Expansión del agronegocio aguacatero sobre los territorios campesinos en Michoacán, México*
María Adelina Toribio Morales**, César Adrián Ramírez Miranda*** y Miriam Aidé Núñez Vera****
* Los autores agradecen la colaboración de Natalia Carolina Ochoa Ulloa y María Eugenia Barajas Silva en el acopio de fuentes complementarias.
** Universidad Autónoma de Chapingo (México), alina.uach@gmail.com, orcid.org/0000-0001-5933-461X.
*** Profesor de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma de Chapingo (México), cesarmr2001@yahoo.com.mx, orcid.org/0000-0002-8728-1196.
**** Profesora de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Universidad Autónoma de Chapingo (México), miri_nuve@yahoo.com.mx, orcid.org/0000-0003-4631-8455.
Recibido: 30/08/2019 • Aceptado: 25/10/2019 •
Publicado: 20/12/2019
DOI: http://doi.org/10.17141/eutopia.16.2019.3865
Resumen
La ecuación neoliberal para la modernización del campo mexicano gestionada desde el Estado procuró la reestructuración del capitalismo agrario para lograr su plena integración a la economía estadounidense y se propuso desplazar a los ejidos y comunidades del escenario productivo para favorecer la expansión de las corporaciones agroexportadoras. En consecuencia, el agronegocio exportador devino en el actor principal del campo en torno al cual se estructuraron las políticas públicas durante más de tres décadas, al cabo de las cuales, el sector agroalimentario logró una balanza comercial superavitaria, pero también el aumento de la dependencia alimentaria. Este artículo analiza los mecanismos de expansión del agronegocio más emblemático de la canasta agroexportadora mexicana sobre los terrenos de las comunidades campesinas indígenas en el estado de Michoacán, México. Refiere sintéticamente la política de Estado orientada a transformar la estructura agraria y productiva del campo mexicano a favor del agronegocio y se centra, mediante un estudio de caso, en el proceso de mercantilización de las tierras para la producción de aguacate de exportación, para dar cuenta de las estrategias de dominación del agronegocio aguacatero y de sus impactos sobre el territorio, específicamente sobre las formas de vida campesinas y comunitarias.
Palabras clave: agronegocio exportador; mercantilización de tierras; política agraria neoliberal; sistema aguacate
Abstract
fte neoliberal equation for the modernization of the Mexican countryside managed by the State sought the restructu- ring of agricultural capitalism to achieve its full integration into the US economy and proposed to remove the ejidos and communities from the productive scenario to favor the expansion of agro-export corporations. Consequently, export agribusiness became the main actor in the field around which public policies were structured for more than three decades, after which the agri-food sector achieved a surplus trade balance but also increased food dependence. ftis article proposes to analyze the mechanisms of expansion of the most emblematic agribusiness of the Mexican agricultural export basket on the lands of the rural and indigenous communities in the state of Michoacán, Mexico. It synthetically refers to the State policy aimed at transforming the agrarian and productive structure of the Mexican countryside in favor of agribusiness and focuses, through a case study, on the process of commodification of the lands for the production of export avocado, to account of the strategies of domination of the agribusiness of the avocado and its impacts on the territory, specifically on the rural and community life forms.
Introducción
México ostenta ser la décima potencia alimentaria del orbe, pero a la vez presenta una elevada dependencia alimentaria y una notoria degradación de los bienes naturales, lo que que constituye un límite para la construcción de un proyecto de nación con soberanía, democracia, justicia y sustentabilidad. Inserto en una coyuntura de cambio de régimen político, como producto del proceso electoral de 2018, el país se juega una de sus principales definiciones en el ámbito alimentario.
El aguacate es el principal cultivo mexicano de exportación y sintetiza las contradicciones de la agricultura mexicana y los principales desafíos que esta enfrenta, no solo en su dimensión económica y productiva, sino destacadamente en las dimensiones social y ambiental. Algo no sabe bien, aunque México sea el mayor productor y exportador del fruto en el mercado mundial, con una aportación del 34% de la producción y del 46,3% del volumen de las exportaciones (FAOSTAT 2017). Y aunque la producción de este fruto se ha expandido a 28 de los 32 estados de la República Mexicana, es el estado de Michoacán el principal productor y exportador del fruto, al contar con la mayor superficie destinada al cultivo (166 604 hectáreas), lo que le permite aportar casi tres cuartas partes de la superficie nacional, además de contar con 35 municipios certificados para exportar el fruto al mercado estadounidense (SIAP 2018).
El análisis de los mecanismos de expansión del agronegocio aguacatero sobre las tierras de las comunidades indígenas en la principal región productora del país y del mundo permite poner de manifiesto los rasgos más importantes de la orientación agroexportadora impuesta en México por los gobiernos neoliberales, especialmente de las modalidades de funcionamiento del capital que se derivan de la importante participación de la propiedad social en la estructura agraria del país.
Por medio del estudio de San Lorenzo, municipio de Uruapan, una comunidad enclavada en el principal municipio productor del llamado oro verde, daremos cuenta también de las contradicciones y límites de una política de Estado que se propuso, sin el menor recato y a lo largo de más de tres décadas, realizar una limpia de terreno en el campo mexicano consistente en erradicar a los campesinos como condición para conformar una agricultura exportadora.
El proceso de expansión de la producción de aguacate resulta emblemático de la experiencia neoliberal mexicana por las siguientes razones: expresa los cambios derivados de una apertura comercial brusca; implica la reconversión productiva del campo impulsada por el Estado en perjuicio de la producción de granos básicos y a favor de los cultivos de exportación; se caracteriza por la creciente explotación de los bienes naturales y un acelerado crecimiento de la frontera agrícola reflejada en los extensos monocultivos; finalmente desplaza o subordina a la producción campesina y a la propiedad social para favorecer la progresiva participación de la agroindustria y a los grandes productores.
En esta primera aproximación introductoria, vale resaltar el dinamismo del cultivo del aguacate mediante dos indicadores simples: durante el período 1982-2018, que corresponde a los gobiernos neoliberales en México, la superficie destinada a plantaciones de aguacate se incrementó en 423,5%, al pasar de 31 824 a 166 604 hectáreas (figura 1). En un período intermedio de solo seis años, la exportación de aguacate a los Estados Unidos creció en 606,4%, ya que pasó de 6031 toneladas en la temporada 1997-1998 a 42 607 toneladas en la temporada 2003-2004 (Salazar, Zamora y Vega 2005).
Detrás de estas cifras se encuentra una importante transformación del paisaje rural que ha dado lugar a un debate sobre el impacto de la producción de aguacate, específicamente en su principal región productora conocida como la Franja Aguacatera de Michoacán (FAM). En este debate se pone de un lado de la balanza la creación de infraestructura y de empleos directos e indirectos, así como la reducción de la emigración y de la pobreza en los municipios productores, además de la importante contribución al superávit de la balanza agroalimentaria en los años recientes; del otro lado de la balanza se destacan los perjuicios de la expansión aguacatera sobre el ambiente, la producción de alimentos básicos y la salud de las personas, así como la concentración de los beneficios en un número reducido de pro- ductores y agronegocios (Villanueva y Zepeda 2016; De la Tejera et al. 2013; CEDRSSA 2017; ftiébaut 2008).
Una aproximación sumamente reveladora es la que hace Hincapié Jiménez (2015) al establecer que lo que verdaderamente se presenta en nuestra área de estudio es “un proceso convergente de reformas estatales y agentes privados legales e ilegales que configuraron un ordenamiento mixto mediante el cual se transformó el territorio regional, se promovió la expansión desregulada de la agroindustria del aguacate y el acaparamiento violento de los recursos y las oportunidades” (75).
El objetivo central de este artículo es analizar los mecanismos de expansión del agronegocio aguacatero sobre los terrenos de las comunidades campesinas indígenas del estado de Michoacán, México, para dar cuenta de las estrategias de dominación del mencio- nado agronegocio, del papel del Estado a favor de las mismas y de sus repercusiones sobre las formas de vida campesinas y comunitarias.
Esta contribución se sustenta en información seleccionada de la Tesis de Maestría de la primera autora, financiada por una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1. El trabajo de campo se realizó entre septiembre de 2017 y enero de 2018; comprendió la aplicación de 30 cuestionarios dirigidos a los campesinos comuneros de San Lorenzo, localmente denominados posesionarios, en tanto el Tribunal Unitario Agrario o la Asamblea Comunitaria les reconocen la posesión de las tierras comunales que tienen a su cargo, mismas que incluso pueden heredar o vender a otros comuneros; adicionalmente se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas dirigidas a informantes clave (propietarios de tierras, autoridades locales y un intermediario local del proceso de arrendamiento)2. La información estadística sobre la expansión de los huertos de aguacate correspondiente a la escala comunitaria se obtuvo principalmente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Uruapan (JLSVU).
El estudio se realizó con un enfoque mixto a partir de un abordaje interdisciplinario y una perspectiva histórica mundial; también incorpora los métodos etnográficos y reconoce la importancia de la información generada sobre el terreno. Finalmente se adscribe a los esfuerzos por develar la complejidad de las interacciones y tensiones del campesinado con el capitalismo neoliberal globalizado 3.
Una política de Estado para el agronegocio exportador
El Estado mexicano se propuso reestructurar la agricultura mexicana como un elemento clave de la implantación del régimen neoliberal. La observación de que a cada fase del desarrollo capitalista corresponde un régimen alimentario (McMichael 2015) vale para comprender la transformación de la agricultura mexicana en el marco de la transición del régimen alimentario intensivo al régimen corporativo, en el cual el agronegocio juega un papel protagónico a escala latinoamericana y es impulsado decididamente por los gobiernos nacionales (FAO 2013). Aún más, en el caso mexicano, las transformaciones profundas de la agricultura aparecen como un componente central del cambio del régimen político. De esta manera se puede subrayar que el régimen neoliberal, a inicios de la década de 1980, se impuso sobre las cenizas de la última iniciativa del Estado desarrollista dirigida a conquistar la autosuficiencia alimentaria: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) 4. Y también se puede observar que una buena parte de las posibilidades del cambio de régimen político en el México actual se juega en el ámbito agrario y alimentario.
Las reformas estatales a que hace referencia Sandra Hincapié líneas arriba corresponden a lo que se ha llamado aquí la ecuación neoliberal para la modernización del campo mexicano (Ramírez 1997). Esta expresión permite entender la lógica de la política de Estado dirigida durante más de tres décadas a configurar una especialización agroexportadora en el campo mexicano, a costa del debilitamiento de la producción campesina y la propiedad social. Una modernización orientada a crear nuevos espacios rentables para el capital y confiada al dinamismo de los agronegocios y la agroindustria.
La ecuación neoliberal contempló tres variables articuladas y secuenciadas dirigidas a desembocar en una reconversión productiva y en un mejoramiento tecnológico asociado con la obtención de economías de escala que resolvieran la pretendida ineficiencia productiva y económica del minifundio. Fuera de eufemismos, el propósito fue sustituir la producción de alimentos por cultivos exportables e impulsar la apropiación de las tierras ejidales y comunales por el agronegocio. Las tres variables referidas fueron la apertura comercial, el desmantelamiento del sistema de fomento a la producción agropecuaria y la modificación del marco jurídico.
La primera variable de la ecuación neoliberal se puso en juego mediante la incorporación de México, en 1986, al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés). Esta definición representó una apertura comercial brusca e indiscriminada que se tradujo en la caída de los precios de venta para el productor al competir con los excedentes subsidiados de Estados Unidos y la entonces Comunidad Económica Europea. La segunda variable de la ecuación fue el retiro de los subsidios a la producción agro- pecuaria, especialmente a partir de 1988, lo que significó para los productores un fuerte aumento de sus costos, especialmente del crédito y los insumos 5.
La conjugación de estas dos variables derivó en una fuerte caída de la rentabilidad agropecuaria, ampliamente documentada en la bibliografía de la época. Era el momento, a finales de 1991, de poner en juego la tercera variable de la ecuación neoliberal: la reforma del artículo 27 Constitucional, por la cual se legalizó la privatización y mercantilización de las tierras de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades), con la expectativa de que los campesinos en ruina vendieran sus tierras al agronegocio exportador. El remate esperado para esta política de Estado fue la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) el primer día de enero de 1994, fecha en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió en el escenario político nacional mostrando las carencias del México profundo.
Vista de manera general, la ecuación para modernizar el campo mexicano muestra resultados ambivalentes. La mayor prueba de su insuficiencia para lograr la reestructuración plena del campo mexicano se encuentra en la necesidad de un segundo ciclo de reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para eliminar las barreras que aún imponía (al referir el período de ese presidente) la propiedad social al despliegue del capital.
Aunque el balance de los resultados de la ecuación neoliberal debe especificarse regionalmente, debe resaltarse que la reforma del marco jurídico, en un contexto de debilita- miento de la producción campesina e indígena, no derivó en la venta masiva de tierras; como efecto perverso impensado para la tecnocracia neoliberal, la emigración forzada de millones de campesinos se tradujo en remesas que, en muchos casos, permitieron subsidiar sus actividades productivas. De cualquier manera, la contrarreforma agraria de 1991 favoreció un mayor dinamismo del mercado de tierras mediante transacciones indirectas como el arrendamiento y la asociación, para ampliar el espacio productivo y de explotación a cargo de los grandes productores o agroindustrias, ya que este tipo de agricultura requiere de fuertes inversiones que la mayoría de los campesinos no puede solventar.
El propósito de consolidar una agricultura exportadora se cumplió tres décadas después del ingreso al GATT y más de 20 años después de la puesta en marcha del TLCAN. Sin embargo, su contracara inocultable es la elevada dependencia alimentaria del país, la concentración de la riqueza en unas cuantas regiones y en muy pocas empresas, así como los impactos sociales y ambientales derivados del monocultivo.
Es un hecho que la agroindustria ganó terreno y se convirtió en protagonista de la modernización neoliberal, apuntalada mediante la inversión directa y los acuerdos comerciales. Como resultado, las agroindustrias (nacionales e internacionales) han adquirido mayor dominio sobre la oferta de los productos “estratégicos” del sector en el mercado nacional e internacional, al grado de establecer y exigir determinados estándares de calidad, volumen y precio de los productos de exportación. Estos productos también llamados no tradicionales son frutas, legumbres, hortalizas frescas, plantas exóticas, flores de corte, productos forestales y alimentos procesados, entre otros, que se destinan a un segmento del mercado nacional y al mercado internacional.
La consolidación de la orientación agroexportadora que favorece la incorporación de los grandes agricultores, las agroindustrias y los cultivos rentables (posicionados en el mercado) relega al mismo tiempo a los campesinos y a los pequeños productores haciendo más profunda la desigualdad de oportunidades y beneficios. Se trata de una dinámica común al espacio latinoamericano por la cual las economías tradicionales han sufrido importantes transformaciones entre las que se destacan: el deterioro de su autosuficiencia agrícola, incremento de mano de obra asalariada e incremento de las migraciones del campo a la ciudad, orientación de la producción al mercado, articulación de los productores con las agroindustrias, mayor concentración de tierras, entre otros (Teubal 2001, 47). Este modelo implica desarrollar beneficios para los subsectores más competitivos, para ello, la producción debe estar en manos del sector privado en detrimento del sector público (Acosta 2006).
En suma, como lo señaló hace una década Kay (2009), las estrategias del modelo neo- liberal no han logrado beneficiar a la generalidad de los actores del entorno rural, por el contrario, les ha otorgado menos oportunidades de progreso e incluso ha provocado la pérdida de sus medios de producción.
En nuestra área de estudio, las políticas neoliberales propiciaron el desaliento para la producción de cultivos básicos y, en consecuencia, la búsqueda de rentabilidad económica por medio del aguacate de exportación. Y posteriormente, como resultado del carácter excluyente del modelo de producción capitalista, el avance del acaparamiento de tierras por productores externos a la comunidad. La reconversión productiva excluye a los campesinos y pequeños productores debido a que sus recursos productivos son limitados para el modelo agroexportador que prevalece en la actualidad. No obstante, para muchos de ellos el arrendamiento de tierras es una estrategia de sustento y permanencia en dicho modelo productivo, caracterizado por destinar grandes extensiones de tierras a la producción de cultivos rentables. En consecuencia, la creciente expansión del cultivo y la importancia económica que representa la exportación del aguacate no se ve reflejada directamente en mejorías para los posesionarios de las tierras ni para las comunidades rurales, puesto que los campesinos han sido separados de sus medios de producción y son los grandes productores los que se benefician del auge económico del aguacate.
Las políticas neoliberales han afectado significativamente a las comunidades mestizas e indígenas. El resultado ha sido el detrimento de la función original de su organización comunal, como: el trabajo colectivo (tequio o faenas comunales), la propiedad comunal, las formas de redistribución de riqueza y el autoconsumo, así como afectaciones en sus usos y costumbres (Bartra 1974). Las modificaciones en el entorno rural también han sido en sus formas de relacionarse, en sus costumbres y en sus espacios. Por lo tanto, no solo se modifican los espacios, sino también los actores sociales, “desaparecen viejas dinámicas sociales y aparecen nuevas” (Gudynas 2010, 9).
La referencia a las políticas neoliberales obliga a hacer un breve apunte conceptual sobre el Estado, como elemento fundamental para garantizar la expansión y reproducción del capitalismo (Composto y Ouviña 2009). Ahora, en su nuevo rol como Estado Nacional de Competencia (Hirsh 2001), la forma estatal se adapta a los requerimientos que la globalización impone a la acumulación de capital. De Angelis (2012) plantea que el Estado vinculado con el capital se ha enfocado en un sector de la población para despojarlo de sus medios de producción; lo que ocurre mediante estrategias que acreditan las condiciones adecuadas y estables para hacer rentable las inversiones del capital (Pérez Roig y Composto 2014). Asimismo, Harvey (2005) subraya la participación del Estado como una pieza fundamental en el logro de la acumulación por despojo mediante diversos mecanismos, como las políticas neoliberales que ahondan la disociación de los productores y sus medios de producción, y que propician la renovación de estructuras sociales poco vinculadas con el capitalismo. En esta misma línea, Magdoff (2016) plantea que el despojo de la tierra, expresado en la privatización y mercantilización, ha sido un mecanismo primordial para el desarrollo del capitalismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Todo ello resulta relevante para entender la dinámica de nuestra área de estudio y se complejiza por la articulación del agronegocio, el Estado y las organizaciones delictivas, como lo señala Hincapié Jiménez (2015).
El agronegocio aguacatero: concentración del capital y de sus beneficios
El agronegocio exportador de aguacate se distingue por un elevado grado de concentración de capital, así como por su concentración geográfica dentro del estado de Michoacán. Aun cuando su elevada rentabilidad abona a su expansión a otros municipios y a otras entidades federativas, la producción de aguacate se concentra en la FAM, un área continua caracterizada por sus condiciones fisiográficas, edáficas y climáticas ideales para el desarrollo del cultivo (figura 2). En 1997, la FAM contó con solo cuatro municipios certificados para exportar al mercado estadounidense (Uruapan, Peribán, Tancítaro y Salvador Escalante); hoy en día consta de 35 municipios.
La producción comercial del aguacate data de la década de 1970, cuando se desarrollaron algunas variedades que desplazaron a las criollas. Primero se introdujo la variedad Fuerte, posteriormente se desarrolló la variedad Hass, proveniente de California y Florida (Estados Unidos), la cual tuvo mayor aceptación en el mercado por la resistencia al manejo y transporte, además de características favorables para los productores, como una productividad continua y un hábito de crecimiento compacto (ASERCA 1999).
Es incuestionable que el auge del agronegocio exportador de aguacate es producto de las políticas neoliberales en el agro mexicano; pero la base material de este auge no puede ser otra que el aumento continuo del volumen y el valor de la producción (gráfico 2). Este agronegocio es beneficiario directo de la apertura comercial, especialmente del TLCAN y de la eliminación de la barrera comercial (no arancelaria) impuesta al fruto en el mercado estadounidense, ya que ambos favorecieron la apertura progresiva de las exportaciones del fruto desde 1994 hasta 2007, cuando se autorizó su comercialización en todo el territorio estadounidense 6. Pero detrás del gráfico se encuentra también la ruina de la producción campesina de básicos y un profundo rediseño institucional sobre el que se sostiene la expansión del agronegocio exportador.
Ciertamente el impulso y consolidación del agronegocio aguacatero es consecuencia de las estrategias y programas de promoción a las exportaciones contempladas desde el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 (Bonales y Sánchez 2003), pero tan importante como ello, o más, es el rediseño institucional para el agronegocio, sintetizado en la creación, en 1997, de la Asociación de Productores Exportadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), como único organismo acreditado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y su Servicio de Inspección Animal y Vegetal (USDA/APHIS, por sus siglas en inglés) para la administración, facturación y cobranza de los servicios de certificación obligatorios para la exportación al vecino país del norte (ASERCA 1999; Echánove 2008).
La integración de la APEAM ha favorecido la cooperación entre las instituciones mexicanas y estadounidenses, mientras que todo el aparato gubernamental –a escalas federal, estatal y municipal– se ha enfocado en el desarrollo de campañas fitosanitarias, programas y acciones de sanidad e inocuidad vegetal, con la finalidad de conservar la certificación de exportaciones de aguacate a Estados Unidos, así como alcanzar nuevos mercados de des- tino (SAGARPA 2015). A ese empeño concurren la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural –SADER–), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán (CESAVEMICH) y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) en cada municipio.
Si bien el subsector aguacatero del estado de Michoacán está integrado por más de 22 000 productores distribuidos en 35 municipios exportadores y por más de 296 empacadoras (SAGARPA 2015), solamente 54 de estas cuentan con la certificación de la APEAM para exportar a Estados Unidos, Japón y Canadá, que constituyen los principales mercados de destino (APEAM 2016). La mayor parte de las empacadoras –de acuerdo con Armando López, director general de la APEAM– comercializan el fruto en el mercado nacional, Centroamérica, Europa y Asia, aunque también realizan maquila para las empacadoras certificadas (Rombaut 2017).
En la temporada 2003-2004, las empacadoras con capital norteamericano Calavo de México, Mission de México, Fresh Directions y Grupo West Pak exportaron más del 56% del aguacate mexicano enviado a Estados Unidos (Salazar, Zamora y Vega 2005). Dos años más tarde, esas mismas empacadoras, más Chiquita y Del Monte, contribuyeron con el 45% del volumen exportado al mercado estadounidense (Echánove 2008). Este grado de concentración de las exportaciones parece haberse estabilizado, lo cual es muy similar a la participación en las exportaciones registradas en 2017, ya que, de acuerdo con los registros de la APEAM, en 2017 el 46% de la comercialización de aguacate en el mercado estadounidense es realizado por estas mismas empacadoras subsidiarias de empresas estadounidenses (Opportimes 2017).
Además, estas empacadoras emplean los mecanismos de maquila y compra de fruta de las empresas nacionales debido a que la capacidad de sus instalaciones es superada por la demanda del aguacate en Estados Unidos. En ambos casos, la exportación del aguacate se registra como exportación de las empacadoras mexicanas (Echánove 2008).
Salta a la vista que la expansión del agronegocio exportador de aguacate ha concentrado sus beneficios en pocas manos. Lo que no está muy claro es la ruta originaria de este proceso de acumulación y concentración del capital. Para ftiébaut (2008), entre los grandes empresarios aguacateros se encuentran algunos productores que iniciaron con el cultivo en la región y “lograron comprar poco a poco grandes cantidades de tierras gracias a los beneficios adquiridos. Son los mismos que, después de un tiempo, abrieron su propia empacadora para evitar los intermediarios y se encuentran hoy a la cabeza de dominios importantes”. Hincapié Jiménez (2015) documenta una historia muy diferente en la cual no son pocos los grandes productores de aguacate para exportación cuya fortuna está ligada con las actividades del crimen organizado.
Ftiébaut (2008) llama la atención sobre el hecho de que el cultivo del aguacate mexicano no depende exclusivamente de las grandes empresas transnacionales mencionadas, “ya que la mayor parte de la producción se vende en el país a través de centenares de pequeñas empacadoras nacionales, centros de acopios, puestos diseminados en toda la región aguacatera y que benefician a pequeños productores o comerciantes independientes”. Esta afirmación debe verificarse a la luz del dinamismo de las exportaciones en la última década. El agronegocio aguacatero no se encuentra sustentado en la gran propiedad agraria, sino más bien en el control de la agroindustria y el mercado. Solamente el 10% de la superficie plantada con aguacate en Michoacán corresponde a huertos de más de 10 hectáreas, mientras que el 75% de la superficie está ocupada con huertos menores de 5 hectáreas; el 15% restante de la superficie corresponde a plantaciones entre 5 y 10 hectáreas. Aun en estas condiciones, el agronegocio aguacatero está comandado por los grandes productores integrados a la agroindustria. La mayoría de productores encuentra fuertes restricciones para sostenerse en el negocio y ha dejado de cumplir el doble rol, como propietarios y productores, para desempeñarse únicamente como empleados de la agricultura capitalista, ya sea como arrendadores de sus tierras o como jornaleros de los agentes externos que han ocupado su lugar.
Los mecanismos de expansión del agronegocio
San Lorenzo es una comunidad indígena p’urhépecha que se localiza a 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal, Uruapan, sobre la carretera Uruapan-Los Reyes. Cuenta con una superficie comunal de 5031 hectáreas y la zona urbana comprende 67 hectáreas (TUA 2000). La comunidad no cuenta con certificación de sus parcelas, ya que tiene 368 hectáreas en conflicto, las cuales se encuentran en posesión de personas externas bajo el régimen de pequeña propiedad 7. Está conformada por 3971 habitantes (1924 hombres y 2047 mujeres) que residen en 1047 viviendas (CONAPO 2010).
La comunidad se incorporó gradualmente a la agricultura capitalista mediante plantaciones de aguacate desde finales de 1995, y posteriormente, al proceso de mercantilización de tierras. Con base en la muestra empleada en esta investigación, se puede establecer que la reconversión productiva, entendida como sustitución del maíz por un cultivo rentable, fue muy significativa en la comunidad dado que, antes del establecimiento de los huertos de aguacate, el 97% de los posesionarios destinaba sus tierras a la producción de maíz (77% milpa y 20% milpa y aprovechamiento forestal-pastizal).
La ecuación neoliberal ya referida a escala nacional desincentivó la producción de maíz en la comunidad, ya que la eliminación de los subsidios destinados al cultivo incrementó los cos- tos de producción, al tiempo que se abarató el precio del maíz. La eliminación de las tiendas CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) clausuró el abastecimiento que estas hacían de la canasta básica de consumo para los campesinos, rompiendo el vínculo de intercambio entre ellos y la tienda CONASUPO de la cabecera municipal 8. Bajo este escenario crítico para el maíz y una vez que se eliminó, en 1994, la barrera comercial que frenaba las exportaciones al mercado estadounidense, el aguacate se presentó como una alternativa económica para los posesionarios de la comunidad.
La mencionada reconversión productiva ocurrió primero en terrenos cercanos al municipio de Uruapan (zona sur de la comunidad), en la zona con mejores tierras y menor número de heladas al año. En la actualidad, se pueden observar plantaciones de aguacate en zonas susceptibles a mayor número de heladas y en áreas cercanas a la zona urbana. Aún más, mediante observación directa se constató que la expansión del cultivo también ocurre por medio del cambio de uso de suelo, ya que el 3% de los posesionarios ha empleado suelo forestal para establecer huertas, puesto que los programas para conservar el bosque no les aportan un ingreso significativo.
Conforme a los datos de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Uruapan (JLSVU 2017), la comunidad contaba en ese año con 426,16 hectáreas destinadas a la producción de agua- cate, distribuidas en 167 huertos, de los cuales 121 estaban registrados para la exportación y 46 para el mercado nacional. La mitad de estos huertos se establecieron entre 1995 y 2005, el 30% de 2005 a 2010 y el 20% restante de 2010 a 2017. Esta misma fuente establece que los huertos menores a 5 hectáreas ocupan el 64% de la superficie plantada y los de 5 a 20 hectáreas el 31%, por lo que los huertos mayores a 20 hectáreas representan solo el 5% de la superficie destinada a este fruto.
La reconversión productiva significó la sustitución del maíz por las plantaciones de aguacate en la comunidad y enseguida derivó en el desplazamiento de los comuneros posesionarios a favor de actores externos con mayor capacidad económica y tecnológica para beneficiarse de la dinámica agroexportadora. Actualmente en la comunidad de San Lorenzo, los campesinos comuneros, aunque siguen siendo posesionarios, han quedado fuera del proceso productivo y parcialmente separados de sus medios de producción. Para participar del negocio aguacatero, se han visto obligados a rentar sus huertas a productores externos a la comunidad en lo que constituye un proceso de mercantilización indirecta de las tierras comunales. La mercantilización directa o plena de los terrenos comunales está obturada por la situación agraria referida; por ello, el arrendamiento de huertos y tierras se constituye en una opción para que los comuneros posesionarios que no lograron sostenerse como productores en el negocio aguacatero no pierdan totalmente las inversiones realizadas al establecer sus plantaciones. Los posesionarios que no rentan sus huertos en su mayoría cuentan con alguna actividad económica adicional, generalmente relacionada con el negocio de la madera, que les permite solventar la inversión requerida en los huertos, sobre todo la relacionada con las buenas prácticas agrícolas y sistemas de reducción de riesgos, referidas a los huertos de exportación. Desde la perspectiva de los arrendatarios, llamados en la región “patrones”, es entendible que el auge del negocio aguacatero impulse a los grandes productores a comprar o, en su defecto, rentar huertos y tierras para incrementar sus superficies de producción y con ello sus ganancias.
El arrendamiento de tierras destinadas a la producción de aguacate en la comunidad se inició aproximadamente en 2005. Aunque no existen datos precisos ni en la Junta Local de Sanidad Vegetal ni con las autoridades agrarias, los datos recabados en campo permiten establecer que se ha tratado de un proceso con un ritmo sostenido, aunque con mayor intensidad anual en el primer lustro de la presente década 9.
Considerando que el auge de las plantaciones en la comunidad ocurrió en el período 1995-2000 y que se produjo fruto de calidad comercial a partir de los cinco a siete años desde el establecimiento de las mismas, puede establecerse que más de tres cuartas partes de los huertos fueron rentados en su etapa productiva. Al tomar en cuenta que el 80% de las tierras en arrendamiento corresponden a huertos previamente establecidos, mientras que el 20% son tierras agrícolas sin uso y forestal, se puede establecer que los campesinos corrieron con el riesgo y los gastos de establecer las plantaciones de aguacate, pero no lograron sostener el paso de un proceso productivo de elevada exigencia técnica y económica.
Patrones y campesinos
Patrón es la denominación coloquial que dan los campesinos a los productores externos que han arrendado huertos y tierras en la comunidad. Ello expresa que los posesionarios de tierras de la comunidad les reconocen jerarquía y perciben que su relación con ellos es beneficiosa 10.
Son menos de 15 los “patrones” incorporados en la comunidad mediante el arrenda- miento de tierras, de los cuales el 83% son grandes productores de la región de Uruapan, el 10% son empleados de empacadoras e ingenieros agrónomos, y solamente el 7% son productores de la comunidad que han logrado capitalizarse.
Toda vez que el proceso de arrendamiento no está plenamente regulado e incluso existen presiones extraeconómicas que se referirán más adelante, las encuestas y entrevistas realizadas en campo constituyeron el único medio al alcance para establecer la siguiente tipología:
De este cuadro se puede destacar el hecho relevante de que por lo menos en el 70% de los casos los patrones toman la iniciativa sobre este proceso de mercantilización indirecta, en el cual la compulsión económica y también la violencia empujan a los posesionarios a rentar sus huertos. Ahora bien, en relación con las características del arrendamiento, se destaca lo siguiente: el período de arrendamiento identificado en campo se agrupó en tres segmentos: el 17% de los casos de arrendamiento han sido establecido por más de 15 años (el mayor plazo es de 40 años); el 53% por un período entre 10-15 años; y el 30% por un período menor a los 10 años. El precio del arrendamiento depende de la ubicación de las huertas, siendo más caros los cercanos a la ciudad de Uruapan. El precio promedio en esta zona es cercano a los 50 mil pesos mexicanos; los huertos ubicados al poniente de la comunidad acceden a un precio más bajo al ser susceptibles a heladas, estar alejados y con menor acceso; las tierras en área forestal o sin plantación son las menos y tienen el precio más bajo en tanto requieren mayor inversión y tardarán en producir.
A pesar de que la mayoría de los posesionarios tienen un documento que respalda el arrendamiento y sus condiciones generales, en el mundo real de la acumulación por despojo no existen garantías para que los patrones cumplan con lo comprometido. El desvanecimiento del poder del Estado frente a la violencia privada o delincuencial, o el contubernio a que se refiere Hincapié Jiménez (2015), se traduce en la inacción de las autoridades locales, las cuales, en caso de intervenir a favor de los posesionarios, solo lo hacen a cambio de un pago significativo, aunque lo común es que no se involucren para evitar problemas o represalias por parte de los patrones. El testimonio de José ilustra con claridad esta situación:
Los patrones una vez que rentan los huertos ya no los quieren dejar porque hay mucho dinero involucrado. Un vecino rentó su huerto muchos años y ahora quería trabajarlo él mismo y cuando llegó el vencimiento del contrato le dijo al patrón que ya no renovaría, y pues el patrón se enojó y con pistola en mano le dijo que tenía que renovarlo por el bien de él y su familia, y pues así no hay opción, además ni a quien pedirle ayuda, las autoridades no apoyan en estos casos (testimonio en lengua p’urhépecha, 2017, traducción propia).
La comunidad vive esta dinámica de mercantilización indirecta por medio del aumento en el arrendamiento de las huertas como un proceso que genera una gran incertidumbre. En la memoria colectiva está fresco el antecedente, ya referido, del despojo de 368 hectáreas de la comunidad, que actualmente se encuentran en manos de aguacateros de La Basilia, Cheranguerán y Uruapan bajo el régimen de pequeña propiedad. Recientemente, a inicios de 2012, la sociedad regional se sacudió con los testimonios de la abierta y masiva extorsión a los posesionarios de huertos por el crimen organizado. Así lo narró un testigo presencial de la comunidad:
Fuimos reunidos todos los aguacateros de la comunidad en una casa particular para una presunta información de la JLSV, pero no había personal de la instancia, eran personas jóvenes armadas y traían la lista de los huerteros de la comunidad. Y nos dijeron que para que las cosas siguieran tranquilas, porque ellos cuidarían nuestros huertos, tendríamos que aportar anualmente mil pesos por cada hectárea de tierra, y a cada uno se le informó cuanto le tocaba aportar y el plazo para entregar el dinero. Y pues no teníamos opción más que pagar porque no tuvimos apoyo de parte de las autoridades locales, porque ellos también tuvieron miedo (José, testimonio en lengua p’urhépecha, 2017, traducción propia).
Dado que en ese momento las autoridades no intervinieron para evitar la extorsión, los posesionarios se vieron obligados a pagar la cuota establecida, problema que solo se resolvería, aunque temporalmente, mediante la aparición de las Autodefensas Comunitarias, grupos armados de la población civil, cuyo análisis rebasa el encuadre de este artículo, pero ya está siendo estudiado (Fuentes-Díaz y Paleta 2015). El hecho es que en 2019 la prensa de Michoacán sigue reportando la intensa actividad de las organizaciones delictivas en nuestra región de estudio (Notimex/La Voz de Michoacán 2019).
En síntesis, el panorama para la comunidad es sumamente adverso. El desplazamiento de los campesinos posesionarios de sus tierras comunales ya no es solamente producto de las políticas neoliberales que favorecieron el auge del agronegocio exportador aguacatero mediante la incorporación de agentes externos (los patrones) a la dirección del proceso productivo en las comunidades. También el crimen organizado, atraído por la rentabilidad del cultivo, ha iniciado un proceso de despojo por la vía ilegal, basado en la violencia y el temor que impone en las comunidades productoras, ya que están de por medio las elevadas ganancias que genera el aguacate. José, comunero posesionario, tiene muy claro este proceso: “Con la producción de aguacate, llegó la extorsión, el robo de fruta, grupos armados para garantizar la cosecha y la amenaza para que no nos salgamos del negocio” (testimonio en lengua p’urhépecha, 2017, traducción propia).
Las transformaciones referidas tienen una importante dimensión subjetiva y cultural en tanto implican la inmersión de la comunidad en la lógica regional de la reproducción capitalista, lo que la enfrenta a un modo de vida inédito y a nuevos valores de convivencia. Es notorio el debilitamiento de la estructura tradicional de subsistencia frente a la lógica de la mercantilización. Las políticas neoliberales han contribuido también en la transformación y deterioro de la estructura organizativa de la comunidad (agraria, civil y tradicional-religiosa), lo cual se refleja en el debilitamiento de los cuatro elementos básicos de la comunalidad, a saber: el dominio del territorio comunal, el poder de la asamblea comunitaria, el ejercicio del trabajo comunitario y la organización para el disfrute comunitario (Rendón 2011).
Los testimonios obtenidos en campo ofrecen un panorama poco alentador. En la comunidad predomina la competencia, los intereses particulares superan el interés colectivo y preocupa la desorganización entre los posesionarios y productores locales frente a la violencia de este proceso de despojo. Poco se aprecia de la solidaridad y la reciprocidad, aspectos esenciales para el funcionamiento de una comunidad. Ello representa un obstáculo interno para pensar en la reapropiación de las tierras en el mediano plazo. Por lo tanto, la tarea que enfrentan los posesionarios de tierras no es solo el resarcir la pérdida de sus bienes productivos sino también el de fortalecer la comunalidad y la cohesión social para enfrentar los desafíos que impone la intervención del Estado de Competencia, el avance del agronegocio y la presencia del crimen organizado. Así lo percibe Antonio, campesino comunero y posesionario de San Lorenzo: “Vivimos el miedo, rentamos las tierras para obtener ingresos, pensamos que era el gran negocio, pero qué hacíamos. Ahora nos amenazan, saben cuándo hay dinero, nos pagan pero poco nos dura, no hay marcha atrás” (testimonio en lengua p’urhépecha, 2017, traducción propia).
Conclusiones
La ecuación neoliberal para modernizar el campo mexicano resultó parcialmente exitosa en la región de estudio, toda vez que logró una reconversión productiva a costa de la producción de maíz y de la sociedad campesina. En la comunidad indígena estudiada, a partir de 1995, la reconversión mencionada significó que las plantaciones de aguacate pasaron de 16 hectáreas a 4 261 600 en solo 22 años (JLSVU 2017) modificando la estructura productiva de prácticamente la totalidad de las unidades de producción campesinas antes destinadas al cultivo de la milpa, ya fuera sola o combinada con el uso pecuario y forestal. A escala regional, este proceso posicionó al aguacate mexicano como el principal cultivo de exportación y un destacado soporte del superávit de la balanza agroalimentaria. Tal como lo estableció la ecuación neoliberal, el agronegocio exportador se convirtió en el beneficiario de las políticas gubernamentales y en el sujeto destinado a lograr una reestructuración profunda del campo mexicano, asentada en la mercantilización plena de la propiedad social.
En la región de estudio, el agronegocio exportador logró establecer su dominio sobre la propiedad de las comunidades indígenas mediante el control de la agroindustria y el mercado. La expansión del agronegocio exportador no derivó en la plena mercantilización de la propiedad social; más bien las comunidades establecieron mecanismos de articulación con el agronegocio que les permitieron sortear una política de Estado dirigida a borrarlos del escenario agrario.
Entre los principales hallazgos de este estudio se encuentra que el principal mecanismo de expansión del agronegocio sobre los terrenos de las comunidades en el contexto descrito es el arrendamiento de tierras, mismo que debe ser entendido como un proceso complejo que implica la separación de los comuneros de la gestión del proceso productivo –aunque no de la propiedad de sus tierras– y que significa el debilitamiento de las instituciones comunitarias y los valores de reciprocidad.
Este estudio muestra que el arrendamiento representa para los campesinos posesionarios una estrategia de subsistencia en el actual modelo productivo, mientras que, para los agentes externos (los patrones), es un mecanismo que les permite obtener y acumular ganancias a partir del despojo, ya sea dentro del marco legal o ilegal
Otro hallazgo de la mayor relevancia es que el proceso de mercantilización de las tierras comunales campesinas se realiza de manera parcial, con una presencia importante del crimen organizado y no solo de los grandes productores y empresarios aguacateros. Por ello, el debilitamiento de las comunidades y la presión sobre su patrimonio productivo se presenta por dos vías: la primera, dentro del marco de la legalidad en un contexto productivo que les resulta hostil. La segunda, a partir del despojo por la vía ilegal encabezado por el crimen organizado que, mediante el uso de la violencia, invade y domina espacios rentables del entorno rural en el contexto de un Estado inerte contra el avance de estos grupos delictivos.
Lo anterior complejiza las estrategias de dominación del agronegocio aguacatero sobre los campesinos posesionarios, enfrentados cotidianamente a la amenaza del ejercicio de la violencia en su contra. Las aportaciones recientes en la bibliografía, así como el estudio de caso realizado en el corazón de la FAM, indican que las relaciones entre el agronegocio, las instituciones gubernamentales y las organizaciones delictivas pueden explicar buena parte de los fenómenos y contradicciones que caracterizan a la expansión de la agroindustria aguacatera, una experiencia emblemática del proyecto neoliberal para el campo mexicano
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1 “Despojo y nuevos cercamientos en la expansión de la producción de aguacate de exportación en San Lorenzo, Uruapan, Michoacán” es el título de la tesis sustentada en la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, que imparte la Universidad Autónoma Chapingo, México.ˆ
2 Este número de entrevistas garantiza la representatividad de la información, ya que la JLSVU tiene registrados 140 productores de aguacate en la comunidad, de los cuales se encuestó al 21,4%.ˆ
3 De entrada esta investigación enfrentó el reto de comprender el polimorfismo campesino (Bartra 1998) como uno de los rasgos centrales de “la clase incómoda” (Shanin 1983). Llamados posesionarios por su situación agraria, los comuneros de San Lorenzo que protagonizan esta investigación son indígenas p’urhépechas por su origen étnico y comuneros por su modo de vida; junto con ello y ante todo, estos personajes son campesinos por su lógica de reproducción social (Chayanov 1974 ) y porque forman parte de una clase enfrentada objetivamente al capital. Con base en lo anterior, en este artículo se los referirá principalmente como posesionarios, pero también de manera indistinta como comuneros o campesinos, o bien combinando estas tres denominaciones conforme lo requiera la exposición.ˆ
4 El SAM constituyó un programa integral de fomento a la producción de alimentos que apostó por la producción campesina de temporal; fue definido en 1980 como “un esfuerzo global para reorientar la producción y el consumo masivo y popular de alimentos en favor de las mayorías empobrecidas por la crisis y la inflación” (Luiselli 1982).ˆ
5 La reducción del presupuesto de fomento para el campo afectó fuertemente a los granos básicos y se crearon nuevos pro- gramas enfocados a la promoción del agronegocio en la perspectiva de competir en el mercado internacional. La política de Estado para incrementar la competitividad del sector agrícola a partir de 1995, se agrupó en tres programas: Alianza para el Campo, el Programa de Apoyos a la Comercialización y Procampo. El primero fue el de mayor importancia al agrupar un conjunto de programas específicos orientados a mejorar la productividad y promover el desarrollo tecnológico para incrementar la competitividad del sector agrícola.ˆ
6 La primera solicitud para exportar aguacate del estado de Michoacán a Estados Unidos data de 1970, pero fue rechazada; en 1975 la solicitud de Sinaloa corrió la misma suerte. Entre 1990 y 1992, ya en la cresta de las reformas neoliberales, se iniciaron negociaciones para la exportación de aguacate del estado de Michoacán a Estados Unidos, la cual dio como resultado la modificación del USDA/APHIS (Servicio de Inspección Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos), culminando con la reforma a la ley, publicándose el 5 de febrero de 1997 en el Registro Federal de Estados Unidos (CEDRSSA 2017).ˆ
7 Esta situación se originó durante la década de 1940 a raíz de que las autoridades agrarias otorgaron en préstamo terrenos sin uso a habitantes de comunidades vecinas. Posteriormente ellos escrituraron dichas hectáreas como pequeñas propiedades argumentado la compra-venta de las mismas. Los trámites por parte de la comunidad para la restitución iniciaron desde 1998 ante el Tribunal Agrario Unitario y a la fecha (2019) continua en proceso debido a que la contraparte también ha realizado diversos trámites para acreditar el reconocimiento y titulación de las supuestas pequeñas propiedades.ˆ
8 Este vínculo comprendía el pago en especie al productor por una parte de su cosecha, la liquidación en efectivo para otros gastos y la siembra del siguiente año.ˆ
9 Entre 2005-2009, se rentó el 27% de las tierras; entre 2010-2015, el 50%, y posterior a 2015, el 23%, con base en las encuestas realizadas a los comuneros posesionarios.ˆ
10 Este término se usa también en otras regiones del país. En su acepción legal, para el medio rural está consignado en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social (Macías 2012); en Uruguay constituye una categoría censal, junto con los asalariados, cuentapropistas y familiares no remunerados (Riella, Barrios y Florit 2008), además de un arquetipo clásico de la estructura agraria pampeana. Calderón (2017) analiza, para el caso chileno, la importancia de las lealtades primordiales en las relaciones entre los patrones y sus trabajadores en el medio rural, destacando ese reconocimiento al que nos referimos en nuestro estudio.ˆ
Referencias
Acosta, Irma. 2006. “Balance del modelo agroexportador en América Latina al comenzar el siglo XXI”. Revista de Estudios Rurales: Mundo Agrario 7 (13): 26.
APEAM (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México). 2016. Registros y bases de datos. Acceso el 31 de octubre de 2018. http://www. apeamac.com/que-es-apeam/
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ASERCA. (1999). Revista Claridades Agropecuarias. El aguacate mexicano. Editorial Abriendo Surcos.
Bartra, Armando. 1998. “Sobrevivientes. Historias en la Frontera”. Memoria de sesiones plenarias del V Congreso de ALASRU, Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados.
Bartra, Roger. 1974. “El problema indígena y la ideología indigenista”. Revista Mexicana de Sociología 36 (3): 459-482.
Bonales Joel y Mario Sánchez. 2003. Competitividad internacional de las empresas exporta- doras de aguacate. El aguacate michoacano en el mercado norteamericano. Morelia, Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) / Instituto de Investigación Económicas y Empresariales (ININEE).
Calderón, Matías. 2017. “Estructura agraria, lealtades primordiales y relaciones de clase en el neoliberalismo chileno”. Cuadernos de Antropología Social 45: 93-116.
CEDRSSA (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria). 2017. Reporte caso de exportación: el aguacate. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, julio.
Chayanov, Alexander. 1974. La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Nueva Visión.
Comisión Michoacana del Aguacate COMA. 2005. Censo de aguacate en Michoacán. Plan Rector del Sistema Producto Aguacate. Uruapan, Mich.
Composto, Claudia y Hernán Ouviña. 2009. “Acumulación por despojo y nuevos cercamien- tos: mercantilización de los bienes comunes y antagonismos renovados en América Latina”. V Jornadas de jóvenes investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. http://www.aacademica.org/000-089/71
Comité Nacional del Sistema Producto Aguacate CONAPA- Comité Estatal del Sistema Producto Aguacate Plan Rector del Sistema Producto Aguacate. Junio 2005. CONA- PA, Uruapan, Mich. México.
Consejo Nacional de Población CONAPO (2010). Base de datos de Índice de marginación por localidad. Consultado diciembre de 2017. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010
De Angelis, Massimo. 2012. “Marx y la acumulación primitiva: el carácter continuo de los cercamientos capitalistas”. Revista Theomai 26. Buenos Aires.
De la Tejera, Beatriz, Ángel Santos, Héctor Santamaría, ftania Gómez y Carlos Olivares. 2013. “El oro verde en Michoacán: ¿un crecimiento sin fronteras? Acercamiento a la problemática y retos del sector aguacatero para el Estado y la sociedad”. Revista Economía y Sociedad 17 (29): 15-40, julio-diciembre. México DF: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia
Echánove, Flavia. 2008. “Abriendo fronteras: el auge exportador del aguacate mexicano a Estados Unidos”. Anales de Geografía 2008 28 (1): 9-28. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 2013. Alianzas público-privadas para el desarrollo de los agronegocios. Informe de país: Colombia. Estudios de caso de países, América Latina. Roma.
FAOSTAT (División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 2017. Bases de datos. Acceso en enero. http://www.fao. org/faostat/en/#data
Fuentes-Díaz, Antonio y Guillermo Paleta. 2015. “Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 53: 171-186. Quito: FLACSO Ecuador. https://doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1702
Gudynas, Eduardo. 2010. “Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas en América del Sur”. Territorios 5: 37-54. Guatemala: Instituto de Estudios Agrarios y Rurales / CONGCOOP.
Harvey, David. 2005. “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist Register 2004: el nuevo desafío imperial. Buenos Aires: CLACSO.
Hincapié Jiménez, Sandra. 2015. “¿Éxito económico o pérdida de estabilidad? Ordenamientos mixtos en tiempos del oro verde”. Revista Política y Cultura 43: 75-94.
Hirsh, Joachim. 2001. El Estado nacional de competencia. México DF: Universidad Autónoma Metropolitana.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Uruapan, Michoacán de Ocampo Clave geoestadística 16102.2009.
JLSVU (Junta Local de Sanidad Vegetal de Uruapan). 2017. Documentos de trabajo del enlace técnico, fotocopias.
Kay, C. 2009. “Estudios rurales en América Latina en el período de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista Mexicana de Sociología 71 (4): 607-647. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones sociales. Luiselli, Cristóbal. 1982. “¿Por qué el SAM?” Nexos 32.
Macías, M. 2012. “Trabajo del campo”. Publicación Electrónica 6: 49-66. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Magdoff, Fred. 2016. “Apropiaciones de tierras en el siglo XXI. Acumulación por desposesión agraria”. Monthly Review 2: 28. https://media.wix.com/ugd/58e728_7a3493c- b9483493ea84955d09d8df577.pdf
McMichael, Philip. 2015. Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. México: Porrúa. Opportimes. 2017. “APEAM: firmas de EEUU empacan 46% de las exportaciones de aguacate de México”, 22 de junio. Acceso el 30 de abril de 2018. https://www. opportimes.com/apeam-firmas-ee-uu-empacan-46-las-exportaciones-aguacate-mexico/ Notimex/La Voz de Michoacán. 2019. “Aguacateros relatan que son 100 mil por cobro de piso y 50 mdp de rescate en secuestro… CJNG ¿detrás?”, 27 de junio.
Pérez Roig, Diego y Claudia Composto. 2014. “Acumulación, crisis y despojo en el sistema mundo. Aproximaciones para pensar el rol de América Latina en el capitalismo del siglo XXI”. En Apuntes de acumulación. Capital, Estado, procesos socio-históricos de (re) producción y conflictividad social, compilado por Guido Galafassi, 17-60. Buenos Aires: Extramuros Ediciones.
Ramírez, César. 1997. “Globalización, neoliberalismo y estrategias de los actores regionales en la agricultura mexicana (Los productores frijoleros y la modernización pospuesta)”. Tesis para Doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Rendón, Juan José. 2011. La flor comunal. Oaxaca: Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca.
Riella, Alberto, Marcela Barrios y Paula Florit. 2008. “Estructura social agraria: una mirada a la diversidad del mudo rural”. V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata.
Rombaut, G. 2017. “Las claves logísticas de la exportación del aguacate”. The Insight, 30 de junio.
Salazar, Samuel, Luis Zamora y Ricardo Vega. 2005. “Actualización sobre la industria del Aguacate en Michoacán, México”. California Avocado Society. Yearbook 87: 45-54.
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2015. Plan rector estatal sistema producto aguacate Michoacán. Michoacán: SAGARPA.
SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). 2018. Anuario estadístico de la producción agrícola. Base de datos en línea. Acceso el 29 de agosto de 2019. http:// infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/AvanceNacionalSinPrograma.do
Shanin, Teodor. 1983. La clase incómoda. Madrid: Alianza Universidad. Teubal, Miguel. 2001. “Globalización y nueva ruralidad en América Latina”. En ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, compilado por Norma Giarracca, 45-66. Buenos Aires: CLACSO.
Ftiébaut, Virginia. 2008. “La liberalización económica y la transformación de los espacios agrarios mexicanos: problemas y alternativas en la región aguacatera michoacana”. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1998-2008. Barcelona, 26-30 de mayo. http://www.ub.edu/ geocrit/-xcol/266.htm
TUA (Tribunal Unitario Agrario). 2000. Sentencia pronunciada en el expediente número 155/94, relativo al reconocimiento y titulación de bienes comunales, promovido por la comunidad de San Lorenzo. Municipio de Uruapan, Michoacán: TUA.
Villanueva, Leninn y José Arturo Zepeda. 2016. “La producción de aguacate en el estado de Michoacán y sus efectos en los índices de pobreza, el cambio del uso de suelo y la migración”. Revista Mexicana sobre Desarrollo Local 1 (2), abril-septiembre.