Eutopia. Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 19, junio 2021, pp. 54-76

ISSN 13905708/e-ISSN 26028239

DOI: 10.17141/eutopia.19.2021.4981

 

 

 

Pandemia y jóvenes en territorios rurales de Argentina

Pandemic and youth in rural territories in Argentina

 

 

 

 

Laura Alcoba.  INTA, UNJU. alcoba.laura@correo.inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2239-8078

 

Maria Noelia Salatino.  INTA CONICET. salatino.maria@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0001-9912-0720

 

María Florencia Chavez. INTA. chavez.maria@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2578-947X

 

Leticia Gonzalez.. INTA, UBA. gonzalez.leticia@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-2130-026X

 

María Belén Quiroga Mendiol. INTA, UNJU. quiroga.belen@inta.gob.ar https://orcid.org/0000-0002-3292-1352

 

Cómo citar este artículo: Alcoba, Laura, Maria Noelia Salatino, María Florencia Chavez, Leticia Gonzalez y María Belén Quiroga Mendiola. 2021. “Pandemia y jóvenes en territorios rurales de Argentina”. Eutopía. Revista de Desarrollo Territorial 19. DOI 10.17141/eutopia.19.2021.4981

 

 

Recibido: 02/04/2021 - Aceptado: 19/05/2021

Publicado: 30/06/2021

 

Resumen: El presente artículo analiza la situación de jóvenes rurales y su percepción respecto de la coyuntura de pandemia y aislamiento. Resulta de interés en cuanto la pandemia ha agravado la situación de vulnerabilidad estructural que los caracteriza. Generalmente las juventudes son quienes cuentan con mayor capacidad de aprendizaje, adaptación y asimilación de nuevas tecnologías, volviéndose un grupo estratégico dentro del marco del desarrollo rural sostenible. Sin embargo, gran parte de las y los jóvenes que permanecen en la agricultura o áreas rurales se ven afectados por una multiplicidad de factores, exacerbados frente a la crisis sanitaria mundial.

Para este artículo se analizaron 96 encuestas de jóvenes entre 15 a 29 años relevadas en Argentina en pandemia (COVID-19), realizadas a referentes de distintas localidades y comunidades rurales del país. Se indagó sobre variados temas relativos al contexto de aislamiento y gestión de la pandemia.

El propósito es aportar al conocimiento de la situación de desigualdad de las juventudes rurales. Para el desarrollo de los territorios, resulta fundamental reconocer su inclusión como sujetos de política pública, otorgarles espacio de participación, integrarlos en una mirada prospectiva, fortaleciendo oportunidades para que su arraigo en el campo pueda ser alternativa.

 

Palabras clave: Argentina; desarrollo territorial; juventudes; pandemia.

 

 

Abstract:This article analyzes the situation of rural youth and their perception of the pandemic and confinement. The pandemic has aggravated the situation of structural vulnerability that characterizes them.

Normally, young people have the greatest capacity to learn, adapt and assimilate new technologies, which makes them strategic for sustainable rural development. However, many of them who remain in agriculture or in rural areas are affected by multiple factors, aggravated by the global health crisis.

For this article, 96 people between the ages of 15 and 29 were surveyed. The surveys were conducted among representatives of different cities and rural communities in Argentina. We inquired about different topics related to the context of confinement and management of the pandemic.

We aim to contribute to the knowledge of the vulnerability of rural youth. For rural development, it is essential to recognize their inclusion as subjects of public policies, to allow them to participate, to integrate them in a prospective view, strengthening the opportunities for their rooting in the countryside and becoming an alternative.

 

Keywords: Argentina; rural development; youth; pandemic.

 

     Introducción

En el año 2020, desde el Proyecto Estructural “Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes rurales”, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se realizó un relevamiento en Argentina. El propósito fue indagar sobre la situación que estaban atravesando las familias rurales en contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), medida que el Estado argentino estableció en marzo de ese año, frente a la pandemia del COVID-19[i].

Argentina inició la pandemia con una situación socioeconómica compleja. Según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el segundo semestre del 2019 la pobreza alcanzó al 35% de la población, unos 14 millones de personas, mientras la indigencia ascendía al 8% según datos. Para fines del 2019, los indicadores del mercado laboral señalaban un 8,9% de desocupación para el total de aglomerados urbanos del país. Así, el país enfrentaba el reto de la pandemia en un contexto de disparidades sociales y de carencias estructurales de larga data (Kessler et al. 2020).

Estas medidas, que sin duda incidían en la cotidianidad de todas/os las/os habitantes, suponían alteraciones singulares en la ruralidad, al restringirse la circulación entre localidades. Al inicio, fueron las zonas urbanas las principales afectadas por los contagios, mientras la ruralidad no registraba un elevado índice de casos ni contagios. Sin embargo, ya manifestaban problemas vinculados con el aislamiento obligatorio -que se impuso de forma homogénea en todo el país, poniendo en evidencia deficiencias de larga trayectoria que afectan zonas rurales.

Por entonces, gran parte de los análisis evaluaban con preocupación el flujo de alimentos frescos del campo a la ciudad y las estrategias alternativas para garantizar su disponibilidad en centros urbanos. De manera que se identificó la necesidad de realizar un relevamiento que permitiera conocer los modos en que se vio afectada de forma particular la vida cotidiana de las comunidades rurales de la Argentina. Dicha información, difícil de reunir en ese momento, podía contribuir a diagramar posibles estrategias para aliviar la situación suscitada por la pandemia.

El presente artículo y a los fines de esta convocatoria, analiza puntualmente las respuestas en dicho relevamiento de las/os referentes jóvenes de entre 15 y 29 años que habitan territorios rurales, periurbanos o pequeñas ciudades (excluyéndose los grandes conglomerados urbanos). El objetivo es dar cuenta de la particularidad de su percepción respecto de la situación de pandemia y ASPO, en la medida que la pandemia ha agravado la situación de desigualdad estructural que caracteriza a las juventudes en América Latina.

Por juventud, se considera la etapa de la vida que empieza en la pubertad y termina con la asunción plena de las responsabilidades de la adultez, como estar a cargo de hogares económicamente independientes. Si bien la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) en 1985 definió al grupo etario entre los 15 y los 24 años, a los fines de esta investigación, se considera más apropiada, la definición que propone Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la actualidad, que amplía el rango entre los 15 y 29 años[ii]. Teniendo en cuenta esta noción, es que se realizó el recorte para este estudio, sin desconocer que el concepto de “juventud rural” implica abordar una multiplicidad de aspectos y dimensiones, que excede el criterio meramente etario, de igual manera que “ruralidad” excede la cantidad de habitantes o especialización productiva vinculada a lo agrario[iii].

En las últimas décadas, junto con la valorización de la Agricultura Familiar, se impulsa la relevancia y promoción de estrategias para la Juventud Rural, en tanto factor de importancia en la sucesión generacional en unidades productivas, agregado de valor y ámbitos de representación sectorial. De todos modos, se advierte que la situación socioeconómica de las mayorías de las/os jóvenes que permanecen en la actividad agropecuaria o áreas rurales se ve compelida por una multiplicidad de factores que propician la migración al ámbito urbano, junto con la influencia cultural de medios de comunicación y la escasa disponibilidad de políticas públicas específicas.

Entre las principales problemáticas que se observan en los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se identifican: dificultad de acceso a bienes de capital para independizarse de su familia, falta de acceso a los circuitos de información y bajo grado de sociabilidad debido a la dispersión geográfica (RIMISP 2020; Kessler 2005, 2007; Toro Briones 1998). Otros estudios (Silvestre et al. 2001), plantean: problemas sucesorios, explotaciones muy pequeñas que no resisten subdivisiones y explotaciones donde gran parte de las/os hijas/os ha migrado. El primer caso limita la posibilidad de permanencia, el segundo, por el contrario, plantea una ruptura de los patrones sucesorios tradicionales al no contar con su reemplazo "natural", con el riesgo a que las unidades sean abandonadas. Otras interpretaciones, vinculan la exclusión de personas jóvenes, como ocurre con las mujeres, con el hecho de que su trabajo no es reconocido ni retribuido, a pesar del aporte fundamental al sostenimiento de las unidades domésticas (Caputo1994, 1999, 2006; Durston 1997).

Sin embargo, las juventudes, generalmente son quienes cuentan con mayor capacidad de aprendizaje, adaptación y asimilación de nuevas tecnologías, volviéndose estratégicas dentro del marco del desarrollo rural sostenible en la región. Al respecto, el acceso de las/os jóvenes rurales a las actividades agrícolas, se vincula con varios desafíos. Además de priorizar y asignar recursos para emprendimientos juveniles, implica desarrollar estrategias integrales acordes con sus necesidades y de la unidad familiar en general. Brindar un entorno de apoyo que les posibilite encontrar formas innovadoras o alternativas y poder contribuir, también, al desarrollo de sus propias comunidades.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del reciente informe (OIT 2020) ha dado cuenta de que las principales problemáticas que afectan a dicho segmento se han agravado. Mediante una encuesta realizada en 112 países, se advierte que la situación es más crítica aún en países de bajos ingresos, afectando la continuidad escolar, ampliando la brecha de acceso digital, disminuyendo el acceso al mercado de trabajo y limitando el progreso en la carrera profesional. Efectos que, exacerbados por la crisis sanitaria, han deteriorado sin duda la salud mental de las juventudes.

De allí lo fundamental de reconocer su inclusión como sujetos de política pública, otorgarles espacio de participación, integrarlos en una mirada prospectiva de los territorios, fortaleciendo oportunidades para que su arraigo en el campo pueda ser alternativa. Si bien esta finalidad excede los alcances del presente estudio, se pretende contribuir en esa dirección a partir de la generación de información pertinente. Para ello se realizó una encuesta dirigida a referentes de comunidades rurales y de pequeñas ciudades de Argentina, con el propósito de lograr mayor conocimiento de la situación de desigualdad que ha incrementado la pandemia.

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos y las principales características sociodemográficas del segmento de juventud alcanzadas mediante el relevamiento realizado. Luego, se ahonda sobre la percepción de este grupo de jóvenes respecto de algunos ejes sensibles a su realidad: trabajo y migraciones, acceso y continuidad educativa, acceso a Tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC), otras repercusiones del aislamiento en la vida cotidiana (violencia de género y estados de ánimo) y el rol de la intervención pública de emergencia.

 

1.     Aspectos metodológicos y características generales de la población estudiada

A mediados del año 2020, se llevó a cabo un relevamiento (Alcoba et al. 2021), que consistió en una encuesta a referentes de distintas localidades y comunidades rurales de Argentina, donde se indagó sobre variados temas relativos al contexto de aislamiento y gestión de la pandemia[iv]. Los cuestionarios se enviaron por medios virtuales a informantes territoriales con amplio conocimiento de las localidades de referencia y pertenecientes a distintos ámbitos de desempeño y actividad (sistema productivo, educativo, sanitario, en Organizaciones No Gubernamentales, sociedades de fomento, comunidades, entre otros), tanto públicos como privados. Se privilegió, además, la aplicación equitativa del instrumento a varones y mujeres de diferentes franjas etarias, incluyendo específicamente a jóvenes y representantes de pueblos originarios.

Entre las limitaciones impuestas por el aislamiento, en ciertos casos, las/os referentes manifestaron desconocer determinados aspectos de la situación de sus localidades. Sin embargo, la presencia federal de INTA, así como la articulación con otras instituciones y productoras/es que trabajan coordinadamente, posibilitó obtener un total de 786 respuestas de referentes de 450 localidades del país. Se indagó sobre variados temas, desde la presencia de contagios, gestión de la pandemia y niveles de acatamiento del aislamiento social; acceso a atención sanitaria, disponibilidad de alimentos y otros bienes de primera necesidad; continuidad y acceso educativo; incidencia sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos familiares; asistencia gubernamental de emergencia; vínculos intrafamiliares y socio comunitarios.

Cabe señalar que la investigación realizada no buscó alcanzar representatividad estadística, sino que el objetivo fue la generación de información sobre la situación coyuntural de manera práctica y sencilla, buscando obtener una ‘fotografía’ de diversos territorios para poder considerar propuestas de trabajo e intervención.

Tal como se mencionó antes, el presente artículo analiza puntualmente las respuestas de las/os referentes jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de dar cuenta de su percepción respecto de la situación de pandemia y el ASPO en el país.  Para este rango de jóvenes referentes, se alcanzó a 96 casos, pertenecientes a 17 provincias y 76 localidades rurales de la Argentina[v].  Los datos por macrorregión arrojaron los siguientes resultados: un 9% de la Región Noreste; 36% de la Región Noroeste; 38% de la Región Pampeana; 15% de la Región de Cuyo y 3% de la Región Patagonia.

Del total de las personas encuestadas entre 15 y 29 años, un 63% son mujeres y el 37% varones. En comparación con los resultados generales del relevamiento, la preponderancia de mujeres es superior, siendo para aquél un 57% y 43%, respectivamente.

En la medida que la encuesta fue dirigida a “referentes” locales, con conocimiento amplio de su comunidad, se obtuvo un rango etario predominante, que promedió los 40 años. En relación al rango etario seleccionado para este artículo, se observa que la mayoría de las/os jóvenes referentes que respondieron a la encuesta, se ubica entre los 24 y 29 años de edad.

 

Gráfico 1: Distribución de edades de las/os encuestadas/os (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia

 

Alrededor del 15% de las/os jóvenes encuestadas/os se reconoce como miembro de algún Pueblo Indígena Originario, siendo los Pueblos Colla y Diaguita los más frecuentes; luego se mencionan Omagaca, Tehuelche y Qom. Comparado con los otros rangos etarios, es superior el porcentaje de auto reconocimiento como miembro de un pueblo originario en el fragmento joven y en su mayoría pertenecen a provincias del Noroeste argentino.

En cuanto a la actividad o ámbito en el que se desarrollan las personas jóvenes relevadas, se observa que, principalmente, mencionaron estar insertas en el ámbito educativo y en la producción, seguido de administración pública y organismos del Estado. Cabe aclarar en este punto que algunas/os de las/os encuestadas/os seleccionaron más de una opción, alternando generalmente la actividad productiva con otra ocupación extrapredial: producción y referente de organización social, trabajo y estudio, entre otros.  

 

Gráfico 2: Ámbito en que se desempeñan las/os encuestadas/os

Fuente: Elaboración propia

 

 

2. Percepciones de las/os jóvenes rurales sobre los principales aspectos que afectaron a los territorios en momentos de ASPO

 

2.1. Producción, trabajo y migración

Entre las dimensiones incluidas en el relevamiento resultó de particular interés indagar sobre diferentes problemáticas vinculadas a aspectos productivos y del trabajo que afectaron al país en los primeros meses del aislamiento. Este relevamiento, a diferencia de otros realizados durante los primeros meses de pandemia (como Kessler 2020), puso su foco en las comunidades rurales, buscando visibilizar algunas de sus problemáticas específicas y las percepciones de las/os jóvenes encuestadas/os en torno a las mismas.

Respecto de las principales actividades afectadas por la pandemia, tanto el grupo de jóvenes como el de adultos, señalaron que los comercios de productos no esenciales, entre lo que se incluye ropa, calzado, juguetes, etc. (67%) y servicios gastronómicos (58%) fueron las que sufrieron los mayores embates. Esto da cuenta de una problemática común a lo largo de todo el país y en el conjunto de localidades, donde la mayoría de estas actividades, con excepción de algunos comercios que realizaron servicio de puerta a puerta (delivery), se mantuvieron totalmente paralizados durante las medidas de aislamiento social. 

Luego, mencionan el Turismo (51%) como una de las actividades más perjudicadas durante la pandemia, debido a la prohibición de circular entre provincias y países; seguida de la Producción de alimentos (45%). Es importante señalar que actividades vinculadas con las industrias alimenticias, la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca quedaban exceptuadas del cumplimiento del ASPO, por considerarlas “esenciales” durante el período de emergencia (Decreto 297, artículo N°6).  Si bien vieron afectado su normal funcionamiento por el aislamiento y otras medidas restrictivas, no sufrieron igual impacto que la gastronomía y el turismo, actividades prácticamente paralizadas.

Los rubros Artesanías y Flores, sin duda fueron condicionados por las medidas de aislamiento, pero en diferente magnitud según las localidades rurales del país, en tanto dependen de las características de cada lugar.  La situación de las artesanías aparece vinculada a los embates en el sector turístico y a la suspensión de ferias o actividades de este tipo. Son las/os jóvenes del Noroeste argentino (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) quienes las mencionan en mayor medida. Para el caso de las flores, en muchas regiones del país, coincidió el aislamiento con la época de cosecha perdiendo gran parte de la producción. La afluencia de intermediarias/os se interrumpió al no habilitarse la circulación entre provincias ni entre localidades y por la suspensión de ferias y eventos de promoción y venta. La actividad también vio afectada su demanda, ante la cancelación de toda actividad en ceremonias, cementerios y salas para velatorios.

           

En relación a los motivos que explican el por qué fueron mayormente afectadas las actividades, señalan: en primer lugar, que se debió al cierre de puntos de venta (60%); luego por la dificultad para trasladar la producción (55%); en tercer lugar, por la caída del consumo (46%) y, por último, a obstáculos para el acceso a los insumos necesarios para producir. El señalamiento de estos motivos, puede variar en magnitud según región, pero los cierres de los puntos de venta y la dificultad del traslado por la restricción de circulación son siempre los más frecuentes.

Además, el estudio indagó sobre la existencia de alternativas o de nuevas estrategias de producción o comercialización en el contexto de la pandemia. En esta sección, se pretendía conocer el alcance que tuvieron dichas estrategias y cuáles fueron las más difundidas. Sin lugar a duda, la situación obligó a incorporar otras alternativas de ventas y queda plasmado en que el 54% de las/os encuestadas/os optó por indicar dicha opción. Mientras, el 21% de las/os jóvenes encuestadas/os señalan que no se generaron nuevas estrategias.

 

Gráfico 3: Alternativas y estrategias frente a la crisis, según las/los encuestadas/os

Fuente: Elaboración propia

 

Otro punto importante para relevar fue la situación del trabajo y los ingresos en las comunidades rurales. Según datos del último censo nacional de población (CNPVyH 2010) dos de cada diez hogares rurales en Argentina tienen alguna necesidad básica no satisfecha. En algunas provincias, como Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco y Corrientes, este dato alcanza a tres de cada diez hogares, situación agravada para aquellas comunidades rurales dispersas. Los mercados de trabajo rurales, en su mayoría vinculados a las actividades agropecuarias, presentan como característica histórica y estructural altos niveles de informalidad y precariedad (Murmis 1994; Quaranta 2010; Neiman 2012).

Esta característica no es unívoca de las personas trabajadoras agrícolas, también afectan a quienes se ocupan en otras ramas de la actividad económica como comercio, construcción, turismo, gastronomía, también presentes en zonas rurales de Argentina. Según datos censales, del sector ocupado que vive en zonas rurales del país, cuatro de cada diez no tienen aportes jubilatorios, aumentando a cinco cada diez en las zonas rurales dispersas -incluso en algunas provincias como Chaco y Misiones seis de cada diez no tienen estos aportes-. Los altos niveles de informalidad en zonas rurales, se traducen en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social para las/os trabajadoras/es y sus familias, aún más en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta situación se ve materializada en una rotunda definición de las/os encuestadas/os, donde un 90% aseveró pérdida de empleo o reducción salarial o de ingreso en las familias de sus localidades.

Luego, se les consultó quiénes fueron las/os más perjudicadas/os por estos cambios, ante lo cual se percibe claramente a trabajadoras/es precarizadas/os o informales. La opción que ha sido señalada, mayoritariamente, es trabajadoras/es por cuenta propia, ocupadas/os en oficios, changas o venta ambulante. Para muchas/os de ellas/os, el quedarse en casa no fue una opción, dando continuidad a sus actividades y sorteando en lo cotidiano las medidas restrictivas.

 La segunda opción mencionada fue trabajadoras/es temporarias/os, quienes, al tener un vínculo laboral a término, fueron uno de los sectores más afectados. Luego en orden de importancia, se mencionó a trabajadoras/es informales en relación de dependencia, quienes debido a esa condición no se ven protegidas/os por la legislación y, ante la crisis generalizada, seguramente han sido variables de ajuste en la reorganización financiera de sus empleadoras/es. Además, los primeros meses de aislamiento coinciden con el fin de las cosechas, por lo que las actividades agrícolas también disminuyeron en muchas de las localidades rurales sumado a las restricciones de circular, afectando en gran medida a las/os trabajadoras/es temporarias/os, quienes en su mayoría se encuentran sin registro. Esto complejiza la afirmación de las/os jóvenes encuestadas/os que señalan las pérdidas de empleos y la reducción de los ingresos.

Por último, también se menciona al segmento de trabajadoras/es de profesiones independientes, como sector afectado. Además de estas opciones, las personas encuestadas señalan que son los varones jóvenes los más perjudicados por estas medidas, pero también mencionan a mujeres jóvenes y personas adultas de ambos géneros.

 

Gráfico 4: Percepción sobre los sectores más afectados del mercado laboral, según las/os encuestadas/os.

 

Fuente: Elaboración propia

 

Las situaciones mencionadas, como la caída de la actividad económica, así como su repercusión en el mercado de trabajo, sin lugar a dudas afectan de modo directo a la economía doméstica, generando una pérdida del ingreso familiar. En ese sentido, se indagó acerca de las modalidades que las familias desarrollaron con el propósito de resolver la situación de emergencia, sea por sus propios medios, sea de manera comunitaria o mediante la asistencia pública. Intentando tener un panorama de la situación, en primer término, se preguntó acerca de si las personas encuestadas advirtieron el surgimiento de estrategias para resolver la caída del ingreso. Al respecto un 25% manifestó desconocer sobre el tema y más del 40% consideró que sí.

Entre los casos afirmativos, las estrategias más difundidas son la asistencia o entrega de alimentos y su autoproducción. Esta última, a diferencia de los centros urbanos, constituye una opción que puede ser adoptada con mayor facilidad y que -en muchos casos- se hace ‘desde siempre’, pero durante el aislamiento se valora mucho más su utilidad.

Las donaciones y los comedores comunitarios, fueron las otras dos alternativas más recurrentes. Llama la atención la escasa asociación del Estado Nacional, con relación a su intervención compensando la emergencia alimentaria. Probablemente, entre las alternativas asociadas con la entrega de alimentos, no se perciba la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o que ésta haya sido relevante sólo en las áreas metropolitanas, lugar donde en un primer momento se desataron los mayores niveles de contagio.  

 

2.1.1 La situación de las/os trabajadoras/es migrantes

En Argentina, se movilizan miles de trabajadoras/es a lo largo y ancho del país para ocuparse en diferentes actividades agrícolas, principalmente para las cosechas, siembra y mantención de los cultivos. La migración es una de las estrategias familiares más frecuentes en los hogares rurales de Argentina (Quaranta 2017). Estas prácticas se expresan en desplazamientos pendulares o circulares de diversa duración entre dos o más áreas productoras, que convocan a trabajadoras/es estacionales. Los flujos migratorios más significativos de las últimas décadas son los provenientes del Noroeste y Noreste argentinos y desplazamientos regionales de familias oriundas del sur de Bolivia (Potosí, Oruro, Tarija, Sucre), en tránsito a la producción cuyana de vid y de frutas (pera, durazno, manzana) en Patagonia, dispuestas en contra-estación de las cosechas citrícolas y cañeras del Norte (Bardomás 2009; Rau 2010; Neiman 2015).  El momento del año en el que se decretan las medidas de aislamiento en Argentina coincidió con la época de cosecha de variadas producciones regionales: las manzanas en Rio Negro o Neuquén, las vides en Mendoza y San Juan; zonas con mercado de trabajo altamente demandantes y dependientes de trabajadoras/es migrantes.

Las actividades agrícolas se vieron exceptuadas de la prohibición de circulación y del cumplimiento del aislamiento y continuaron su realización bajo protocolos de prevención y cuidado. Sin embargo, al final de la temporada de cosecha se vislumbró una problemática que atravesó a diferentes provincias: la necesidad de las/os trabajadoras/es migrantes de retornar a sus hogares de origen, ya sean localidades nacionales o países limítrofes. No se establecieron medidas específicas para la población migrante más allá de aquellas que contemplaban a la población en general (Blanco 2020; Trpin, Ataide y Moreno, 12 de mayo de 2020)

 Los medios de comunicación se hicieron eco de la situación que atravesaron trabajadoras/es migrantes ante el cierre de las fronteras provinciales y las políticas de aislamiento. Muchas personas -incluso familias- se vieron afectadas, quedando varadas en otras provincias sin posibilidades de volver a sus hogares. Por varios días, pernoctaron a la intemperie en terminales de ómnibus, a la espera de resolver cuestiones administrativas y de traslado entre las diferentes jurisdicciones provinciales comprometidas (ANRed 13 de abril de 2020; ANRed  22 de abril de 2020; Vales 13 de mayo 2020). Estos colectivos, personas que padecen alta vulnerabilidad social, tienen grandes dificultades para exponer o hacer visible su situación. Desde tiempos inmemoriales, cada tanto, logran hacer visible en restringidos medios de comunicación el contexto de precariedad en que desarrolla su labor. Ante esta situación, la mayoría de las/os trabajadoras/es migrantes se encontró sin conectividad, dejando de percibir ingresos y sin la posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)[vi], por encontrarse en tránsito (Agenda Migrante 2020).

Se denunció que las provincias, en su mayoría, manifestaron actitudes arbitrarias para que ingresen, siendo muy dificultoso acceder al permiso de circulación. Posteriormente, surgió el problema del transporte, al no disponer de vehículo propio ni de formas para auto sustentarse el traslado en medios alternativos. Debido a las restricciones, debieron contratarse vehículos especialmente habilitados. En la lentitud y obstáculos, se denunció una actitud discriminatoria y la existencia de “distinta vara” para atender las urgencias de las/os ciudadanas. Las/os primeras/os migrantes, asociadas/os al turismo extranjero, provenientes de sectores con mayores recursos, lograban regresar sin mayores inconvenientes, a diferencia de trabajadoras/es que, para regresar a su casa, tuvieron que sortear enormes dificultades, hasta lograr la intervención de autoridades de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia.

Partiendo de este contexto, se consideró importante incluir en el relevamiento preguntas vinculadas a la situación de las/os trabajadoras/es migrantes. Se indagó si hubo personas de la comunidad que no pudieron retornar a su lugar de residencia como consecuencia de las medidas de restricción de la circulación. Del total, aproximadamente el 55% mencionó la presencia de personas que quedaron aisladas en otras ciudades por motivos de migración laboral.

 

2.2 - Acceso a educación y TIC

Quizás uno de los temas con mayor trascendencia y preocupación en contexto de ASPO y que repercute aún hoy en la población joven, se dio en relación a la continuidad escolar, mostrando diversas dificultades a nivel nacional y principalmente en la ruralidad, donde el acceso a las tecnologías es mayormente escaso o deficitario.

A partir del 14 de marzo de 2020 a nivel nacional se dispuso la suspensión de clases presenciales para todos los niveles del sistema educativo[vii]. En ese primer momento, el Ministerio de Educación de la Nación dispuso una serie de medidas para mitigar el corte abrupto que supuso esta interrupción a solo dos semanas de iniciado el ciclo lectivo. Ello incluyó cuadernillos impresos -por niveles y por grados- para el trabajo en las casas, programas educativos de radio y televisión y materiales digitales disponibles en una plataforma online. Además, en algunos lugares debieron tomarse medidas para garantizar la conectividad y se realizaron gestiones ante las empresas de telefonía móvil para evitar cortes en el suministro de Internet, servicio reconocido como indispensable a raíz del aislamiento.

En este marco, se preguntó en el formulario si se dio continuidad a las actividades escolares en las localidades rurales de referencia, y si fuera así, sobre la modalidad en que se impartió la enseñanza. De manera alentadora, sólo un caso de la población joven indicó que se suspendió totalmente, otro mencionó que únicamente se dio acompañamiento y 3 desconocían la situación. Los 92 jóvenes restantes indicaron diversas modalidades de continuidad de la actividad escolar en aislamiento: sólo unas/os pocas/os siguieron con modalidades en formato papel, mientras que el resto utilizó redes sociales y plataformas virtuales, dando cuenta de que el acceso a las TIC es central y debe ser garantizado en contexto de ruralidad.

En el ámbito rural, el acceso a las tecnologías resulta deficitario en términos generales, ya sea porque el servicio y/o el equipamiento no existe o resulta insuficiente, o por un desconocimiento en el manejo adecuado de la tecnología. “Internet en los pueblos es de muy mala calidad y falta el acceso a las familias para poder seguir con tareas de la educación”, se indicó. Se suma también, el hecho de que gran parte del cuerpo docente tiene su residencia en los grandes centros urbanos, por lo cual intentar alternativas educativas, se dificulta por la distancia física entre el docente y la comunidad.

Los hogares a su vez, no cuentan con los instrumentos adecuados y en cantidad suficiente, disponiendo en la mayoría de los casos con un celular por cada núcleo familiar. Además, resulta fundamental para la continuidad de la enseñanza escolar en el ámbito doméstico, el acompañamiento de personas adultas en estos procesos. Sobre este aspecto, el 73% de las/os jóvenes respondió que contó con ayuda en el hogar en actividades escolares, un 21% no sabe si existió ese acompañamiento y un 3% dijo que no hubo.

La percepción sobre el nivel de dificultad existente en los hogares rurales para realizar este acompañamiento, es media para más de la mitad de las/os jóvenes relevadas/os, media para el 13% y de alta dificultad para el 28. Los restantes declararon no saber.

 

Gráfico 5: Percepción sobre el grado de dificultad para acompañamiento escolar en el hogar, según las/os encuestadas/os.

Fuente: Elaboración propia

 

 Estas dificultades derivan de una serie de motivos, entre los cuales el 36% de las/os jóvenes relevadas/os percibe que existe una falta de comprensión de las tareas por parte de quienes quedan a cargo del acompañamiento escolar en el hogar y, un 35%, que las/os adultas/os a cargo carecen del tiempo necesario para destinar a dichas actividades. Otros motivos indicados se relacionan al desconocimiento de las herramientas virtuales (16%) y al acceso deficitario a la tecnología (5%). 

Se mencionó además “poco interés en el alumnado por realizar en el hogar las actividades escolares”, agravado por las numerosas dificultades en el envío de tareas, la poca o nula coordinación con las/os docentes y el registro de un aumento en la cantidad de actividades exigidas. Por otra parte, el cierre de los establecimientos educativos, en muchas comunidades no hizo más que profundizar el aislamiento: “En este lugar que es muy pequeño, la falta de asistencia escolar genera mucho aislamiento”; “en la zona rural no se dispone de wi fi y en algunos casos ni siquiera de señal de celular, y todo pasa hoy por estar conectados”.

El aislamiento y desigual acceso a bienes y servicios que predomina de manera general en las zonas rurales del país, se hace extensivo al servicio de conexión a Internet y al uso y acceso a TIC. Pese a que se trata de un tema de política pública en la mayoría de países de América Latina, en tanto el acceso a dispositivos tecnológicos ayuda a reducir las desigualdades sociales y brindan oportunidades para el crecimiento y bienestar social, aún persisten brechas importantes para las poblaciones rurales[viii].

En ese sentido, se preguntó acerca de la efectiva disponibilidad de conexión a Internet y tecnología para la comunicación en las localidades rurales de referencia. Los datos corroboran las mencionadas dificultades, siendo que el 45% de las/os jóvenes manifiestan que la mayoría de los hogares de su comunidad carecen de acceso a Internet. Quienes acceden, casi la mitad (49%) lo hacen mediante red wifi privada, el 11% por red pública, mientras que el 40% restante por red móvil. Se utiliza computadora personal o tablet en un 27%, mientras que el 72% restante utiliza teléfono celular como principal medio de conexión a internet.

Dada la escasa conectividad a Internet de banda ancha fija, es común el uso de la red móvil, tanto por la imposibilidad de acceso a la infraestructura, como por los costos del servicio. Esta característica también condiciona la conectividad a Internet: los habitantes rurales tienen menos oportunidades de usar este servicio en los hogares, y en algunos casos sólo acceden fuera de los domicilios particulares, en lugares como telecentros, escuelas, municipalidad.

Estos datos se encuentran en consonancia con la información relevada en el Informe Preliminar de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógico elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación, el cual revela que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de buena calidad en la señal a Internet y que 3 de cada 10 hogares no tienen acceso fijo a Internet (Ministerio de Educación, 2020)

La dificultad de acceso a las TIC, restringe o dificulta el acceso a las políticas públicas de contención en general; contribuyendo, al parecer de las/os entrevistadas/os, a profundizar la desigualdad que supone “vivir en el campo”: “se amplió la brecha, por ejemplo, entre niños que disponen de internet y los que no, para su formación (...)  En relación a la concreción de otros derechos, la falta de accesibilidad a internet, interfiere y profundiza las distancias para poder peticionar o requerir asistencia: “en la zona netamente rural todo se complica, por las inclemencias climáticas, por el estado de los caminos, por las distancias, por no tener posibilidades ni conocimientos, falta información, asesoramiento y acceso a internet. Todo requiere de esto último y no hay posibilidades, ANSES[ix], AFIP[x], educación, la mayoría se maneja con celular básico y con paquete de datos”.

 

2.3 - Otros impactos del aislamiento y la intervención pública.

El contexto de pandemia y las medidas tomadas por el Estado en sus diferentes escalas estuvieron en el centro del debate público durante todo el 2020 y continúan hasta la actualidad.  A nivel mundial, son múltiples las modalidades en que los Estados están accionando frente a la pandemia del COVID-19, lo cual no sólo genera distintos resultados en la vida de las poblaciones, sino también diversas reacciones y apreciaciones. Así mismo, y si bien se trata de una situación inédita a nivel mundial, numerosas problemáticas estructurales preexistentes se profundizaron y quedaron más expuestas. De este modo, resultó de interés indagar en el relevamiento sobre las percepciones generales de las/os jóvenes referentes locales sobre el rol del Estado y los organismos públicos en la contención de las poblaciones más vulnerables en contexto de crisis y el modo en que se gestionaron las políticas públicas.

Entre las problemáticas de envergadura, se encuentra la violencia familiar y de género. En este sentido, se vio importante indagó acerca de las percepciones en torno al incremento -o no- de estas situaciones, como así también, sobre el estado de ánimo generalizado percibido por las/os jóvenes respondientes en las comunidades de referencia.

En relación a la percepción acerca de aumentos de situaciones de violencia de género en contexto de ASPO en sus comunidades de pertenencia, casi la mitad de las/os encuestadas/os (46%) manifestó desconocer, un 31% mencionó que hubo un aumento al respecto y un 23% sostuvo que no se produjeron modificaciones.

Un evento tan disruptivo como la pandemia genera diversos efectos en la salud de la población, trabajos actuales advierten sobre las consecuencias en la salud mental que el COVID-19 y el aislamiento social provocan en la población (Gallegos de San Vicente et al. 2020; Alomo et al. 2020; Etchevers et al. 2020). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el impacto en la salud mental de una epidemia, generalmente, es más fuerte entre quienes viven en situación de exclusión social o las personas mayores (Johnson et al. 2020).  En este marco, resultó de interés consultar sobre el estado de ánimo predominante que las/os referentes encuestadas/os percibían en su entorno. Al respecto, las/os jóvenes perciben positivamente que predomina la solidaridad/cooperación, aunque luego, en igual proporción, optaron por categorías tales como: aislamiento/apatía, ansiedad/angustia, enemistad/conflictividad, incertidumbre, etc.

El sentimiento solidaridad/cooperación, responde a una reacción ante la percepción de incertidumbre del momento. Se trata de estrategias comunitarias históricas y culturales. También se expresan a través de otro tipo de conductas como una tendencia a la inacción, malestar, violencia, o creatividad para afrontar los nuevos modos de interacción social, los cuales se señalaron poco frecuentes en el relevamiento (Domínguez Lostalo, 1998).

 

Gráfico 6: Percepción sobre el estado de ánimo predominante, según las/os encuestadas/os.

Fuente: elaboración propia

 

Es posible, asimismo, que las variaciones en el estado de ánimo no puedan verse reflejadas en su mayor envergadura, puesto que el relevamiento se aplicó durante los primeros meses de aislamiento. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la integración social es una de las características más relevantes de la juventud. En contexto de aislamiento prolongado muchas manifestaciones de desorden emocional podrían haber sufrido modificaciones posteriormente a la aplicación de la encuesta.

Por otra parte, el nivel de propagación de los contagios y las limitaciones de los sistemas sanitarios para responder ante esta problemática determinaron que el aislamiento social (‘cuarentena’) sea una de las principales medidas tomadas. Además, se implementaron, en mayor o menor medida, políticas de contención y ayuda social, desde transferencias de ingresos a diferentes sectores, a entrega de bolsones de alimentos o kits de higiene. Al respecto, se focalizaron una serie de preguntas acerca de la manera en que se percibió la gestión de las políticas públicas implementadas.

 Es importante destacar que el relevamiento se realizó entre fines de mayo y principios de junio del 2020, periodo donde la mayoría de las provincias y localidades del país se encontraban bajo la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La percepción de las/os jóvenes respecto de la gestión política de la pandemia y las medidas de aislamiento, muestra una distribución algo repartida entre quienes lo hacen positivamente (muy buena y buena) en un 50% y quienes, en cambio, la valoran negativamente (regular y mala) en un 35%. Mientras que un porcentaje importante prefirió no opinar al respecto.  

 

Gráfico 7: Percepción sobre la gestión política respecto de la pandemia, según las/os encuestadas/os.

Fuente: Elaboración propia

Un aspecto a destacar es que entre las/os jóvenes, el 75% señala que en su localidad se logró acceder a algún tipo de ayuda de emergencia brindada por el Estado. En los casos en que no, la mayoría refirió desconocimiento o falta de información, a diferencia del segmento adulto, donde mayoritariamente la falta de acceso estuvo más asociada con dificultades para la inscripción por la modalidad virtual del trámite.

Del total, un 79% mencionó que en la comunidad hubo acceso al IFE, en segundo lugar, un 46% manifestó que también se accedió a la Tarjeta Alimentaria[xi] y un 15% a los créditos con tasas subsidiadas, destinados a cuentapropistas de la categoría más baja de facturación, siendo estas tres, medidas impulsadas por el gobierno nacional. Mientras que un 14% sostuvo que además hubo acceso a algún tipo de subsidio o ayuda provincial y/o municipal.  

 El instrumento de relevamiento incluía un espacio para reflexiones abiertas, que en el caso de las juventudes no tuvo -a diferencia de las/os adultas/os- una participación relevante. De todos modos, son interesantes algunas de las cuestiones que allí se plasmaron, para ser consideradas como insumos de políticas. Por un lado, la necesidad de generar mayor conectividad con los centros urbanos, a partir de construir más carreteras y de facilitar la conexión mediante una red de comunicación abierta. Otra cuestión mencionada, fue en relación a los cuidados en pandemia, indicando la necesidad de que en la zona rural se controle mejor, lo cual es difícil por la falta de personal y la diversidad de accesos o caminos rurales.

También, se aprovechó para hacer conocer el descontento respecto de las instituciones y políticas estatales. Si bien, se reconoció que el Estado Nacional tuvo un óptimo desempeño, como sucede con las personas adultas, las quejas se dirigen a las instancias intermedias, municipales, que no mostraron una dinámica proactiva en el contexto de pandemia.

También se canalizaron demandas como mostrar mayor atención hacia las/os niñas/os y las/os jóvenes de las comunidades; que se ayude más a la producción familiar; que se gestionen proyectos para el/la pequeño/a productor/a rural, que se considere la centralidad de los comedores escolares en determinados territorios.

Asimismo, se compartieron reflexiones de índole político y filosófico: “Les jóvenes (organizaciones estudiantiles) estamos considerando hoy más que nunca a la política como herramienta de transformación y estamos dispuestes (sic) a ayudar a quienes lo necesiten”. También surgieron interrogantes sobre qué deparará el futuro, luego de transitar esta experiencia: “Saber si las personas creen que vamos a mejorar como sociedad, empeorar o seguir como estábamos, hasta antes de esta pandemia”. Estas expresiones, abren nuevos caminos para trabajar desde las políticas públicas otorgando la palabra a jóvenes rurales para su abordaje.

 

Conclusiones

A partir del relevamiento realizado para conocer el estado de situación general por la que atraviesan las familias y poblaciones rurales o pequeñas localidades a nivel nacional, en el contexto de pandemia por COVID-19 y ASPO, se destaca, en términos generales, una profundización de problemáticas estructurales e históricas. Los accesos dificultosos y la deficiente infraestructura comunicacional y de base, la marginalidad de algunos territorios y sectores productivos, los obstáculos para acceder al sistema financiero, educativo y a las TIC, la falta de trabajos y empleos formales, entre otras problemáticas.

Se pone en relevancia el papel del Estado y sus organismos, la necesidad de fortalecer los gobiernos locales y mejorar los mecanismos de asistencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Reforzar la presencia en los territorios, acompañando a los gobiernos locales en el diseño e implementación de políticas públicas que otorguen mayor bienestar a la población y democratizando su acceso.

En particular, para las poblaciones jóvenes rurales, consideradas las de mayor dinamismo y capacidad para adaptarse de manera rápida a los cambios, se observa que se perciben directamente afectadas por las medidas de ASPO debido a la pandemia. Ya sea porque muchas veces enfrentan condiciones inestables y deficientes de empleo, o por las escasas posibilidades de acceder a la producción, al sistema educativo, a redes y TIC, entre otras problemáticas manifiestas en este estudio.

En este nuevo contexto global, las juventudes rurales profundizan su condición de vulnerabilidad, lo que compromete aún más a las sociedades y los Estados a diagramar estrategias para mejorar el hábitat rural. De allí, lo fundamental de reconocer su inclusión como sujetos de política pública, de otorgarles espacios de participación, de integrar este segmento a una mirada prospectiva de sus territorios, fortaleciendo oportunidades para que su arraigo en el campo pueda ser alternativa, o bien una elección que propicie mejoras en su calidad de vida.

 

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Notas



[i] Se emitió un Decreto Nacional 297/2020 sobre el ASPO, el cual determinó que todas las personas que habitaban, o se encontraban temporalmente en el país, deberían permanecer en sus domicilios habituales, sólo pudiendo realizar desplazamientos indispensables. En un primer momento se estableció el periodo entre el 20 y el 31 de marzo. Sin embargo, luego se fueron fijando sucesivas prórrogas bajo diferentes modalidades (o fases), de acuerdo con la situación epidemiológica de cada jurisdicción del país.

[ii] Según FAO, alrededor de 30,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años viven actualmente en las zonas rurales de América Latina, representando el 25,3% de la población rural total y un 19,6% del total de jóvenes. Dicho organismo, sostiene que la juventud rural constituye el futuro de la Seguridad Alimentaria, en tanto los alimentos son producidos por pequeñas/os agricultoras/es (en envejecimiento) de países en desarrollo y donde además se considera que contribuye la juventud a la adopción de nuevas tecnologías para incrementar la productividad agrícola de forma sostenible.

[iii] Para una mayor comprensión de estos aspectos, consultar: Moschén 2000; Paira 2000; Kessler 2005; González Cangas 2003; Caputo 2003; Chaves 2009; González y Gómez Benito 2002; Díaz Méndez 2005 y 2010; Camarero et al. 2008; Sili et al. 2016 y 2019; Cloke y Little 1997; Murdoch y Pratt 1995; González Fernández 2002; Llambí y Perez 2007; Casal 2016; Margiotta y Benencia 2016; entre otras/os.

[iv] Se utilizó como herramienta un formulario en línea autoadministrado, que se distribuyó durante 14 días (entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2020) mediante correo electrónico y redes sociales a través de las/os integrantes del proyecto y las oficinas de INTA distribuidas en todas las provincias. Así, se buscó ampliar el alcance geográfico del instrumento. No se obtuvo respuesta sólo en Tierra del Fuego.

 

[v] Al realizar el recorte etario, algunas provincias aparecen sin referencia para este estudio. 

[vi] Prestación monetaria excepcional de $10.000 (u$s 130) destinada a las personas desocupadas o que trabajan en la economía informal, monotributistas de las categorías más bajas, trabajadoras/es de casas particulares y personas que cobran la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Puede cobrarlo una sola persona por grupo familiar, siempre que no haya integrantes empleadas/os en relación de dependencia, autónomas/os, jubiladas/os, pensionadas/os. Más información:  https://www.argentina.gob.ar/Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)

[vii] Esta situación continúa hasta hoy en algunos ámbitos educativos y parcialmente en otros, donde se retorna escalonadamente a la presencialidad bajo estrictos protocolos.

[viii] De acuerdo con la visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la Conferencia Agenda digital para América Latina y el Caribe (ELAC) 2015, la revolución digital y de datos son dos de los mayores cambios de paradigma a escala global, y ambas pueden impulsar nuevos modelos de negocio, nuevas herramientas de políticas públicas y nuevas formas de participación ciudadana sustentadas por la economía digital, para crear sociedades más solidarias y equitativas.

 

[ix] Administración Nacional de Seguridad Social, organismo estatal que llevó adelante la asignación de recursos ante la emergencia económica y social.

[x] Administración Federal de Ingresos Públicos, ente recaudador de impuestos.

[xi]   La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todas/os accedan a la canasta básica alimentaria, forma parte del Plan Argentina contra el Hambre que se puso en marcha a fines del 2019 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  Consiste en un monto variable según la composición familiar de $4.000 (u$s42) o $6.000 (u$s63).  La Tarjeta está dirigida a hogares con niñas/os de 0 a 6 años; personas con discapacidad sin límite de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las embarazadas de más de tres meses de gestación que cobren la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La Tarjeta permite comprar alimentos y bebidas (no alcohólicas) y no permite retirar dinero en efectivo. Refuerzo especial de la Tarjeta incluye por única vez a jubiladas/os, pensionadas/os y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).