Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales N.° 22, septiembre de 2017, pp. 315-333

La Guajira como territorio de “Espacios Basura”. Una mirada a la Economía de la subsistencia

The Guajira territory of “Garbage Spaces”. A look at the Economy of Subsistence

Eduardo Forero Lloreda (1), Ronald Mattos Orozco (2) y Arturo Andrés Amador Arévalo (3)


(1) Colombia. Doctor en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Docente de Planta de la Universidad del Magdalena, interesado en la relación Naturaleza-Cultura, la Transdisciplina y la Dialógica. Correo: eforero@unimagdalena.edu.co

(2) Colombia. Antropólogo social egresado de la Universidad del Magdalena, docente y con experiencia en proyectos en comunidades afrodescendientes e indígenas en el Caribe colombiano. Correo: ronanald90510@gmail.com

(3) Colombia. Antropólogo e investigador egresado de la Universidad del Magdalena, particular interés en los procesos culturales con comunidades minoritarias y campesinas, Políticas Sociales, Patrimonio Cultural y Desarrollo. Correo: arturoamador912@gmail.com


Fecha de recepción: 10 de marzo de 2017
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2017                                     
DOI: http://dx.doi.org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2687

Resumen

En este trabajo se pretende visibilizar la manera como el Estado colombiano, a través del modelo de desarrollo económico, ha buscado incorporarse al mercado capitalista global perpetuando los privilegios e intereses de las clases dominantes a base de capital local en alianza con capitales globales. Esto se ha materializado en planes, programas y proyectos de orden transnacionales. Así, a través de sus políticas, el Estado se ha obstinado en empobrecer las riquezas culturales ocasionando, como consecuencia “espacios basura”. Es por esto que, por medio del discurso hegemónico, ha desarrollado diferentes mecanismos de intervenciones para la explotación minera en territorios que en su mayoría son indígenas y campesinos.

Palabras clave: bienes comunes; cultura; desarrollo; economía de la subsistencia; espacios basuras; Guajira; Wayúu.

Abstract

This paper aims to show how the Colombian State through the model of economic development has sought to join the global capitalist market by perpetuating the privileges and interests of the dominant classes based on local capital in alliance with global capital, materialized in Plans, programs and transnational projects. Thus, through its policies the State has been obstinate in impoverishing the cultural riches causing with "trash spaces". This is why, through the hegemonic discourse, it has developed different intervention mechanisms for mining in territories that are mostly indigenous and peasantry.

Keywords: common goods; culture; development; economy of subsistence; spaces garbage; Guajira; Wayúu.
 
Introducción

Este trabajo tiene como propósito evidenciar los diferentes dispositivos de desarrollo que se han tratado de implantar en el modelo económico de Colombia durante los periodos 2002-2014. Nos parece oportuno traerlo a colación, dado que en la actualidad se está viviendo la consecuencia de las estrategias neo-liberales de dicho periodo. Nos enfocamos en la Guajira, región del norte colombiano, dado sus coyunturales procesos políticos, sociales, económicos y culturales.

Ante esto, partimos del hecho que el sistema económico latinoamericano ha estado basado bajo los parámetros eurocentristas de lo que conocemos como “modernidad” (Dussel 2000). De esta manera, la geopolítica del conocimiento (Mignolo 2007) ha permitido que el desarrollo basado en un discurso y en un sistema de poder termine categorizando a las sociedades en estadios de superioridad (Escobar 2007), globalizando y excluyendo las identidades culturales a través de un régimen de representación (Escobar 2005). Como bien lo señala Escobar (1999), el “desarrollo” ha sido instaurado a través de la intervención social, política y económica bajo formas mediáticas y hegemónica del poder político mundial.

Bajo esta óptica, el afán de querer obtener un progreso lineal, ha traído como consecuencia un mal manejo dentro del modelo económico, permitiendo a las grandes empresas consumidoras de los recursos naturales, ver a las sociedades ricas en estos recursos como un valor territorial, de productividad y mercancía (Vasco 2003), conllevando en ellos a espacios vacíos, dejados en la ruinas y en consecuencias llenos de espacios basura. Colombia no es ajena a dicho proceso. Con el ánimo de querer incorporarse dentro del mercado laborar por medio del desarrollo capitalista, se han creado estrategias para contrarrestar los índices de pobreza, a tal punto de explotar sus recursos naturales por medio de empresas multinacionales que a través de sus maquinarias explotan los territorios, consiguiendo la aniquilación social y cultural del territorio y el desplazamiento a sus habitantes.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006, durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se implementaron políticas que fueran de la mano con el modelo extractivista de desarrollo. Su principal objetivo, era “promover la inversión privada nacional y extranjera en la actividad minero-energética (…) además de, buscar la racionalización y agilización del proceso de licenciamiento ambiental para la actividad de exploración de hidrocarburos” (Departamento Nacional de Planeación 2003, 112). La implementación de estas políticas se evidenció con mayor auge en la región Caribe (La Guajira), a través de la consolidación de las industrias de hidrocarburos, debido al preponderante papel geopolítico para la exportación.

De igual manera pasó en el PND 2010-2014 ejecutado bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos. El objetivo principal de este plan era potenciar el desarrollo del sector minero-energético colombiano basándolo en tres necesidades básicas: A) promover la inversión nacional y extranjera del sector, B) consolidar el desarrollo en bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos mineros-energéticos, y C) diseñar e implementar políticas para afrontar las consecuencias ambientales que se deriva en torno a estas actividades (Departamento Nacional de Planeación 2011). Este último punto es paradójico si se contrasta con la realidad Guajira, ubicada en el norte del país, dado que estas políticas aún no suplen las necesidades ocasionadas por el impacto minero, como tampoco contrarrestan las intervenciones sociales y culturales de los indígenas Wayúu.

En esta medida, los recursos naturales son convertidos en mercancías en tanto son ejecutados a través de los ritmos de extracción, las formas de utilización y los procesos de transformación del medio natural (Arana 2008). Esta última afecta a las comunidades minoritarias (étnicas y campesinas), ya que los territorios son diseñados y transformados a favor de las empresas consumidoras. Dado lo anterior, dentro de este trabajo se mostrará cómo los territorios de los indígenas Wayúu del departamento de La Guajira en el Caribe colombiano, pasan de ser lugares cuya función es la de producir sus alimentos para la auto-subsistencia, a territorios de explotación minera y, en consecuencia, a espacio de basura creados por agentes externos. Como bien señala Mantilla (2012), los espacios basura son aquellos lugares donde se explota arbitrariamente recursos mineros y se desvincula de las dinámicas de sus habitantes sufriendo la aniquilación social, ambiental y cultural del espacio intervenido.

Bajo este espectro, la concepción de territorio es más vista desde lo material, percibido como un espacio físico y de producción que aquel espacio de la supervivencia, la recreación y el fortalecimiento de la cultura, representado a través del paisaje y la liberación de la identidad (Escobar 1999; 2005; Serje 2008). De tal suerte, el espacio en el cual se interviene este tipo de prácticas es visto desde la manipulación y explotación de materias primas, con un carácter más político que neutral (Tilley 1994). En esta medida, la intervención del espacio geográfico termina desvinculando la territorialidad cultural (Appadurai 2001).1 Este proceso se puede evidenciar dentro de las políticas que el Estado ha implementado para adquirir nuevas formas de contrarrestar el decaimiento de la economía capitalista, ya que estos proyectos están encaminados a la explotación minerológica de los recursos naturales, sin ninguna perspectiva estratégica hacia la integridad local de las personas que allí habitan (Estupiñan y Polanía 2011).

Por consiguiente, la carencia de políticas públicas en pro de una estrategia hacia la integridad local, ha sido implementada a través de las prácticas discursivas neoliberales, donde el poder auto-legitimador de las políticas de intervención ha sido la base discursiva de las intervenciones capitalistas entre las comunidades locales. Todo esto, agenciado por estrategias “integrales” de empresas privadas donde el acto retribuir una porción de sus ganancias a los sectores vulnerables simboliza el interés social, ambiental y político de estas para con la población.

Contextualización

Colombia fue y sigue siendo un territorio con gran diversidad natural; su heterogeneidad en fauna y flora así como su riqueza minera, ha conllevado a la codicia de países potencias en realizar el extractivismo natural. Desde mediados del siglo XX, Colombia ha tratado de ponerse a la par con países que le llevan la delantera en términos de desarrollo. Por consiguiente, ha buscado múltiples maneras de llevar a cabo este proceso. Quizás unas de las primeras fechas que se tiene, en cuanto a la vinculación de empresas explotadoras de minerías para la región Caribe, es la de 1980, con una participación del 0,05% del nivel nacional. Esta participación se vio influenciada por la inversión de Cerrejón, 2 que para la fecha de 1984 y 1996 produjo un incremento del 23% y 81% respectivamente para la región (Viloria 1998). Para el caso de la Guajira (mapa 1), aunque su intervención fue de gran importancia con un 90% de participación durante los años 80 y 90, la entrada de las minas al departamento del Cesar3 influyó con el declive afectando su producción y bajando su participación a nivel nacional.

Desde ese momento, Colombia promovió el impulso para la búsqueda de relaciones y convenios con empresas transnacionales. Todo esto trajo consigo un notable incremento dentro de la participación de empresas exportadoras del país, convirtiendo a Colombia en el país más importante de América Latina dado a sus notables reservas carboníferas, poniéndola en el tercer puesto de los países más exportadores del mundo. Según Ingeominas, la región de la Guajira y el César son los departamentos con mayor reserva carbonífera, pudiendo suplir las necesidades del mercado mundial hasta unos cien años dependiendo las exigencias del mercado.4
De tal suerte, la riqueza del carbón ha pasado de ser signo de prosperidad a maldición de trabajadores y pobladores del enclave imperialista (Silva 2010, 13), donde los impactos negativos dejados por dicha actividad ya sea tanto por su huella ambiental, como su impacto social y económico han sido producto de las mermeladas políticas. Acerca de las incidencias que tiene esta práctica, un informe publicado por Justo (2013) reveló que el 31% de 153 millones de hectáreas estudiada en 12 países, incluido Colombia, tienden a vender a multinacionales y transnacionales territorios donde habitan indígenas que poseen un alto porcentaje de recursos mineros. Para el caso de nuestro país, según la investigación, Colombia explota recursos minerales en territorios indígenas en un 30,5%.

Mapa 1. Departamento de la Guajira, Colombia.

Fuente: Pinterest (2017).

Ese el caso de la población indígena Wayúu. Una comunidad cuya principal función tradicional es el pastoreo y la pesca (Socorro y Correa 1993), y donde coincidentemente se encuentra ubicada en las esferas del extractivismo lucrativo. Su actividad doméstica está basada en el tejido de mochila como eje articulador de la maternidad. En la actualidad, la explotación de la sal junto con algunos recursos naturales ha sido su principal centro económico.

Culturalmente, la familia Wayúu se caracteriza por estar ordenada en clanes matrilineales, tendencialmente endogámicos, e internamente es posible encontrar varios linajes formados por familias matrilocales (Ramírez 2011, 50). El sistema de organización social está premeditado bajo los conceptos de la sabiduría tradicional liderada por Putchipu’u, o Palabrero, quien es el intermediario entre las diversas circunstancias familiares, estatales y demás actores externos (Guerra 2002). Sin embargo, dado el incremento de políticas neoliberales, donde el único fin es el de socavar los recursos naturales a costa de la aniquilación social de comunidades indígenas, esta sociedad ve vulnerado su derecho a la autonomía territorial consagrada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del convenio 169 de 1989 (Vargas 2013, 253). Esto, justificado bajo los argumentos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 61/295, donde reconoce “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, tradiciones espirituales, historia especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

De la sustentabilidad equilibrada del indígena al desarrollo capitalista

“Llegamos al menos a un territorio fuera de peligro de la Globalización”, estas fueron las primeras palabras de bienvenida del representante de la comunidad Wayúu, Javier Iguarán, al visitar su ranchería Maicaito, haciendo alusión a la fuerte problemática que converge entre ellos, el Estado y las multinacionales por la disputa de su territorio para la ejecución de mega-proyectos. Por tal razón, queda sesgada la idea sobre la forma como la Guajira, al ser uno de los departamentos con mayor riqueza cultural, mineral y natural dentro del territorio nacional, presenta un contraste sociocultural entre sí. Estas problemáticas se evidencian en dos escenarios donde el discurso de la economía es visto más como una extracción del recurso mineral para el desarrollo que como la sustentabilidad/sostenibilidad ecológica y cultural. Se debe anotar que los lugares de enunciación que aquí se muestran, hacen parte de un tipo de políticas y prácticas del desarrollo que tienen raíces históricas y obedecen a los ajustes estructurales,en tanto exigencia del modelo occidental a los países del tercer mundo, para generar “niveles aceptables” de crecimiento económico. Es decir, se incorporan nuevas formas de manifestar el proceso de desarrollo estetizando los procesos históricos, sociales y culturales para así generar identidades o corporalidades de los sujetos.

Como primer escenario, se encuentra la distribución de regalías. Este es quizás la principal evidencia que se presenta dentro de este departamento, siendo quizá la mayor paradoja que se observa dentro del territorio nacional. Por tal motivo, resulta inconcebible que mientras las multinacionales pagan al Estado nacional el 3,2% de regalías en la explotación del oro, platino 5%, carbón 10%, hierro y cobre 5%, entre otros (tabla 1), este departamento presente uno de los índices más altos en cuanto la redistribución de las regalías hacia el estado por la producción de minería salina teniendo que pagar el 12% (Comisión Quinta del Senado 2011).

Tabla 1. Distribución de regalías.

Fuente: Información suministrada por la ponencia del Senador Jorge Robledo en la Comisión Quinta del Senado de la República de Colombia el 22 de noviembre del 2011.

Se debe aclarar que los indígenas Wayúu de Manaure (Guajira) tienen a cargo la dirección de las producciones salinas, firmadas en 1991 en acuerdo con el gobierno para que tuviesen mayor participación dentro de su mismo territorio. De esta manera, es inaceptable que tengan que pagar la suma más alta en regalías al Estado, mientras que las grandes multinacionales no sobrepasa el 10% y quienes son, además, las de mayor impacto negativo ambiental, social y sanitario en el país. Por si fuese poco, los indígenas Wayúu de Manaure, además de tener que pagar la regalía más alta al Estado, tienen que solventarse con el escaso acceso al agua potable.

En este mismo escenario, es preocupante observar que la región Caribe presenta uno de los índices de pobreza más alto en comparación con el nivel nacional del país (tabla 2 y 3). Si bien esta región es el principal escenario por el cual se generan ingresos económicos al país a través de las explotaciones mineras, en la actualidad se encuentra por debajo de los índices generales de pobreza de otras regiones. De acuerdo a lo anterior, los índices porcentuales dan cuenta del contradictorio y paradójico estado en que se encuentra la región norte de Colombia. En cuanto al nivel de educación, el departamento de la Guajira presenta de igual forma una tasa baja en comparación con la región y el nivel nacional.

Tabla 2. Índice de Pobreza.


Fuente: Datos recogidos de la conferencia del Banco de la República de Santa Marta, Magdalena – Colombia: Primer Coloquio sobre economía regional: la minería en Colombia y el Magdalena Grande, 16 de Mayo del 2014.

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, los tres componentes que cuantifican el nivel de educación dan cuenta que el departamento de la Guajira se encuentra por debajo de la tasa de la región y del país. Esto permite suponer el mal manejo presupuestal que sus dirigentes han tenido para con la región y sobre todo con las comunidades étnicas que son quienes asumen las consecuencias negativas de estas actividades. Frente a esto, a través de las necesidades locales y por medio de políticas públicas, se podrían incorporar nuevas herramientas para contrarrestar dichas necesidades que luego van a ser encubiertas como medio de escape para el mal uso de estas. Quizás, una de los mecanismos para afrontar estas deficiencias de la Guajira, podría ser una mejor distribución de regalías a través de capital humano; es decir, a través de proyectos que gestionen el desarrollo cultural por medio de una mejor calidad de educación, 5 atención a la primera infancia y reivindicación de sus tradiciones.

Tabla 3. Niveles de Educación.

Fuente: Datos recogidos de la conferencia del Banco de la República de Santa Marta, Magdalena – Colombia: Primer Coloquio sobre economía regional: la minería en Colombia y el Magdalena Grande, 16 de mayo del 2014.

El segundo escenario de la realidad Guajira se ve encerrado bajo una institucionalización evidenciada en el museo o casa de la cultura de Riohacha como galería de la empresa multinacional Chevron6 De este centro cultural, es donde se transmite el discurso desarrollista educando al ciudadano y proyectando utópicamente al departamento como territorio desarrollado a través del proyecto del Gasoducto. De tal suerte, la institucionalidad del museo como lugar de interacción entre la historia de la Guajira7 y el desarrollo para con las personas, en primera instancia, visibiliza la riqueza mineral del departamento, pero a su vez, oculta la problemática local de la mendicación por parte de los niños dada a la economía estancada de las Salinas de Manaure.

De esta manera, el Estado mediante estos proyectos termina separando la relación entre el mismo indígena Wayúu, poniéndolo en primera instancia a una disputa entre la conservación de su territorio y en consecuencia su cultura, y por otro lado, en la viabilidad para la consecución de proyectos de gasoductos en estos territorios para la exportación de los productos a nivel nacional e internacional (Venezuela). Como se puede notar, estos dos escenarios se ven influenciados por el modelo estatal, donde su objetivo principal, más allá de mantener la tradición agrícola y cultural del indígena y campesino, es el de extraer los recursos naturales por medios de herramientas industriales sepultando los mecanismos de producción y reproducción de los habitantes de la zona. Quizás una de las principales razones por las cuales el modelo local ha caducado frente al modelo desarrollista, es porque al Estado no le conviene mantener un modelo donde solo se produce bienes para el autoconsumo y no para la exportación y el crecimiento de la macro-economía; esto está influenciado por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Razón por la cual el Estado se ve en la obligación de buscar mecanismos de “soluciones” que permitan el desarrollo económico del país; siendo las locomotoras el factor más preponderante para el transporte de las mercancías producidas a gran escala, junto con las máquinas de producciones agrícolas para el arado de las tierras.

Sin embargo, a través de este mecanismo estatal se termina perjudicando al sector agro, dado que es por medio de la incorporación de nuevas maquinarias tecnológicas donde se termina alterando el orden social y natural de la población, trayendo consigo la extinción de recursos naturales en ánimo de querer dimensionar la producción, más allá de los limites naturales e involucrando nuevas formas de catalizar la energía para la aceleración del proceso industrial (Saldaña 1995, 45). De esta manera, el espacio intervenido por estos factores pasa de ser un territorio armonioso sostenible donde existe una relación entre el ser humano y su naturaleza sin ninguna dualidad, a un espacio propicio para el “desarrollo” donde se separa la evolución natural del contexto y de la culturalización llevada a cabo por el hombre. Por tal motivo, los proyectos postnacionales tienden a aislar aquellas dinámicas de los individuos, conllevándolos a espacios imaginativos en donde esta termina convirtiéndose en un hecho social y colectivo de la sociedad. En otras palabras, la imaginación del mundo moderno es la base de la pluralidad de los mundos imaginados que son construidos por occidente, en donde el consumo es el principal factor para que los individuos se sumerjan dentro de este sistema.

Del territorio local armonioso a “espacios basura”

A través de las actividades mineras, la Guajira pasa de ser un espacio determinante por sus comunidades étnicas, a ser un espacio desechable o espacio basura. Como bien se ha señalado anteriormente, los “espacios basura” son la consecuencia de un territorio totalmente apropiado por las actividades minero-energéticas llevadas a cabo por multinacionales (Mantilla 2012). Luego de su total explotación, son dejados a la deriva ocasionando, en primera instancia, la des-territorialización de sus habitantes, y, en segundo lugar, la aniquilación del espacio en su ámbito ambiental y ecológico. En este sentido, los territorios que se encuentran dentro de ese cúmulo de espacios ricos en mineral, están enmarcados dentro de la oferta empresarial a actores externos para así desplegar un sistema meramente extractivista por determinados años en productividad.

La Guajira es quizás uno de los departamentos dentro de la región Caribe en donde se evidencia a mayor escala el problema del territorio como “espacios basura”. Donde se percibe una mayor demostración de esta problemática es el municipio de Manaure con su producción de sal. Este lugar es el mayor productor a nivel nacional para la explotación de este mineral teniendo una incidencia del 65% de participación en la sal consumida en toda Colombia. En teoría, este municipio refleja el gran auge de las explotaciones y producciones de las actividades mineras dentro del modelo capitalista que se ha venido llevando a cabo durante las dos últimas décadas a nivel nacional. Sin embargo, la realidad que se vivencia en ella demuestra lo contrario. Una de las principales razones por la cual se ha caracterizado a Manaure8 en la agrupación de “espacios basura” es por su notable estancamiento urbanístico, social y ambiental.

La población de Manaure presenta contrastes económicos, ambientales y socioculturales que de una u otra manera determina las acciones de cada individuo dentro de su colectivo. En cuanto a los aspectos socioculturales habría que mencionar por poner solo un ejemplo la manera como se ha transgredido a las comunidades Wayúu, transformando sus actividades cotidianas en actividades laborales. Es decir, ya los indígenas Wayúu no realizan las actividades culturales como parte de un rito ancestral, sino que lo ejecutan como parte de una alternativa para contrarrestar su economía local como consecuencia de la economía global.9

Como contraste económico, se debe anotar que la población de Manaure, al tener como fuente de ingreso las regalías generadas por la producción de sal, presenta un gran déficit financiero en tanto ostenta escasez de recursos económicos para la ejecución del agua potable. A esto se le suma la mendicación por parte de algunos niños que intentan vender trozos de sal al turista sin el debido proceso de refinación. Método que se ha vuelto natural dentro de sus pobladores debido a la baja incidencia económica que representa en el sector industrial de Manaure. Lo mismo ocurre con el sector ambiental, siendo la Guajira un departamento caracterizado por su particular terreno en cuanto presenta un bosque seco tropical, con vegetación seca y desértica, debido a la producción mineral luce con un ecosistema totalmente alterado, donde la gran parte de los resguardos Wayúu carecen de pastos para la alimentación de sus ganados y actividades pastoriles.

Según Alejandro Mantilla (2012), en los últimos años Colombia ha sufrido un crecimiento en la inversión extranjera; este reflejo se evidencia especialmente en el crecimiento de las grandes actividades mineras donde las políticas fundadas y propuestas por el presidente Santos, pretenden seguir profundizando la extracción minera, de petróleo, gas y otros hidrocarburos. Por eso, el Estado colombiano no escapa al modelo extractivo que en las últimas décadas se ha venido aplicando en América Latina. El problema principal del Estado colombiano es la implementación de licencias otorgadas a estas multinacionales y transnacionales, eludiendo el derecho de la consulta previa de los cuales son dueños las comunidades minoritarias indígenas, campesinas y afrocolombianas en el país, contraponiendo las políticas nacionales del derecho minoritario (ABColombia 2012, 2).

De acuerdo con Mantilla (2012, 32), la extracción de minerales cumple dos funciones: primero; las explotaciones mineras que contaminan los territorios crean espacios-basura para los habitantes rurales y tradicionales de cada comunidad. Segundo, los títulos mineros basados en la especulación financiera y con una política tributaria y monetaria que favorece las ganancias de las multinacionales. Es muy interesante lo que expresa Mantilla hablando de la cuestión ecológica teniendo en cuenta que en Colombia es más que evidente el proceso por la cual la minería y todas aquellas actividades llevadas a cabo por multinacionales están creando espacios basura.

Según Londoño (2013), Colombia no está preparada para la locomotora minera. La investigación que fue realizada por la Contraloría General de la Nación (ente estatal de regulación), ponía de manifiesto que para la extracción de un gramo de oro se debe gastar más de 1.060 litros de agua, mientras que para producir arroz, papa o leche en la misma cantidad, se utilizan menos de 2 litros. Como bien señala dicha investigación, la minería está acabando con uno de los recursos más vitales del mundo entero, como lo son las fuentes hídricas (ríos y lagos), dejando espacios devastados, secos y desolados.

Son preocupantes los resultados de dicha investigación, si se tiene en cuenta que, las cifras de Catastro y Registro minero señalan que en Colombia se está otorgando el 43% para la explotación de oro y el 25% para la explotación del carbón. Solo estos dos materiales terminan en países extranjeros. Pues el 99% del oro extraído es para exportación y lo mismo sucede con el 95% del carbón (Londoño 2013). Para el ente contralor, además de representar fuertes daños ambientales, se trata de un modelo que no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía.

Economía solidaria versus economía de subsistencia

Es significativo el uso y abuso que se hace de los recursos naturales y de los bienes comunes en torno al grupo étnico Wayúu en particular y a todo el entorno ambiental que amenaza la conservación de áreas protegidas. Llama la atención respecto a los argumentos de Coriat (2015), referidos con los territorios comunes y el desarrollo, la acción colectiva que soporta el bien común y los diversos tipos de gobernanza que responden lo actores que se encuentran involucrados en el bien común. Argumentos que nos dirigen la mirada respecto a la poca atención y desconocimiento del establecimiento político y económico que toma decisiones respecto a los territorios comunes y el uso de lo público.

Las denominadas economías y artes de subsistencia (Molina 2004) y economía solidaria (Guerra 2006), que cubren los aspectos relacionados con el sostenimiento de las comunidades tradicionales y las campesinas e informales respectivamente, demandan una mayor atención por parte de lo que se conoce como el desarrollo local y el desarrollo territorial y la planeación de las economías nacionales alineadas con la Banca Mundial y los modelos de desarrollo de las Naciones Unidas. Estas se urden en aspectos que la Economía de Mercados desconoce y que, por ende, no hace parte del modelo financiero que regula la gran industria ni los grandes temas de comercio exterior encabezados, al menos en Colombia, por la industria petroquímica, la agroindustria de los combustibles, el carbón mineral, entre otros recursos naturales.

De acuerdo con nuestra tesis, estos territorios comunes habitados por comunidades tradicionales experimentan una suerte de elasticidad, o resiliencia, adaptabilidad y permanencia a pesar de las impresionantes fuerzas externas que impiden su estabilidad, ampliamente explicados en un trabajo que se adelanta relacionado con la economía solidaria y complejidad y las emergencias adaptativas del equilibrio social. Establecen, de acuerdo con lo que se observa, un intercambio entre el entorno natural y la organización social una especie de sistema adaptativo, que se autoorganiza y sostiene a lo largo del tiempo, en formas de intercambios recíprocos, redistribución y cooperación en las faenas de pesca, recolección, repartición de excedentes, etc., hace posible un equilibrio a pesar de las dinámicas extractivas y hegemónicas que se experimentan por las decisiones exógenas del movimiento económico dominante.

Conclusión

En el transcurso del texto se mostró las diferentes maneras como el Estado colombiano se ha empeñado en empobrecer las riquezas culturales que, en su mayoría, contienen un alto grado de territorio mineral, ocasionando en la mayoría de los casos “espacios basura”. Por tal motivo, se ha creado un discurso hegemónico en donde el único mecanismo de desarrollo es el de la explotación minera que se encuentra inmerso en los territorios indígenas y campesinos. En este sentido, dentro de este trabajo se ha tratado de evidenciar una realidad palpable que ha sido ocultada por unos discursos públicos para el beneficio de la elite minoritaria.

Aunque los procesos llevados a cabo por el Estado colombiano en querer afianzar un modelo económico han estado encaminados hacia los procesos de desarrollo global, perpetuando a la minería como el motor de arranque para su fortalecimiento económico, este se ha contrapuesto con los modelos locales de las comunidades minoritarias desvinculándolos de sus prácticas socio-culturales y desterritorializándolos de sus cotidianidades. Ya es hora que el Estado tome conciencia que el desarrollo no es sinónimo de explotación minera, ni mucho menos que va de la mano del desarrollo económico capitalista, donde los únicos que se enriquecen son las élites centralistas. El desarrollo es el medio que permite a la sociedad (indígenas, campesinas, afro, entre otras) encontrarse dentro de un modelo equitativo, solidario y participativo y que además ayude al sostenimiento de una economía. Por tal razón, y dado a su desfavorable modelo, habría que otorgar más autonomía a las comunidades étnicas para que puedan mantener una economía solidaria donde el bienestar social y cultural sean los ejes de un sistema económico social. Es por esta razón que este trabajo invita a la reflexión sobre aquellos mecanismos por los cuales se intentan ejecutar los diferentes proyectos llevados a cabo dentro de los territorios ancestrales (consultas previas y/o arqueología del rescate).

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Notas al pie


1Appadurai (2001) utiliza el término de desterritorialización refiriéndose a la forma como se traslada a una población por los mecanismos políticos de la modernidad.

2 Complejo de minería a cielos abierto, ubicado en el departamento de la Guajira, Norte de Colombia.

3 Departamento de la región norte colombiana donde se encuentra ubicada la empresa minera Drommund, quien es la responsable del procesado de carbón para esta zona.

4 Para una mejor ampliación, ver Ardila Beltrán et al. (2011).


5 Una buena propuesta educativa, podría ser la Etnoeducación, donde se enseñe a los Wayúu por obligación la consolidación de su lengua natal y sus tradiciones culturales.

6 Empresa de gasoducto ubicada en la Guajira. Actualmente es la mayor exportadora de gas en la región norte de Colombia con un 70% de pie cubito de gas.

7 Hay que resaltar que la historia que se muestra en el museo de la Guajira es vista desde el inicio del proyecto del gasoducto (desarrollo) mas no desde la cultura. Es decir, desde su complejidad étnica.

8 Otra de las zonas donde se evidencia este problema de “espacios basuras” son los departamento del Cesar (Jagua de Birico), Pacífico (Cauca y todo lo que tiene que ver con los proyectos de exploración de petróleo en territorios indígenas), como también en el departamento de Córdoba y sus extracciones de Oro.

9 Los indígenas Wayúu hacen Frichi (comida típica de ellos donde sofríen el chivo) ya no para establecer relaciones sociales entre ellos mismos, sino que lo hacen para exhibirlo y promocionarlo a los turistas y demás personas extrayendo así un valor comercial del capital simbólico de su cultura.