abordaje especializado en violencias, y no únicamente de la criminalización del delito y sus elementos probatorios, sino de la prevención de la situación y la vulneración de derechos que genera. La sentencia condenatoria n.° 1028120131612 señala en su resolución:

Se debe agregar que el análisis del daño sufrido por las mujeres sobrevivientes era un factor primordial para dictaminar medidas de reparación acordes con el ejercicio de sus derechos. La falta de medidas de reparación integral incrementa y fortalece las desigualdades sociales, al reforzar la situación de indefensión de las mujeres víctimas del delito de trata de personas, lo cual dificulta que retomen su proyecto de vida o se centren en reconstruirlo. "[C]uando el Estado ecuatoriano no satisface la medida de investigar y sancionar, ocurre que las víctimas y los familiares no logran entender por qué el Estado protege a los perpetradores, no asimilan lo que les sucedió y llevan consigo la exigencia al Estado para que satisfaga el derecho a la verdad". ³²

Es necesario mirar la reparación integral como un cambio del proyecto de vida de las personas víctimas y sobrevivientes de un delito: "[L]as reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación". ³³

Conforme a lo señalado en la sentencia, las mujeres víctimas de trata pudieron escapar del centro de tolerancia. Se realizaron operativos en varias ciudades del país y se rescató a decenas de mujeres, entre ellas embarazadas. En particular, una mujer sobreviviente "indica que un día amaneció indispuesta, llena de ronchas, puesto que el licor consumido había estado adulterado, y lo único que han hecho es darle tres pastas y seis botellas de agua, y no la han llevado al médico, pero al segundo día le han obligado a trabajar". ³⁴ Se evidencia claramente una vulneración a varios derechos, entre ellos el derecho a la salud, pues la mujer requería una atención urgente y especializada. Se identificó, además, que se privó a otras víctimas del acceso a la atención de su salud física y mental, pues presentaban un presunto consumo problemático de alcohol y drogas para obligarlas a ejercer la explotación sexual.

La víctima citada indica: "El asunto estaba insoportable, yo ya tenía que estar ebria todos los días, porque tenía que tomar para poder cobrar y comer. [...] [T]raía distintas clases de drogas al local: cocaína, ácido [...]. Todas consumíamos [...]. Yo casi siempre trabajaba drogada para poder atender a los clientes". ³⁵ El consumo de drogas estaba ligado a que obtuvieran más "fichas", que servían para intercambiar por alimentos.

Si bien todos los derechos humanos son interdependientes, el derecho a la salud está especialmente relacionado con el disfrute de otros derechos. En el análisis de este proceso judicial se identifica que tanto la salud física como la salud mental de las víctimas se encontraban comprometidas debido a las condiciones de explotación y violencia. Las mujeres no tenían acceso a dinero, cuando salían estaban vigiladas, y además eran violadas; todo ello, sin recibir ninguna atención médica ni psicológica, alejadas de sus redes de apoyo, sufriendo violencia sistemática y siendo manipuladas. ³⁶

Por otro lado, se identifica que las mujeres provenían de un contexto social con bajos recursos económicos, exclusión social, pobreza y redes de apoyo limitadas, y tenían la expectativa de migrar de Colombia a Ecuador para conseguir mejores recursos económicos y cubrir así sus deudas. Había asimismo historias de violencia previas al delito, lo que desencadenaba una mayor vulnerabilidad que los tratantes utilizaron para ejercer la captación; dichos factores deben ser tomados en cuenta con un enfoque psicosocial. De igual manera, el enfoque interseccional es importante porque las mujeres sobrevivientes estaban sujetas a condiciones de desigualdad y a situaciones de vulnerabilidad por su condición de movilidad humana, su edad, su nivel socioeconómico, embarazo, etc. Es decir, las mismas personas están inmersas en diferentes condiciones específicas de vulnerabilidad frente a la violencia.

A su vez, la privación del derecho a la salud de las mujeres requiere el abordaje de las secuelas postraumáticas, que desencadenan problemas importantes de salud para sí mismas y su tejido social, y dificultan la transformación en su entorno y sociedad, lo que genera nuevamente ciclos secuenciales y repetitivos de violencia. Así, al otorgar medidas de reparación -entre ellas, las garantías de no repetición-, el Estado previene nuevos delitos y fortalece los tejidos sociales, lo que fomenta el establecimiento de las condiciones previas al delito o, mejor aún, la transformación de la identidad de las mujeres sobrevivientes y su participación activa en la sociedad.

Por otra parte, varias mujeres fueron rescatadas y recibieron atención integral a cargo de instituciones estatales en las áreas de psicología, trabajo social, protección y asistencia legal para impulsar el proceso penal. En las casas públicas de salud recibieron el tratamiento que requerían y Cancillería les proporcionó un retorno seguro a Colombia a cargo del Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía General del Estado. Esta intervención es uno de los mecanismos de reparación, específicamente la rehabilitación, mediante la elaboración de un plan de intervención integral que abarca su proyecto de vida. Sin embargo, este plan es limitado, pues depende de un tiempo para su ejecución y no es especializado para mujeres sobrevivientes de este delito, según referencia el funcionario público entrevistado.

Se considera que el abordaje de mujeres sobrevivientes del delito de trata de personas requiere una atención especializada por parte de los y las profesionales de la salud, así como instituciones especializadas para la atención integral en cuanto a accesibilidad física y económica al alcance de todas las personas, respetando cada cultura; para ello se requiere la prioridad de estas políticas públicas y la asignación de recursos económicos. Si bien la sociedad civil aporta significativamente con los costos de la atención integral -cuando es responsabilidad del Estado-, no es suficiente para la demanda que reflejan las estadísticas.

Como tercer componente de análisis se identifica que, en la sentencia, mediante la investigación y la debida diligencia se alcanzó la verdad de los hechos. Además, las mujeres sobrevivientes fueron acogidas en una entidad estatal para recibir atención integral. Sin embargo, eso tuvo un carácter temporal, y la entidad no estaba especializada para el tratamiento que requerían. La actuación efectiva del Estado es relevante para cumplir sus obligaciones: prevención, atención, protección, judicialización y reparación integral.

El enfoque psicosocial, interseccional y de género debe estar presente en el dictamen de una sentencia. Se entiende por ello que la o el operador de justicia debe evitar la simplificación y los estereotipos socioculturales: debe actuar bajo el reconocimiento de las particularidades individuales y comunitarias, de la interacción entre la persona y el contexto en que se desenvuelve.

La relevancia de los resultados obtenidos tiene que ver con la identificación y el análisis de las estrategias metodológicas de vinculación con la comunidad de derechos humanos. Específicamente, el objetivo de esta investigación fue analizar la vulneración del derecho a la salud de las mujeres sobrevivientes del delito de trata de personas en una sentencia condenatoria, así como los mecanismos de reparación integral. Se identificó que la metodología cualitativa abre un abanico de factores y actores para entender la complejidad de los fenómenos estudiados, comprendiendo la individualidad y el contexto psicosocial en que se desarrollan las violencias basadas en género, como la trata de personas con fines de explotación sexual. La visualización de la problemática estudiada -mediante la interacción de las fuentes primarias y secundarias- enriqueció el análisis y la utilización de técnicas, en este caso la entrevista y la sistematización de la información mediante las categorías de análisis.

Se infiere que la metodología cualitativa, la técnica de la entrevista y la sistematización de información mediante las categorías de análisis permitieron analizar la vulneración del derecho a la salud y la reparación integral en una sentencia. Esto da cuenta de la violación de los derechos humanos y de la necesidad de que la reparación integral sea concebida como un derecho y un actuar dinámico, de modo que los operadores de justicia puedan considerar el trauma que genera en las mujeres el delito de trata de personas como un panorama multifactorial y multicausal.

Por otro lado, se requiere que el Estado priorice la prevención y la atención especializada a largo plazo para las mujeres sobrevivientes de violencia. De igual manera, debe fortalecer las políticas y garantías de no repetición mediante la adaptación de la legislación interna, la priorización de presupuesto para su ejecución y la dotación de profesionales especializados en el abordaje psicosocial, así como de operadores de justicia con competencias en la detección y prevención de las violaciones de derechos y en la identificación de las medidas de reparación más eficaces para cada caso.

La Corte IDH señala que no es suficiente que los Estados se abstengan de violar o vulnerar los derechos, sino que es fundamental la adopción de medidas positivas, determinadas en función de las necesidades específicas de cada persona. ³⁷ Para ello se requiere su participación activa en casos como el analizado, aunque también en otros delitos.