La falta de acceso al agua en Ecuador, en nuestra región y en el mundo es
lastimosamente una realidad de todos los días. Esto abre la posibilidad de crear caminos de
exigencia al Estado para que cese esta vulneración de derechos, repare sus efectos y
garantice una vida digna. Tal fue el principal objetivo de la presente acción.
Este artículo parte del proyecto de intervención de la autora durante sus
estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E). Abordará la
situación tanto fáctica como jurídica en Canoa, ciudad costera ecuatoriana. A partir de
esto, se irán analizando las diferentes fases y herramientas metodológicas, principalmente
cualitativas, que se extienden desde el levantamiento del marco de protección, los
diagnósticos participativos, la validación colectiva, el diseño del litigo estratégico y su
dimensión interdisciplinaria, entre otras; es decir, todas las herramientas que se
utilizaron en la construcción del litigio estratégico del caso Canoa Miduvi para exigir su
cumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador. También se abordarán los resultados
actualizados hasta finales de 2024 y se hará un análisis de cómo la comunicación, la
academia, las acciones de hecho y la ley pueden apuntar articuladamente a la exigencia de
una sentencia, así como las complejidades que extraña el cumplimiento de una reparación
integral de carácter estructural.
Canoa es una ciudad ubicada en la provincia de Manabí, en la costa
ecuatoriana. Una de sus principales fuentes económicas es el turismo, por su condición de
territorio con gran diversidad ecológica, gastronomía variada y actividades de aventura. No
obstante, dentro de este paraíso, la situación de sus habitantes en términos de servicios
públicos es crítica. Uno de los problemas estructurales es la falta de agua, lo que hace que
la población se ve obligada a consumir agua lluvia o de pozos o a comprar agua de poca
calidad y a precios exorbitantes.
1
Además, Canoa tuvo una afectación del 90 % luego del terremoto de 2016,
2
por lo que sus problemas de servicios básicos recrudecieron. En pandemia, la situación
empeoró aún más, principalmente por la falta de turismo, la imposibilidad de pescar y, por
ende, la falta de ingresos económicos en las familias.
Debido a esta situación, la Fundación INREDH y el colectivo Fuerza Canoa
presentaron una acción de protección
3
en contra de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) de los
cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua y del Gobierno autónomo
descentralizado (GAD) de San Vicente, autoridades que tienen las competencias de los
servicios básicos, incluyendo el agua potable. El Tribunal de Garantías Penales, cuerpo
colegiado que conoció la acción, declaró "la procedencia de dicha acción y declaró la
violación de derechos constitucionales al agua en conexidad con los derechos a la
alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad y no discriminación",
4
así como una serie de medidas de reparación integral. A 2023, cuando se desarrollaba el
litigio estratégico del presente artículo, las medidas de reparación se habían incumplido o
habían tenido un cumplimiento defectuoso, lo que perpetúa la violación del derecho al agua.
La única medida que se cumplió a cabalidad fue la referida a las disculpas públicas por
parte de las dos entidades del Estado.
Al cierre de 2024, las medidas de reparación integral se encuentran en
casi el mismo nivel de cumplimiento que hace dos años:
Tabla 1
Medidas de reparación integral del caso, con su nivel de cumplimiento
| Tipo de medida
de reparación integral |
Medida
establecida |
Nivel de
cumplimiento |
| Restitución
|
Inmediata
dotación de agua potable: tres días por semana (de jueves [07h00] a lunes
[07h00]) hasta que se efectivice el proyecto de repotenciación de la planta
de agua potable. |
Cumplimiento
defectuoso. La Defensoría del Pueblo (DPE) reportó el cumplimiento de esta
medida. En la realidad, no hay agua. Algunas personas incluso desinstalaron
sus medidores, al no obtener agua y verse obligadas a pagarla. |
| Medidas de no
repetición |
En caso de
daños a las tuberías, se continúa con el servicio sin costo alguno del
líquido vital, mediante la distribución a través de tanqueros suficientes,
que permitan satisfacer las necesidades prioritarias de alimentación, salud
e higiene. |
Incumplido a
partir del tercer mes. |
| Rehabilitación
|
Despliegue de
brigada médica a la urbanización Miduvi, en forma periódica y por el lapso
de un año, en especial en dermatología. |
Cumplimiento
parcial.
La DPE reportó que se intentó seguir con las campañas, pero no se
despacharon médicos dermatólogos para el cumplimiento de esta medida. No hay
información suficiente. |
| Satisfacción |
Disculpas
públicas en un lugar visible y de fácil acceso de la página principal del
portal web de cada institución. |
Cumplido.
|
| Campañas
periódicas de socialización a los habitantes de Canoa Miduvi acerca de
políticas públicas y proyectos para el mejoramiento del servicio de agua
potable. |
Cumplimiento
parcial.
Se han realizado algunas, pero no de forma periódica ni permanente en el
tiempo. |
| Seguimiento de
la DPE |
Se delega el
seguimiento de esta sentenecia a la DPE Coordinación Manabí. |
Cumplimiento
parcial hasta mediados de 2023. |
En camino a la Corte Constitucional a través del "litigio
estratégico"
Hay dos elementos que considero claves para emprender las luchas de
derechos humanos y las exigencias al Estado. El primero es que tiene que haber un
ejercicio participativo y constante de las víctimas de violaciones de derechos humanos
en la construcción de la estrategia, las acciones y sus resultados, ya que son quienes
ponen el cuerpo para el proceso. El segundo es que, por el contrario, las instancias
judiciales no siempre resultan efectivas ni suficientes, mucho menos en problemáticas
estructurales o violaciones permanentes, como el caso de Canoa Miduvi.
Por su complejidad, se escogió como método el litigio estratégico. En
palabras de Amnistía Internacional,
el litigio es
"estratégico" cuando está diseñado conscientemente para promover la aclaración, el
respeto, la protección y la realización de los derechos. La idea es cambiar las
leyes, políticas y prácticas, y obtener remedios o reparaciones tras violaciones de
derechos humanos. El litigio estratégico también trata a menudo de concienciar a la
población sobre una injusticia.
5
Según Eslava et al., es una estrategia que va más allá de las causas
individuales; por el contrario, se centra en promover acciones de interés público, no se
enfoca en un fallo sino en lograr efectos sociales más amplios, como el fortalecimiento
de la comunidad, el cambio de conductas y actitudes y el impulso de reformas a nivel
político.
6
Asimismo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, el objetivo de un litigio estratégico es generar tres niveles de
impacto: en la víctima y/o su familia; un impacto social, que incluye cambios para
evitar la repetición de los hechos; y un impacto institucional, para reforzar las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
7
Tomando esto en cuenta, al escoger un caso icónico, se analizan los
diferentes espacios para hacer incidencia y visibilización, así como las vías jurídicas,
para que sea resuelto por el Estado u otra instancia, nacional o internacional. Al
representar problemáticas estructurales, normalmente sus resultados sirven de referencia
o precedente para otros casos similares. Además, es necesario incluir y fortalecer a las
víctimas, ir más allá de lo legal y agregar la comunicación y el fortalecimiento
organizativo -incluso a la academia-, hacer incidencia nacional e internacional y
medidas de hecho, entre otras, para crear el impacto y la relevancia suficientes,
posicionar el caso y obtener resultados (que no siempre son los esperados).
Para el presente caso, se aplicaron varias herramientas metodológicas
cualitativas que se podrían sistematizar en seis etapas:
-
Levantamiento del marco de protección del derecho al agua
y su justiciabilidad.
-
Convocatoria y articulación de los actores expertos y las
víctimas de la vulneración.
-
Levantamiento de información jurídica y de la situación
actual.
-
Construcción, revisión y validación colectiva de la acción
de incumplimiento.
-
Diseño de la estrategia de litigio estratégico previo a la
presentación de la acción.
-
Implementación de la estrategia.
Levantamiento del marco de protección del derecho al agua y su
justiciabilidad
En el caso de Canoa Miduvi, el problema no es la falta de protección a
nivel normativo, sino la imposibilidad fáctica por la falta de agua, la falta de
voluntad política o la falta de presupuesto suficiente. Con todo, la herramienta
metodológica que se utilizó para iniciar el litigio estratégico y su acción de
incumplimiento fue el levantamiento del marco de protección del derecho al agua, que no
se trataba del derecho al agua per se, sino de su justiciabilidad -es decir, su
exigencia a través de la justicia-, de modo que se relacionaba agua con acceso a la
justicia, recursos efectivos y reparación integral. Este levantamiento incluyó
estándares nacionales e internacionales.
Al nivel de la Constitución ecuatoriana, se presentan tres momentos
importantes en la protección de este derecho: en el art. 3 se establece que es deber
primordial del Estado garantizar el goce de derechos, en particular el agua; en el art.
12 se determina que el agua es fundamental e irrenunciable; y en el art. 66, num. 2, se
indica que se debe garantizar el derecho a "una vida digna, que asegure la salud,
alimentación y nutrición, agua potable...".
8
También se establece que el Estado es responsable de la provisión de servicios
públicos, incluyendo el agua potable, y que esta es una competencia de los Gobiernos
municipales, lo que concuerda con lo señalado en el Código Orgánico de Organización
Territorial, que establece que deben garantizarlos con calidad, observando ciertos
principios como "universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad".
9
Se levantaron cerca de 240 estándares del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH) y del Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), de los
cuales se priorizaron 25 extractos de instrumentos relacionados con el agua -en especial
con su justiciabilidad-, que
establecen las diversas
obligaciones del Estado con respecto al agua, a garantizar su acceso, a garantizar
la posibilidad de emprender acciones judiciales para conseguir este objetivo e
impulsar que las reparaciones sean efectivas y con carácter transformador, para que
se equiparen las dinámicas existentes de poder. Además, establece la obligación de
protección que deben garantizar los Estados para las personas defensoras que exigen
estos derechos.
10
Algunos de los principales estándares son la observación general n.°
15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones
unidas,
11
el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano
al agua potable y el saneamiento,
12
el informe Avances hacia el logro de la efectividad de los derechos humanos al
agua y al saneamiento (2010-2020)
13
la opinión consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH),
14
y los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Informe
sobre pobreza y derechos humanos en las Américas^
15
y Pandemia y derechos humanos en las Américas}
16
Es importante mencionar los temas más importantes acerca de la
justiciabilidad del derecho al agua y el saneamiento que permiten entender la gran
amplitud del marco de protección del derecho al agua y su relación con el acceso a la
justicia. Estos son, entre otros:
-
Especial atención a personas de zonas rurales, urbanas
desfavorecidas o propensas a desastres naturales, en donde haya dificultades
físicas para acceder al agua.
-
Diferencias en un Estado entre su incapacidad de cumplir
obligaciones vs. la renuencia a hacerlo.
-
La gran amplitud de acciones u omisiones que afectan el
acceso al agua.
-
La necesidad de que el Estado adopte medidas para formular
políticas públicas o un plan de acción nacional para asegurar su acceso.
-
El derecho de las víctimas para acceder a reparaciones
adecuadas.
-
La falta de mecanismos de supervisión y rendición de
cuentas para asegurar el cumplimiento estatal.
-
Las relaciones de poder implícitas y los patrones
sistémicos de discriminación, exclusión social y pobreza que conlleva la
falta de agua.
-
La protección contra las represalias por activar los
mecanismos públicos de denuncia.
-
Los mecanismos de exigibilidad que imponen sanciones y
adoptan medidas correctivas y de recuperación posteriores a una denuncia.
-
El papel de los tribunales al garantizar la rendición de
cuentas y la reparación, así como la relación directa entre los recursos
judiciales y la posibilidad real de exigibilidad de derechos.
A partir de esto, el diseño de la acción de incumplimiento debía
abarcar al menos estos elementos clave: 1. el marco de protección para fundamentar la
acción; 2. la violación al derecho al agua y derechos conexos por parte del Estado; 3.
la sentencia favorable, que garantizara la reparación integral estructural; y 4. el
incumplimiento estatal de dicha reparación, en un período prolongado de tiempo, "plagado
de dificultades, lentitud, falta de información, gestiones de las víctimas, falta de
iniciativa estatal, entre otras",
17
que demostrara las desigualdades sistemáticas y la omisión histórica del Estado.
Convocatoria y articulación de actores expertos y víctimas de la
vulneración
Resultaba necesario saber si la violación a los y las habitantes de
Canoa Miduvi aún persistía. Se realizaron entonces varios diagnósticos participativos
18
con INREDH y la comunidad, de forma bilateral y colectiva. Tanto INREDH como la
comunidad expresaron su intención de patrocinar este caso para que pudiera generar
jurisprudencia vinculante en situaciones similares.
Aquí se entendió lo delicada que es la situación de las y los
defensores de derechos humanos. Desde el principio, el vocero principal y otras personas
recibieron amenazas directas por la exigencia del agua. Esto es relevante, porque el
marco de protección se amplía a defensores del agua, y sobre todo porque, en la
construcción de la acción y las actividades de litigio estratégico, se debía tratar la
información con mucha cautela para no agravar la situación ni provocar espacios que
generaran amenazas o persecución hacia la comunidad afectada.
En el primer diagnóstico participativo
19
con la comunidad, convocado por el presidente de Canoa Miduvi, se hizo un recuento
del caso, un primer mapeo de las medidas de reparación integral, con un lenguaje muy
simple y accesible para las personas asistentes. Al hablar con víctimas de vulneraciones
de derechos humanos, resulta básica la "atención a las percepciones y expectativas",
20
para no crear expectativas ni objetivos falsos o inalcanzables que
agraven aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
Además, se les propuso reactivar el caso para llevarlo a la Corte
Constitucional y se habló con mucha cautela y claridad acerca de las implicaciones.
Finalmente, "luego de un proceso de votación, persona por persona, de forma unánime se
aceptó emprender este nuevo proceso ligado a la exigencia del cumplimiento del proceso
original".
21
Esta decisión colectiva también resultó ser clave para garantizar la
participación de la población en las diferentes acciones que se realizaron, así como
para mantenerla en el tiempo.
Levantamiento de información jurídica y de la situación actual
Esta etapa tuvo dos líneas principales: 1. la actualización de los
hechos a nivel jurídico, para entender el (in)cumplimiento de las medidas de reparación
integral; y 2. la revisión de jurisprudencia de la Corte Constitucional para entender
los requerimientos técnicos para la acción de incumplimiento.
Se realizó un segundo diagnóstico participativo con las mismas
personas, en el que se aplicaron entrevistas semiestructuradas "a ocho personas cuyas
familias suman un total de 35 personas, en las que se incluyen seis adultos mayores,
diez niños y niñas, una persona con discapacidad visual".
22
Los ejes de esta entrevista fueron:
-
Información demográfica, incluyendo número de personas en
cada familia y si había alguna persona perteneciente a un grupo de atención
prioritaria.
-
Información acerca del acceso al agua, el tiempo que la
han tenido o no, si contaban con medidor, cuál era el costo y si tenían que
comprar de tanquero o por galón.
-
Afectaciones por la falta de agua, consecuencias en la
vida diaria, enfermedades, y si se recrudeció en pandemia y posteriormente.
-
Análisis de su realidad actual en cuanto a las fuentes de
las que consumen agua y qué alternativas tienen.
-
En términos de reparación, qué necesitan y qué quisieran
exigir al Estado, personificado por los jueces.
23
Este espacio fue seguramente el más difícil y doloroso de todo el
proceso. Luego de la sistematización de la información por parte de la autora, con el
apoyo del área de fortalecimiento de INREDH, se pudieron categorizar las siguientes
problemáticas:
-
Cobros injustos al consumo de agua, ya que, a pesar de
tener medidores, no la reciben.
-
Formas poco convencionales de recolección de agua, de pozo
o agua lluvia, y afectaciones a la salud por consumir agua de tubería.
-
Dotación por agua de tanquero y desconocimiento de la
procedencia del agua, lo que genera un gasto triple entre los medidores, los
tanqueros y los bidones de agua para su consumo.
-
Promesas de campaña incumplidas y falta de confianza en el
sistema institucional-judicial.
-
Desplazamiento a otras locaciones en busca de agua.
-
Monopolio del agua por parte de los tanqueros y amenazas
en contra de personas de la urbanización.
Además de sistematizar los temas, consideré de suma importancia que
constaran los testimonios transcritos de las personas entrevistadas, quienes con sus
propias palabras describen lo que significa la falta de agua para ellos y sus familias,
así como sus implicaciones diarias. En la misma línea, se decidió que estos testimonios
constaran en el contenido de la acción de incumplimiento, para que sus voces pudieran
ser escuchadas a través del papel:
Hace unos quince o veinte
días que se acordaron de darnos agua ahí [agua de tubería], pero un agua turbia con
lodo, y ahí se bañó la niña y le cayó unas ronchas en el cuerpo.
Tenemos medidor. Desde
que yo fui a pagar ya no dieron agua aquí. Cuando yo puse el medidor sí dieron agua,
pero no dieron mucho tiempo el agua, dieron poquito. Solo dieron unos cinco meses.
Hace un mes nos dieron
agua por la tubería, pero nos salió sucia, con bastantes bichos, agua ya dañada.
Mi esposa es un poquito
delicada de la piel. Ella siempre cuando se baña le salen unos granitos. Le salieron
ronchas por todo el cuerpo y tuve que comprar unas cremas.
LOS tanqueros dicen que
es agua potable y que traen el agua de Chone. Pero a veces viene el agua sucia, agua
amarilla, con tierra, con pescados o con gusanos. Y hay personas que hierven el agua
para que se mueran las bacterias, o le echan cloro al agua, pero no saben que no es
suficiente y que el agua sigue sin ser apta para el consumo.
Ahora con la
administración pasada se dijo que se iba a dar agua y en verdad sí se dio unos meses
en los cuales estuvimos felices, porque fue algo bonito que de las llaves salga
agua, pero ya han pasado casi unos seis meses de los cuales no se ha visto llegar el
agua por la tubería.
24
Construcción, revisión y validación colectiva de la acción de
incumplimiento
Para lograr la
construcción de la estrategia, una real participación en la acción y contar con la
validación de la población impactada, se llevaron a cabo: 1. [una] reunión de
introducción; 2. dos grandes revisiones técnico-jurídicas; 3. un diagnóstico
participativo a través de entrevistas semiestructuradas; 4. [un] taller de
validación de contenido de la acción, para que esta cuente con la tecnicidad
necesaria pero sobre todo contenga sus voces, necesidades y peticiones dirigidas en
última instancia a la Corte Constitucional.
25
Estas fases/espacios requirieron herramientas, lenguajes y
metodologías diferentes. Frente a la construcción de la acción de incumplimiento, se
realizó una división de tareas entre la autora y el equipo jurídico del INREDH para:
-
Entender la jurisprudencia reciente de la Corte
Constitucional acerca de esta acción.
-
Recolectar los antecedentes procesales del caso. "Esto
debería incluir al menos la acción de protección, apelación, audiencias de
seguimiento de cumplimiento de sentencia, y tendría que incluir fechas,
accionantes, accionados, decisiones de la sentencia, la reparación integral,
qué se dijo en las audiencias de seguimientos, cuántas se hicieron".
26
-
Realizar "el avance [...] de la acción de incumplimiento y
el procesamiento de más de 240 estándares internacionales, del Sistema
Interamericano y Universal, acerca del derecho al agua, acceso a la justicia
y recurso efectivo, obligaciones del Estado, etc.".
27
Luego de procesar y analizar la información jurídica y fáctica, se
procedió a la redacción de la acción, que, además de los requisitos legales y los
testimonios, hizo énfasis en: "1. importancia de la reparación integral; 2. obligación
de los jueces de instancia de ejecutar sus sentencias; 3. acción de incumplimiento; y 4.
estándares de justiciabilidad de estos derechos vulnerados".
28
La construcción de la acción requirió dos grandes revisiones técnico-jurídicas,
como una herramienta metodológica, por parte del área jurídica de INREDH y la autora.
Si bien la acción había sido concluida y revisada a nivel legal,
faltaba aplicar la herramienta metodológica de validación colectiva de las personas
involucradas en el tema. Con esta herramienta se puede construir confianza,
participación activa, articulación, representatividad, etc.
29
La validación colectiva se desarrolló así: "1. presentación de todo el equipo de
INREDH y descripción de sus áreas a los habitantes de Canoa; 2. explicación de la acción
incluyendo el procedimiento (presentación de escrito en Bahía de Caráquez para posterior
remisión a la Corte Constitucional) y el contenido (hechos, derechos y petición); y 3.
preguntas y aportes por parte de las personas de Canoa Miduvi en el contenido de la
acción".
30
Esta estructura resultó muy útil por algunas razones. En primer lugar,
era necesario establecer un vínculo entre INREDH y la población para todo el proceso
ante la Corte Constitucional. Segundo, permitió visibilizar a todas las personas que
estaban trabajando y la amplitud que se esperaba tener, más allá de lo jurídico. Por
último, se brindó un espacio de participación comunitaria para validar el contenido y
legitimarlo.
Los aportes directos de las personas accionantes y afectadas por la
vulneración al agua fueron los siguientes:
-
Posibilidad de plantear al Tribunal y, en última
instancia, a la Corte Constitucional, el establecimiento de un monto de
indemnización que cubra todos los gastos en los que están incurriendo por el
pago del medidor, el consumo mínimo y el rubro de mantenimiento de redes,
sin que tengan acceso al agua. Cabe recalcar que, hasta la fecha, la
indemnización no ha sido parte de las medidas de reparación integral.
-
Información de que son 80 familias quienes instalaron los
medidores, las cuales pasaron por varias trabas y el costo de la instalación
del medidor fue un rubro muy alto, tanto que les perjudicó y perjudica hasta
la actualidad, sobre todo por la falta de agua.
-
Recordar y hacer hincapié en que la sentencia estableció
que, en el caso de obstrucción o problemas en las tuberías, las entidades
accionadas tenían que realizar la dotación gratis del líquido vital,
cuestión que se cumplió de forma irregular durante los seis primeros meses.
-
Hacer énfasis en la necesidad de controlar el precio y
cantidad del agua dotada por tanqueros, pero además el control sanitario del
mismo. En este sentido, la población impactada mencionó que había personas
que, incluso desconociendo la procedencia del agua, le echaban cloro o
hervían el agua para consumir, sin que esta dejara de estar contaminada, por
lo que había una alta probabilidad de infección o enfermedades.
31
En la acción se incluyeron estos puntos, así como la situación de
amenazas y persecución de defensores en el caso, que se había perpetuado desde antes de
la interposición de la acción de protección que originó el caso en 2020.
Diseño de la estrategia de litigio estratégico previo a la
presentación de la acción
La situación de seguridad del vocero principal del caso siempre se
trató con mucha cautela, y más en este punto, al reactivar el caso. Por esta razón, se
decidió hablar directamente con él, para conocer su estado actual de seguridad y si se
sentía cómodo o no con su participación pública y firma de la acción. Además, se tomaron
en cuenta acciones de protección a nivel organizativo y personal.
32
El defensor afirmó
que, si bien su situación
era delicada tanto para él como para su familia, no quería dejar de aportar a esta
acción y más bien sentía que era una forma de visibilizar y reivindicar su situación
si se incluía en la acción, que quede constancia de los efectos de ser un defensor
de derechos humanos pero, además, por la posibilidad de la que la Corte
Constitucional se pronunciara y sentara un precedente para la protección de
defensores/as de derechos humanos, en este tipo de procesos, que tienen como
contraparte instituciones públicas o actores con grandes intereses y/o poder.
33
Para la construcción de cualquier litigio estratégico, se pueden
realizar acciones de fortalecimiento institucional, de hecho y de acompañamiento a
víctimas, comunicativas, entre otras.
34
Para esta estrategia se convocó una reunión específica con comunicación,
asesoramiento jurídico y fortalecimiento de INREDH, de modo que el nivel de incidencia
se ampliara más allá de la presentación de la acción ante el Tribunal. La estrategia
creada fue la siguiente:
Tabla 2
Diseño de la estrategia de litigo estratégico del caso Canoa Miduvi
| |
Área
encargada |
Descripción de la acción
|
| 1 |
Jurídica
|
Presentación de la
acción ante el Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre. |
| 2 |
Jurídica/Fortalecimiento/
|
Conversatorio académico
acerca de casos de justiciabilidad del derecho Comunicación al agua en
la Universidad de Portoviejo. |
| 3 |
Comunicación |
Primera etapa: Preproducción. Creación de contenido y productos
audiovisuales con los siguientes mensajes: falta de acceso al agua y
justicia, incumplimiento de la sentencia, falta de seguimiento del
Estado, y consecuencias negativas como enfermedades.
|
| 4 |
Segunda etapa: Preparación periodística. Búsqueda de medios
locales y nacionales para hacer la agenda de medios, creación de notas
de prensa y ruedas de prensa.
|
| 5 |
Tercera etapa: Campaña de sensibilización. Se levantaron videos
de los moradores de Canoa Miduvi en los cuales se manifestaban los
pedidos a la Corte Constitucional, haciendo énfasis en que la justicia
de Manabí no respondió ni garantizó el cumplimiento. Utilización del
hashtag #ElAguaNoMeDeberíaCostarLaVida.
|
| 6 |
Fortalecimiento |
Apoyo a
la convocatoria al plantón, la construcción de carteles y el
acompañamiento de las personas de Canoa Miduvi a la entrega del escrito.
|
| 7 |
Jurídica
|
Solicitud
de amicus curiae dirigidos a la Corte Constitucional para hacer
incidencia. Se pensó en seis actores de la academia, instituciones
públicas, organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales
(ONG) que han trabajado en temas relacionados. |
Desarrollo de las acciones para culminar en la presentación de la
acción para ante la Corte Constitucional
La realización de esta estrategia implicó recursos económicos,
técnicos y humanos que fueron completamente costeados por INREDH, en el marco de su
patrocinio al caso.
En términos de resultados,
[l]a estrategia de
litigio estratégico fue exitosamente cumplida. El día 17 de diciembre se mantuvo una
reunión en el reasentamiento Canoa Miduvi con cerca de cincuenta moradores en donde
se explicó el objetivo y contenido de la acción y se solventaron dudas. El lunes 18
de diciembre, se hicieron los carteles con las personas moradoras y el área de
fortalecimiento de INREDH. Se trasladaron diez personas a Bahía de Caráquez, se
realizó el plantón a las afueras de la Unidad Judicial y aquí, la abogada del caso
presentó la acción de incumplimiento [...]. Posterior, el equipo INREDH, cuatro
personas de Canoa Miduvi y la autora se trasladaron a Portoviejo para llevar a cabo
el foro académico "Justiciabilidad del derecho humano al agua", el cual permitió
desarrollar: contexto de la situación del agua en Manabí, obligaciones del Estado y
estándares de protección al agua y tres casos de estudio: Canoa, Dulcepamba y
Regantes, el cual se puede ver completo en el link https://web.facebook.com/inredh.derechoshumanos/videos/1036142991010615.
Con estas acciones, la
Fundación INREDH retoma el patrocinio de la causa, se renueva su articulación con
las y los habitantes de Canoa Miduvi y se inicia oficialmente el proceso para llevar
el caso ante la Corte Constitucional.
35
Luego de la presentación de la acción, la Fundación INREDH patrocinó
la causa. Si bien la presentación del escrito ante el Tribunal fue el resultado final
del proyecto de intervención, es necesario esbozar la situación actual de la causa. A
finales de 2024, el Tribunal de Garantías Penales, que se encarga de hacer cumplir la
reparación integral, llamó a una audiencia en la que se presentaron las diferentes
posturas acerca del (in)cumplimiento de la sentencia. Durante todo 2024 se presentaron
escritos de la parte accionante o víctimas -en los que se ratificaba que seguían sin
recibir agua ni las otras medidas de reparación integral- y de las instituciones
estatales -que respondieron que cumplieron (en el caso de la EMMAP-EP) o que carecían de
la competencia y la obligación de hacerla cumplir, ya que habían cedido la dotación de
servicios básicos a la empresa pública de agua (en el caso del GAD de San Vicente)-.
A criterio del Tribunal, se presentaban posturas contradictorias
acerca del cumplimiento. Por esta razón, pidió un informe a la DPE que incluyó una
visita a los lugares afectados, mesas de trabajo y un documento detallado con cada una
de las medidas de reparación integral y su estado de incumplimiento. Este fue presentado
en julio de 2024 y el Tribunal pidió que las partes se pronunciaran en un período de
tiempo. En agosto de 2024, el INREDH solicitó por tercera vez la remisión del caso a la
Corte Constitucional por el incumplimiento o cumplimiento parcial de varias de las
medidas de reparación. Hasta inicios de 2025, este caso no ha sido remitido del Tribunal
a la Corte Constitucional. Esta información es pública y se puede ver en su totalidad en
el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano del Consejo de la Judicatura.
