Amazonía: cambio de la comprensión de la territorialidad al interior del territorio waorani (los derechos indígenas)

Amazon: change of the understanding of the territoriality to the interior of the waorani territory (indigenous rights)

Iván Narváez Quiñónez

Fecha de recepción: 7 de agosto de 2017

Fecha de aceptación: 10 de noviembre de 2017

Profesor e investigador de FLACSO, sede Ecuador. Doctor en Derecho, Doctor en jurisprudencia, MS.c en Ciencias Sociales con Mención en Estudios Amazónicos. Correo: inarvaez@flacso.edu.ec   

Resumen

La colonización dirigida, espontánea y estratégica, además de la permanente ampliación de la frontera agrícola para la extracción de recursos naturales, han determinado el uso y zonificación del espacio amazónico en los últimos 50 años. Las drásticas huellas socio-económicos, culturales y ambientales generadas por estos procesos han impactado negativamente la vida de los pueblos ancestrales y la naturaleza. Una consecuencia drástica es el cambio de la comprensión de la territorialidad en el interior de los territorios indígenas, y de la percepción que de aquel cambio tienen el Estado y los actores asentados en el entorno territorial comunitario. El presente estudio aborda el caso del pueblo waorani e inquiere cómo la ampliación de la frontera extractiva intensificaría los impactos negativos del proceso de desterritorialización en el Parque Nacional Yasuní, poniendo en mayor riesgo la integridad física y cultural de los de los pueblos que viven en aislamiento voluntario: Tagaeri y Oñamenane u otros de los cuales no se tiene referencia.

Palabras clave: derechos territoriales; extracción; petróleo; políticas públicas.

Abstract

Targeted, spontaneous and strategic colonization, in addition to the permanent expansion of the agricultural frontier for the extraction of natural resources, has determined the use and zoning of the Amazonian space in the las 50 years. The drastic socioeconomic, cultural and environmental impacts generated by these processes have impated negatively the life of the ancestral peoples and nature. A drastic consequence is the change of the understanding of the territoriality in the interior of the indigenous territories, and the perception that the state and the actors settled in the community territorial environment have of that change. This study addresses the case of the Waorani people and inquires how the expansion of the extractive frontier would intensify the negative impacts of the process of decentralization in the Yasuní National Park, putting at greater risk the physical and cultural integrity of the peoples living in voluntary isolation: Tagaeri and Onamenane or others of which there is no reference.

Key words: extraction; territorial rights; oil; public policy.

Introducción

El problema fundamental de la Amazonía gira en torno a las preguntas: ¿cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza? ¿Cómo percibe el hombre las obligaciones de esa relación? Y no tienen respuesta si se concibe como lo hicieron los exploradores durante 500 años; la idea de que la Amazonía es un mundo inacabado, surgido a medias de la mano del Creador, un “semiedén” donde los hombres aún podían ser dioses (Hecht y Cockburn 1993, 18). Por fuera de aquel imaginario, estudios especializados asumen al Estado como la sociedad jurídica y políticamente organizada donde tienen lugar las relaciones fundamentales de dominación de la sociedad capitalista, cuyos elementos estructurales están determinados por las relaciones sociales de producción, y es la clase social hegemónica la que ejerce el poder e imponen al conjunto de la sociedad la supremacía de sus intereses.

El Estado es un complejo institucional débil y en su rol de centro de decisiones político-administrativas, es el principal (des)constructor del espacio amazónico y del proceso de integración regional,  vía concesión de grandes extensiones de selva para la explotación de recursos naturales, fomento de la colonización dirigida, espontánea o estratégica e implantación de enclaves agroindustriales que han intensificado la deforestación y desarticulación de los territorios indígenas (Berker 1982; Bunker 1985; Hetch y Cockburn 1993); en términos de la organización social y producción capitalista, que expresa y acentúa el carácter territorialmente expansivo, sin dejar prácticamente ningún lugar habitado del planeta que no sea escenario de su presencia material o simbólica (Montañez 2001, 24). Bunker (1985), Becker (1982), Schmink y Wood (1992) explicaron que en la Amazonía desde la década de 1960, el Estado venía actuando como organizador del espacio, promotor y regulador de las políticas de ocupación de tierras, en función de la demanda de ciertos productos en los mercados interno y externo y en particular del energético fósil. Lo relevante era que el proceso extractivo y colonizador amazónico servía como “válvula de escape” a problemas estructurales del país: desertización, presión sobre la tierra en otras regiones del territorio nacional, exigua inserción de mano de obra al trabajo.

La racionalidad de expansión capitalista ha sido la de los intereses económico-energéticos transnacionales que sometieron a la selva a una tarea agotadora: donde extracción, capital y Estado se han enfrentado enarbolando el desarrollo como arma publicitaria, en medio de un desorden socio-económico y ambiental que ha hecho estallar la dinámica regional amazónica. Búnker (1985; 2005) analiza el “modo de extracción” amazónico y argumenta que la racionalidad extractivista, insta a reproducir formas de dominio territorial y de fraccionamiento espacial de los procesos productivos, en función de permitir al Estado el incremento de la captación de renta, minimizando el valor intrínseco de la biota amazónica, ignorando la existencia milenaria de culturas humanas adaptadas a la complejidad del bosque húmedo tropical, desconociendo el manejo socio-cultural de la trama de la vida selvática y sin tomar en cuenta la comprensión de la territorialidad que tenían los indígenas al interior de sus territorios y por fuera de parámetros utilitarios de signo crematístico.

En estudios sobre la integración de la Región Amazónica Ecuatoriana en la década de los años 60, no escapa a la lógica y racionalidad de organización físico-espacial anteriormente descrita, y asumida en función de solucionar problemas estructurales del país: desempleo, desertización de zonas del interior, y como eje rector la integración regional para captar renta por la extracción de recursos naturales. Este vector coadyuva al proceso colonizador dirigido, espontáneo y estratégico del bosque húmedo tropical amazónico (Witten 1985; Trujillo 1986; Rudel 1993; Macdonald 1997). Para el efecto, la Junta Militar que destituyó al presidente Carlos Julio Arosemena en 1963, impulsa la Ley de Reforma Agraria y Colonización en 1964.

La construcción de la carretera Quito-Lago Agrio se concluyó en 1972 y proporciona el acceso a nuevas áreas de asentamiento en el norte Orientey permite al Gobierno poner en práctica parte de su plan de 1963. Wasserstrom y Bustamanate (2015) informan que la carretera abrió finalmente 1,5-2 millones de hectáreas a la colonización extendida hacia el sur hasta Méndez en la provincia de Morona Santiago. Cuando la colonización concluye en 1994, habían pasado a la selva de otras partes de Ecuador alrededor de 110.000 personas.  En 2010 el total de la población llega casi un millón de personas.
La expansión de la frontera extractiva ha reproducido las contradicciones originarias y enfrenta sucesos eco-políticos de difícil abordaje que el presente estudio indaga, a partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles son los elementos causales que provocan el cambio de la comprensión de la territorialidad al interior de territorios indígenas amazónicos, y la percepción de dicho cambio por parte de los actores circundantes y del propio Estado?  y ¿por qué permanecen latentes contradicciones de la fase extractiva inaugural? La hipótesis es que la transformación de las lógicas colectivas en torno a la tierra, el bosque y los recursos naturales en la Amazonía responde a factores históricos y el cambio de la comprensión de la territorialidad al interior del territorio waorani es producto de la integración y asimilación forzosa de la que han sido objeto los pueblos originarios, a partir de la implantación de un modo de extracción y acumulación capitalista, que impone asimétricas relaciones sociales de producción y disloca el equilibrio entre seres humanos y naturaleza. 

Metodológicamente se trata de ubicar los elementos de causalidad del cambio de la comprensión de la territorialidad al interior del territorio waorani y de la percepción de dicha territorialidad por parte del Estado y otros actores, relacionándolos con la ampliación de la frontera agrícola y extractiva en el Parque Nacional Yasuní; enfatizando la complejidad que implica el ejercicio de potestades administrativas y  gestión de múltiples entidades públicas y privadas, nacionales y transnacionales, o militares en función de la  seguridad nacional y estratégica.  Cada entidad con estatutos propios que les disponen acciones específicas: área natural protegida (Parque Nacional); Reserva de la Biosfera; territorios indígenas (waorani, quichua, shuar); Zona Intangible para los pueblos tagaeri y taromenane (ZITT); bloques petroleros (15, 16, 28, 31, 43); sub-gobiernos provinciales de (Sucumbíos, Orellana y Napo); circunscripciones territoriales indígenas (CTI) aún no consolidadas, etc.

El análisis aborda la incidencia de los planes de relacionamiento comunitario implementados desde hace 25 años por las empresas norteamericanas: CONOCO y MAXUS y actualmente Repsol- YPF y SINOPEC, de origen español y chino, respectivamente; respecto a los territorios y posibles eventos como la inminente titulación de tierras agrícolas en la llamada Franja de Seguridad del Yasuní; el incremento de actividades de monocultivo intensivo y extensivo de palma africana, etc.; alteración de la Zona Intangible establecida para la tutela de los pueblos tagaeri y taromenane; desarrollo de prospección sísmica petrolera o minera en el Nororiente; ampliación de las actividades extractivas en las provincias de Orellana y Pastaza; y el desplazamiento parsimonioso de familias waoranis a territorios ancestrales. Son las tensiones y conflictos entre las empresas transnacionales, el Estado, colonos, ecologistas y pueblos indígenas, el detonante de la crisis regional y de la lucha por la tutela de los derechos colectivos al territorio, autodeterminación y consulta previa libre e informada (Narváez 2017; Ortiz 2010; Altmann 2016; Fontaine 2007a; 2010), además de la generación de normativa y política pública que requiere la Amazonía ecuatoriana en calidad  Circunscripción Territorial, constitucionalmente establecida.

El proceso de concesión territorial en el Nororiente ecuatoriano

Se asume que una importante fracción del territorio ecuatoriano ha estado siempre organizada en función de las necesidades externas y su historia económica jalonada de ciclos de producciones especializadas, con sus fases de exportaciones “milagrosas” en las cuales las élites han creído ver realizada la prosperidad, de ahí una sucesión de edades de oro en la memoria colectiva de las clases dominantes, en diferentes épocas (Deler 1996, 122). La edad del “oro negro” tiene lugar en la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), o fracción territorial de entornos físicos, bióticos y sociales únicos; con refugios altamente biodiversos y saturado de especies endémicas. Además, poseedora de ingentes stocks de minerales, germoplasma e hidrocarburos en explotación y aún no explotados y habitada por pueblos indígenas integrados, grupos clánicos en peligro de extinción y una población mayoritariamente mestiza.

La integración regional ha significado un agresivo fraccionamiento espacial a partir de la concesión de grandes extensiones de selva para la explotación petrolera, plantaciones agroindustriales y la colonización dirigida, espontánea y estratégica. La fase concesionaria inicia en 1921, cuando el Estado suscribe con la empresa Leonard Exploration Co. de Nueva York, el primer contrato para explorar y explotar petróleo por 50 años en un área de 25.000 kilómetros cuadrados. En 1937 se adjudican 10 millones de hectáreas a la empresa Royal Dutch Shell y posteriormente son transferidas a la Compañía Anglo Saxon Petroleum Co. (Espín 1994 en Llanes 2016, 43). Concomitantemente, la Shell inicia sus actividades prospectivas en las estribaciones de la Cordillera Oriental en la actual provincia de Pastaza, y aduciendo la baja calidad del hidrocarburo detectado, concluye que no es comercialmente rentable y detiene sus operaciones. No obstante, el petróleo se convirtió en recurso estratégico y fue involucrado en el litigio territorial de 1941 entre Ecuador y Perú (Galarza 1983, 17).

En 1948, el Consorcio Estándar Royal-Esso Shell devuelve al Estado parte de la concesión argumentando la inexistencia de petróleo en la zona y en 1952, debido a los resultados negativos de la exploración de Shell, el Presidente de la república Galo Plaza, luego de una visita a la RAE, expresó: “El Oriente es un mito, el destino ha querido que no seamos un país petrolero, sino agrícola” (Petroecuador 2005, 11). En 1961 se concesionan 4 millones 350.000 hectáreas a la empresa Minas y Petróleos del Ecuador, y después de ejecutar transacciones fraudulentas, terminó negociando el 75 % de acciones con las Compañías Norsul y Fénix de Canadá.

En 1964, la Junta Militar de Gobierno concesiona 1,4 millones de hectáreas al consorcio Texaco Gulf por el lapso de 40 años, prorrogable por 10 años más. En julio y agosto de 1968 se adjudican a siete empresas extranjeras cerca de cuatro millones de hectáreas (Petroecuador 2005, 13). En 1973, bajo contrato de asociación y que anteriormente sería de concesión, se adjudica a Cayman City Investing y Southern Union Produccion Co. 335.000 hectáreas. Aquí concluye la fase de “truculentas concesiones a consorcios extranjeros, aunque varios de ellos desecharon las posibilidades de explotación” (Silva 1976, 191) e inicia la fase de liberalización de las áreas hidrocarburíferas. En adelante se suscriben únicamente contratos de asociación.

Concomitante al proceso petrolero descrito, desde mediados de los años 1960 se amplía el marco normativo e institucional para el fomento de la colonización y la reforma agraria. En 1964, se crea el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).1 Las políticas agrícolas tienen una fuerte incidencia en la región amazónica desde 1977, cuando se promulga la Ley de Colonización de la RAE y se crea el Instituto de Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE); posteriormente el Programa Regional para el Desarrollo del Sur (PREDESUR), el Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) y el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana (ECORAE).

Así fue como se promovió la ocupación y uso del suelo amazónico sin un previo ordenamiento territorial, ni una caracterización de los ecosistemas ni de la diversidad cultural de la zona (Ruiz 2000, 70); sus objetivos fueron el fomento de la colonización y de la producción conforme a un modelo más agresivo de desarrollo (Benítez 1990, 67). Por la forma como se adjudicaron la concesiones petroleras, agroindustriales y se consolidó el proceso colonizador, se infiere que según el Estado la RAE era un espacio baldío saturado de recursos naturales renovables y no renovables, y que debido a la baja densidad de población humana y ocupación físico-espacial2 las condiciones para su explotación y comercialización interna e internacional eran plausibles.

La progresiva presencia empresarial y del Estado en la RAE implicó un cambio sustancial en la conformación socio-económica y político-administrativa regional, que continuó modificándose en forma dinámica debido al uso intensivo del suelo por parte de nuevos actores, que pasaron a ocupar gran parte del bosque húmedo tropical (bht) y de los territorios indígenas. Sin embargo, “la prospección de hidrocarburos acabó por hacer de las zonas selváticas (...) regiones donde el espacio nacional reivindicado, estaba lejos de coincidir con el espacio nacional efectivamente controlado por el aparato del Estado” (Deler 1996, 304), si se toma en cuenta que la selva es considerada espacio baldío y por ello, carente de una mínima institucionalidad, en cuanto nueva frontera es sometida a la racionalidad del modo de extracción.        En acápites posteriores se verá como la acumulación capitalista anidada al “modo de extracción” es un dispositivo de la (des)articulación del espacio amazónico y del cambio de la comprensión de la territorialidad al interior de los territorios ancestrales.

Extracción petrolera, colonización dirigida, espontánea y estratégica; cultivos extensivos e intensivos de palma africana, te, café, etc., insuficiente normativa sectorial, socio-ambiental y deficitaria institucionalidad de control extractivo; coadyuvaron a una abrumadora integración nororiental y a la configuración de una “frontera violenta” que incentivó la desterritorialización o vaciamiento cultural de los territorios ancestrales, el fraccionamiento físico-espacial del territorio amazónico (Franco, 2013: 155-170), y un proceso organizacional indígena que se erige en el paradigma identitario (Fontaine 2003, 237-239). El colapso y el desenfreno regional sometidos a las leyes del mercado extractivo, incentivaron la frontera violenta e impulsaron una fuerte concentración de renta pública y acentuó el autoritarismo político y la internacionalización de la economía. De tal forma que la RAE se exaspera como escenario de contradicciones económicas, y de antinomias más profundas entre capital y trabajo, capital y naturaleza, individuos y nación. En el campo político son evidentes dos enfoques, el del Estado y el de los pueblos indígenas; ello connota la existencia de contradicciones entre:

un paradigma basado en la búsqueda de la igualdad (jurídica y económica) y otro basado en el reconocimiento de las diferencias (culturales y territoriales), así como en la ampliación de los derechos políticos de sectores históricamente excluidos, como pueblos indígenas (…) Una oposición entre un tipo de democracia más restringida y delegativa y otra democracia más participativa, intercultural y deliberativa (Ortiz 2016, 102).

Integración, marco normativo constitucional y derechos colectivos indígenas en la RAE

Históricamente, la sociedad ecuatoriana fue objeto de procesos de integración y asimilación socio-económica-política dirigida a instaurar una identidad nacional sustentada en la trilogía: una sola nación, una sola lengua, una sola cultura. “Visión monoétnica de la sociedad (...) donde el conflicto estaba marcado transversalmente por la inequidad social, la injusticia, la exclusión y la pobreza concentradas principalmente en los pueblos aborígenes” (Narváez 2017, 153-157; Almeida 2007, 14).  De ahí la emergencia del proceso organizacional indígena y que mantiene como premisa fundamental la pulsión emancipadora y auto-identificatoria de estos pueblos que vendrá de la mano de las fuerzas productivas culturales, de la memoria, el idioma, la historia y la piel. En principio apelan a una categoría opresora para auto-identificarse: la del indio. “Con el nombre de indio nos han dominado. Con el nombre de indio nos liberaremos”, así afirma la emergente intelectualidad motora de la auto-identificación nacional indígena contemporánea (García 2012, 78).3

Fundamentos históricos, sociales, económicos y políticos que explican la asimilación, marginación y emancipación indígena han sido expuestos en estudios críticos a nivel latinoamericano, en los cuales es común la tesis de que la emancipación indígena ha implicado un proceso socio-organizativo de varias etapas y propuestas de contenido ideológico-político distinto (Stavenhagen 1988; Dussel 1994; Díaz Polanco 2004; Albó 2007; Toledo 2005; Kimlicka 2007; Fontaine 2007a; Cal y Mayor 2010; Ortiz 2016; Narváez 2017). Hasta antes de 1970, la estrategia indígena nacional estuvo orientada a reclamar el acceso a la tierra, salarios más justos en el trabajo agrícola y mejores condiciones de vida (Martínez 1987; Guerrero 1988; Almeida 2007). En los años 80, el movimiento indígena ecuatoriano estructura un discurso que trasciende la protección de sus valores culturales. Plantea la construcción de una sociedad multinacional, multiétnica y plurilinguística (CONAIE 1994, 31) y en 1987, la Asamblea Constituyente aprueba 15 derechos de grupo que tenían relación con temas de identidad cultural y lingüística, territorialidad, aplicación de la justicia indígena, participación en los organismos oficiales, etc.

En la década de 1990 los levantamientos de los pueblos originarios amazónicos liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la Conferedación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), empoderan la propuesta del Estado Plurinacional, y demandan la delimitación y legalización de los territorios indígenas, redistribución equitativa de la renta petrolera y promulgación de la ley de nacionalidades (Fontaine 2007a, 211), en términos análogos a los propuestos en instrumentos internacionales como el Convenio 1969 de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT), generado en 1989,  entrado  en vigor en 1991 y suscrito por Ecuador en 1998 (OIT  2016); o la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que entró en vigor el 13 de septiembre de 2007 (NNUU 2007). A partir del reconocimiento político de que la población ecuatoriana está integrada por pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mestizos, se asumió que cada pueblo indígena ocupa territorios compartidos o únicos y en el caso de los pueblos amazónicos, territorios concentrados. La Constitución política de 1998 reconoció la propiedad colectiva de la tierra, la identidad cultural, la participación, la educación bilingüe y la medicina tradicional como derechos étnicos.

El proceso emancipatorio también incidió en la constitucionalización de los derechos colectivos a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano y el de los consumidores (Grijalva 2007, 1). La Constitución del 2008 sustituyó al Estado de Derecho (legalista) por el Estado Constitucional de Derechos, Plurinacional (garantista - en clave socio-cultural), que reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos y consolidó los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación como derechos humanos fundamentales (Constitución de la República 2008, Art. 11, numeral 6). Este reconocimiento elevado a categoría constitucional esta irradiado por el ordenamiento supraestatal y es el que le impregna un carácter político-moral irreversible.

Derechos territoriales indígenas en la RAE (clave socio-cultural)

Cabe insistir que la violencia en la región amazónica es explicada a partir del análisis de la precaria forma de ocupación de la tierra. Precariedad derivada de la actividad dominante en la región y que se expresó como explotación predadora del medio ambiente natural y desarticulación de los territorios ancestrales. Esto sugiere que la violencia y la intimidación emergieron como mecanismos para resolver disputas sobre la demanda de la tierra y los conflictos por impactos negativos de la economía extractiva (Fontaine 2007, 172 - 248; Narváez 2017, 171 - 183).

En el fondo de este proceso subyace la idea de que la violencia es resultado de las relaciones de poder, donde el Estado como súper elemento de la sociedad es el más poderoso agente (des)organizador de los espacios ancestrales, asegurando la reproducción de cada forma de producción a través del zoneamiento espacial (bloques petroleros, área protegida, jurisdicciones municipales, plantaciones agroindustriales, territorios indígenas), para acelerar, cambiar o inhibir los procesos de articulación de las formas de producción coexistentes, a través de la creación de instituciones burocrático-administrativas: ministerios, organismos de desarrollo regional, e instituciones financieras, destacamentos militares, etc. que coadyuvan a consolidar el control estatal y el de las relaciones socio-políticas entre los diversos actores locales y regionales (Narváez 2017; Bunker 1985; Becker 1982; Schmink  y Wood 1992 ). Este modelo se ha mantenido a lo largo del tiempo en el marco de la lógica y racionalidad capitalista, más o menos arraigada de acuerdo a las condiciones históricas de la región.

En este contexto, los pueblos indígenas han tenido un rol político protagónico en el proceso emancipatorio y en la constitucionalización de los derechos colectivos al territorio y autodeterminación (Narváez 2017; Ortiz 2010; Rival 2015; Ortiz y Chirif 2010; Fontaine 2007a; Albó 2007). También lo tuvieron en la formulación de normativa legal sectorial, en la institucionalización de los conflictos socio-ambientales y en el cambio de las políticas públicas agraria y petrolera, considerando que los efectos del proceso extractivo eran nefastos para el medio ambiente y las poblaciones amazónicas (Fontaine 2007a; 2007b; 2010).

El enfoque socio-cultural impregnado en la propuesta de política agraria, en la distribución y legalización de tenencia y uso de la tierra, ha sido producto de una construcción discursiva colectiva depurada en sendos levantamientos indígenas y luchas sociales mantenidas en todo el continente (Narváez 2017; 2013; 2009; Walsh 2009; Díaz Polanco 2008; Leff 2002; Dussel 1994; Stavenhagen 1988; 2000). En tal sentido, la  propuesta  política y lógicas de acción indígenas han girado en torno a su cosmovisión y preceptos del saber ambiental, de la sostenibilidad ecosistémica, de la plurinacionalidad e interculturalidad; demandando la distribución equitativa de la tierra y de la renta generada por la extracción de los recursos naturales no renovables, y el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en el marco de la garantía de los derechos territoriales (Ortiz 2010; CEPAL 2014; Anaya 2007; NNUU 2007; OIT 2016). No obstante que en Ecuador el 100% de la renta generada por la explotación petrolera provenía del Nororiente ecuatoriano, el retorno ha sido ínfimo y los pueblos indígenas amazónicos ostentaban los indicadores socio-económicos más preocupantes del país (tabla 1). Es comprensible entonces porque se debatían “entre la ira y la esperanza”: ira por haber soportado decenas de años la gestión energívorade poderes misántropos; y esperanza para re-pensar el Estado, la participación, la democracia, la reforma agraria y el proceso extractivo a partir de un enfoque socio-cultural que cuestiona el modelo integracionista, la injustica cultural y la injustica distributiva arraigadas en la RAE (petro-colonizada).

Tabla 1. Indicadores socio-económicos (2004).

Fuente: PROSIS – ISAMIS, en Narváez (2004,102).

Derechos territoriales indígenas versus relaciones comunitarias empresariales

Los pueblos indígenas amazónicos han sido progresivamente adjudicatarios de territorios ancestrales. En 1968, le adjudicaron al pueblo waorani 1.600 Km2 (Stoll 1985, 431); en 1980, 66.570 hectáreas en Tihueno, y siete años después, 612.560 hectáreas. Con la última y definitiva adjudicación su territorio llegó a 679.220 en las provincias de Napo y Pastaza, y es conocido como Reserva Étnica Waorani. Mediante D.E. No. 552, R.O. Suplemento No. 121 del 2 de febrero de 1999, en las tierras donde habitan y se desplazan los pueblos tagaeri, taromenane y oñamenane, fue creada la Zona Intangible de Conservación que veda a perpetuidad todo tipo de actividad extractiva. Inicialmente, comprendía 700.000 hectáreas. El D.E. No. 2187, R.O.1 del 16 de enero de 2007 delimitó la ZITT con 758.051 hectáreas (Asamblea Nacional 2013). Pero sigue pendiente la delimitación del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario4 (mapa 1 y 2).

Mapa 1. Territorio waorani, grupos tagaeri, taromenane y bloques petroleros en el Yasuní

Fuente: Pappalardo 2013.

Mapa 2. ZITT y zona de amortiguamiento.

                      Fuente: Pappalardo, De Marchi, Codato y Ferrarese (2015, 74).   

La interrelación entre el pueblo waorani y agentes empresariales transnacionales desde el inicio ha sido compleja, en principio por la insuficiencia de un marco regulatorio sobre la propiedad colectiva de la tierra (territorios), respecto a la difusa tipología contractual extractiva y el relacionamiento comunitario en las áreas de influencia, incertidumbre sobre la captación de renta petrolera para el desarrollo regional  y de los pueblos indígenas en términos de la autodeterminación establecida en la norma supra-ordenada.  No obstante que a nivel constitucional siempre se ha previsto que es el Estado el propietario de los recursos naturales del subsuelo, los pueblos indígenas consideran sus territorios para el aprovechamiento de los recursos del suelo en función de su reproducción cultural y física. La Constitución actual establece estos derechos en los artículos 56, 57, 60; y las empresas transnacionales de acuerdo a la modalidad contractual que las rija, son propietarias del energético fuera de pozo y en el porcentaje acordado legalmente previsto.

Con la Empresa CONOCO no tuvo una formalidad explícita porque no existía un legítimo contradictor indígena organizado y legalmente reconocido con quien formalizar una relación convencional. Posteriormente, la empresa Maxus, con un equipo multidisciplinario conformado por sociólogos, antropólogos, economistas, biólogos, abogados, etc., estudió la problemática socio-ambiental del área de su proyecto extractivo en el Yasuní y en particular la estructura social waorani en función de promover y financiar una forma asociativa o modelo organizacional de segundo grado (federación), con la cual relacionarse en términos de un Estatuto jurídico de estándar ministerial.5

Su estatuto fue legalmente registrado en 1990 en el Ministerio de Bienestar Social y la organización indígena se constituyó en la contraparte legal que la Maxus requería para suscribir el Convenio de ejecución del “Programa de Desarrollo Comunitario para la Nacionalidad Huaorani”, y que era parte sustancial del Plan de Manejo Ambiental que debía aprobar el Ministerio de Energía, a fin de legitimar la extracción petrolera transnacional en territorio indígena al interior del área protegida. La empresa CONOCO operaba el B-16 desde 1986 y formuló su Plan socio-ambiental en 1991;6 la MAXUS asumió la operación del B-16 e implementó su Plan de Manejo Ambiental7 y suscribió el Primer Convenio de Relacionamiento Comunitario con la nacionalidad waorani en 1993, cuyo monto ascendía a cuatro millones de dólares anuales y preveía un plazo de 20 años. El acuerdo comprendía entre otros puntos, la linderación del territorio waorani. Por su parte Maxus Ecuador Inc. investigaba y controlaba toda acción y decisión de la ONHAE a través del Departamento de Relacionamiento Comunitario Empresarial.8

Sin embargo y al margen de la debilidad organizativa waorani, de la ausencia de experiencia negociadora con agentes transnacionales, de las limitaciones para entender la lógica y estrategia extractivista empresarial-transnacional y del Estado, del aislamiento político al que fueron sometidos para que no se relacionaran con otras organizaciones indígenas o de la sociedad civil, además de la cooptación de dirigentes; la ONHAE decidió dar por terminadas las relaciones con MAXUS. Los conflictos se acumularon y al poco tiempo la transnacional argumentando una crisis financiera abandonó el país. La empresa Repsol-YPF asumió la operación del B-16 y adoptó el discurso socio-ambiental y estrategia de relacionamiento comunitario de sus antecesoras: CONOCO y MAXUS; otras empresas petroleras adoptaron aquella estrategia en términos de su lógica e intereses economicistas. Así es como la organización waorani ha sido incorporada a la racionalidad del proceso extractivo, suscribiendo acuerdos o convenios referidos al relacionamiento comunitario y delimitación de su territorio con empresas transnacionales que han operado en su territorio.

La Repsol-YPF opera el B-16 y continúa suscribiendo convenios esporádicamente; PETROBRAS – ECUADORTLC S.A operó los B-18 y B-31, y para el desarrollo de actividades en el B-31 suscribió con la ONHAE un Acuerdo marco el 23 de marzo de 2004 y el 11 de julio de 2005 suscribió uno específico por cinco años, cuyo monto era de 16.821.930 dólares. También se empeñó en esbozar un “Plan Estratégico de Vida de la Nacionalidad Huaorani” (PETROBRAS 2005). Estos acuerdos y convenios se frustraron cuando Petrobras transfirió el B-31 al Estado y dejó de operar en Ecuador.

Lo evidente es que las comunidades waoranis han sido objeto de frustraciones debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas y beneficiarias de insuficientes servicios básicos de salud ambulatoria, educación primaria y de pequeñas cantidades de productos como arroz, fideos, sardinas, aceite comestible, coca cola y combustible para transporte fluvial; pero hasta la actualidad no se concluye la delimitación de su territorio. El Estado central y subgobiernos, solo marginalmente, dotan de bienes y servicios a las comunidades integradas y no interfiere en las acciones que otros entes privados o misionales ejecuten, suplantándolo. De esta intrincada ejecutoria se tienen mayores conflictos que terminan por agudizar la crisis de comprensión de la territorialidad de territorio waorani.

Derechos territoriales en el Gobierno de la Revolución Ciudadana (2007): nueva estrategia gubernamental

El Gobierno de la Revolución Ciudadana se adhirió a la propuesta reivindicatoria de los pueblos y nacionalidades indígenas y rubricó su oposición al modelo de desarrollo neoliberal y al régimen político de Estado históricamente arraigados. Su discurso se inscribía en un marco analítico enfocado desde la economía ecológica, la Ecología política, principios del desarrollo sustentable y el Buen Vivir (SENPLADES 2009).

El compromiso constitucional del gobierno

El Gobierno reconoció que siglos de historia y décadas de esfuerzo comunitario indígena habían dado lugar a la formulación de los derechos al territorio y autodeterminación de los pueblos originarios, y que en particular los grupos aislados habían sido víctimas de la acción u omisión del Estado, de agentes empresariales, cazadores furtivos o explotadores de madera, y debido a ello la situación del pueblo waorani era crítica y aún más la de los clanes tagaeri, taromenane y oñamenane (SENPLADES 2009). El presidente Correa convocó a la Asamblea Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución de la República e instauración del Estado Plurinacional.9 La estrategia gubernamental fue la de iniciar el proceso de construcción de una nueva forma de convivencia que reconozca la diversidad y la armonía con la naturaleza, en términos del Buen Vivir (SENPLADES 2009).10

También ratificó a los recursos naturales no renovables como patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible del Estado, y por su carácter estratégico la explotación de tales recursos serviría para garantizar un modelo de desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, de la biodiversidad y de la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, asegurando la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (R.O. No. 244  27/07/2010).  Reconoció que en la RAE era evidente la disputa de intereses económicos, políticos y ecológicos de carácter local, regional, nacional y del multinivel.

En la perspectiva del presente análisis y siguiendo a Waldman (2006), el Gobierno Nacional heredó un Estado legiscéntrico, anómico y subsumido en la inercia de una democracia delegativa con débil institucionalidad y débil territorialidad (Medellín 2015). Además, incapaz de enfrentar eficazmente la ampliación de la frontera extractiva y la problemática de las áreas protegidas, que se venían agudizado al ritmo de lo que se dio en llamar esquizofrenia del Estado (Fontaine 2010, 256), es decir, una política estatal conservacionista concomitante a una política extractivista. Reiteró que dicho Estado anómico, además, había ahondado la crisis de territorialidad, de conservación y la magnitud de los conflictos por la distribución y legalización de la tenencia de la tierra, apremios socio-ambientales inherentes a la colonización en cualquiera de sus tipologías y la extracción petrolera, configurando las causas que dieron origen al escalonado proceso de vigilancia y control físico-socio-espacial, público y privado, denominado panoptización del Yasuní.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana asintió que el pueblo waorani y los grupos clánicos: tagaeri, taromenane y oñamenane, vivían en una situación de profunda inequidad luchando contra la expansión de la industria petrolera en sus territorios y que su  desprotección frente al avance de la civilización y el desarrollo se había traducido en la colonización de sus territorios, evangelización, comercio ilegal de madera, extracción de recursos naturales no renovables, pesca ilegal en sus ríos y las incursiones de militares, colonos, quichuas y de algunos Huaorani (Gobierno República del Ecuador 2007, 4). Además, el Gobierno reveló que la historia y realidad de estos pueblos no habían sido comprendidas a cabalidad, por tanto, constituían una preocupación permanente los fenómenos provocados por intervenciones externas, especialmente las derivadas de la explotación petrolera en territorios ancestrales; y frente a ello, el Estado ecuatoriano no había asumido un rol efectivo ni un liderazgo humanista y comprometido con la salvaguarda de aquellos pueblos.

En tales condiciones, declaró que su proyecto político era antípoda del de los anteriores gobiernos oligárquico-extractivistas y asumía la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de todos los pueblos, en especial, los de quienes viven en un estado de indefensión en la Amazonía ecuatoriana. Se comprometió a superar toda forma de amenaza de exterminio y a garantizar la defensa de los derechos individuales y colectivos de los seres humanos que integran los pueblos en situación de aislamiento voluntario (Gobierno de la República del Ecuador 2007, 2). Este compromiso no fue elevado a categoría de política pública.

La contradicción flagrante: ampliación de la frontera extractiva (B-43 Y-TT) y profundización del cambio de la comprensión de la territorialidad

El discurso político gubernamental exaltaba los derechos de la naturaleza y los de los pueblos originarios amazónicos. En la práctica no descartó la explotación de 846 millones de barriles de petróleo de 14,7˚ API, represados en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini del B-43 en el Yasuní. La extracción de este petróleo era parte de un paquete que incluía un complejo industrial para la refinación y una planta de generación termoeléctrica (Acosta, Gudynas, Martínez y Vogel 2009, 432). En el año 2007 el Gobierno de la Revolución Ciudadana propuso la “Iniciativa Yasuní-ITT”, con la cual pretendía recaudar en 13 años 3.600 millones de dólares de la comunidad internacional, como compensación por la no explotación de los 846 millones de barriles de petróleo en los campos (ITT). Ello estaba encaminado a evitar la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por la quema de ese petróleo si se lo llegara a explotar (Fontaine 2010; Larrea, Falconí y Vallejo 2011; Narváez, De Marchi y Pappalardo 2013).

A partir del 2008 la nueva Constitución ecuatoriana reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y a los derechos colectivos indígenas como derechos humanos fundamentales, y ubica tanto a la sociedad ecuatoriana como al Estado en la vanguardia del garantismo socio-ambiental planetario. Por su parte, el Gobierno de la Revolución Ciudadana fortalece la “Iniciativa Y-ITT” debatiéndola a nivel interno y en escenarios de orden mundial por cerca de seis años. Sin embrago, los resultados fueron magros.11 Por ello, adujo el fracaso de la “Iniciativa Y-ITT” y el 15 de agosto de 2013 el Gobierno Nacional anunció su decisión de explotar el B-43 Y-TT.12

En septiembre del 2016, informó que la extracción se estaba ejecutando sustentada en nuevos estudios sísmicos de los yacimientos del B-43 Y-TT, con tecnología 3-D, establecen reservas probadas de petróleo por el monto de 1.672 millones de barriles y que su explotación requiere hasta el año 2020 la construcción de 25 plataformas de extracción direccional o en racimo, con un total de 600 pozos direccionales. Un dato del 8 de septiembre del 2016 es que del B-43 empezaron a fluir 20.000 mil barriles diarios de petróleo de 14 grados API, a un costo de extracción de 12 dólares c/b (cada barril), al 5 de abril del 2017 fluyen 44.041,90 b/d, y superó por primera vez este 25 de mayo los 50.000 barriles diarios de petróleo (Petroamazonas, 26 mayo 2017). La proyección de PETROAMAZONAS EP es que el bloque alcance su punto máximo de producción en seis años, con cerca de 300.000 barriles diarios de petróleo (Ministerio de Hidrocarburos 2016). Se calcula que en 20 años el B-43 Y-TT generaría USD 19.500 millones de dólares para el Estado (Glas 2016).

Líderes indígenas, relacionamiento comunitario y defensa territorial

En 1992, el dirigente waorani Vicente Moi Enomenga en calidad de vicepresidente de la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador (ONAHE), y dirigentes de cinco comunidades, suscribieron una carta pública oponiéndose a la extracción petrolera en su territorio:

Durante 22 años las cinco comunidades se opusieron al ingreso de las petroleras y se dedicaron solo al turismo. Enomenga era un ícono de la conservación. El Ecolodge Huaorani fundado por la empresa turística Tropic y la Asociación de Quehueriono (de la cual Moy Enomenga es presidente), ha recibido varios premios de sostenibilidad. El último fue otorgado en el 2015 por National Geographic (Sorgato 2016).

El 11 de diciembre del 2015 dirigentes de aquellas comunidades waorani y el Presidente de la NAWE (ex ONHAE), Vicente Moy Enomenga, firmaron un convenio con el jefe de relaciones comunitarias de la empresa SINOPEC, que se obligaba a entregar a la organización indígena un millón 113.640 dólares, el 50% a la firma del acuerdo y 50% una vez concluida la exploración sísmica. Ese acuerdo fue el salvoconducto para que SINOPEC realizara la exploración petrolera en un área aproximada de 27.831 hectáreas del Bloque 21. Esta empresa vende servicios a PETROAMAZONAS EP y también opera en el B-43 Y-TT. SINOPEC junto con China National Petroleum Corporation forma parte del consorcio Andes Petroleum (Sorgato 2016). Por su parte, Vicente Moy Enomenga aún tiene suscrito un convenio con Tropic y actualmente ve con buenos ojos la operación petrolera, pues a su criterio: “El petróleo genera plata. Ahora es lo que necesitamos los waorani. Aquí, un vuelo por emergencia cuesta 900 dólares. Tenemos de cuatro a ocho emergencias (médicas) semanales. ¿Quién pone, quién paga?” (Sorgato 2016).

La Nacionalidad Waoranio del Ecuador (NAWE) está conformada por 48 comunidades dispersas en su territorio de 679.220 hectáreas, desde la perspectiva del presente análisis, el proceso de integración y de asimilación implementado conforme a la racionalidad empresarial petrolera, ha consolidado asimétricas relaciones de poder y pendencia socioeconómico-política que ha profundizado la pobreza waorani. En 30 años el proceso extractivo transnacional les ha significado más frustración, menos satisfacciones y los ha ubicado en la periferia de la periferia social. Investigaciones sobre las culturas amazónicas sostienen que estas se dedican a vivir el presente, negando el largo plazo y la trascendencia (Rival 2015, 239). En las últimas décadas, comunidades waoranis próximas a las áreas petroleras, entre otras: Tiwino o Quewereono, han sido sujetos de transacciones pragmáticas y reivindicaciones concretas: escuela, agua entubada, dispensario médico, generador de electricidad, por ejemplo. Este dato permite inferir que el tipo de relacionamiento comunitario implementado por las empresas y el rol político de la NAWE, cumplen una función negociadora y clientelar que subordina la dimensión política de la organización indígena, en desmedro de su derecho al territorio y autodeterminación, originariamente concebido desde una perspectiva emancipatoria. 

Conclusiones

Los elementos causales del cambio de la comprensión de la territorialidad al interior del territorio indígena y de la percepción de dicho cambio par parte del Estado y demás actores del entorno comunitario, son resultado del proceso de integración regional supeditado a la racionalidad del modo de extracción. Es decir, la selva no ha sido ni es mantenida en estado natural con sus elementos constitutivos inalterados debido al deterioro provocado por la extracción occidentalizada: explotación de recursos naturales, colonización intensiva, producción agroindustrial extensiva. Proceso dinámico que agota los recursos en el área y se expande sucesivamente hasta agotar los recursos y la base misma de los recursos, respondiendo a la lógica de acumulación del capital transnacional, y diseño institucional-económico erigido sobre la base de la racionalidad rentista del Estado.

Las consecuencias del proceso colonizador - extractivista y de la expansión de la frontera desde una perspectiva geopolítica focalizada en el acceso a la tierra, asociada a la movilidad de fuerza de trabajo y a la explotación petrolera, permiten explicar la forma predominante de gestión del espacio amazónico ecuatoriano, y la interdependencia geopolítica con las políticas de desarrollo regional orientado a una integración funcional y espacial en sistemas más amplios, utilizando criterios de eficiencia económica (producción – rendimiento y eficacia) en los niveles: local-regional y regional-nacional.

Desde esta perspectiva, elementos relevantes de causalidad del cambio de comprensión de la territorialidad son los siguientes: incremento poblacional, proliferación y sedentarización de comunidades que afectan la capacidad de carga ecológica del territorio produciendo el  desbalance de la capacidad productiva; permuta de las formas de aprovechamiento del bosque y del suelo y disminución de las fuentes alimenticias; uso de aparatos electrónicos que altera las necesidades de consumo de los jóvenes y desestimula la gestión autónoma de recursos aprovechables en territorios ancestrales, acorde a especificidades culturales y condiciones edafológicas; construcción de vías de segundo orden, de centros educativos, de salud y de paraderos turísticos; proximidad de entes empresariales de diverso género que interrelacionan los espacios circundantes dándole al territorio ancestral una nueva dinámica y sentido particularmente crematístico. La hipotética zonificación etno-territorial con base en las dinámicas particulares de comunidades waoranis cercanas a jurisdicciones municipales, sin previa decisión política de la NAWE y ordenadas en función de generar niveles de cohesión territorial y de manejo multi-territorial conforme a las políticas de ordenamiento territorial municipales, significaría promover una escalada de conflictos obstructores del ejercicio del poder indígena en territorios ancestrales,  al margen de que puedan ser manejados como Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), acatando la tutela de los derechos territoriales indígenas constitucionalizados.

Las transformaciones aludidas han acelerado la reformulación de las estructuras de cohesión social originarias y los síntomas mayormente visibles son: los conflictos intraétnicos, las alianzas, negociaciones con otros actores, y emparentamientos sin control de los efectos que genera dicha reformulación. En tal sentido, la mayor dependencia a los servicios y objetos estratégicos que se consolidan en el entorno y en las áreas de contención de la colonización mestiza, tornan más parsimonioso el patrón de movilidad waorani y hacen más evidente la mutación socio-cultural generada por el modelo asociativo impuesto por el Estado y las empresas transnacionales desde hace 40 años (Taller 2 con dirigentes y líderes de la NAWE: Puyo 16 y 17 de julio de 2013).

La presente investigación ha coadyuvado a constatar la falta de comprensión de las estrategias de supervivencia asumidas por el pueblo waorani, estrategias que se expresan en la frontera que el desarrollo petrolero, la colonización agrícola y la deforestación y el propio Estado han creado en el Yasuní. Hemos entendido por qué el waorani y los pueblos aislados continúan ahí, procurando no ser aherrojados a una dimensión circunscrita, y que el cambio de la comprensión de la territorialidad al interior de su territorio amerita una elucidación profunda, desde una perspectiva garantista de los derechos colectivos indígenas y fundamentales.

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Notas al pie