Eutopia. Revista de Desarrollo Económico Territorial N.° 15, junio 2019, pp. 11-31 |
Agronegocios y campesinos maiceros en la Frailesca: vulnerabilidad y resistencias*
Hugo A. Pizaña Vidal** Héctor B. Fletes Ocón*** y Alma Amalia González Cabañas**** ** Universidad Autónoma de Chiapas, México, hugoadrian_25@hotmail.com, orcid.org/0000-0002-9850-1596 Recibido: 04/03/2019 • Aceptado: 24/04/2019 •
Publicado: 30/06/2019 Resumen Con base en una perspectiva cualitativa y diacrónica, se examina la configuración específica del agronegocio, así como su articulación e influencia regional. En contraposición a perspectivas dualistas, se propone la importancia de desentrañar las distintas articulaciones entre una gama heterogénea de actores, incluyendo la participación de empresas, agencias y agentes del Estado, así como campesinos y técnicos. El estudio se realiza en la región Frailesca de Chiapas, al sur de México. Primero, se describe la configuración de la región al influjo de la revolución verde. Posteriormente, se analiza el cambio regional impulsado por la implementación de políticas neoliberales, que reforzó la lógica productivista previa y conllevó la paulatina presencia de empresas agroindustriales. Degradación ecológica y pobreza constituyen rasgos dis-tintivos de la agricultura regional actual. En el tercer apartado, se analizan las formas en que los campesinos y pequeños productores se apropian, acomodan y resisten a los proyectos oficiales y de los actores del agronegocio. Se concluye que el agronegocio es un sector heterogéneo que se conforma de manera específica de acuerdo con las modalidades que asume la política, las relaciones sociales y la trayectoria regional. Palabras clave: campesinos; Chiapas; maíz; neoliberalismo; vulnerabilidad. Abstract Based on a qualitative and diachronic perspective, the specific configuration of the agribusiness is examined, as well as its articulation and regional influence. In contrast to dualist perspectives, it is proposed the importance of unraveling the different articulations among a heterogeneous range of actors, including the participation of companies, agencies and agents of the State, as well as peasants and technicians. The study is conducted in the Frailesca region of Chiapas, southern Mexico. First, the configuration of the region is described under the influence of the Green Revolution. Subsequently, the regional change driven by the implementation of neoliberal policies is analyzed. They reinforced the previous productivity logic and led to the gradual presence of agroindustrial companies. Ecological degradation and poverty are distinctive features of current regional agriculture. In the third section, we analyze the ways in which peasants and small producers appropriate, accommodate and resist the official projects and the agribusiness players. It is concluded that agribusiness is a heterogeneous sector, which is shaped in a specific way according to the modalities assumed by politics, social relations and regional trajectory. Introducción Desde inicios de la década de 1990, se ha profundizado la operación y el estudio del agronegocio en América Latina, como una categoría primordial para entender el cambio agrario en el contexto de la globalización, situación que difiere de la etapa previa de los estudios enfocados en la agroindustria (Giarraca y Teubal 2008, 140 y 164; Mackinlay 2008 166, 178). El aporte de estos trabajos consiste en develar los mecanismos mediante los cuales se despliega el capitalismo en su época actual. Sin embargo, en ocasiones, los estudiosos del tema parten de visiones dicotómicas de la realidad, en donde establecen la existencia de dos polos que actúan en contraposición y en los cuales ubican, a veces sin un examen cuidadoso, el conjunto diverso de actores operando en el territorio (Bello 2009; Rubio 2013). Es decir, de antemano colocan las empresas del agronegocio y los campesinos y pequeños productores en polos opuestos, con lo cual reducen la complejidad de las dinámicas sociales que configuran las cadenas agroalimentarias, así como las articulaciones que se establecen en y para la implantación del propio “modelo de agronegocio”. En el presente artículo, se ofrece una perspectiva diacrónica y regional para desentrañar los vínculos que establecen no solo las empresas y campesinos, sino también las agencias y agentes del Estado, así como técnicos y empresas locales. 1 Cabe mencionar que, mientras que en países de América del Sur tal “modelo” tiene una consolidación significativa (ver Gras y Hernández 2013), en México siguen siendo importantes las formas de organización más relativas a la “organización agroindustrial” en el sentido de que, aun con la operación de grandes empresas agroalimentarias en las esferas de transformación y distribución, un grupo de unidades sigue vinculada de una u otra manera con el territorio, mientras que otras se han constituido por actores locales. Estas empresas, de distinta escala, desarrollan vínculos sociales con los actores territoriales, sea para instalarse, generar productos o para implementar su estrategia de desarrollo. Esto no obsta para dejar de reconocer la polarización económica que ha conllevado la globalización neoliberal en el sector agroalimentario en México, con la presencia de un núcleo reducido de empresas que comandan las dinámicas de regulación, innovación, transformación y distribución (Bautista, Díaz y Lastiri 2015). 2 Por su parte, lo que en México se llega a denominar el sector social de la agricultura, esto es pequeños productores y campesinos, es un grupo que guarda su propia complejidad. Sin embargo, el panorama generalizado, derivado de la implementación de programas bajo la lógica estatal neoliberal, es el desmantelamiento de sus infraestructuras para la producción, sus sistemas de financiamiento, provisión de insumos, mercadeo e ingresos. Quienes más padecieron estos cambios fueron los dedicados a la producción de granos, en particular maíz de pequeña escala, y en buena parte de autoconsumo. Precariedad del trabajo y de los ingresos, así como debilitamiento de los sistemas locales alimentarios, marcan la pauta de la reestructuración en este sector. Estos actores no se han quedado inactivos, sino que precisamente, mediante una serie de estrategias individuales, colectivas o de las redes sociales a las que pertenecen, crean un margen de maniobra para subsistir, e incluso para generar mejores condiciones de vida y reproducción social y territorial. Tales mecanismos, de hecho, constituyen herramientas de las que ellos echan mano para contestar los discursos, dispositivos, materialidades y términos implementados por diversos actores (públicos y privados) bajo la égida del neoliberalismo. De esta manera, la reflexión en las articulaciones, acomodos y resistencias entre esta gama heterogénea de actores del agronegocio y el campesinado en el ámbito territorial nos permitirá examinar tanto los impactos de la reestructuración política neoliberal, así como los retos que afrontan los pequeños productores y campesinos. En este trabajo se analizan dichas dinámicas en la región Frailesca del estado sureño de Chiapas en México. Escenario del levantamiento zapatista en 1994, Chiapas comprende diversas formas de organización de la producción y el trabajo agrícola. Si bien la economía campesina es predominante, existen polos agrícolas donde se despliega una agricultura industrial, de carácter intensivo, basada en estrategias empresariales, capital, tecnología y uso de agroquímicos. Uno de estos polos es precisamente la Frailesca. El análisis e información se sustenta en el trabajo de campo que se inició a finales de 2017 con recorridos exploratorios para identificar actores y procesos relevantes. Otro período comprendió de junio de 2018 a febrero de 2019. Se realizaron 12 entrevistas abiertas a productores y productoras, agentes técnicos y funcionarios. Además, se aplicó una encuesta a una muestra de 30 productores y productoras de cinco ejidos, lo que permitió conocer la organización de la unidad de producción, su desempeño productivo, estrategias de sustento (dentro y fuera de la agricultura), problemáticas y relaciones sociales establecidas. Durante este tiempo, se revisó literatura sobre la región de estudio y las relaciones entre actores de la agricultura en México y otros países. La categoría central que se utiliza para examinar los procesos señalados es la de campesino. No se trata de una organización doméstica circunscrita a necesidades culturales internas, sino sujetos activos que establecen relación con el Estado y el mercado (Nigh 2010; Castellanos 2018). En el trabajo de CEPAL (1986), en México se señaló para esta categoría su cualidad familiar, pero también su carácter parcialmente mercantil, la importancia del territorio y la comunidad. Trabajos posteriores presentaron casi como sinónimos a los campesinos y pequeños productores (Hernández 2000). En ese sentido, cuando se habla en este texto de pequeño productor (PP) se hace referencia a un agricultor a baja escala con una superficie no mayor a cinco hectáreas; una organización productiva que incluye participación de miembros de la familia y el empleo de jornaleros; acceso limitado a tecnología y recursos financieros; orientados al mercado (aunque no como vendedores directos al consumidor, sino a intermediarios) y pluriactivos (al ser insuficiente la generación de ingresos por venta de su producción) (Fletes, Macías y Madera 2014). Se ha criticado la noción de PP en tanto despolitiza el concepto clásico de campesinado. Sin embargo, es importante subrayar la connotación que se dio a los PP (igualmente a la de campesinos) en el contexto de las políticas económicas neoliberales donde, a pesar de que fueron concebidos como unidades improductivas para el mercado, también se han documentado casos de su eficiencia en sentido tanto económico como ambiental, así como su contribución a los sistemas alimentarios locales (Calva 2012). En este texto se usan las dos categorías porque nos permiten considerar tanto a aquellos agricultores que guardan una lógica de organización familiar, cierto nivel de autosubsistencia y vínculos parciales con el mercado (campesinos localizados en las partes altas de la región Frailesca), como aquellos que se localizan en las llanuras y se orientan casi exclusivamente al mercado, pero que, aun así, recuperan la importancia de la comunidad y la sustentabilidad del entorno ecológico en que viven. Cabe señalar que no es objetivo del trabajo presentar una tipología de productores, sino centrarse en la especificidad de los diversos actores que configuran el agronegocio a escala regional. La estructura del texto consiste en lo siguiente. En el apartado a continuación se examina de manera breve la configuración histórica de la Frailesca, destacando algunos procesos específicos que le han otorgado su cualidad de región agrícola, como el reparto agrario y la creación de ejidos a mediados de la década de 1930 y el proyecto de modernización que impactó durante la década de 1970. Este apartado sirve de preámbulo y contexto para revisar, enseguida, la reconfiguración regional impulsada por el proceso de reestructuración política y económica neoliberal, en particular durante el período de finales de las décadas de 1980 y 1990. Se analiza la rearticulación de actores y agencias participantes en la región, así como los cambios agrarios y de las formas de vida de los pequeños productores y campesinos cultivadores de maíz (tanto nativo como híbrido). En el tercer apartado, se discuten los acomodos, resistencias y alternativas instrumentados por pequeños productores y campesinos. Estas acciones se basaron en el reconocimiento del agotamiento del modelo de agricultura intensiva (industrial), así como de la degradación de los recursos naturales y de las condiciones territoriales para la producción y reproducción de sus familias. Finalmente, se presentan reflexiones concluyentes. Formación de la región Frailesca al influjo de la revolución verde La región Frailesca abarca oficialmente seis municipios, a saber: Villaflores, Villa Corzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero y El Parral. Sin embargo, su formación y potencial agrícola tiene como eje los dos primeros municipios mencionados, por lo que el presente análisis se centra en ellos. A escala regional, ambos contribuyen con el 59% de la superficie sembrada de maíz y el 65% del volumen de producción del grano (SIAP varios años). El trabajo de campo abarcó ejidos donde el maíz y otros granos como el frijol son centrales en la vida económica y cultural de las familias. Al igual que en el resto del país, la población que habita en esta región mantiene como principal alimento de su dieta el consumo de tortilla a base de maíz, en cuya preparación se utilizan variedades nativas y mejoradas. Además, el grano se utiliza en un sinfín de platillos que son parte emblemática del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la cocina tradicional mexicana (UNESCO 2010). El nombre la Frailesca tiene su origen en la Colonia (siglos XVI-XIX), cuando se establecieron en la zona de los valles de la actual región las primeras haciendas dominicas(Viqueira 1997). Estas definieron el paisaje social de la época y constituyeron unidades de producción autárquicas controladas por la Iglesia, basadas en un sistema de explotación que incorporó población originaria a condiciones de acasillamiento 3 (Muench 1982). Con México independiente, esta estructura agraria conformada por haciendas no se modificó, pero su control y organización pasó a manos de terratenientes que pertenecían a sociedades seculares de filiación liberal (Márquez 2009). Durante este período, se fundaron los primeros pueblos en la región, otorgando a la misma una dinámica cultural y económica propia, sustentada en el comercio de ganado. Un acontecimiento que consolidó la integración regional de la Frailesca fue el reparto agrario y la creación de ejidos en una etapa posterior a la Revolución mexicana (1910-1917). Este proceso se presentó de manera tardía –respecto al resto del país– hasta el período presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuando se otorgó a las poblaciones campesinas pleno derecho para acceder a tierras para el trabajo agrícola. Los ejidos se fundaron en la parte más baja de los valles, en tierras de agostadero que incluyeron suelos húmedos y de temporal. En total, se crearon 22 ejidos que fueron dotados con 32 854 hectáreas y se beneficiaron 1855 solicitantes de tierra (González 2015, 98). La producción agrícola de maíz, realizada en forma tradicional, comenzó a ganar terreno sobre las actividades ganaderas y el ejido se constituyó en uno de los motores organizativos de la dinámica social regional (Camacho 2008). 4 En este punto se puede hablar del inicio de una región agrícola comercial en el sentido que los campesinos (ejidatarios) comenzaron a orientarse al mercado, con productos cosechados en sus propias tierras y que transportaban a la estación de ferrocarril de Jalisco (hoy municipio costero de Arriaga), para su posterior traslado al centro de México (González 2015). Las prácticas agrícolas se basaban en saberes arraigados a las épocas prehispánica y colonial. Se implementaba el sistema roza-tumba-quema 5 para la siembra de milpas que resultaban de la asociación maíz-frijol-calabaza. Los ejidatarios acostumbraban seleccionar de su propia cosecha las semillas de maíz que utilizaban en el siguiente período de siembra. Este carácter comercial de la agricultura regional se intensificó más adelante con el proyecto de modernización del campo impulsado por el Estado mexicano en la década de 1940, mediante la construcción de presas hidroeléctricas, distritos de riego y por medio de la difusión de la revolución verde (Hewitt 1982). Esta última consistió en un paquete de insumos químicos (fertilizantes, insecticidas y herbicidas) y nuevas técnicas de producción para explotar el potencial de los rendimientos de nuevas variedades de granos que fueron producto de diversas investigaciones genéticas (Hewitt 1982). 6 En la Frailesca, durante la década de 1950, este proyecto de modernización agrícola hizo presencia mediante la intervención del gobierno estatal en la promoción de maquinaria (De la Peña 1951). No obstante, su auge y la incorporación de las tecnologías derivadas de la revolución verde se presentó en la década de 1970, para lo cual fue necesario un fuerte apoyo institucional por medio de diferentes empresas públicas: Banco de Crédito Rural (BANRURAL); Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA); Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); Almacenes Nacionales de Depósitos (ANDSA); Programa Nacional de Semillas (PRONASE); y Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), que sirvieron de enlace para la difusión de agroquímicos y semillas mejoradas: híbridas (H-503 y H-507) y de polinización abierta (VS-521, VS-522 y V-524), responsables igualmente de almacenar, procesar y comercializar (SARH 1978). Este marco sociopolítico dio lugar a la intensificación agrícola de maíz en monocultivo y llevó a identificar la Frailesca como el “granero de Chiapas” (Camacho 2008). Cabe mencionar que los programas de modernización beneficiaron en mayor medida a los productores con suficiente infraestructura, esto es, capital y tierras de primera. En cuanto a las semillas, las variedades híbridas se reservaron a quienes tenían acceso a riego y maquinaria. Las de polinización abierta se destinaron al sector que cultivaba a baja escala, en tierras de temporal. Con el tiempo, estos productores prefirieron las variedades del Tuxpeño (entre otras, V-524 y V-534) debido a los siguientes factores: 1) podían reproducir las semillas en cosechas posteriores; 2) su color y rendimiento (3 a 4 toneladas en promedio); y 3) su tamaño y resistencia al acame (ver Nieuwkoop et al. 1992, Aguilar et al. 2009), razones por las que hoy este maíz todavía es conservado y cultivado por algunos agricultores (notas de campo). Entre los efectos más notables de estas intervenciones, se encuentra que las nociones de productividad económica y rendimientos a base del uso de insumos agrícolas externos redefinieron los sistemas de producción locales. A diferencia de las prácticas de conservación y reproducción de semillas nativas, la introducción regional de la revolución verde contribuyó a establecer dependencia a nuevas variedades de maíz y a agroquímicos que se deben adquirir y comprar cada ciclo. Comenzó, en este sentido, un proceso de mercantilización (pública y subsidiada) del proceso de producción agrícola (ver Olea 1997). Además, debido al uso de herbicidas, se limitó la práctica de asociación de cultivos, principalmente maíz-calabaza, alterando el tradicional sistema milpa. Asimismo, dio origen a problemas relacionados con la degradación de suelos, deterioro de ecosistemas y de la biodiversidad (ver Aguilar et al. 2009). Estos procesos, acentuados durante el neoliberalismo, han sido impugnados y contestados de diversas formas por ciertos grupos de pequeños productores y campesinos de la región, principalmente mediante la conservación de semillas nativas y la apropiación relativa de técnicas de labranza de conservación, aspectos que se analizan a continuación. Es principalmente en el ámbito de los maíces nativos y adaptados que la importancia del grano es permanente, al asumir una función medular en la preparación de diversos alimentos locales. Nueva articulación territorial y formas de vida en el contexto de reformas neoliberales Mientras que la producción ganadera constituyó el eje de la dinámica económica y sociocultural de la región durante el siglo XIX, cede un espacio importante a la agricultura a mediados del XX. Esta situación cambia durante las primeras décadas del actual siglo XXI, lo cual se relaciona con la crisis en la producción de maíz asociada con múltiples factores, entre otros, la caída de los precios del grano. El precio real del maíz en Chiapas (precios constantes con base en julio de 2019), derivado de las políticas de apertura comercial, pasó de $ 7 281,15 en 1983, a $ 3677,12 (pesos mexicanos) en 2017. Además de estos problemas económicos, los productores se enfrentan al cambio climático que se percibe en la alteración de los períodos de lluvias y en la ampliación de la etapa canicular (notas de campo; Bellante 2017). Esto ha influido en los ciclos agrícolas de los agricultores y en los niveles de producción. Sobre ello, es importante mencionar que, en los dos municipios principales de la región, la superficie sembrada de maíz pasó de 143 503 hectáreas en 1982, a 99 027 hectáreas en 2003 y 34 914 en 2017 (SIAP varios años). El territorio se ve radicalmente transformado también por los efectos de los programas de política en el marco de la estrategia neoliberal de mediados de la década de 1980 hasta la actualidad. Este conjunto de políticas reorientó las formas de intervención del Estado, modificó el funcionamiento y la estructura de los sistemas productivos (Keleman, Hellin y Bellon 2009) e involucró nuevos actores tales como las corporaciones agroindustriales (McCune et al. 2012), como se analiza a continuación. En respuesta a las recomendaciones de instituciones multilaterales (Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial) que solicitaron y exigieron al Gobierno limitar su papel en la economía con el propósito de generar un mercado abierto y competitivo a escala global, la primera medida que tomó el Estado fue reducir el gasto público destinado al sector primario. Sus efectos se vieron reflejados en forma inmediata en la disminución del monto del crédito agrícola y, por consiguiente, en la cantidad de insumos otorgados a los productores (Appendini 2001). Hacia 1986, junto con la implementación del Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas (GATT), se comenzaron a definir objetivos más precisos para reestructurar y privatizar los programas y las paraestatales (señaladas antes) que habían subsidiado la producción y comercialización de básicos. Este proceso se aceleró en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que liberó por com pleto los bienes agrícolas y dejó expuestos a los productores a la apertura de los mercados internacionales (Appendini 2001). Las funciones del Estado se desplazaron al mercado y a la iniciativa privada. De este modo ocurrió un reacomodo de los actores que promovían el desarrollo rural y las actividades agropecuarias, al tiempo que se reorientaron los programas agrícolas. Frente al proceso de apertura comercial, se creó en 1991 la agencia Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 7 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, posteriormente SAGARPA). ASERCA ayudó a los productores medianos y grandes que tenían dificultades para comercializar sus cosechas en un contexto donde la importación de granos básicos iba en aumento a raíz del cambio en la política de seguridad alimentaria, que dejó de incentivar la producción interna y priorizó la importación de alimentos baratos (Appendini, García-Barros y de la Tejera 2008; Hewitt 2007). Después, con la implementación del TLCAN, esta institución fungió como la encargada de operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), cuyo objetivo fue compensar a los productores de granos por los subsidios que recibían sus competidores en Estados Unidos y Canadá. Paralelamente se crearon dos programas que han caracterizado la política agrícola neoliberal desde la década de 1990: Programa de Apoyos a la Comercialización (1991) y Alianza para el Campo (1996). En la Frailesca, estos programas han tratado de inducir cambios tecnológicos, económicos y sociales en los sistemas de producción y comercialización, y en los ingresos de las familias rurales, pequeños productores y campesinos (Gobierno del Estado de Chiapas 1995). A su vez, se han desplegado en otras esferas conformadas por actores privados: empresas agroalimentarias y agentes financieros. Se han priorizado las transferencias tecnológicas y la asistencia técnica. Mediante ello, se han perseguido metas específicas vinculadas aún al modelo productivista de la revolución verde: aumento de la producción y la productividad, mayor rendimiento, rentabilidad de cultivos e incremento en los ingresos de los productores. A finales de la década de 1980, aparecieron nuevos agentes financieros alternativos a los estatales y un abanico de servicios de asistencia técnica, canales de comercialización y aseguramiento agropecuario. En 1991, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco de México promovió la constitución de despachos de asistencia técnica privados, a los cuales capacitó para establecer relaciones mercantiles para que los servicios y apoyos brindados se cobraran a los productores (Cadenas 2004, 5). Más adelante, cuando se puso en marcha el Programa Alianza para el Campo en 1996, se continuó el fomento de despachos técnicos por medio del Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). Más tarde, se incorporaron al campo financiero los bancos privados (Banco Nacional de México (BANAMEX), adquirido después por el norteamericano Citigroup, o Banco Comercial (BANCOMER), cuyo accionista principal en la actualidad es el español BBVA), y cuya función consistió en promocionar y recuperar créditos de avío y refaccionarios. En ocasiones, estas instituciones bancarias trabajaron en conjunto con los despachos de asistencia técnica, como bancos de soporte y para ejercer recursos provenientes del Banco de México (Cadenas 2004). Para entonces, BANRURAL continuaba en funciones, aunque bajo mecanismos distintos a los de décadas precedentes. Fue liquidado en 2002. Las acciones de los despachos privados han mermado en años recientes como consecuencia de que otros agentes, como los fabricantes de semillas, recurrieron a establecer relaciones directas de venta con grupos de productores, además que estos optaron por adquirir directamente insumos en tiendas de agroquímicos. A la par de estos cambios, emergieron nuevos actores que diversificaron las relaciones comerciales al interior de la región. Este es el caso del grupo MASECA que, en 1994, se instaló en el municipio de Ocozocoautla con el propósito de abastecerse de la producción de maíz, tanto de la Frailesca como de otras zonas de Chiapas, para su transformación industrial en harina (Cadenas 2004). Además, se sumaron otras empresas agroindustriales como MINSA, la empresa avícola Buenaventura (fundada en 1969) y la Fábrica de Alimentos Balanceados del Sur (ALBASUR, fundada en 1994) que representaron las principales opciones para la comercialización de maíz. CONASUPO formó parte de estas opciones hasta que cerró en 1999. Una de las prioridades del Programa Alianza para el Campo fue la transferencia de tecnologías, iniciativa enmarcada en la política de modernización del campo del sexenio 1994-2000. El principal componente fue el Programa de Fomento a la Producción Agrícola (Kilo por Kilo), implementado en 1996, por medio del cual se buscó aumentar la producción de maíz y frijol, induciendo el uso de semillas mejoradas en sustitución de semillas nativas (Aguilar et al. 2009). La principal variedad de maíz que se promocionó fue V-534 (de polinización libre, que se puede utilizar en siembras posteriores), así como el frijol Jamapa. Un actor clave de la región cuya función fue proveer y distribuir semillas certificadas fue la Sociedad de Productores de Semillas de San Pedro Buenavista AC (Semillas Frailescanas), del municipio Villa Corzo, que estuvo a cargo del programa Kilo por Kilo hasta 2001. En 2002, dicho programa desapareció, pero el fomento del uso de semillas mejoradas continuó mediante el Programa Especial de Semillas (Bellon y Hellin 2011). En forma paralela a los cambios institucionales ocurridos en la región y en pleno augede la apertura a los mercados internacionales, aparecieron en 2000 diversas casas comerciales de empresas transnacionales que ofrecían otras variedades de semillas mejoradas, entre ellas Pioneer (Dupont), Dekalb (Monsanto) y Syngenta, e insumos químicos (Novartis, Syngenta) (Aguilar et al. 2009). En las localidades de la Frailesca, el uso de este tipo de insumos se generalizó entre los productores, quienes han buscado obtener altos rendimientos de sus cosechas. Bellon y Hellin (2011) sostienen que, en 2006, el 60% de las ventas de las mayores distribuidoras de semillas estaba subsidiado por el Gobierno. Entre ellas, se encuentran corporaciones transnacionales, compañías regionales y nacionales, así como una cooperativa y una compañía nacional de semillas que ofrece variedades de polinización libre e híbridos. Para 2003, adquirieron relevancia en la política agrícola mexicana los programas de apoyos a la comercialización (Echánove 2013), renglón que se enfoca en proteger tanto a productores como empresas compradoras de granos de los riesgos de las fluctuaciones en los precios internacionales. El principal programa que se puso en operación se denominó “Apoyos directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos” (2003). Este incluyó varios tipos de subsidios, pero sus principales componentes fueron: 1) ingreso objetivo; 2) cobertura de precios; y 3) agricultura por contrato. Todos se han establecido en la región y coinciden con el auge de empresas particulares compradoras de granos y oleaginosas. Producto de lo anterior, durante la primera mitad de la década de 2000, se modificó una vez más la red actores de comercialización del maíz, ya que a las empresas agroalimentarias existentes se agregaron otras orientadas al intermediarismo de granos básicos (compraventa con los productores) y no a la transformación o uso final de los mismos. Entre ellas se encuentran Granos y Fertilizantes del Sur (GRAFESUR); Agromaquilas del Sureste; El Granero de Buenavista; Granos y Fertilizantes Buenavista; y Fertigranos Revolución Mexicana, todas de capital regional y fundadas por nuevos actores empresariales. Actualmente concentran la compraventa de granos y además tienen la posibilidad de vender fertilizantes. A diferencia de PROCAMPO que –de manera inequitativa– ha distribuido recursos entre distintos tipos de productores de autoconsumo y comerciales (Fox y Hight 2010; Scott 2010), los programas de apoyos a la comercialización se otorgan solo a productores y empresas que generan y compran excedentes (Echánove 2013). Esto significa que se ha beneficiado una proporción muy reducida de productores y principalmente las empresas agroalimentarias y comercializadoras de granos. Un dato que refleja esta situación en Villaflores y Villa Corzo es que, en 2015, la cantidad de productores individuales identificados como personas físicas) que recibieron este tipo de incentivos ascendió a 3722, con un monto asignado de $ 45 728 084 (Pesos mexicanos). Mientras que el grupo de productores mercantiles, que incluye las Sociedades de Producción Rural (SPR), empresas avicultoras y comercializadoras, congregó solo ocho con un monto de $ 20 028 613,64 (Pesos mexicanos), lo cual representó en ese año el 60,7% del monto total otorgado al estado (cálculos propios con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México). Los apoyos a productores agrícolas de baja escala se han reducido a PROAGRO-Pro-ductivo (antes PROCAMPO) y a programas que incentivan el uso de paquetes tecnológicos, como Apoyos para Pequeños Productores de Maíz y Frijol (PIMAF, programa federal) y Maíz Sustentable (programa estatal). 8 Estos últimos fueron administrados por organizaciones campesinas o Sociedades de Producción Rural (SPR) que en ocasiones obstaculizaron la entrega óptima a los campesinos y pequeños productores. Como resultado de las restricciones comerciales, caída de los precios reales, degradación de los suelos y desmantelamiento del aparato estatal para el desarrollo agrícola, en la región se ha reducido la superficie agrícola sembrada. En ese sentido, la radicalidad del cambio político en la lógica neoliberal constituyó un desincentivo a la producción de básicos y una creciente vulnerabilidad en el territorio de los pequeños productores y campesinos, 9 pero contribuyó a instalar, y en su caso, fortalecer, un núcleo de empresas en el ramo del agronegocio, nacional y transnacional. A continuación, se examinan las iniciativas, prácticas y alternativas construidas por los actores del “sector social” de la economía agraria regional, esto es, campesinos y pequeños productores. Resistencias e iniciativas de los pequeños productores y campesinos La expresión regional de la revolución verde constituyó una etapa inicial de instalación de la lógica del agronegocio, en tanto introdujo nuevos términos del desarrollo de la agricultura, como la productividad, el monocultivo y la rentabilidad. Esta orientación continúa y se exacerba durante el período neoliberal en un contexto de mayor presencia de capital privado, lo cual profundiza impactos socioeconómicos y ecológicos. Lo primero se refleja en la dependencia de pequeños productores y campesinos respecto a insumos externos y al mercado, en un marco de desigualdades que repercute en su vulnerabilidad e incertidumbre. Lo segundo, como se ha indicado, se presenta en la degradación del suelo y la susceptibilidad de los productores y la población a la contaminación por el uso de insumos con glifosato, prohibido en otros países. Estos actores han desplegado prácticas e iniciativas que expresan formas de adaptar, acomodarse o impugnar el modelo agrícola impulsado por las políticas neoliberales, que descuida las dimensiones de biodiversidad y la seguridad alimentaria. Degradación de los recursos naturales, vulnerabilidad y pobreza El uso indiscriminado de agroquímicos ha acidificado los suelos, contaminado los ríos y mantos freáticos y colocado en riesgo la salud de los productores y la población en general (Estrada 2014). La acidez, la saturación de aluminio y la baja proporción de materia orgánica afectan los rendimientos del maíz y conllevan la aplicación de dosis más elevadas de fertilizantes nitrogenados, lo que incrementa los costos de producción (Bellante 2017;notas de campo). En 2007 se reportó que el 40% (aproximadamente 33 500 hectáreas) de la superficie de llanura de la región administrativa, que incluye los municipios aquí analizados, está afectada por la acidez causando pérdidas en el rendimiento del grano de 800 a 1400 kilogramos por hectárea (Mendoza et al. 2007). Por otro lado, la población en condición de pobreza en los municipios estudiados se ha incrementado. En 1990, el número de personas pobres alcanzó 88 606 (69% del total de población de ambos municipios), pero en 2010 aumentó a 139 171 personas, el 81% de la población. Además, el 45% de la población estaba en situación de pobreza alimentaria, es decir, con ingresos insuficientes para obtener una canasta básica de alimentos (CONEVAL 2018). Cabe mencionar que la población ocupada en el sector primario representaba, en 1990, el 68% del total, mientras que en 2015 era del 43% (INEGI 2018). Las modalidades de producción son heterogéneas. La agricultura intensiva coexiste con prácticas locales y tradicionales. La primera se sustenta en empresas agrícolas transnacionales y nacionales que influyen y, en gran medida, comandan los procesos de producción de los maiceros. Las marcas más utilizadas por los agricultores son Pioneer (Dupont) y Dekalb (Monsanto), seguidas de Syngenta y America Seeds & Genetics. En menor medida, se utilizan marcas nacionales (privadas) como Productores Asociados de Semillas (PROASE) y PROSESO (notas de campo). Además, la totalidad de los productores empleó agroquímicos (encuesta del proyecto). Estos incluyen el uso generalizado de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Dentro de los primeros, el sulfato de amonio es el más común por sus bajos precios y debido a que es el único subsidiado por los gobiernos federal y local al ser parte de programas como PIMAF y Maíz Sustentable. Otros fertilizantes utilizados son UREA y fosfato diamónico 18-46-0. En cuanto al uso de herbicidas, el activo que más se emplea es el glifosato, destacando marcas comerciales como Faena (Monsanto), Lafam (Dragón) y Herbipol (Polaquimia) (notas de campo). Sin embargo, como parte de la resistencia, encontramos que la presencia de semilla híbrida no elimina la importancia de la nativa y las prácticas asociadas con ella, como el cultivo asociado. En la encuesta se encuentra que un 56,6% de los productores utilizaron solo semilla híbrida. Un 40% empleó ambas semillas, híbrida y nativa. Mientras que un 3,3% optó por semilla nativa exclusivamente. Entre las semillas nativas se encuentran Olotillo, Maíz Macho, Crema, Aguascalientes, Chimbo, Jarocho y variedades adaptadas y apropiadas como el Tuxpeño. La defensa y persistencia de estas semillas cumple un rol específico en las prácticas de subsistencia, a saber, la seguridad y calidad de los alimentos, ya que son maíces que se valoran en función de su sabor y aporte nutrimental cuando se procesan como alimentos, además que “tienen menos químicos” (notas de campo). Estos resultados son consistentes con las investigaciones de Fletes, Ocampo y Valdiviezo (2016) sobre estrategias campesinas en la región de Comitán (Chiapas), donde se encontró un amplio uso de semillas nativas y, de este modo, la conservación de la biodiversidad local; y con los trabajos de D’Alessandro y Linck (2016) y Lazos (2016), quienes demuestran que las prácticas tradicionales de agricultura, alimentación y de manejo del territorio constituyen una estrategia de resistencia campesina anclada en su cultura e historia para defender su territorio. Un numeroso grupo de productores impugna el monocultivo y practica la diversificación de la parcela. A pesar de las políticas agrícolas de modernización, se identificó (en la encuesta) que un 70% de las unidades de producción intercalan (o asocian) una parte de la superficie de maíz con otro cultivo. Entre los patrones de asociación, resaltan maíz-calabaza, maíz-frijol (de relevo) y maíz-canavalia. Los primeros dos patrones son fundamentales para complementar el consumo familiar, pero también forman parte de un mercado local que contribuye a generar ingresos. Las asociaciones maíz-frijol y maíz-canavalia ayudan en la conservación de la fertilidad de los suelos, ya que fijan nitrógeno (notas de campo). Parte de las estrategias o, en gran medida, imperativos, de los productores maiceros y sus unidades familiares para enfrentar los procesos de cambio en el campo, se encuentran fuera de las explotaciones agrícolas, en la pluriactividad. Dentro de estas unidades, se desarrolla al menos una actividad económica adicional a la agricultura, ya sea dentro o fuera del sector primario. Estas estrategias representan una vía asequible para cubrir necesidades básicas inmediatas, dado que los ingresos que se producen generalmente se emplean para la subsistencia cotidiana, no obstante, hay quienes invierten en la siembra (notas de campo). En la encuesta de esta investigación, se encontró que en 86,6% de las unidades se realizan actividades fuera de la agricultura. De esta proporción, 80% están relacionadas con los servicios locales y pequeños comercios, donde predomina el trabajo por cuenta propia en la venta de alimentos (pan, pollo fresco, tamales, entre otros), pequeñas tiendas de abarrotes, venta de cosméticos, costura y peluquería. Por otro lado, el 50% de las unidades con pluriactividad realizan trabajos remunerados, ya sea como jornaleros, empleados en el sector manufacturero (trabajando para empresas avícolas), o bien, dentro del sector servicios como mototaxista, empleada doméstica o ayudante de cocina. Dentro de la generación de ingresos no agrícolas, la participación del trabajo femenino contribuye con un aporte crucial, al cubrir el 65% de los casos con estrategias fuera de las explotaciones. Por último, una actividad que se constituye en una estrategia relevante para los pequeños productores es la ganadería, cuya proporción alcanzó 42% de los casos. Se registró un mínimo de dos cabezas de ganado y un máximo de 10 destinadas a la producción de carne y leche. Estas actividades aseguran un ingreso a las familias que permite afrontar los bajos e inestables precios del maíz y soporta una parte de los gastos familiares y de producción. 10 Sin embargo, no se trata de una ocupación a la que todos los productores tengan acceso, ya que depende de la disponibilidad de ingresos y tierras. De igual forma, en la actualidad la ganadería tiene mayores límites que hace una década debido a que los productos derivados están sujetos a las fluctuaciones de los precios y al acaparamiento por parte de intermediarios locales (notas de campo). Otras iniciativas en el entorno del agronegocio En respuesta a los procesos de degradación ambiental y buscando formas de producción más sustentables, menos costosas y que impliquen un uso menos intensivo de agroquímicos, en 1999 se formó el Club de Labradores de Conservación de Villaflores en el que participan productores de diferentes ejidos, como Nuevo México, Francisco Villa, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Tenochtitlán (Pulleman et al.2008; notas de campo, julio de 2018). La labranza de conservación y sus objetivos son parte de las tecnologías agrícolas que se han adoptado en la Frailesca a raíz de un proyecto promovido por CIMMYT e INIFAP a finales de la década de 1980, con apoyo institucional y financiero de FIRA y la SARH (Nieuwkoop et al. 1994). La labranza cero y, en general, las prácticas de labranza de conservación, consisten en reducir la remoción de la tierra y usar (en lugar de quemar o pastar) el rastrojo de maíz como mantillo para controlar la erosión y aumentar la retención de humedad del suelo. El objetivo de estas técnicas es doble, por un lado, resolver problemas de degradación de suelos y, por otro, reducir los costos de producción al disminuir la dosis de fertilizantes químicos que se emplean en los cultivos. Además de realizar las prácticas de cultivo señaladas, una de las actividades que realiza el Club ha consistido en transmitir estas prácticas mediante el intercambio de experiencias y conocimientos con otros productores de la región, estudiantes y expertos de instituciones académicas locales. Aquí se presenta una articulación entre el grupo y los técnicos de INIFAP y CIMMYT. En la actualidad, la labranza de conservación forma parte de las alternativas tecnológicas promovidas por estas instituciones dentro del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO). Estas organizan reuniones donde los productores del grupo demuestran in situ los beneficios de no quemar el rastrojo y dejarlo como capa protectora para el suelo, entre ellos, reducir los costos de producción y elevar los rendimientos del cultivo (notas de campo). El impacto económico y ambiental parece interesante. Sin embargo, el programa “pasa de largo” el problema de fondo, ya que no cuestiona la dependencia al uso de semillas híbridas y demás elementos del paquete tecnológico, entiéndase agroquímicos: herbicidas y pesticidas. Por otro lado, la apropiación de estas prácticas por los campesinos ha presentado límites de carácter sociocultural y económico. En el proceso histórico de formación regional agrícola, los productores han configurado un conocimiento propio referido a las prácticas de quema o pastoreo de residuos de cosecha. Esta situación se presenta como un factor que incide en las modalidades y grados de apropiación de la labranza de conservación (notas de campo). Es decir, en algunos casos el conocimiento que conlleva la labranza no corresponde con el de los productores, situación que se confirma en el siguiente testimonio: 11
Además, existen restricciones económicas que influyen en el desarrollo de este tipo de iniciativas. A la reducida base económica de las unidades agrícolas se agrega el problema de la reducción de los precios reales del grano que mencionamos, así como la inexistencia de un pago extra por el producto obtenido con métodos de conservación. La misma productora, que identifica las ventajas de la labranza cero, al mismo tiempo reconoce el precio como limitante:
Reflexiones finales La experiencia de la Frailesca da cuenta de la compleja configuración del agronegocio, en el que se interrelacionan agencias y agentes del Estado, campesinos y empresas de capital privado. El marco sociopolítico que ayudó a establecer esta dinámica deviene del período de la revolución verde que, a partir de un amplio apoyo institucional, contribuyó a generar una agricultura comercial e intensiva, dependiente del uso de insumos externos para la obtención de altos rendimientos agrícolas, pero social y ecológicamente insostenible. Con las políticas al campo durante el neoliberalismo, dicho esquema productivista se reforzó, pero se estratificaron los apoyos institucionales y se asignó al mercado y al sector privado la función de dirigir y regular la producción y el comercio de básicos. Existe, en este sentido, un fuerte control sobre el mercado agroalimentario regional y sobre los sis temas de producción y prácticas de los agricultores. Los programas agrícolas durante el neoliberalismo han deteriorado los ingresos y las condiciones de vida de los campesinos; también han desvalorizado la dimensión ecológica y la agrobiodiversidad sobre la cual algunos agricultores se sustentan. A largo del trabajo se demuestra que el agronegocio, en el contexto del capitalismo global, no se ciñe a dos polos antagónicos: empresas versus campesinos. Por el contrario, su emplazamiento y desarrollo necesita de la intervención del Estado, que éste genere un marco institucional y político específico (privatización y libre comercio); también es menester la participación del propio campesinado, que el grupo valide y adopte las tecnologías “mejoradas”, que destine sus productos al mercado, o bien, que se incorpore como mano de obra. En la región analizada, las empresas del agronegocio se han establecido como actores clave que, de acuerdo con sus propias lógicas de operación, compiten, y otras veces se asocian, para desarrollar una agricultura comercial. Las industrias semilleras y de agroquímicos han tendido a construir lazos comerciales más estrechos con los agricultores, lo que les permite colocar sus productos e influenciar los sistemas productivos locales. Las comercializadoras han seguido una estrategia similar que, con validación y respaldo institucional, acaparan la compraventa de maíz en grano. Por su parte, las agroindustrias procesadoras de alimentos se abastecen del maíz que se produce en la región, pero cada vez más han elegido importar. Aun en este contexto, los productores a baja escala se muestran capaces de desplegar iniciativas y respuestas que, si bien no contrarrestan las formas de dominio de amplia escala, sí representan estrategias de adaptación y resistencia al modelo agrícola neoliberal. Desde luego, las mismas presentan barreras y desafíos complejos que ensombrecen el panorama, pero no restan importancia al hecho de que se impugnen los principios base de la agricultura industrial. ________________________ 1 En este trabajo se usa el término región para identificar la unidad espacial de análisis, el lugar donde se gestan las relaciones sociales y de producción entre una diversidad de actores (Palacios 1989). En diversas discusiones sobre la globalización, el territorio se destaca como una manera de reinsertar la escala local y los actores en los procesos de cambio (González 2010).El territorio, como categoría, permite considerar el ámbito físico, cultural y ambiental en el que discurren las distintas formas de vida, actividades cotidianas y reproducción de actores sociales concretos (Haesbaert 2011). ˆ 2 Durante el período 2006-2013, se destacan 33 “corporaciones multinacionales” como las principales agroindustriales que impactan en el mercado mexicano. Sus ventas durante 2013 fueron igual a $ 1 831 616 millones de pesos mexicanos, lo que representó el 15,3% del total de las 500 principales empresas. Los segmentos en que estas empresas participan, con similares niveles de concentración ejercido por las empresas dominantes, son: semillas y agroquímicos; cerveza, refrescos y bebidas; alimentos procesados (que representa cerca del 16% de las ventas); procesamiento de carne; lácteos; y comercio minorista (Bautista, Díaz y Lastiri 2015). ˆ 3 Peones que viven en el interior de la hacienda, prestando su fuerza laboral a cambio de un jornal o salario.ˆ 4 En 1950, la superficie agrícola entre los dos municipios superó a las tierras ganaderas. La primera cubrió 103 608 hectáreas, mientras que la segunda abarcó 78 710 hectáreas, es decir, las tierras agrícolas las superaban en 24 898 hectáreas. ˆ 5 La roza-tumba-quema es un sistema que permite dejar en descanso las parcelas que han sido cultivadas con milpa, con el objetivo de restablecer la fertilidad natural de los suelos. Este manejo está ligado con la compleja asociación de especies donde el maíz, el frijol y la calabaza son los ejes principales. Si bien el sistema tiende a ser satanizado, es un hecho que el correcto uso del fuego permite la reincorporación de la materia orgánica de arbustos y árboles de manera más efectiva. Investigaciones recientes revalorizan los saberes locales en torno al uso del fuego en este manejo agrícola (Gutiérrez Navarro et al. 2017). ˆ 6 La revolución verde representó un programa institucional mundial impulsado por la Fundación Rockefeller (Esteva 1980). En México, ha sido central el apoyo de la Secretaría de Agricultura y la colaboración de diversos centros de investigación, desde la Oficina de Estudios Especiales creada en 1943, que en 1961 se convirtió en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) (Hewitt 1982). Para entonces, la Fundación Rockefeller retiró el financiamiento que destinaba a las investigaciones en México y se interesó por difundir a escala internacional el conocimiento especializado en maíz y trigo. De este interés surgió en 1963 el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) (Olea 1997). Para 1985, el INIA se transformó en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias(INIFAP), que ha trabajado con el CIMMYT en diferentes proyectos para el campo mexicano, promoviendo el uso de semillas mejoradas. ˆ 7 En 2012 cambió su nombre a Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). ˆ 8 En la administración federal 2018-2024, PROAGRO Productivo y PIMAF han pasado a formar parte del programa general “Producción para el Bienestar”. Maíz Sustentable dejó de operar desde 2018.ˆ 9 La vulnerabilidad territorial comprende los riesgos o daños a un grupo poblacional y su entorno en las dimensiones ambiental, económica y social. Son considerados los fenómenos naturales, la intervención humana sobre la naturaleza, alzas de precios o políticas públicas equivocadas (González 2013). ˆ 10 Además, un 93% de las unidades recibe algunos subsidios de programas sociales y agrícolas, mientras que un 13% recibe ingresos por concepto de remesas (encuesta de la investigación doctoral citada).ˆ 11 Por cuestiones de confidencialidad, el nombre del testimonio es ficticio. ˆ |
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Bibliografía Aguilar, Carlos, José Galdámez, Antonio Gutiérrez y Santiago Mendoza. 2009. “Evolución de los sistemas agrícolas tradicionales. Hacia una agricultura sostenible en Chiapas”. En Desarrollo en espacios rurales iberoamericanos. Sostenibilidad e indicadores, editado por Alfredo Tolón Becerra y Xavier Lastra, 85-100. Almería: Universidad de Almería. Appendini, Kirsten. 2001. De la milpa a los tortibonos: la reestructuración de la política alimentaria en México. México: El Colegio de México. Appendini, Kirsten, Raúl García-Barrios y Beatriz de la Tejera. 2008. “Seguridad alimentaria y calidad de los alimentos: ¿una estrategia campesina?” En Instituciones y desarrollo. Ensayo sobre la complejidad del campo mexicano, coordinado por Raúl García-Barrios, Beatriz de la Tejera y Kirsten Appendini, 105-149. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Bautista, Alejandra, Irma Díaz y Miriam Lastiri. 2015. El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México. México: OXFAM. Bellante, Laurel. 2017. “La doble exposición de los campesinos: políticas públicas y cambio climático”. La Jornada Ecológica 212. https://www.jornada.com.mx/2017/05/28/ecologica212.pdf Bello, Walden. 2009. The food wars. Londres: Verso. Bellon, Mauricio y Jon Hellin. 2011. “Planting hybrids, keeping landraces: agricultural modernization and tradition among small-scale maize farmers in Chiapas, México”. World Development 39: 1434-1443. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.12.010 Cadenas, Pedro. 2004. “Actores, estrategias y dinámicas de organización en el agro de la Frailesca, Chiapas”. Tesis de Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados, México. Calva, José. 2012. “Políticas agropecuarias para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenido con equidad”. En Políticas agropecuarias, forestales y pesqueras 9, coordinado por José Luis Calva, 67-92. Mexico: CNU / Juan Pablos Editor. Camacho, Dolores. 2008. La lucha sigue y sigue. Organización popular en la Frailesca. México: UNAM. Castellanos, Antonio. 2018. “Palma de aceite en tierras campesinas: la política de las trans formaciones territoriales en Chiapas, México”. Pueblos y Fronteras 13: 1-34. https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2018.v13.357 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 1986. Economía campesina y agricultura empresarial. Tipología de productores del agro mexicano. México: Siglo XXI. CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 2018. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/chiapas/Paginas/pob_ingresos.aspx 29 Agronegocios y campesinos maiceros en la Frailesca: vulnerabilidad y resistencias EUTOPÍA Número 15 junio 2019 págs. 11-31 ISSN: 1390 5708 E-ISSN: 2602 8239 Echánove, Flavia. 2013. Apoyos del gobierno a la comercialización de granos: los programas de agricultura por contrato y coberturas de precios. México: Subsidios al Campo. http://subsidiosalcampo.org.mx/wp-includes/textos_pdf/subsidios-pdf/7.Granos.pdf Esteva, Gustavo. 1980. La batalla en el México rural. México: Siglo XXI. Estrada, María. 2014. “Sustentabilidad y seguridad alimentaria en el sistema productivo de maíz en Chiapas”. Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo en México 153. D’Alessandro, Renzo y Thierry Linck. 2016. “Identidad y territorio: la apropiación de los saberes locales a partir de la conservación del maíz nativo tzeltal”. En El maíz nativo en México. Una aproximación crítica desde los estudios rurales, coordinado por Ignacio López Moreno e Ivonne Vizcarra, 175-194. México: UAM Lerma / Juan Pablos Editor. De la Peña, Moisés. 1951. Chiapas económico, tomo 1. Chiapas: Tuxtla Gutiérrez / Departamento de Prensa y Turismo, Sección Autográfica. Fletes, Héctor, Guadalupe Ocampo y Guillermo Valdiviezo. 2016. “Reestructuración de la agricultura e inseguridad alimentaria. Las iniciativas y retos de los pequeños productores en Chiapas”. Entre Diversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 7: 112-135. https://doi.org/10.31644/ED.7.2016.a04 Fletes, Héctor, Alejandro Macías y Jesús Madera. 2014. El papel de los pequeños productores en la agricultura y alimentación. La experiencia desde tres regiones agrícolas en México. México: Plaza y Valdés. Fox, Jonathan y Libby Haight. 2010. “La política agrícola mexicana: metas múltiples e intereses en conflicto”. En Subsidios para la desigualdad. Las políticas del maíz en México a partir del libre comercio, coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight, 9-45. México: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Giarraca, Norma y Miguel Teubal. 2008. “Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: el caso argentino”. En Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agrária atual, organizado por Bernardo Manç ano, 139-164. São Paulo: CLACSO. Gobierno del Estado de Chiapas. 1995. Programa de desarrollo de la región Frailesca 1995-2000. González, Humberto. 2013. “Especialización productiva y vulnerabilidad agroalimentaria en México”. Revista Comercio Exterior 63: 21-36. González, Juan. 2015. De la finca al ejido. Historia que narra la fundación de ejidos en el primer valle de la Frailesca 1915-1940. México: CONECULTA. González, Salomón. 2010. “La escala y la métrica espacial en la representación y análisis de los procesos de globalización”. En Sistema mundial y nuevas geografías, coordinado por Miriam Alfie, Iván Azuara, Carmen Bueno, Margarita Pérez Negrete y Sergio Tamayo, 475-499. México: Universidad Iberoamericana / UAM Atzcapotzalco. Gras, Carla y Valeria Hernández. 2013. El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblos. Hugo A. Pizaña Vidal, Héctor B. Fletes Ocón y Alma Amalia González Cabañas 30 EUTOPÍA Número 15 junio 2019 págs. 11-31 ISSN: 1390 5708 E-ISSN: 2602 8239 Gutiérrez Navarro, Alonso, Luis Enrique García Barrios, Manuel Parra Vázquez, Peter Rosset. 2017. “De la supresión al manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas: perspectivas campesinas”. Región y Sociedad 70: 31-70. Haesbaert, Rogério. 2011. El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la multiterritorialidad. México: Siglo XXI. Hernández, María Isabel. 2000. “Una tipología de los productores agropecuarios”. En Los pequeños productores rurales en México. Las reformas y las opciones, compilado por Antonio Yúnez-Naude, 17-72, México: El Colegio de México. Hewitt, Cynthia. 2007. “Ensayo sobre los obstáculos al desarrollo rural en México. Retrospectivas y prospectivas”. Desacatos 25: 79-100. https://doi.org/10.29340/25.570 Hewitt, Cynthia. 1982. La modernización de la agricultura mexicana: 1940-1970. México: Siglo XXI. INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2018. México en cifras. Acceso el 19 de marzo. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=07 Keleman, Alder, Jon Hellin y Mauricio Bellon. 2009. “Maize diversity, rural development policy, and farmers’ practices: lessons from Chiapas, México”. The Geographical Journal 175: 52-70. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2008.00314.x Lazos, Elena. 2016. “La conservación de la agrodiversidad en la arena política del desarrollo. Maíces en Tlaxcala y en Oaxaca”. En El maíz nativo en México. Una aproximación crítica desde los estudios rurales, coordinado por Ignacio López Moreno e Ivonne Vizcarra, 241-271. México: UAM Lerma / Juan Pablos Editor. Mackinlay, Horacio. 2008. “Pequeños productores y agronegocios en México: una retrospectiva histórica. Tendencias de expansión y operación de los agronegocios a principios del siglo XXI”. En Campesinato e agronegocio na América Latina: a questão agrária atual, organizado por Bernardo Mançano, 165-194. São Paulo: CLACSO. Márquez, Esaú. 2009. Evolución y desarrollo de la región Frailesca 1876-1924. México: UNICACH. McCune, Nils, Francisco Guevara, José Nahed, Paula Mendoza, Jesús Ovando, Benigno Ruiz y Leopoldo Medina. 2012. “Social-ecological resilience and maize farming in Chiapas, Mexico”. En Sustainable development. Authoritative and leading edge content for environmental management, editado por Sime Curkovic, 485-512. Croacia: IntechOppen. Mendoza, Santiago, Carlos Aguilar, José Galdámez, Antonio Gutiérrez y Franklin Martínez. 2007. “Los suelos ácidos en la producción agrícola de la región Frailesca, Chiapas, México”. En Actas del I seminario de cooperación y desarrollo en espacios rurales iberoamericanos. Sostenibilidad e indicadores, editado por Alfredo Tolón Becerra y Xavier Lastra, 301-308. Almería: Universidad de Almería. Muench, Pablo. 1982. “Las regiones agrícolas de Chiapas”. Revista de Geografía Agrícola 2:57-102.31 Agronegocios y campesinos maiceros en la Frailesca: vulnerabilidad y resistencias EUTOPÍA Número 15 junio 2019 págs. 11-31 ISSN: 1390 5708 E-ISSN: 2602 8239 Nieuwkoop, Martien, Walter López, Ausencio Zamarripa, Pedro Cadenas, Bernardo Cadenas y Rubén de la Piedra. 1992. Uso y conservación de los recursos naturales en la Fraylesca, Chiapas: un diagnóstico. México: CIMMYT. Nieuwkoop, Martien, Walter López, Ausencio Zamarripa, Rubén de la Piedra, Francisco Cruz, Robertony Camas y Jaime López. 1994. La adopción de las tecnologías de labranza de conservación en la Fraylesca, Chiapas. México: CIMMYT. Nigh, Ronald. 2010. “Construcción de redes en la cadena de valor alimentaria. La agricultura campesina en Chiapas del siglo XXI”. En Pequeños productores y vulnerabilidad global agroalimentaria, editado por Héctor Fletes, 38-60. México: UNACH / RISHORT. Olea, Adolfo. 1997. “La introducción del maíz híbrido en la agricultura mexicana: una historia de equívocos científicos, intereses comerciales y conflictos sociales”. En Ciencias en los márgenes. Ensayos de historia de las ciencias en México, editado por Mechthild Rutsch y Carlos Serrano, 189-230. México: UNAM. Palacios, Juan José. 1989. La política regional en México, 1970-1982: las contradicciones de un intento de distribución. México: COLMEX. Pulleman, Mirjam, Jon Hellin, Dagoberto Flores y Walter López. 2008. “Calidad del suelo y rentabilidad de la finca: una situación en la que todos ganan”. Leisa Revista de Agro- ecología 2: 6-8. Rubio, Blanca. 2013. “La crisis alimentaria en el corazón de la crisis capitalista mundial”. En la crisis alimentaria mundial. Impacto sobre el campo mexicano, coordinado por Blanca Rubio, 11-51. México: UNAM / IIS / Miguel Ángel Porrúa. Scott, John. 2010. “Subsidios agrícolas en México ¿quién gana y cuánto?” En Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio, coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight, 73-127. México: Woodrow Wilson In-ternational Center for Scholars. SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México). 1978. Guía para la asistencia técnica agrícola. Área de influencia del campo agrícola experimental. Centro de Chiapas. México: Centro de Investigaciones Agrícolas del Pacífico Sur. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. 2019. Página oficial. Acceso el 14 de enero. www.gob.mx/sader SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), varios años. https://www.gob.mx/siap/ UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-tura). 2010. Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. Intergov-ernmental committee for the safeguarding of the intangible cultural heritage, fifth session. Nairobi, 15-19 de noviembre. Viqueira, Juan. 1997. “Cronotopología de una región rebelde. La construcción histórica de los espacios sociales en la alcaldía mayor de Chiapas (1520-1720)”. Tesis de Doctorado, Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales, París |